Protección contra Fondo Nacional de Salud

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece, debidamente representado, nombre reservado, oftalmólogo, e interpone acción constitucional de protección de garantías fundamentales en contra del Fondo Nacional de Salud, por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 3º inciso quinto, 16º, 21º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la dictación de la Resolución Exenta Nº 12213/2018 de fecha 3 de octubre del presente año, y que suspende en forma transitoria su convenio como prestador en la modalidad libre elección. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, deje sin efecto dicha resolución, así como la fiscalización que la precedió.

Señala que en septiembre del presente año recibió una notificación del Departamento de Prestaciones de la recurrida, en que se le solicitan fichas clínicas de 200 beneficiarios indicados en la nómina que se adjunta, en el marco del proceso de fiscalización de prestaciones del presente año. Indica que, unos días después respondió a la solicitud de nombre reservado, indicando que, de la nómina de pacientes que se le acompañó solo 20 de ellas habrían sido atendidas en su consulta, desconociendo quiénes son las otras personas, que no serían pacientes de su consulta. Así las cosas, envió estos antecedentes con los que contaba. Señala, como dato adicional, que los RUT de las 180 personas que no serían sus pacientes no existen en la base de datos del Servicio de Registro Civil. Refiere que, informado lo anterior, recibió la Resolución recurrida, en que se le comunica que se ha iniciado una investigación administrativa por los hechos en referencia y se le suspende en forma transitoria del convenio suscrito por el término de 180 días o hasta finalizar el proceso administrativo.

Indica que la tramitación del referido procedimiento se encuentra teñida de errores inexcusables e irregularidades que han afectado a su representado, el que se ha visto privado de defenderse de las imputaciones formuladas y ha debido adolecer por los errores de la recurrida en cuanto al señalamiento de las presuntas prestaciones por él realizadas, lo que constituiría una vulneración a la garantía del debido proceso. Asimismo, con la suspensión de su convenio se ha afectado su derecho a la libertad de trabajo, su derecho a desarrollar actividades económicas lícitas y su derecho de propiedad respecto del Convenio de Libre Prestador con nombre reservado, señalando asimismo que tanto la fiscalización como la resolución que le ha impuesto la referida sanción han sido adoptadas de forma ilegal y arbitraria;

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso el Fondo Nacional de Salud, señalando que la Resolución Exenta que devino en la suspensión provisional de los derecho de prestador del recurrente se originó en eventuales irregularidades detectadas en su proceso de cobranza, iniciadas por una denuncia recibida en abril de 2018 en relación a la emisión de bonos de atención de salud no solicitados por los beneficiarios, dándose cuenta de la prestación, durante el presente año, de 1.181 bonos de atención, solamente en los meses de junio y julio, sin que se emitieran otras prestaciones en los meses anteriores; de los cuales 102 son asociados a dos prestaciones por bono en el código 1201027, “Examen optométrico c/s prescripción de lentes”, que corresponde a un tecnólogo médico; y 24 asociados al código 1201020 “ecobiometría con cálculo de lente intraocular (ambos ojos)”, observándose en esta última que se cobran dos prestaciones por bono, siendo que una prestación cubre el examen en ambos ojos. Por todas las atenciones de dichos meses se pagó al prestador un total de $9.755.050. Así las cosas, se habría constatado una infracción al convenio de libre prestador, razón por la cual se le solicitaron antecedentes y fichas clínicas de los 200 pacientes que habrían sido atendidos en dichos meses, remitiendo únicamente las fichas de 20 de ellos. Señala que la no remisión de estos antecedentes no resulta excusable en un eventual error de digitación de los RUT de los pacientes, toda vez que, a más de dicho dato, se le identificaron junto con el nombre completo y el número del bono de atención, por lo que no era excusable la omisión de la información.

Es en el contexto de estas infracciones que el convenio es suspendido y se inicia la investigación administrativa de rigor, haciendo presente que la suspensión del convenio no constituye una sanción, sino solamente una medida administrativa provisional contemplada en el artículo 32 de la Ley Nº 19.880, a fin que el prestador corrija la situación.

Continúa señalando que el 3 de octubre de 2018 se formularon cargos al recurrente por cobro de prestaciones no realizadas, recargos improcedentes y cobro de prestaciones sin registro de respaldo; que el prestador no realizó descargos en el plazo legal y, con fecha 25 de octubre, se concluyó por la comisión Nacional de Fiscalización y Reclamos de la Modalidad Libre Elección, que el prestador infringió las normas referentes al Convenio, dando por acreditados los cargos formulados, aplicándosele como sanción la cancelación de su convenio y el pago de una multa de 300 UF conforme al artículo 143 del DFL Nº 1 de 2005, así como el reintegro de las prestaciones objetadas. Señala que no le asiste la intachable conducta anterior, desde que también, con fecha 26 de junio de 2018, fue cancelado el convenio del prestador Luis Zúñiga Pérez y Compañía Limitada, cuyo representante legal es el mismo recurrente, cuya reclamación administrativa también fue rechazada.

En lo referente a dejar sin efecto la medida de suspensión del convenio que solicita el actor, señala que ello no es posible, desde que dicha medida ha cesado, al sancionársele en la forma ya descrita.

Indica la recurrida que no ha existido actuación ilegal o arbitraria por su parte, que se ha tramitado un procedimiento administrativo conforme a las normas legales vigentes sobre la materia, y que no se ha configurado la vulneración de derechos que el actor acusa, por lo que procede el rechazo del recurso intentado;

TERCERO: Que la acción constitucional de protección ha sido establecida a fin de corregir las vulneraciones de derechos fundamentales cometidas por el Estado, sus agentes o particulares, en forma ilegal o arbitraria, facultando a esta Corte a tomar todas las medidas necesarias para corregir la situación vulneratoria. En este derrotero, procede determinar su ha existido por parte de nombre reservado alguna acción u omisión de la especie en su decisión de fiscalizar, iniciar investigación administrativa y suspender el convenio libre prestador suscrito con el actor;

CUARTO: Que, del examen de los antecedentes, se puede advertir que se ha sustanciado un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la actora, en el marco de una fiscalización promovida por denuncia de prestaciones irregulares, en la que se le solicitaron antecedentes, que por de pronto remitió en forma incompleta, notificándolo debidamente de las actuaciones y providencias sustanciadas, y dictando la suspensión del convenio como medida provisional, conforme al artículo 32 de la Ley N° 19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo. Finalmente, puede advertirse que dicho procedimiento administrativo ha sido finalizado conforme lo establece el artículo 41 del mismo cuerpo legal, con las sanciones a las que ha hecho referencia la informante en su libelo;

QUINTO: Que, en este orden de ideas, se advierte que el procedimiento sustanciado en contra del actor lo ha sido con estricto apego a la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, sustanciado por autoridad competente y en uso de sus facultades legales conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, por lo que, no verificándose los presupuestos fácticos exigidos por el artículo 20 de la Carta Fundamental, malamente pueden estimarse como vulnerados los derechos de la recurrente en la forma denunciada, por lo que necesariamente debe desestimarse el presente arbitrio.

Por estas consideración y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado, en contra del Fondo Nacional de Salud.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-76222-2018.