INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KASTA LIMITADA con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

Santiago, cuatro de octubre de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 20, doña nombre reservado, en representación de la sociedad “Inmobiliaria y Constructora Kasta Limitada”, deduce acción de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, en adelante la SEREMI, aduciendo que esta institución ha infringido los derechos que les reconocen a sus representada los números 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, con objeto de que esta Corte restablezca el imperio del derecho, en consideración a los siguientes hechos.

Se señala que el 22 de junio de 2015, un trabajador de la actora, don nombre reservado, sufrió un accidente del trabajo, producto del cual sufrió diversas lesiones; que inmediatamente las faenas fueron suspendidas y se dio cuenta a la Dirección del Trabajo, a la SEREMI y a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.

Continúa indicando que el 26 de junio de 2015, personal de la recurrida se apersonó en el lugar del accidente para realizar una fiscalización que se limitó a recopilar antecedentes sobre la producción de los hechos y que el 03 de julio de 2016 (debe ser 2015), se constituyó nuevamente levantándose -esta vez- la clausura y siendo citada la recurrente a las oficinas de la recurrida, donde fue notificada de la apertura del sumario administrativa N° 5175-2015.

Refiere además que el 19 de noviembre de 2015, concurrió a la citación y efectuó descargos por escrito, indicándose que se cumplió con la obligación de seguridad y que no se había incurrido en responsabilidad en los hechos y señalando, en cuanto al hecho imputado, que fue no haber previsto la presencia de riesgo eléctrico, que la empresa era nueva y había contratado los servicios de la Mutual Chilena de Seguridad, no habiéndose detectado la existencia de dicho riesgo.

Añade que también se hizo presente a la recurrida que con anterioridad en razón de los mismos hechos por la Inspección del Trabajo, entidad que había impuesto a la actora una multa ascendente a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Indica que, no obstante los descargos, la SEREMI mediante Resolución Exenta N° 3599 de 09 de mayo de 2016, que fue le fuera notificada el 14 de junio del mismo año, desechó los descargos y condenó a la actora a pagar cien unidades tributarias mensuales.

Sostiene que dicha resolución es un acto arbitrario e ilegal, en razón de ya habérsele aplicado una sanción pecuniaria por iguales hechos a través de la Resolución Multa N° 6293/15/43 de la Dirección del Trabajo, vulnerándose de este modo el principio de non bis in ídem, que es un límite material de la potestad sancionatoria de la Administración del Estado, que si bien inicialmente fue estimado aplicable únicamente al derecho penal con el tiempo ha ido formando parte del concepto de racional y justo procedimiento resguardado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, constituyendo una derivación de las exigencias de legalidad y tipicidad.

Cita jurisprudencia que estima aplicable al caso y puntualiza que el proceder de la recurrida ha violado la norma constitucional recién citada y lo dispuesto en los artículos 192 del Código del Trabajo y 5° de la Ley N° 18.575.

Manifiesta que fueron transgredidas la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de propiedad.

Pide se declare que la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario y/o ilegal y ha infringido derechos constitucionales de la recurrente al dictar la Resolución Exenta N° 3599 de 09 de mayo de 2016 y se deje sin efecto ésta, que se ordene a la recurrida que se abstenga de su cobro y se suspenda cualquier procedimiento destinado a ello y se adopten las demás medidas que se estimen necesarias para el restablecimiento del derecho Adjunta los documentos que obran desde fojas 1 a 19.

A fojas 55, en representación de la recurrida, informa don nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, por cuanto estima que no ha habido acto ilegal o arbitrario, por cuanto la resolución que aplica la multa contra la que se recurre fue impuesta como consecuencias de una sumario seguido contra la recurrente en virtud de las facultades que le concede el Código Sanitario y después de seguirse el procedimiento previsto en el artículo 163 de dicho cuerpo legal, habiendo sido notificada la actora personalmente de esa resolución sin que se ejerciera ninguna de las facultades de impugnación que le fueron otorgadas. Sostiene igualmente que la recurrente tiene a salvo la posibilidad de pedir reconsideración de la multa.

Acompaña los documentos que se guardan en custodia bajo el número 328-2016 Se trajo los autos en relación.

Y teniendo presente:

Primero: Que, como es sabido, el recurso de protección persigue restablecer el imperio del derecho en aquellos casos en que, mediante actos u omisiones que revistan caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, se cause privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías que se mencionan en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, en comprobante de su aserto principal esto es de que la resolución que motiva este recurso tiene su origen en los mismos hechos por los cuales ya fue sancionada, la actora adjuntó los documentos que obran desde fojas 1 a 9.

A fojas 1, se agregó copia de la Resolución Exenta N° 3599 de 09 de mayo de 2016, mediante la cual la SEREMI recurrida le aplica una multa ascendente a cien unidades tributarias mensuales, indicándose en ella que los hechos que la fundan ocurrieron el 22 de junio de 2015 y consistieron en un accidente laboral grave que sufrió el trabajador señor nombre reservado.

A fojas 5, obra la Resolución de Multa (s) N° 6293/15/43 de 28 de septiembre de 2015, que emana de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Sur Oriente, en que se dice que la multa tiene su origen en una fiscalización realizada el día 20 de agosto de 2015, lo que se ve corroborado con las actas respectivas que tiene la misma fecha y se hallan a fojas 8 y 9.

Tercero: Que, entonces, parece a esta Corte que efectivamente la Administración ha multado dos veces por el mismo hecho a la recurrente, a saber, tanto el SEREMI de Salud Metropolitano y la Inspección del Trabajo han impuesto sendas multas fundadas ambas en no evaluar los riesgos eléctricos en la reparación de techumbres, lo que provocó el accidente que le causó la muerte al trabajador señor nombre reservado el 22 de junio de 2015, por electrocución.

Cuarto: Que las fiscalizaciones hayan sido hechas en días distintos carece de relevancia para estos efectos pues lo que realmente importa es, a fin de cuentas, que tanto la recurrida como la Inspección del Trabajo, a propósito del luctuoso accidente del trabajo referido y que causó la muerte del señor nombre reservado, aplicaron, cada una de ellas, multas que obedecen básicamente al mismo fundamento: no prever la existencia de riesgo eléctrico.

Quinto: Que, entonces, es cierto que la Administración ha impuesto dos sanciones por el mismo hecho, lo que vulnera el principio non bis in ídem que prohíbe tal conducta y que está recogido expresamente en el artículo 191 del Código del Trabajo, inserto en las disposiciones relativas a la protección de los trabajadores, disposición que en su inciso tercero señala “Cada vez que uno de los servicios facultados para fiscalizar la aplicación de normas de higiene y seguridad, se constituya en visita inspectiva en un centro, obra o puesto de trabajo, los demás servicios deberán abstenerse de intervenir respecto de las materias que están siendo fiscalizadas, en tanto no se haya dado total término al respectivo procedimiento”. Debe consignarse que, como se ha dicho ya muchas veces, el derecho administrativo sancionador se rige, mutatis mutandi, por los principios que informan el derecho penal.

Sexto: Que la actividad ilegal desplegada por la recurrida ha vulnerado respecto de la recurrente el derecho establecido en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues al pagar por segunda vez una multa cursada por el mismo fundamento, su patrimonio se ve injustamente mermado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Protección de Garantías Constitucionales, se acoge la acción constitucional de fojas 20 y, consecuentemente, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 3.599 de 9 de mayo de 2016 de la secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana que aplicó a la recurrente una multa de 100 UTM, sin costas por aplicación de lo que previene el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

Acordado contra el voto del Ministro Suplente señor Advis, quien estuvo por rechazar el recurso de que se trata, por cuanto entiende que los antecedentes aparejados a los autos no permiten considerar suficientemente comprobado que las fiscalizaciones llevadas a efecto por la SEREMI recurrida y por la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Sur Oriente se refirieran a los mismos hechos y que, por ende, las sanciones que le fueron aplicadas hayan tenido un único e igual fundamento, atendida la falta de consistencia de los elementos de convicción por ella aparejados., lo que -a su juicio- determina que no se haya demostrado que la afectación de los derechos de la recurrente esté motivada en un acto ilegal o arbitrario.

Comuníquese y regístrese.

Redacción del ministro titular señor Juan Cristóbal Mera Muñoz y de la disidencia, su autor.

N° 75685-2016 Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro (s) señor Pedro Advis Moncada y la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.