EXPORTADORA Y GASTRONÓMICA LAS ARAUCARIAS LIMITADA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO

Santiago, siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, con fecha 04 de noviembre de 2017, comparece don nombre reservado, de profesión Ingeniero Comercial, en representación de la empresa Exportadora y Gastronómica Las Araucarias Ltda. e interpone recurso de protección en contra del Inspector Comunal del Trabajo (S) La Florida, por el acto arbitrario y abusivo consistente en no admitir a tramitación su solicitud de sustitución de multa por capacitación.

Señala que con fecha 25 de julio del año en curso, en el marco de una fiscalización, la Inspección del Trabajo de La Florida cursó una multa a su representada, la que les fue notificada el 3 de agosto de esta anualidad y el 15 de septiembre último solicitó, conforme al artículo 506 ter N° 2 del Código del Trabajo, la sustitución de dicha multa por Programa de Capacitación.

La Inspección señalada no dio curso a la solicitud antes referida, teniendo como único argumento que ella no habría sido presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos.

En opinión del recurrente, ante la mención que efectúa el citado artículo 506 ter N° 2 de que la solicitud respectiva debe presentarse dentro del plazo de 30 días, sin indicar si se trata de días corridos o fatales, debe aplicarse con carácter supletoria la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, la que conforme al artículo 25 indica que estos plazos son de días hábiles, entendiendo como inhábiles los sábados, domingos y festivos.

Entiende que la decisión de la Inspección del Trabajo indicada de no dar curso a su solicitud por entenderla extemporánea, afecta de manera evidente el derecho de propiedad de su representada, establecido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, “desde que establece una restricción a las facultades esenciales del dominio, como son usar, gozar y disponer de los montos por los cuales fue aplicada la multa”.

Solicita, por ello, que se deje sin efecto el Ordinario N° 876, de 3 de octubre de 2017, mediante el cual la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida rechazó su solicitud de sustitución de multa por capacitación conforme lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo por “extemporáneo” y que se ordene a la misma admitir a tramitación la mencionada petición.

Acompaña varios antecedentes documentales, que respaldan las afirmaciones que efectúa.

SEGUNDO: Que informando la recurrida con fecha 22 de noviembre último, en forma previa hace presente la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto impugnado, pues los hechos relatados en el recurso no configuran una acción u omisión ni arbitraria ni ilegal, lo que constituye un presupuesto de esta acción constitucional.

Así, en primer lugar, indica que el acto impugnado no es arbitrario, ya que se dictó de manera razonada y fundada. Tampoco el acto sería ilegal toda vez que se dictó en virtud de las facultades legales conferidas a la autoridad en los artículos 506 ter N° 2 y 508 del Código del Trabajo.

Aclara que la multa cursada fue notificada con fecha 03 de agosto de 2017 según lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, por lo que el plazo para solicitar la sustitución de multa conforme al artículo 506 ter del mismo código vencía el día 02 de septiembre del año en curso; sin embargo, el recurrente hace la presentación el 15 de septiembre de este mismo año, es decir en forma extemporánea.

Informa que la doctrina vigente del servicio para contabilizar el plazo para solicitar la sustitución de multa administrativa es de 30 días corridos. Al respecto cita Oficio N° 17344, de 10 de marzo de 2014, de la Contraloría General de la República, que prescribe que esa es la interpretación que debe darse al tema de los plazos, atendido a que la figura contemplada en el citado artículo 25 de la Ley N° 19.880 alteraría el sistema que, en su concepto, contiene el Código del Trabajo, “conforme al cual cuando el legislador ha querido establecer un término de días hábiles, lo ha consignado expresamente”.

Asimismo, cita doctrina de la Dirección del Trabajo y alguna jurisprudencia, que acogería dicha tesis.

Finaliza solicitando el completo rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, como puede deducirse de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de la empresa Exportadora y Gastronómica Las Araucarias Ltda., en contra del Inspector Comunal del Trabajo (S) de La Florida por el acto arbitrario e ilegal consistente en no admitir a tramitación su solicitud de sustitución de multa, lo que a juicio del recurrente vulnera el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; esto es, requisito indispensable de la acción cautelar de protección lo constituye (1) la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y (2) que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un (3) derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una (4) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que (5) exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

QUINTO: Que, en atención al conflicto concreto que se ha sintetizado en el considerando tercero, corresponde examinar si acaso resulta admisible el recurso por cumplir los requisitos antes anotados, a los que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales ha añadido uno relativo al plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, cabe precisar, entonces, que la cuestión aquí debatida no concierne a la procedencia, oportunidad o monto de la multa, sino a la manera de computar el plazo en que debe presentarse la solicitud de sustitución de ellas que fija el artículo 506 ter del Código del Trabajo, disposición que estatuye que el Inspector del Trabajo respectivo “autorizará, a solicitud del sancionado, y sólo por una vez en el año respecto de la misma infracción, la sustitución de la multa impuesta” por alguna de las modalidades que allí se indican, señalando de manera expresa que ella “deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución de multa administrativa”.

SÉPTIMO: Que, como puede verificarse de la lectura del artículo antes transcrito, no se indica en este ni en forma expresa ni en forma tácita, si estamos en presencia de un plazo de días hábiles, como sostiene la empresa, o se trata de un plazo de días corridos, como argumenta la Inspección del Trabajo.

OCTAVO: Que, debe indicarse que no existe alguna norma de carácter general, en el Código del Trabajo, que regule de dicha manera la naturaleza, de días corridos o de días hábiles de los términos contemplados en dicha codificación, existiendo normas diversas en su texto que utilizan a veces una definición (312, días corridos) y luego otra (435, días fatales), sin que pueda efectuarse una afirmación certera acerca de dicho punto.

Ello significa que, como no existe regulación ni expresa ni tácita acerca de los plazos, debemos aplicar en carácter de supletoria, en primer lugar en atención a la materia de que se trata, las normas de la Ley Nº 19.880, sobre Bases Generales del Procedimiento Administrativo, conforme a la cual los plazos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

NOVENO: Que, como puede observarse, equivoca su interpretación la autoridad informante cuando afirma que si el plazo para presentar la solicitud fuera de días hábiles, el legislador laboral así lo habría dicho. Del silencio de la norma del Código del Trabajo –lo que no puede ser racionalmente controvertido- en cuanto a si estamos ante días corridos o hábiles no es posible colegir que deben preterirse las reglas supletorias contempladas en la Ley sobre Bases Generales del Procedimiento Administrativo, por cuanto en la especie se trata de un procedimiento de esa especie, si bien es cierto sujeto a reglas especiales, pero claramente en lo no regulado deben regirse supletoriamente por las normas generales establecidas en la legislación antes indicada.

Debe tenerse particularmente en vista las perjudiciales consecuencias que genera para quien requiere protección una interpretación distinta, pues el plazo de treinta días para efectuar su solicitud de sustitución de multa, en caso de estimarse de días corridos, se habría vencido, de modo que significa, en la práctica, privarlo de su derecho de petición.

DÉCIMO: Que, como resulta nítido, nos encontramos en presencia de una actuación ilegal, contraria a lo dispuesto en el artículo 506 ter citado del Código del Trabajo, que establece un plazo que no puede interpretarse sino como de días hábiles, interrumpido durante los días sábados, domingos y festivos, como por lo demás acontece con el horario de atención del ente público de que se trata.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la relación de causalidad, debe indicarse que resulta nítido que con la actuación en contra de la cual se recurre, que deja firme una resolución de multa, se produce una infracción al derecho de propiedad protegido en el artículo 19 N° 24 de nuestro texto constitucional, por cuanto en definitiva es el patrimonio de quien recurre de protección el que se vería afectado con la actuación ilegal, en este momento a nivel de amenaza.

DUODÉCIMO: Que, en conformidad a lo previamente razonado, debe ser acogido el presente recurso de protección, sin costas, en atención a la existencia de un Dictamen de Contraloría General de la República en sentido contrario, que resulta vinculante para el órgano recurrido.

Por estas consideraciones, citas legales efectuadas y lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de 2015, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de la empresa Exportadora y Gastronómica Las Araucarias Ltda., en contra del Inspector Comunal del Trabajo (S) de La Florida por el acto arbitrario e ilegal consistente en no admitir a tramitación su solicitud de sustitución de multa y en consecuencia, se ordena al servicio recurrido que deje sin efecto el Ordinario N° 876, de 3 de octubre de 2017 y tramite, conforme al procedimiento administrativo correspondiente, la solicitud de sustitución efectuada.

Redacción del abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

N°Protección-75.448-2017.