nombre reservado con nombre reservado

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso la abogado Catalina Frez Castañeda, por 5 minutos; y contra el mismo, el abogado del Servicio de Tesorerías don nombre reservado, por 7 minutos.

Santiago, 18 de noviembre de 2019.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Proveyendo al folio 24: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de representante legal de la Tesorería General de la República, persona jurídica de derecho público, con domicilio en domicilio reservado.

Pide se declare incobrable la deuda que a la fecha mantiene con la Tesorería General de la República; se ordene retirarlo de la nómina de morosos, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que en el año 2006 prestó servicios en calidad de alumno en práctica de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile para la empresa BCF S.A., trabajo que tuvo una duración aproximada de un mes, el cual la empresa pagó a través de un cheque de la empresa por un valor de $100.000 y le emitió una boleta de honorarios por dicho monto.

Indica que, por desconocimiento de la materia, nunca realizó el trámite para cobrar la devolución de impuestos, enterándose de dicho trámite una vez que se presenta en su domicilio una persona del Servicio de Impuestos Internos, señalándole que debía presentarse en la oficina del SII de forma urgente. Al concurrir a dicha entidad, le señalaron que habían cobrado un cheque de devolución de impuestos girado a su nombre, preguntándole si conocía la página web del Servicio de Impuestos Internos y en cuántos lugares había trabajado a lo que les contesté que sólo había trabajado con ocasión de la práctica realizada para BCF S.A., en la cual me emitieron una boleta de honorarios.

Agrega que entre los meses de julio o agosto de 2010, concurren hasta su domicilio particular personal de la Policía de Investigaciones de Chillán, donde se le exhibió una carta poder con la cual se había cobrado un cheque, a su nombre, exhibiéndole fotografías de la persona que había cobrado el documento y de los demás afectados, enterándose de la existencia de otros afectados, siendo consultado insistentemente si conocía al imputado, a lo que le respondió que no lo conoce y que jamás lo había visto, lo que consta en el Informe Policial N°13199/ 0032, Chillán de 10 de diciembre de 2010, enviado a la Fiscalía Local de Chillán.

Añade que el 21 de abril de 2011, el Servicio de Impuestos Internos presentó ante el Juzgado de Garantía de Chillán una querella por delitos tributarios en contra de nombre reservado y de nombre reservado, causa Rit 1713-2010, por la responsabilidad en calidad de autores por la comisión de delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 N°4 incisos 1° y 3° del Código Tributario, en carácter de reiterados.

Precisa que en dicho libelo se establece que fue una de las víctimas de los querellados, ya que en su total y absoluto desconocimiento, utilizaron su nombre y obtuvieron claves secretas para operar en el sitio internet del Servicio y procedieron a rectificar el Formulario N°22 de Declaración Anual de Impuesto a la Renta, con el objeto de aumentar ficticiamente el monto de los valores de los servicios prestados en su oportunidad, incrementando de esta manera el remanente de Impuesto a la Renta al que tenía derecho.

Refiere que en la página 5 de la referida querella que a su nombre se emitió cheque N°[cuenta reservada], por la suma de $2.069.310, correspondiente a la declaración rectificatoria del año tributario 2008, el que fue cobrado por el querellado nombre reservado, con un poder falso.

Hace presente que ambos querellados fueron condenados en dicho proceso, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de autores de cuatro delitos del artículo 97 N°4 inciso tercero del Código Tributario, en grado de frustrados, perpetrados en el mes de marzo de 2010 en Chillán; nombre reservado fue condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en su calidad de autor de 4 delitos previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inciso tercero del Código Tributario, en grado de frustrados, perpetrados en el mes de marzo de 2010 en Chillán.

Afirma que, en junio de 2013, el abogado que lo representó en sede judicial le envía un correo adjuntando un documento supuestamente emitido por la Tesorería Provincial de Ñuñoa, en el cual “se declara incobrable la deuda que da cuenta el folio número 101616985, del Formulario 21, por el monto de $2.069.310, en consecuencia, se ordena dejar sin efecto cualquier medida de apremio o embargo decretados con anterioridad a la presente resolución”.

Expone que en el referido correo informa que su situación está resuelta y que ya no tendrá deuda con la Tesorería, no obstante aquello, cuando con posterioridad, intentó abrir una cuenta corriente, le informaron que su solicitud ha sido rechazada por tener una deuda con la Tesorería.

Ante esta información, explica que intentó que la Tesorería o el SII resolviera su situación, sin que le dieran una solución, requiriendo los servicios de un abogado para aclarar su situación, habiendo presentado su situación, siendo informado por la Tesorería que ellos no tenían ninguna información respecto de la estafa que habría originado la deuda, pidiéndole que aporte la documentación que tenía en su poder y que dan cuenta de ello.

Señala que el 5 de junio de 2018 envió un correo a doña nombre reservado, funcionaria de la Tesorería, adjuntando la querella entablada por el SII, ante el Juzgado de Garantía de Chillán, informe de la investigación del ilícito; la sentencia dictada en la causa. Expresa que la respuesta de la Tesorería fue que analizarían la situación y se pondrían en contacto, para dar por finalizado el tema, sin embargo, a la fecha la deuda asciende a $6.148.915, habiendo condonado el SII $2.361.559, sin que se haya resuelto el problema.

Afirma que el 8 de febrero de 2019 se ingresó en la oficina de Partes de la Tesorería General de la República un requerimiento respecto del Expediente administrativo Rol: 10.530-2012, Ñuñoa, solicitando se declare incobrable la deuda y la eliminación de los registros de deudores morosos de la Tesorería, pero la respuesta a dicho requerimiento fue que dicha petición era de competencia del Tesorero de Ñuñoa, pese a que la ley otorga dicha facultad al Tesorero General de la República.

Refiere que el 23 de abril pasado se ingresó el mismo requerimiento a la Tesorería de Ñuñoa y pese a haber acudido en varias oportunidades, a la fecha no ha habido respuesta, ocasionándole graves perjuicios, desde que se le ha retenido la devolución de impuestos a la renta en los períodos 2018 y 2019, en virtud de la referida deuda; tampoco puede acceder a crédito hipotecario; ni siquiera puede abrir una cuenta corriente, sin que haya responsabilidad de su parte.

Señala que la Tesorería le imprime un castigo adicional a pesar de su calidad de víctima probada en tribunales, que constituye una revictimización, a través de la recurrida.

Expresa que el silencio de la recurrida vulnera el principio de inexcusabilidad consagrado en el artículo 14 de la Ley N°19.880, ya que pese a haber transcurrido más de un año de haber recurrido a la Tesorería para que resolviera la situación planteada, aun no se soluciona. También estima violentados los principios de celeridad y conclusivo, consagrados en los artículos 7 y 8, respectivamente, del mismo cuerpo legal.

Cita el artículo 196 N°7 del Código Tributario y artículo de la Carta Fundamental, en relación con el principio de servicialidad.

En relación con las garantías constitucionales, estima conculcada la contenida en el N°4 del artículo 19 de la Carta Fundamental por cuanto el actuar negligente e indolente de la Tesorería ha puesto en duda la honra de del actor, al desacreditar su conducta comercial y crediticia, irrogándole una serie de consecuencias ya descritas.

Asimismo, estima violentada la garantía del N°23 de dicha norma, en relación con la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, toda vez que la conducta lesiva descrita y no resuelta por la autoridad competente, lo deja fuera de la banca y al margen de operaciones financieras normales en nuestra sociedad.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Querella criminal del SII; 2. Informe de Policía de Investigaciones de Chillán; 3. Sentencia dictada en causa RIT O-1713-2010 por el Juzgado De Garantía De Chillán; 4. Documento emitido por el abogado Juan Ignacio Salamanca Santa nombre reservado; 5. Certificado de Deudas emitido por la TGR, de 31-05-2018; 6. Copia de requerimiento hecho ante la TGR; 7. Copia de requerimiento hecho ante la TGR Ñuñoa de fecha 23-04-2019.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, abogado, por la recurrida Tesorería General de la República, quien solicita el rechazo del recurso.

Funda sus alegaciones alegando en primer término la falta de legitimidad de la recurrida, fundado en que la Tesorería, en cumplimiento de un deber legal, procedió al registro y cobro de la deuda girada por el Servicio de Impuestos Internos, de lo cual se colige que el presunto acto que el recurrente califica de ilegal o arbitrario no es imputable a la recurrida, por consiguiente, no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

Concluye que el recurso adolece del fundamental requisito de la legitimación pasiva y se hace imposible que la Corte restablezca el imperio del derecho. Cita los artículos 30, 31 y 35 del Decreto Ley Nº1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado; y artículo 2° N°2 del D.F.L. N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda y artículo 170 del Código Tributario.

Luego, alega la extemporaneidad del recurso, fundado en que el registro de la deuda del recurrente en el sistema de cuenta única tributaria se originó al remitir el Servicio de Impuestos Internos el giro que da cuenta su obligación con el Fisco, lo que sucedió el día 14 de junio de 2011 y con el objeto de abrirse un término para recurrir de protección, pretende computar el plazo de 30 días desde la fecha de una presentación administrativa realizada el día 23 de abril pasado, en circunstancias que tomó conocimiento cierto del hecho en que se funda el recurso en los años indicados.

Posteriormente, alega que el recurso es también improcedente por cuanto el legislador estableció un procedimiento ejecutivo, regulado en el Código Tributario para el conocimiento y juzgamiento de esta materia regulado en el Libro III, Título V, artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Señala que, consta del expediente administrativo Rol N°10.530-2012, Ñuñoa, que la deuda tributaria del recurrente se encuentra sometida al procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero estimando que con la cita de las normas que substancian dicho procedimiento, quedaría en evidencia que el recurrente ha tenido derecho a un debido proceso y prueba de ello es que ha tenido la oportunidad de oponerse a la ejecución iniciada en su contra interponiendo las defensas y excepciones que estimare pertinentes dentro de plazo.

Cita una sentencia de 17 de julio de 2014 dictada por la E. Corte Suprema en causa Rol Nº13.325-2014 y un fallo emanado de esta Corte en causa rol N°53.055-2014, confirmada por el máximo Tribunal.

En cuanto al fondo, alega la ausencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, ya que el Servicio de Tesorerías no tiene conocimiento sobre los motivos de los cargos, modificaciones o descargos que pudieron ocurrir en este caso particular, ya que es el Servicio de Impuestos Internos el organismo girador responsable de la información que se registra en el Sistema de Cuenta Única Tributaria, limitándose la competencia de Tesorería al cobro ejecutivo de las multas giradas por el organismo fiscalizador.

En relación a la supuesta vulneración de su derecho a la honra que alega el recurrente, precisa que la Tesorería no ha publicitado las deudas del recurrente y se confunde la competencia legal que detenta Tesorería para mantener un sistema de cuenta única tributaria en el cual se registran las deudas de los contribuyentes con la publicación de las mismas.

Expresa que la cuenta única tributaria contiene información afecta al artículo 35 del Código Tributario, que regula la obligación de reserva y secreto tributario, norma de quórum calificado de conformidad a lo establecido en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.285, aplicable a los funcionarios del Servicio de Tesorerías de acuerdo a lo establecido en los artículos 102 y 168 del citado código y artículo 61 letra h) del Estatuto Administrativo y, por tanto, afecta a la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°5, en relación con el artículo 1° transitorio de la ley 20.285.

Afirma que el Servicio de Tesorerías se encuentra sujeto al deber de secreto consagrado en el artículo 7° de la Ley N°19.628 y expone que el artículo 20 de dicha ley, establece que: “El tratamiento de datos personales por parte de un organismo público solo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular”.

Sostiene que el almacenamiento de datos personales efectuado por la Tesorería General de la República se encuentra igualmente sujeto a las limitaciones que contempla el precitado artículo 20, siendo improcedente la divulgación o publicidad de estos datos para fines diversos al señalado.

Cuarto: Que, previo trámite decretado por esta Corte evacua el informe requerido doña nombre reservado, abogado, por el Servicio de Impuestos Internos, quien solicita el rechazo del recurso.

Funda sus alegaciones señalando que, en el año 2010, producto de un proceso de recopilación de antecedentes, efectuado por el ente fiscalizador, se detectó la comisión de un delito tributario por la obtención indebida de devoluciones de retenciones de los Impuestos a la Renta.

Explica que de conformidad con el N°2 del artículo 74 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, las personas que obtengan rentas de Primera Categoría, que estén obligados, según la ley, a llevar contabilidad, y que paguen rentas del N° 2, del artículo 42, esto es, rentas por honorarios, deberán efectuar una retención de las mismas, con una tasa provisional del 10%. A estas retenciones, se les ha dado el carácter de pagos provisionales mensuales, para los efectos del pago del Impuesto Global Complementario, que debe declararse y pagarse, durante el mes abril de cada año.

De esta forma, cuando la suma de los nombre reservado resultare inferior al monto de los PPM, según lo dispone el inciso primero, del artículo 97, de la Ley de Impuesto a la Renta, el saldo a favor del contribuyente “le será devuelto por el Servicio de Tesorerías dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que venza el plazo normal para presentar la declaración anual del impuesto a la renta.”

Expresa que en el caso particular, tal como reconoce el recurrente, durante el año comercial 2007, en su calidad de alumno en práctica de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, prestó servicios para la empresa BCF, por los cuales esta entidad le efectúo una retención de $13.910 e informó de ello a este Servicio, mediante el Formulario 1870, por su parte, el recurrente incorporó dicha operación, en su Declaración de nombre reservado a la Renta, correspondiente al año tributario 2008.

Agrega que posteriormente, se procedió a rectificar de la Declaración Jurada Anual, Formulario N°1870, sobre retenciones efectuadas conforme a los artículos 42 N°2 y 48 de la Ley sobre Impuesto a la Renta de la Empresa BCF respecto de 10 contribuyentes que habían prestado servicios, durante los años tributarios 2007 y 2008, y asimismo se rectificaron las respectivas Declaraciones de nombre reservado a la Renta, Formulario N°22, de los 10 contribuyentes cuyas retenciones habían sido incrementadas, para los efectos de que se pudieran emitir a su favor los correspondientes cheques por los montos aumentados.

Para poder proceder a estas rectificatorias, los inculpados accedían a la página de internet del Servicio de Impuestos Internos, utilizando la clave secreta, tanto de las empresas informantes como de los respectivos contribuyentes, entre los que se encuentra el recurrente, procediendo después a efectuar el cobro de los respectivos cheques.

Precisa que el 11.10.2009, se rectificó la Declaración de nombre reservado del actor, correspondiente al AT 2008, solicitando una devolución indebida por montos retenidos de $1.949.654, efectuándose dicha devolución a través de cheque N°[cuenta reservada], de 23.10.2009, por $2.069.310.

Resalta que con ocasión de estas conductas ilícitas, el Servicio presentó: a) El 25.03.2010, denuncia ante el Juzgado de Garantía de Chillán, por los delitos previstos y sancionados por los incisos primero y tercero, del N°4 del artículo 97, del Código Tributario, en contra de nombre reservado, RUT N° RUT reservado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera caberles a terceros; b) Con fecha 21.04.2011, querella, ante el mismo Juzgado, por los delitos previstos y sancionados por los incisos 1° y 3° del N°4 del artículo 97 del Código Tributario, en carácter de reiterados, en contra de nombre reservado y de nombre reservado, como asimismo de todas las demás personas que resultaran responsables.

Producto de estas acciones, por sentencia de 11.06.2012, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, condenó a nombre reservado y nombre reservado, como autores del delito previsto y sancionado en el inciso 3° del N°4 del artículo 97, del Código Tributario.

Afirma que paralelamente a la investigación criminal que estaba siendo llevada a cabo por el Ministerio Público, se efectuaron las fiscalizaciones respectivas, razón por la cual, en lo que dice relación con el recurrente de autos, el 30.12.2010, se emitió la Citación N°53/7, para los efectos de que aclarara, rectificara, ampliara o confirmara, su Declaración de nombre reservado a la Renta, correspondiente al AT 2008, especialmente en lo que dice relación con los montos informados por concepto de honorarios y retenciones y como el contribuyente no dio respuesta a dicha actuación, el 29.03.2011, se procedió a emitir la Liquidación N°46, por concepto de reintegro del artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por un monto histórico de $2.069.310; acto que no fue reclamado por el contribuyente.

Debido a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Código Tributario, se procedió a emitir el giro folio N°101616985, que es el antecedente del Expediente Administrativo Rol N°10530-2012, de cobranza judicial, de la Tesorería Provincial de Ñuñoa, a que se hace referencia en el libelo.

Señala que, dicha liquidación fue emitida de conformidad con lo dispuesto en el N°5, del artículo 8° y el inciso primero, del artículo 21, ambos del Código Tributario; y el N° 2, del artículo 42 y el inciso 5°, del artículo 97; ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Expone que en el caso del recurrente, de acuerdo a los antecedentes que obraban en poder de este Servicio, por medio de su clave electrónica, se habría ingresado a la página web del Servicio de Impuestos Internos para rectificar su Declaración de nombre reservado a la Renta, correspondiente al AT 2008, con el fin de solicitar una devolución improcedente de remanente de Impuesto a la Renta, ascendente a $1.949.654, suma que fue devuelta reajustada mediante un cheque nominativo, a su nombre, por $2.069.310.

Concluye que el Servicio, ha ajustado su actuar estrictamente a lo establecido en la legislación y que el recurrente no reclamó ni de la liquidación, ni del giro respectivo, mediante el procedimiento general de reclamaciones que establece el artículo 123 y siguientes del Código tributario; como, asimismo, tampoco ha presentado una solicitud administrativa de revisión de los mismos.

A mayor abundamiento, confirma el actuar de este Servicio, lo dispuesto en el artículo 196, del Código Tributario, que establece la facultad privativa del Tesorero General de la República de “declarar incobrables los impuestos o contribuciones morosos que se hubieran girado, que correspondan a las siguientes deudas: 7º.- Las que correspondan a contribuyentes que hayan deducido querella por haber sido estafados o defraudados en dineros entregados para el pago de impuestos determinados, y siempre que se haya condenado a los culpables por sentencia que se encuentre ejecutoriada.” De esta forma, al ser recurrente el responsable del pago y, en este caso, de la restitución de los montos improcedentemente devueltos, es respecto de él que se debía solicitar la correspondiente devolución, en el procedimiento de fiscalización respectivo. Ello sin perjuicio, que el mismo pueda solicitar la declaración de incobrabilidad que establece el artículo 196 del Código Tributario, al organismo competente.

Quinto: Que, el Servicio de Tesorerías cumplió el trámite decretado, adjuntando copia del expediente de cobro ejecutivo sustanciado en contra del recurrente y el certificado de deuda respectivo.

Sexto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Séptimo: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Octavo: Que, es son hechos pacíficos de la presente causa los siguientes:

1. Que, el recurrente declaró en el Formulario 22 del AT 2008, una boleta con una retención de Pago Provisional Mensual por la suma de $13.910 y se informó de ello al Servicio de Impuestos Internos, tanto por el Formulario 1870, como por la respectiva declaración anual de impuesto a la renta.

2. Que, posteriormente se procedió a rectificar la Declaración Jurada Anual 1879 sobre retenciones efectuadas conforme a los artículos 42 N°2 y 48 de la Ley de la Renta de la Empresa BCF respecto de 10 contribuyentes durante los AT 2007 y 2008 y asimismo se rectificaron las respectivas declaraciones de nombre reservado a la renta, Formulario 22 de los mismos 10 contribuyentes, las que fueron incrementadas para efectos de pedir a su favor los correspondientes cheques de devolución impuestos por los montos aumentados.

3. Que, en el caso del actor, se incrementó su renta para el AT obteniéndose una devolución indebida de $1.949.654, la que se devolución a través de cheque N°[cuenta reservada] de 23 de octubre de 2009.

4. Que, con ocasión de dichos hechos, el Servicio de Impuestos Internos interpuso una denuncia y luego una querella en el Juzgado de Garantías de Chillen en contra de nombre reservado y de nombre reservado, quienes resultaron condenados como autores del delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inc. 3° del Código Tributario.

5. Que, la sentencia judicial antes individualizada, que se encuentra ejecutoriada y goza de autoridad de cosa juzgada, tuvo por establecidos como hechos ilícitos los siguientes:

“Que nombre reservado y nombre reservado, en la ciudad de Chillán, durante el mes de marzo de 2010, realizaron diversos procedimientos dolosos destinados a defraudar al Fisco de Chile. En efecto, en el mes de marzo de 2010, el Servicio de Impuestos Internos realizó una fiscalización a los contribuyentes Constructora BCF S.A., RUT N°RUT reservadoy Constructora BELFI-BCF Ltda., RUT N°RUT reservado, constatando un fraude tributario consistente en la obtención de devoluciones indebidas de remanentes de Impuesto a la Renta, a través de un mecanismo malicioso; estableciéndose que durante los años 2007 y 2008 un grupo de 10 personas prestó servicios a las empresas antes mencionadas y posteriormente con absoluto desconocimiento de dichos prestadores de servicios, personas no identificadas utilizaron sus nombres y obtuvieron claves secretas de Internet en el portal www.sii.cl, procediendo indebidamente a rectificar sus formularios 22 de declaración anual de Impuesto a la Renta, con el objeto de aumentar ficticiamente el monto de los valores de los servicios prestados, incrementando ilícitamente el remanente de Impuesto a la Renta a que éstos tenían derecho. Posteriormente y con la finalidad que el SII no se percatara de las diferencias entre los montos informados en las rectificatorias de declaración de impuestos y lo informado por las empresas constructoras, retenedoras del 10% de las rentas pagadas a los prestadores de servicios, personas desconocidas rectificaron con absoluto desconocimiento de las empresas constructoras la declaración jurada Formulario N°1879, que obliga a las empresas retenedoras a informar al SII sobre los honorarios pagados, utilizando para ello indebidamente los nombres y claves secretas de Internet de las empresas citadas, generando saldos indebidos a favor de al menos cuatro contribuyentes prestadores de servicios. Por último, dichos desconocidos rectificaron el domicilio de aquellos contribuyentes prestadores de servicios, con el objeto de que las devoluciones del remanente efectuadas por la Tesorería General de la República, por medio de cheques nominativos a nombre de ellos, fueran enviados a los nuevos domicilios informados, que correspondían todos a la ciudad de Chillán, siendo dichos contribuyentes, que fueron afectados por este procedimiento ilícito, los siguientes: 1) nombre reservado, Rut RUT reservado, 2) nombre reservado, Rut RUT reservado. 3) nombre reservado, Rut RUT reservado) nombre reservado, Rut RUT reservado. A quienes producto del procedimiento ya descrito se les emitió un cheque de la cuenta corriente de la Tesorería General de la República en el BancoEstado por la suma de $1.813.352, $2.028.006, $1.151.938 y $700.043, respectivamente.

“(…) Que los hechos antes descritos son constitutivos de 4 delitos tributarios, previstos y sancionados en el artículo 97 N°4 inciso 3 del Código Tributario, cada uno en grado de frustrado, toda vez que los hechores pusieron de su parte todo lo necesario para que el crimen se consumara, lo que no se verificó por causas independientes a sus voluntades. Delitos en que a los acusados correspondió participación en calidad de coautores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal”.

6. Que, producto del ilícito cometido y de manera paralela se citó al recurrente en conformidad al artículo 63 del Código Tributario, omitiéndose en el informe señalar la forma de notificación de dicha citación y el domicilio donde se practicó. Ante la incomparecencia del actor, se procedió a emitir la liquidación y posterior giro, que motivó la acción ejecutiva tramitada por el Servicio de Tesorería.

Noveno: Que, es un hecho establecido por sentencia ejecutoriada que el actor participó en el procedimiento penal en calidad de víctima de los ilícitos perpetrados por los condenados nombre reservado y nombre reservado, quedando establecido como hecho de la causa, que dichos sentenciados, mediante procedimientos dolosos destinados a defraudar al Fisco de Chile, obtuvieron devoluciones indebidas de remanentes de impuesto a la renta, respecto de un grupo de 10 personas que prestaron servicios para las empresas BCF S.A. y Constructora Belfi-BCF Ltda. y con absoluto desconocimiento de dichos prestadores de servicios (dentro de los cuales estaba el recurrente), personas no identificadas utilizaron sus nombres y obtuvieron claves secretadas de internet en el portal www.sii.cl, procedimiento indebidamente a rectificar sus formulario 22 de declaración anual de impuesto a la renta, con el objeto de aumentar ficticiamente el monto de los valores de los servicios prestados, incrementando ilícitamente el remanente de impuestos a que tenían derecho, alterando las declaraciones juradas de las empresas en relación con las declaraciones de retenciones efectuadas.

Décimo: Que, a su tiempo, conviene dejar por establecido que no existe constancia que al actor se le haya notificado la citación, liquidación y giro en su domicilio domicilio reservado, hecho que se infiere de los propios hechos asentados en el proceso penal, en el que quedó establecido que los sentenciados modificaron los domicilios tributarios de los afectados para situarlos en la ciudad de Chillán. Otro hecho jurídico que comprueba lo anterior, es la circunstancia que el Servicio de Tesorería, al iniciar su acción ejecutiva de cobro, señaló como domicilio inicial del recurrente el ubicado en domicilio reservado, en el que no fue encontrado. Posteriormente, se procedió a la notificación del recurrente en su domicilio de domicilio reservado.

Estas circunstancias explican el desconocimiento del actor, respecto del procedimiento de auditoría tributaria y la culminación del mismo con la emisión de la Liquidación y posterior Giro.

Undécimo: Que, en este escenario, es indudable que el actor ha sido víctima no sólo de un delito, sino de un actuar arbitrario por parte de la autoridad tributaria y posteriormente, del Servicio de Tesorería, desde que en su calidad de víctima, se le ha pretendido hacer exigible la restitución de un tributo que no percibió y que el propio Servicio de Impuestos Internos señaló y reconoció en su querella, que el perjuicio fiscal provino de un actuar doloso de los sentenciados nombre reservado y nombre reservado.

Duodécimo: Que, el derecho indubitado con el que cuenta el recurrente para exigir su pretensión cautelar, nace, precisamente, de los hechos establecidos en la querella criminal interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos, en los que se reconoce en la página 5 que “(…) producto del procedimiento antes descrito, se emitió el cheque N°[cuenta reservada], por la suma de $2.069.310, correspondiente a la declaración rectificatoria del año tributario 2008, el que fue cobrado por el querellado nombre reservado con un poder falso”; como asimismo, de los hechos asentados en la sentencia condenatoria que establecen el actuar doloso de los sentenciados y la calidad de víctima del actor.

En este escenario, resulta inconcuso concluir que el Fisco de Chile, a través de la recurrida, Servicio de Tesorería, pretende agotar el ilícito tributario en la persona del recurrente, mediante el cobro de una acreencia que, en los hechos y en el derecho, no le es atribuible al actor, razón por la cual, al negarse la recurrida a hacer uso de la facultad establecida en el artículo 196 N°7 del Código Tributario, pese a que concurren todos los presupuestos para ello, su negativa también se torna en ilegal. En efecto, si el delito tributario sólo puede ser perseguido por parte del Servicio de Impuestos Internos, quien es el único legitimado activo para el ejercicio de la acción penal, en caso alguno la titularidad de dicha acción puede ser atribuida a los particulares afectados por dicho ilícito tributario, máxime cuando el perjuicio fue de carácter fiscal y que sólo por medio del juicio ejecutivo incoado por la Tesorería, se traslada al actor al pretender su el cobro de esa acreencia.

Colofón de lo anterior es que el recurrente no estaba en posición jurídica de interponer querella por estafa, al subsumirse en el mismo hecho por los que ya fueron condenados los sentenciados en el ilícito tributario contenido en el artículo 97, N°4, inciso 3° del Código impositivo.

Por lo anterior, la interpretación de la norma del artículo 196 N°7 del Código Tributario realizada por la Tesorería resulta también arbitraria, por alejarse de la razón, además de ilegal, ya que la máxima autoridad del Servicio recurrido debió aplicar las reglas hermenéuticas contenidas en los artículos 23 o 24 del Código Civil para establecer el genuino sentido de la ley y su aplicación para el caso sub judice que, en estricto sensu, requiere, al menos, la aplicación de un criterio acorde con la equidad natural en relación con los hechos que la motivan, razón por la cual, deberán adoptarse las medidas que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República y, en consecuencia, se ordena que la Tesorera General de la República señora nombre reservado declare incobrable el impuesto contenido en el Formulario 21 folio 101616985, girado a nombre del recurrente, por la suma neta de $1.905.135 y en consecuencia, se ponga término al procedimiento ejecutivo seguido en contra del actor en los autos rol 10.530-2012-Ñuñoa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-76.212-2019.