Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes

Santiago, veintiocho de julio de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece nombre reservado, trabajador dependiente, quien deduce acción de protección constitucional en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el descuento de su remuneración para el pago de las cuotas del crédito que le otorgó la recurrida. Tal proceder, acusa, vulnera el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Explica que con fecha 25 de noviembre de 2016 solicitó un crédito a la recurrida por un monto de $6.300.000, pactado en 60 cuotas mensuales, cuyo dividendo sería por la suma de $186.570, alcanzando a pagar 24 cuotas (desde el 31 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018), momento en que quedó sin trabajo al ser despedido por la causal de necesidades de la empresa.

Expone que su actual empleadora le avisó que en la liquidación de sueldo del mes de octubre de 2019 se le efectuó un descuento por un monto de $217.417, por concepto de “crédito personal Caja de los Andes cuota 25/60”, y en el mes de diciembre de ese mismo año, un descuento por $217.554, por “cuota 27/60”, lo que lo dejó con un sueldo líquido a recibir de $181.250 y $181.421, respectivamente. Puntualiza que dicho descuento equivale al 34% y 36% aproximadamente de su liquidación mensual de los meses de octubre y diciembre de 2019. Refiere que al acercarse a la recurrida se le informó verbalmente que mantenía una deuda ascendente a $5.705.374 y que para cubrir dicho monto, sus cuotas variarían de acuerdo a su sueldo líquido y en virtud de los intereses moratorios, indicándosele que si quería una cuota a pagar más baja o fija debía reprogramar el crédito, el que quedaría en 60 cuotas de $139.211, a lo que no accedió. Hace presente que no obstante haber cancelado 24 cuotas del crédito, el monto adeudado al 31 de octubre de 2019 alcanzaba la suma de $6.219.813, esto es, sólo ha descontado $131.699 Denuncia que las cuotas que se le están cobrando son por un monto mayor al pactado, además de que se le señaló que cada descuento sería variable o diferente, dependiendo de su sueldo mensual, alterando así la recurrida lo pactado en la contratación del crédito.

Manifiesta que se trata de cobros excesivos, sin previo aviso e indeterminados, los que sobrepasan el límite del 25% de su remuneración líquida mensual.

Termina solicitando que se ordene a la recurrida se abstenga de seguir efectuando descuentos a sus remuneraciones y proceda a la devolución de aquellos realizados desde el mes de octubre de 2019 en adelante.

Al informar la recurrida señala que efectivamente las cuotas de diciembre de 2016 a noviembre de 2018 -N° 1 a 24-, fueron pagadas a través de descuentos en la remuneración del recurrente, cesando el pago de las cuotas posteriores. Ante la falta de pago, la Caja de Compensación con fecha 11 de julio de 2019 dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza la referida operación crediticia ante el 2° Juzgado Civil de San Miguel, la cual no ha sido notificada al demandado.

Expresa que posteriormente al haberse detectado el ingreso del actor como trabajador de la empresa afiliada “Inmobiliaria Carmen SpA”, se le informó a ésta para la realización de las cuotas N° 25 y 26, más el correspondiente interés moratorio, las que fueron pagadas a través de los descuentos en las remuneraciones de los meses de octubre y diciembre de 2019. Menciona que al 6 de febrero de 2020, la presente operación de crédito mantiene en morosidad las cuotas N° 27 a la 37, la cuota N° 38, vencida en el mes de enero de 2020, y aún por vencer las cuotas que van de febrero de 2020 a noviembre de 2021, cuotas N° 39 a 60.

Destaca entonces, que se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción no se encuentra prescrita, por lo que su cobro de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.883 es pertinente y oportuno.

En cuanto al monto de los descuentos afectados en virtud de la citada norma legal, precisa que los descuentos efectuados durante los meses de octubre y diciembre de 2019, por las sumas de $217.417 y $217.554, respectivamente, incluyen el valor de la cuota pactada más intereses por mora, el que se encuentra acorde a la situación económica del reclamante, quien al momento del otorgamiento del crédito tenía una remuneración líquida (efectuados los descuentos legales) que promediaba la suma de $1.000.000, lo cual fue debidamente acreditado en su oportunidad a través de la documentación presentada en la etapa de evaluación del crédito. Agrega que la circunstancia que la remuneración del deudor del crédito social haya mutado a la baja, no faculta a las Cajas de Compensación a repactar y reducir unilateralmente el monto de las cuotas, toda vez que ello importaría la modificación de las condiciones del mutuo en el sentido de extender su vigencia más allá de lo pactado, además de que la realización de descuentos parciales supone dejar al afiliado en morosidad respecto del saldo con la consiguiente generación de intereses moratorios.

Pone de relieve que lo que corresponde es adecuar las condiciones del crédito a la nueva situación del deudor, a través de una reprogramación o renegociación celebrada de común acuerdo, alternativa que fue rechazada por el actor, tal como él aseveró en su recurso.

Con fecha 27 de febrero último se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que cabe poner en relieve el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, entidades sin fines de lucro, y el mecanismo de cobro con arreglo al artículo 22 de la Ley N° 18.833. Al efecto, el artículo 21 del citado texto legal prescribe que: “Las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Estos créditos están orientados a satisfacer las necesidades de los trabajadores y pensionados afiliados y de sus causantes de asignación familiar, esto es, se trata de un sistema crediticio que está estrechamente vinculado con los fines u objeto que la Ley N° 18.833 les ha asignado, cual es incrementar o mejorar las prestaciones sociales de sus afiliados.

Segundo: Que en atención a las características de dichos préstamos en dinero, en tanto son otorgados por instituciones de previsión social, el legislador instituyó un mecanismo adecuado para garantizar el cobro y pago de los mismos. Así, el mencionado artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Tercero: Que en este orden de ideas, carece de relevancia que la Caja de Compensación haya interpuesto una demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantizaba el mutuo otorgado al recurrente -la cual, en todo caso, no le ha sido notificada-, pues al proceder a efectuar el descuento de las cuotas adeudadas está ejerciendo una atribución conferida por la ley que reviste un carácter obligatorio, de acuerdo al claro tenor del citado artículo 22, a lo que debe adicionarse que dicha acción judicial forma parte de las gestiones necesarias a las que puede acudir la recurrida para obtener la devolución de lo prestado.

Cuarto: Que, en la especie, se está ante un crédito social otorgado por la Caja de Compensación Los Andes, actualmente exigible y con cuotas pendientes de pago, el cual le fue otorgado al recurrente en conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.833 que regula las Cajas de Compensación, sin que se divise, por consiguiente, acto ilegal o arbitrario el requerir el cobro de las cuotas pendientes de pago provenientes de este crédito, mediante el descuento por planilla, efectuado mensualmente.

Quinto: Que, por otra parte, el recurrente dejó de pagar el crédito en el mes de diciembre de 2018, esto es, la cuota N° 25, y los descuentos siguientes fueron practicados, cuando fue habido, en octubre y diciembre de 2019, correspondientes a las cuotas N° 25 y 26, de manera que tampoco han transcurridos cinco años entre el último pago realizado el año 2018 y el siguiente descuento efectuado en octubre de 2019. Tampoco era necesario, como lo postula el actor, habérsele informado previamente de la reanudación del cobro del crédito, pues éste se rige por las mismas normas que gobiernan el cobro y pago de las cotizaciones previsionales.

Sexto: Que en lo concerniente al monto de los descuentos efectuados, cabe precisar que la Circular N° 2052 de la Superintendencia de Seguridad Social, al impartir instrucciones respecto a este régimen de crédito social, preceptúa que: “La cuota mensual del o los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder el 25% de la remuneración líquida mensual o pensión líquida mensual de los trabajadores o pensionados, respectivamente”.

Séptimo: Que, en el presente caso, al momento del otorgamiento del crédito (noviembre de 2016) el recurrente gozaba de una remuneración promedio de $1.000.000, de modo que la cuota pactada en ese entonces se ajustaba a la regla antes reseñada. Luego, los descuentos efectuados en octubre y diciembre de 2019, por las sumas de $217.417 y $217.554, que incluyen el valor de la cuota y los intereses moratorios, tampoco exceden la restricción antes aludida.

Ahora bien, el actor ha justificado que su actual remuneración es muy inferior a aquélla que tenía a la época de contratación del crédito. Sin embargo, tratándose de una convención bilateral, la ley prohíbe la modificación unilateral de las condiciones del contrato, quedándole estrictamente vedado a alguna de las partes proceder a la alteración de las mismas a su arbitrio. En la situación que nos ocupa, necesariamente se requerirá el consentimiento tanto del acreedor como del deudor para materializar cualquier variación, pues cualquier cambio en el monto de las cuotas implicará una extensión de la vigencia del contrato y la posible generación de nuevos intereses.

Octavo: Que, como claramente lo puso de manifiesto la recurrida, ante la disminución que experimentó la remuneración del afiliado, la opción es una reprogramación de común acuerdo del saldo del crédito adeudado.

Noveno: Que, por consiguiente, el descuento de las remuneración del actor con motivo de las cuotas impagas del crédito que le fuera concedido, obedece a una atribución -y obligación- que la ley le confiere a la Caja de Compensación a fin de obtener la recuperación de un crédito de naturaleza social y que configura un deber del empleador respectivo, de modo que no es posible vislumbrar ilegalidad o arbitrariedad alguna en el actuar que por esta vía se censura.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial señor nombre reservado, quien fue de opinión de acoger el recurso de protección en favor del recurrente, y disponer que la recurrida no pueda descontar más que el 25% de su remuneración actual, además de poner en conocimiento estos antecedentes de la Superintendencia de Seguridad Social, por no haber adoptado la recurrida las medidas para dar cumplimiento a las instrucciones que se le han impartido, considerando para ello lo siguiente:

a).- Que, las normas que rige la convención materia de esta causa, son de naturaleza previsional y laboral, porque en la especie se trata de la prestación de un crédito social por parte de una Caja de Compensación, no siendo posible considerar normas o principios del derecho civil, que parten del supuesto que las partes se encuentran en estado de igualdad para contratar y disponer la ejecución de las obligaciones.

b).- Que, si bien el recurrente se obligó a pagar el crédito que otorgó la Caja de Compensación Los Andes, la ejecución del mismo debe respetar el Código del Trabajo, la ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar, y las instrucciones impartidas por la autoridad administrativa fiscalizadora de las Cajas de Compensación, por lo que debe tomar medidas previas y adecuadas, para ajustarse a la legalidad y a dichas instrucciones.

c).- Que, conforme al artículo 3 de la ley 18.833, las Cajas de Compensación están sometidas a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades que le pudieren corresponder a la Contraloría General de la República, por lo que las instrucciones que estos organismos les impartan, son obligatorias para ellas, de forma tal que si los incumplen, ni toman las providencias adecuadas para someter su actuar a ellas, incurren en un acto ilegal.

d).- Que, encontrándose regulados los derechos y obligaciones que nacen de ese vínculo entre el trabajador y las Cajas de Compensación, por normas de orden público, son irrenunciables por parte del trabajador y se imponen siempre de manera imperativas para la Caja de Compensación, debiendo siempre interpretarse bajo los principios y normas que rigen la materia laboral y previsional.

e).- Que, la ilegalidad y arbitrariedad que denuncia el recurrente en esta causa, no se vincula con la facultad que la ley reconoce a una Caja de Compensación a que se deduzca de la remuneración del trabajador por la entidad empleadora afiliada, ni tampoco a que ello puede ser remesado a la Caja acreedora, sino que con el porcentaje que se le retuvo, afectando el mínimo que la ley dispone para una digna manutención del trabajador y su familia, infringiéndose con ello normas e instrucciones que han sido reiteradas por la Superintendencia de Seguridad Social, que precisan los montos máximos por ese concepto.

f).- Que, en efecto, el artículo 22 inciso 1° de la Ley 18.833, que estableció un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de asignación familiar, señala que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”; por lo tanto, conforme a ellas, esa deducción y pago corresponde sólo a un porcentaje de la remuneración del trabajador, el que no corresponde determinarlo al acreedor, sino que está definido por ley, de forma de hacer compatible las obligación legal, con una adecuada manutención del trabajador y su familia.

g).- Que, bajo ese principio protector de la remuneración del trabajador, el inciso 3° del Código del Trabajo, establece que “Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador”.

h).- Que, en lo que respecta a las instrucciones de la autoridad fiscalizadora, la Circular N° 2052, de la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 10/04/2003 (la que tiene concordancia con las circules 1669; 1945; 2011; 1457; 1747, Circular N° 2052, modificada por las Circulares N°s 2057, 2188, 2237, 2328, 2433, 2462, 2463, 2485, 2523, 2574, 2591, 2598, 2610, 2658, 2746, 2747, 2757, 2776, 2824, 2829, 2841, 2843, 2869, 2976; 3040, 3068, 3105, 3156, 3175, 3485), señala expresamente en el punto 10.2 lo siguiente: “10.2. Monto de la cuota mensual de descuento por concepto crédito social. La cuota mensual del o los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración o pensión liquida mensual de los trabajadores o pensionados, respectivamente, definidas en el punto 9 precedente.”

i).- Que, según es posible establecer de lo que expuso el trabajador recurrente y la recurrida, su actual empleador le ha retenido y remesado a la recurrida Caja de Compensación Los Andes, cuotas de los meses de octubre del año 2019, que corresponde a un 34% de su remuneración; y en la de diciembre del año 2019, un 36%, dejando de hacerlo posteriormente, por la orden de no innovar decretada en esta causa, por lo que ha contravenido la circular recién citada.

j).- Que, reforzando la instrucción anterior, la Superintendencia de Seguridad Social, en la Circular N° 3434 de Fecha 09/06/2019 señala expresamente en el punto “17.8.4.- Reprogramación de un crédito social dejando una cuota que sobrepasa el porcentaje máximo de descuento. De acuerdo a lo establecido en el 10.2 de la presente Circular, la cuota mensual de descuento por concepto de crédito social no puede superar los porcentajes máximos establecidos en dicho numeral. Teniendo presente lo anterior, ninguna cuota de crédito social, acordada en el marco de una reprogramación, aun considerando la nueva capacidad de pago del deudor, puede superar, según corresponda, los porcentajes máximos de descuentos aludidos precedentemente, debiendo ajustarse a los porcentajes máximos que es permitido fijar, según la remuneración liquida o pensión del deudor.”

Álcese la orden de no innovar concedida.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D., del voto en contra, su autor.

Rol Nº 7586-2020.