nombre reservado con nombre reservado

Santiago, treinta de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen doña nombre reservado, consultora de viajes, domiciliada en domicilio reservado, por sí, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por la realización de una serie de imputaciones difamatorias y deshonrosas, en su descrédito, causándole un menoscabo a su integridad psicológica.

Indica que las expresiones deshonrosas proferidas por estos en su contra vulneran el derecho a la honra y a su imagen, su vida privada e integridad psicológica, afectando su reputación personal, consagrados y protegidos en los números 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que trabaja para Turismo Cocha S.A. y que con fecha 23 de agosto de 2019, se presentaron los recurridos en su lugar de trabajo y solicitaron hablar con ella “sobre el arriendo de Rapel”, se les indica que no se encontraba en el lugar, exigen se la contacte por teléfono y frente al personal la recurrida doña nombre reservado, empieza a elevar el tono de voz y le dice que es una estafadora, que iba a desprestigiarla en los portales de arriendo, que tenía que regresarle su dinero, entre otras ofensas.

Agrega que se armó un escandalo tal que la Gerente de la Sucursal, salió de su oficina y solicitó conversar con ellos de manera privada y allí siguieron sosteniendo que era una estafadora y que su intención era que su empleador se enterara de los hechos con el ánimo de que supieran la clase de personas que tenían como empleados.

Expresa que efectivamente celebró un contrato de arriendo con los recurridos por dos inmuebles con fines vacacionales en el mes de octubre de 2018, y que pagaron en forma anticipada parte del precio, sin embargo, incurren en incumplimientos aduciendo hechos que no eran efectivos respecto a los inmuebles de su propiedad. Los recurridos presentan un reclamo ante el SENAC, el cual solicitó su participación en el mismo, otorgando la respuesta, siendo cerrado el procedimiento con fecha 19 de febrero de 2019. Nunca ha habido una acción judicial al respecto.

Agrega que el hecho ilegal y arbitrario, presentándose en su lugar de trabajo, armando un escándalo, profiriendo ofensas contra su honra y hablando con su empleador, ha implicado una afección emocional y psicológica.

Solicita se acoja el recurso, poner pronto remedio al acto ilegal y arbitrario de los recurridos, ordenando eliminar todo contenido publicado en su descredito en las redes sociales de existir, que se abstengan de seguir realizando publicaciones en su descredito por cualquier vía escrita con el objeto de difundir a terceros y abstenerse de seguir realizando una serie de imputaciones y la difusión de las misma en lugares públicos, especialmente en su lugar de trabajo y cesar todo hostigamiento en contra de la recurrente.

2°) Informando lo recurridos, por medio de sus abogados, señalan que la recurrente, junto con desempeñar funciones en la empresa Turismo Cocha figura en el portal inmobiliario “lagorapel.com” promocionando el arriendo de dos casas en el Lago rapel, ambas con muelle.

Señala que los recurridos programaban sus vacaciones para el año 2019 y contactaron por teléfono a la recurrente que arrendaba dos propiedades en Rapel, siendo esencial la existencia de un muelle, se le pago como adelanto un 50%.

Los recurridos en enero de 2019 tomaron conocimiento que el lago tenía escases hídrica, por lo que los muelles estaban secos, por lo cual se hizo presente la situación a la recurrente, la cual aseguró que los muelles de las propiedades arrendadas si tenían agua, por lo que el Sr. nombre reservado concurrió al lago, constatando que los muelles carecían de agua, por lo que solicitaron la devolución del anticipo pagado, lo que fue condicionado por la recurrente al hecho de arrendar la propiedad y en caso contrario solo devolvería el 50% del anticipo.

Agregan que con posterioridad a estos hechos les fue imposible contactar a la recurrente, la cual los bloqueo de toda comunicación. Pasado ocho meses y por una mera coincidencia se enteraron de que la recurrente trabajaba en Turismo Cocha, dirigiéndose al lugar, la cual no se encontraba, siendo contactados con ella por teléfono.

Indican que intervino otro empleado de la agencia, y se hizo presente la jefa de la recurrente consultando por el malestar de los recurridos, ellos le comentaron la situación, retirándose posteriormente, sin haber calificado el actuar de la señora nombre reservado, agregando que concurrieron solo una vez al lugar de trabajo, y que esta no sería la vía si estima vulnerado su derecho a la honra.

Piden se rechace el recurso con costas.

3°) Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala, y permite a cualquier persona, por si o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente reclamando su amparo cuando estos derechos se sientan amagados -privados, amenazados o perturbados- por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se denuncian conculcadas. En efecto, constituye un supuesto forzoso de acogimiento de esta acción cautelar, que se compruebe la existencia de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aun inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

De lo anterior se desprende que los requisitos de procedencia de un recurso de protección son copulativos de tal manera que la ausencia de cualquiera de ellos hace inviable este arbitrio.

Cuarto: Que la recurrente ha impetrado esta acción cautelar con motivo de diversas expresiones deshonrosas proferidas por los recurridos en su contra, perturbado e infringido el derecho a la honra como también el derecho a la imagen y a la reputación personal e integridad psicológica.

Quinto: Que aparece del mérito de los antecedentes agregados, que efectivamente los recurridos comparecen al lugar de trabajo de la recurrente, hablan con esta por teléfono a viva voz, delante de los demás empleados y luego se entrevistan con la Gerente de la Agencia, señalando la situación relativa al arriendo de los inmuebles de Rapel, oportunidad en que la habrían gritado estafadora.

Sexto: Que, en la especie, se produce una colisión entre el derecho a la honra del recurrente y la libertad de expresión de los recurridos, la que debe ser debidamente ponderada. Sobre el particular conviene tener presente que dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho que se ve claramente afectado si se presentan dos personas en el lugar de trabajo de otra vociferando la calidad de estafadora de la recurrente, hablando además con su Jefa para que se enterara de la calidad de empleados que tiene, lo que tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa.

Séptimo: Que, entonces, la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y así se ha señalado desde antiguo: nunca la libertad de expresión puede amparar la injuria o el insulto. El Nº 12º del artículo 19 de la Constitución Política de la República señala que se asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…”. El ordenamiento jurídico, entonces, no protege un pretendido derecho a insultar y la libertad de expresión no puede ser absoluta, sino que debe debilitarse y atemperarse si ésta tiene el efecto de dañar la reputación de otra persona.

Octavo: Que, en consecuencia, los recurridos, no pueden apersonarse al lugar de trabajo de la recurrida, armar un escándalo, referirse a la recurrente como estafadora, hablar con la gerente del local para que se enterara de la “clase de trabajadora que tenía” expresiones que afectan claramente la honra de la recurrente, lo que no se debe ni puede tolerar, toda vez que con tal doctrina se institucionaliza una suerte de derecho a la injuria que el ordenamiento jurídico no contempla y no lo puede aceptar.

Noveno: Que la conducta de los recurridos resulta ser arbitraria, conculcado el derecho a la honra que a la actora le otorga el N° 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso debe ser acogido.

Décimo: Que atendido lo señalado precedentemente, resulta inoficioso hacerse cargo de las demás garantías invocadas como vulneradas.

Por lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, y don nombre reservado, solo en cuanto ambos deberán:

1.- Eliminar todo el contenido publicado en descrédito de la recurrente en Instagram, Facebook, Whatsapp y, en general, en todos los sitios web en los que se hayan realizado y se continúen realizando publicaciones en contra de la recurrente; y 2.- Abstenerse de seguir realizando publicaciones contra la recurrente y concurrir con estos fines a su lugar de trabajo.

Lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas que procedieren.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del abogado integrante don Jorge Norambuena Hernández.

N°Protección- 75960-2019.

No firma la Ministra señora María Soledad Melo Labra, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse haciendo uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora María Soledad Melo Labra e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.