Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

Primero: Que a folio 1 comparece nombre reservado y nombre reservado, en representación de nombre reservado, quien deduce acción constitucional de amparo en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por haber citado al recurrente a concurrir para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado para el día 8 de mayo 2025, casi cinco meses después de la fecha en que recibió el oficio ordinario (12 de diciembre de 2024).

Señalan que dicha actuación es ilegal y arbitraria, pues dilata injustificadamente el procedimiento, exponiendo al recurrente al riesgo de expulsión del territorio nacional, vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley.

Indica el recurrente, ciudadano venezolano, que recibió un oficio del Servicio Nacional de Migraciones citándolo a concurrir para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, fijando la fecha para casi cinco meses después, lo que según los recurrentes lo expone al riesgo de ser expulsado al no contar con registro de haber solicitado refugio.

Explica que los artículos 26 y 27 de la Ley N° 20.430 indican que al realizar la solicitud, la autoridad migratoria requerirá a la persona que declare los motivos que lo forzaron a dejar su país, sin demorarla con esperas injustificadas, remitiendo con brevedad los antecedentes a la Secretaría Técnica correspondiente, trámite que estaría siendo obstruido arbitrariamente.

Fundamentan su recurso en que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental (artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), en el artículo 5° de la Constitución y en el artículo 4° de la Ley N° 20.430 que establece el principio de No Devolución. Sostienen que este derecho no ha podido ser adquirido al no recibirse la manifestación de voluntad, vulnerando la igualdad ante la ley por discriminación respecto del trato dispensado a otros extranjeros.

Solicitan que se acoja el recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones adelantar la citación al recurrente para que ejerza su derecho a solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado, ingresando a tramitación la solicitud para obtener la visa temporaria correspondiente.

Segundo: Que a folio 8 informa, nombre reservado en representación de Servicio Nacional de Migraciones, quien el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Sostiene la recurrida que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para la interposición del recurso, por cuanto no existe acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente no registra ingreso al país, presumiéndose que ingresó por paso no habilitado. Con fecha 27 de diciembre de 2023, el recurrente se acogió al procedimiento de empadronamiento biométrico, el cual no constituye un medio para regularizar su situación migratoria. El día siguiente, 28 de diciembre de 2023, registra una denuncia grave por ingreso clandestino según consta en parte policial N°NUM000 del Departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile.

Añade que posteriormente, con fecha 12 de diciembre de 2024, el recurrente manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, mediante una solicitud a través del Portal de Trámites Digitales (SIMPLE). Mediante Oficio Ordinario, se citó al recurrente a las dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional para el día 8 de mayo de 2025, a las 15:00 horas, con la finalidad de dar inicio a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. La recurrida destaca que no ha dictado sanción migratoria alguna contra el recurrente.

Señala que el 20 de febrero de 2024 se publicó y entró en vigencia la Ley N° 21.655, que modifica la Ley Nº 20.430, estableciendo una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, realizando importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento y estableciendo nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de solicitudes de refugio.

Explica detalladamente el procedimiento administrativo de solicitud de refugio contemplado en la legislación especial, indicando que toda persona puede solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado si se encuentra en territorio nacional, pero para ser considerado solicitante, su petición debe ser declarada admisible y formalizada conforme a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N°20.430 y los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento.

Respecto a los requisitos para solicitantes en condición migratoria irregular, la recurrida señala que el artículo 6 de la Ley N°20.430 y los artículos 8° y 35° de su Reglamento establecen que quienes ingresen de manera clandestina o tengan residencia irregular pueden formalizar su solicitud presentándose ante la autoridad contralora de fronteras dentro de los 10 días siguientes a la infracción migratoria.

En cuanto a la situación migratoria de los extranjeros que presentan solicitud de reconocimiento de refugio, el artículo 26 de la Ley N° 20.430 establece que el solicitante debe mantenerse a disposición de la autoridad migratoria hasta que se dicte la resolución correspondiente, lo que según la recurrida implica una prohibición de dictar medidas de abandono o expulsión, garantizando la permanencia del extranjero en el territorio nacional hasta la resolución de su solicitud.

Sostiene que no existe vulneración de garantías fundamentales, pues el recurrente, al presentarse en las dependencias de la autoridad, dio inicio a su solicitud de refugio. Argumenta que la citación para mayo de 2025 no constituye un acto arbitrario ni ilegal, considerando que hasta el 13 de enero de 2025 el Servicio Nacional de Migraciones ha recibido un total de 11.948 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, concentrándose 6.199 en la Región Metropolitana. Actualmente, no existe disponibilidad para agendar nuevas entrevistas hasta el 27 de mayo de 2025, realizándose entre 108 y 140 entrevistas semanales, por lo que no resulta posible otorgar al recurrente una fecha anterior sin vulnerar el derecho fundamental de igualdad ante la ley.

Además, destaca que en el mismo oficio impugnado se señala que, hasta la fecha de la citación, el extranjero podrá acreditar su situación migratoria regular conforme al artículo 26 de la Ley 20.430, no viéndose vulnerable a una eventual expulsión.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de las garantías protegidas, solicitando además no ser condenada en costas.

Tercero: Que a folio 10 amplia el informe el Servicio Nacional de Migraciones, quien señala que en la fecha señalada -8 de mayo de 2025- el actor concurrió a las oficinas del Servicio a formalizar su solicitud, llevándose a cabo la entrevista.

En la misma fecha mediante Resolución Exenta N° NUM001, se informó al actor que no fue posible dar curso a su solicitud, en atención a que el recurrente no dio cumplimiento a los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N°20.430, por exceder el plazo de 7 días hábiles para realizar la solicitud. En la misma resolución se solicitó aportara antecedentes para subsanar la solicitud, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, antecedentes que no ha acompañado.

Indica que, en virtud de lo anterior, la acción deducida ha perdido oportunidad y eficacia.

Cuarto: Que a folio 13 informa, nombre reservado en representación de Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, explicando la estructura y funcionamiento del procedimiento de refugio establecido en la normativa vigente.

Expone que la Ley N°20.430 sobre protección de refugiados y su reglamento (Decreto Supremo 837) establecen diferentes etapas para la determinación de la condición de refugiado, delimitando competencias específicas para cada órgano interviniente. Este procedimiento consta de siete etapas principales: solicitud en frontera, presentación ante el Servicio Nacional de Migraciones, análisis de admisibilidad por la Secretaría Técnica, información al usuario sobre la admisibilidad, recolección de antecedentes y elaboración de informe de elegibilidad, resolución del Subsecretario del Interior, y recursos administrativos.

Destaca que durante todo el procedimiento se resguarda el principio de no devolución establecido en el artículo 4 de la ley 20.430, y que la constancia de haber presentado la solicitud acredita situación migratoria regular para efectos del artículo 12 bis de la ley 20.931.

Agrega que conforme al artículo 20 de la Ley N° 20.430, es el organismo encargado de asesorar al Ministerio del Interior sobre el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado. Esta Comisión está integrada por el Subsecretario del Interior o quien este designe, dos representantes del Ministerio del Interior y dos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pudiendo asistir un representante del ACNUR. Mediante Resolución Exenta N°NUM002 del 3 de mayo de 2022, se designó al Director del Servicio Nacional de Migraciones como presidente de esta Comisión.

Enfatiza que sus atribuciones legales no incluyen ninguna relacionada con el procedimiento de admisibilidad, ya que según el artículo 27 de la Ley N°20.430, corresponde a la Secretaría Técnica recibir la información sobre la presentación de solicitudes de refugio. Es la Secretaría Técnica el órgano facultado para emitir informe técnico sobre la admisibilidad, correspondiendo al Director del Servicio Nacional de Migraciones resolver mediante resolución fundada.

Solicita, en definitiva, tener por evacuado su informe, argumentando que carece de competencia en el análisis de admisibilidad de las solicitudes de refugio conforme al principio de legalidad establecido en el artículo 7 de la Constitución Política.

Quinto: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Sexto: Que ahora bien, teniendo en consideración que lo alegado por el recurrente como acto ilegal y arbitrario, es el extenso plazo para el cual fue citado a su primera entrevista para materializar su solicitud de refugio, y que, con posterioridad el Servicio recurrido ha informado que no solo dicha entrevista ya se realizó, sino que, además, la solicitud le fue rechazada, solicitándole nuevos antecedentes, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.

A mayor abundamiento, atendido el expreso tenor del acto reprochado como ilegal, la posterior decisión a la que haya arribado el recurrido, escapa a los términos del presente recurso.

Atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Séptimo: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones. Regístrese y, oportunamente, archívese.

Protección Rol N°761-2025.