nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que, comparece don Hugo Esteban Jaque Hernández, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, sargento segundo de Carabineros, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, Coronel de Carabineros y Prefecto de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros, por estimar que la misma a través de actuaciones arbitrarias e ilegales ha perturbado gravemente el ejercicio del derecho contenido en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando que se deje sin efecto la declaración de que el recurrente no tiene derecho a percibir sus remuneraciones, ordenando que se paguen éstas en forma retroactiva desde el día 18 de septiembre de 2018 en adelante, o lo que esta Corte determine conforme a derecho, con costas.

Para fundar su recurso expone que se desempeñaba como funcionario de Carabineros de Chile en la 40ª Comisaría de Fuerzas Especiales, contando con 19 años de servicio activo como funcionario policial, hasta el día 17 de septiembre de 2018, oportunidad en que le fue notificada la Resolución Exenta N° 449, suscrita por el recurrido, por medio de la cual se le notifica su baja de las filas de la Institución, por conducta mala, con efectos inmediatos, la que explica, tiene el carácter de condicional, dado que debe darse inicio a un sumario administrativo en que el recurrente podría quedar absuelto de todos los cargos o imponérsele una sanción que no importe su baja definitiva.

Añade que no reconoce ninguno de los graves hechos que se le imputan, los que controvierte, agregando que la resolución impugnada le priva de sus remuneraciones, a pesar que a la fecha ni siquiera se ha dado inicio al sumario administrativo, no existe condena penal, ni se ha acreditado responsabilidad administrativa de ninguna especie, y que además, para poder suspender, descontar o privar a un funcionario público o trabajador particular de sus remuneraciones, debe estar expresamente permitido por la ley, careciendo el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de la facultad para decretar el cese del pago de remuneraciones.

2°.- Que, evacuando el informe respectivo, la recurrida solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas. En primer término, indica que la acción constitucional deducida en autos es improcedente, puesto que no existen derechos indubitados que puedan ser amparados por esta Corte, correspondiendo la discusión a un juicio de lato conocimiento.

Sobre los hechos que motivan la dictación del acto recurrido, refiere que con fecha 17 de septiembre último, el recurrente fue sorprendido por personal de la 34ª Comisaría Vista Alegre, en la intersección de Av. Fernández Albano con Camino Lonquén, en el asiento trasero de un automóvil, en estado de ebriedad, lesionado y con el torso desnudo, quien de acuerdo a la versión de testigos, momentos antes había chocado una barrera de contención con el objeto de traspasarlas, y al no lograr su objetivo, bajó del vehículo y se cambió al asiento trasero, practicándole además una prueba respiratoria de alcohol, que arrojó 1.76 gramos por litro de sangre, siendo sometido a sumario breve y dando cuenta de los hechos al Ministerio Público, por conducción en estado de ebriedad.

Añade que Carabineros tiene un sistema disciplinario especial, de conformidad a los cuerpos normativos que indica, manifestando que al disponer la norma que el funcionario será eliminado, ello no apunta a una mera liberación del servicio, sino a la exclusión del recurso humano con todas las consecuencias pecuniarias que ello conlleva, ya que elimina la causa legal para proceder al pago de la remuneración. Sostiene que la medida no es absoluta sino condicional al resultado del procedimiento administrativo y una vez firme, se consolidan los efectos que ya produjo desde su notificación, contemplando además la posibilidad del reintegro al funcionario que se le aplique una sanción distinta de la baja.

Finalmente expone que la medida disciplinaria ha sido reconocida por la Contraloría General de la República y respaldada por los tribunales superiores de justicia, por lo que no es posible sostener que Carabineros actuó en forma arbitraria o ilegal, pues el acto administrativo y sus efectos tienen sustento jurídico y fáctico, motivos que le hacen pedir el rechazo del recurso, con costas.

3°.- Que son hechos no controvertidos en el presente recurso:

a) Que por Resolución Exenta N° 449, de fecha 17 de septiembre de 2018 dictada por el Prefecto de la Prefectura de “Fuerza Especiales” se dispuso la baja por conducta mala del recurrente.

b) Que se llegó a tal determinación en razón de haber sido sorprendido el recurrente al interior del vehículo patente FLWW-90, en la intersección de Avenida Fernández Albano con camino Lonquén, en manifiesto estado de ebriedad, lesionado y con el torso desnudo.

c) Que momentos antes el recurrente conducía el automóvil chocando una barrera de contención.

d) Que se dispuso la instrucción del correspondiente sumario administrativo y se dio cuenta a la Fiscalía respectiva.

e) Que la baja con efectos inmediatos queda condicionada al resultado final del sumario antes señalado.

4°.- Que, en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

5°.- Que, en el caso de marras procede desestimar la atribución de arbitrariedad del acto, toda vez que la Resolución Impugnada, aparece debidamente fundada, toda vez que describe con claridad la infracción cometida y dispone el procedimiento a seguir para la aclaración de la situación descrita en el motivo tercero precedente.

6°.- Que se ha reclamado por el recurrente que no correspondía la suspensión de su remuneración, pendiente que estuviera el sumario. Al efecto el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Institución, señala lo siguiente: “El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución de sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan”.

Por tanto, si como consecuencia de un procedimiento disciplinario, como ocurre en la especie, se produce la desvinculación inmediata de funciones, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues la labor a remunerar ya no se realiza.

Es por ello que no reciben aplicación, como pretende el recurrente, las disposiciones de los artículos 57 del Código del Trabajo y 95 y 96 de la Ley 18.834, Ley sobre Estatuto Administrativo.

7°.- Que la Contraloría General de la República ha sostenido el mismo criterio en los Dictámenes N° 39.621, del año 2008; N° 64.987, del año 2009; N° 31.214, del 201 y N° 19.138 del año 2017, los que son vinculantes para los órganos de la Administración del Estado y por ende para Carabineros de Chile.

8°.- Que por consiguiente, la recurrida ha procedido sin apartarse de la legalidad, y de un modo justificado, por lo que no se verifican en la especie los presupuestos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia del recurso de protección, lo que conduce al rechaza del interpuesto.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por don Hugo Esteban Jaque Hernández, en representación de don nombre reservado y en contra de don nombre reservado, Coronel de Carabineros y Prefecto de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Señora Solís.

N° Protección-75.539-2018.- Pronunciada por la Octava Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por la Ministro señora Gloria Solís Romero y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.