Protección contra Banco del Estado de Chile

Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

A los folios 29, 30 y 31: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que con fecha 26 de agosto de 2020, comparece don nombre reservado, por sí, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Banco del Estado de Chile (en adelante Banco Estado), por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el bloqueo unilateral, sin aviso o fundamento de su cuenta corriente, así como el no otorgamiento de tarjetas de crédito, créditos de consumo o líneas de crédito ni entrega de libreta de cheques, por parte de la recurrida.

Expone que el 30 de julio de 2020 solicitó a AFP Capital el pago del retiro del 10% a la cuenta corriente que mantenía con Banco Estado, recibiendo como respuesta de la AFP -el 5 de agosto del año 2020- la información de que la cuenta de destino era inválida.

A raíz de lo anterior, señala que intentó transferir fondos a la cuenta corriente indicada, desde una cuenta de ahorros que mantiene con la recurrida, sin embargo, no pudo llevarlo a cabo, recibiendo como respuesta del banco que la cuenta corriente se encontraba inhabilitada.

Refiere que en razón de aquello se comunicó telefónicamente con Banco Estado, indicándole la operadora que la ejecutiva de cuentas del actor iba a cerrar su cuenta corriente, sin especificar el motivo. Agrega que a la fecha de interposición de esta acción no ha recibido de parte del Banco comunicación alguna que pueda advertir o explicar la situación.

Sostiene, por lo mismo, que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario, abusivo e ilegal, ya que se han amparado en una facultad unilateral al bloquear los productos financieros del recurrente, sin expresión de causa, incluso amenazando con cerrarlos.

Asevera que él es cliente de Banco Estado desde hace más de 25 años, con un comportamiento financiero que califica como impecable, manteniendo ahorros en libretas y otras inversiones en la misma institución financiera, sin registrar deudas protestos.

Por lo mismo, argumenta que se ha visto expuesto a grandes perjuicios, teniendo en cuenta su profesión de abogado y corredor de propiedades, por cuanto su cuenta corriente –que por lo demás es la única que tiene- es una herramienta de trabajo, mediante la cual recibe pagos de clientes y cubre sus diversas obligaciones financieras. En ese sentido, considera que el perjuicio no sólo es económico, sino también al prestigio y honor como profesional, encontrándose actualmente limitado a recibir transferencias bancarias a su cuenta RUT, la cual tiene un tope de depósitos de hasta $2.000.000 mensuales; así como efectuarlas por el mismo medio, cobrándole el mismo banco $300 por operación.

A mayor abundamiento, indica que actualmente está tomando la administración como corredor de propiedades de algunos inmuebles de sus clientes, en donde debe recibir pagos de rentas que en su conjunto superan los $4.000.000 mensuales viéndose imposibilitado de recibirlos, si no es por medio de su cuenta corriente.

Por lo expuesto, considera que los actos del banco infringen la Ley N° 19.496 de Protección a los Derechos del Consumidor, en su artículo 17 B, por cuanto dicha normativa prohíbe los términos anticipados o unilaterales sin expresión de causa en los contratos de adhesión, como lo es el de cuenta corriente; así como el artículo 1545 del Código Civil, al trasgredir la propiedad de la que el actor es titular respecto a los derechos que emanan del contrato con el banco recurrido.

De la misma forma, estima que los actos impugnados son arbitrarios, al no existir fundamento que le haya sido comunicado, afectando con todo esto las garantías constitucionales del artículo 19 N° 4, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita por tanto se acoja su acción, restableciendo el imperio del derecho, y se ordene a Banco Estado a dejar sin efecto el bloqueo y eventual cierre de la cuenta corriente, restituyendo el derecho del recurrente como cuentacorrentistas y, en consecuencia, se ordene la reapertura de su cuenta, con los mismos beneficios bancarios de los demás clientes, como chequera, tarjetas de crédito, línea de crédito, créditos de consumo y otros.

SEGUNDO: Que el 26 de agosto de 2020, comparece don Marcelo Davico Ramírez, abogado, en representación de Banco Estado, evacúa informe solicitando el rechazo de la acción de protección.

Refiere en primer término que el presente recurso es de naturaleza cautelar, urgente y no declarativo, de modo que no es posible por medio del mismo, obtener un procedimiento que dirima la existencia de un hecho invocado. Y en razón de ello, estima que no es la vía idónea para resolver lo planteado por el recurrente, puesto que esta no es una instancia procesal, sino un procedimiento de cautela a un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, niega la existencia de algún acto arbitrario o ilegal de parte de la institución financiera, por cuanto si bien la cuenta corriente del actor mantenía una instrucción denominada “orden de cierre”, la cual fue ingresada el 10 de julio de 2008, sin poder identificar quién la ingresó en ese momento, por lo que por ello, para los efectos de regularización de la cuenta se procedió a eliminar la instrucción, incluso que revisada la cuenta advirtió movimientos en la misma efectuados por la propia recurrida.

En cuanto al ámbito de la devolución del 10% de su AFP, indica que el recurrente no posee pago y tampoco se encuentra en alguna base de rechazos. Y según registros del banco, él posee enrolamiento correcto de la AFP Capital de fecha 06 de agosto del presente año, lo cual quiere decir que, precisamente, AFP CAPITAL, quien no ha instruido el pago, desligándose de cualquier problema en ese sentido.

Sostiene adicionalmente, que el recurso de protección debe ser rechazado por improcedente, en razón del principio de especialidad en materia de protección de los derechos de los consumidores, existiendo impugnaciones especiales sobre la materia objeto de autos. Detalla al respecto que el actor tacha de ilegal o arbitraria la negativa de Banco Estado en otorgarle productos financieros, cuestión tutelada precisamente por la Ley N° 19.496 –y su modificación la Ley N° 20.855- en los artículos 3 inciso 2, letra b), y 50, estimando que bajo el alero de las mismas, todos los reclamos por rechazos en contratación de servicios financieros, son competencia de Juzgados de Policía Local.

Por todo lo expuesto, estima inexistente cualquier vulneración a derechos fundamentales y por lo mismo solicita el rechazo de la acción constitucional, con costas.

TERCERO: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

CUARTO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario causado por el Banco del Estado de Chile (en adelante Banco Estado), es por el consistente en el bloqueo unilateral, sin aviso o fundamento de su cuenta corriente, así como el no otorgamiento de tarjetas de crédito, créditos de consumo o líneas de crédito ni entrega de libreta de cheques, por parte de la recurrida, afectando con todo esto las garantías constitucionales del artículo 19 N° 4, 21 y 24 de la Constitución Política.

SEXTO: Que cabe señalar, en primer término, que este asunto, guarda relación con eventuales incumplimientos contractuales que, en este caso se atribuyen al banco, lo que constituye un asunto de naturaleza controversial que no corresponde sea zanjado por esta vía constitucional, destinada a brindar cautela a derechos ciertos y determinados, precisamente porque el hecho anterior ha sido puesto en duda por el Banco recurrido.

SÉPTIMO: Que no obstante lo anterior, el banco recurrido, refiere en su informe que revisada la cuenta se dispuso ya su reactivación, la que incluso ya es utilizada por la propia recurrente.

En efecto, la recurrida señala que no ha existido demora ni negativa a dar operatividad a la cuenta de la recurrente, corrigiendo una nota que registraba, funcionamiento que incluso ha sido ratificado por la recurrente, por lo que no cabe sino concluir, que en la actualidad, la actora hace uso de la misma sin restricciones, superándose el defecto que la limitaba.

OCTAVO: Que, es preciso recordar que la finalidad del recurso de protección es la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho cuando se verifica la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales que la Carta Política indica y, es del caso que según consta de la petición del recurso su finalidad es, como se dijo, la plena operatividad de la cuenta corriente del recurrente y es del caso que dicho fin ya se obtuvo.

NOVENO: Que, en consecuencia, habiendo cesado el hecho que quebrantaría el imperio del derecho, como ha sucedido en la especie, el recurso pierde su objeto, que es precisa y exclusivamente, adoptar las medidas tendientes a su restablecimiento, todo lo cual obliga a desestimar el que se ha deducido en estos autos.

En consecuencia, la acción cautelar intentada ha perdido oportunidad, por lo que no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se decide que:

Se RECHAZA, sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, dirigido en contra del Banco del Estado de Chile (Banco Estado).

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 75.637-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministro (S) señora Ana Maria Osorio Astorga y el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.