nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que don Patricio Alberto González Ribot, abogado, en representación de don nombre reservado, recurre de protección en contra de Caja de Compensación y Asignación Familiar de Los nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en efectuar un descuento en la remuneración del mes de septiembre de 2017, ascendente a $98.147.

El recurso se basa en que la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre le otorgó un crédito, con fecha 27 de abril de 2006, por la suma de $3.116.737, pagaderos en 60 cuotas mensuales de $98.147, a partir del 31 de mayo de 2006 y la última el 30 de mayo de 2011, de las cuales sólo pudo pagar las seis primeras, cuando se encontraba bajo vínculo de subordinación y dependencia, y luego otras cuatro de manera presencial en caja, no realizando a continuación pago alguno desde marzo de 2007, y sin que la entidad acreedora desde esa fecha haya realizado gestión alguna de cobranza judicial o extrajudicial destinada a obtener el cumplimiento de lo adeudado, sin perjuicio de enviar sus antecedentes a la base de datos del Boletín Comercial.

Sostiene que, al recibir el pago de sus remuneraciones correspondientes al mes de septiembre de 2017, se le realiza por su empleador, afiliado a la caja recurrida, un descuento por $98.147, viéndose disminuida su remuneración en ese monto mensual.

Indica que concurrió hasta las oficinas de la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre, quienes le otorgaron un certificado de deuda el 03 de octubre de 2017, donde consta una deuda por $12.456.738, a pesar de que pagó 10 cuotas del crédito.

Sostiene que el descuento realizado por la recurrida constituye una grave privación, perturbación y /o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales protegidas por el numeral 24 del articulo 19 de la Constitución Política dela República, esto es, el derecho de propiedad, el que con el actuar de la recurrida ha sido afectado gravemente, determinadamente, el que el recurrente tiene sobre sus remuneraciones mensuales.

El compareciente pide que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección a su representado, declarando que la recurrida no puede apropiarse de suma alguna del recurrente producto del mutuo de dinero antes singularizado, porque la acción de cobro de la deuda se encuentra prescrita y, pide que, en definitiva, se proceda a la devolución de los dineros descontados el 30 de septiembre y el 30 de octubre de 2017 y de todos los dineros apropiados mientras se sustancie este recurso, luego, que se declare que el cobro de dineros de la Caja de Compensación Los nombre reservado es ilegal y se tomen las demás providencias que esta Corte estime conveniente, con costas.

SEGUNDO: Que informa don Jorge Cerda Godoy, abogado en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso. Explica que, debido a un procedimiento integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, que opera entre las cajas de compensación, denominado "Descuento Intercajas", la Caja de Compensación 18 de Septiembre les solicitó que se gestione el descuento en las remuneraciones del recurrente. Este descuento tiene su causa en los compromisos contraidos por la afiliada con dicha caja, por concepto de crédito social, con lo cual conforme al convenio citado le corresponde a su parte efectuar la cobranza correspondiente.

Señala que de acuerdo a la nómina de retenciones de crédito social de los meses de septiembre de 2017, la recurrida informó al empleador, los descuentos por el monto de $98.147 por dicho mes, siendo remitidos los dineros a la Caja de Compensación 18 de Septiembre.

En cuanto a los fundamentos del recurso, alega el carácter social de los créditos otorgados por cajas de compensación, pues, si bien intervienen como agentes económicos en el mercado financiero, otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio es diferente al de otras instituciones puesto que se financian dichos créditos con recursos provenientes del fondo social, por lo que estos se encuentran indisolublemente unidos al objeto genérico que la ley N°18.833 ha determinado.

En este sentido, señala que a fin de cautelar el fondo social de las cajas, a partir del año 2010, la Superintendencia de Seguridad Social ha venido impartiendo instrucciones a las cajas de compensación, relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, implementando la denominada: Central de Riesgo Financiero de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Estas instrucciones emanadas de la Superintendencia, están contenidas en las Circulares N° 2.627, del año 2010, N° 2.714 y N° 2.743 del año 2011, N° 2.839 del año 2012, y N° 2.925 del año 2013, entre otras. Agrega que, para los efectos de dar cumplimiento a esta normativa, las Cajas de Compensación, el 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado: "Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar", que tiene por objeto que la respectiva caja acreedora de un crédito social, pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente.

En segundo lugar, advierte que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer el recurrente. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que ésta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior se agrega el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Afirma que no hay vulneración al N° 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, pues, no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor, ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, debido a que es la propia ley la que permite a la caja solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833.

TERCERO: Que informa don Matías Javier Zoroquiain Velez, abogado, en representación de la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre, solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que su parte le otorgó al recurrente un crédito social por $3.382.303, pagadero en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $98.147, el que pagó hasta la cuota N°11, encontrándose morosas las restantes 49 cuotas, respecto de las cuales no ha operado el modo de extinguir las obligaciones prescripción, ya que ésta exige requisitos copulativos que no se reúnen en la especie, toda vez que, para que ella opere, es necesario que quien quiera aprovecharse de ella, debe alegarla y el juez no puede declararla de oficio; y, en este caso, no existe ni ha existido acción judicial alguna planteada por el actor que haya tenido por objeto que se declare la prescripción de sus deudas, por lo que la deuda no se encuentra prescrita.

Luego alega el carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación, ya que si bien intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio es diferente al de otras instituciones, pues se financian dichos créditos con recurso provenientes del fondo social y se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la ley N°18.833 ha determinado. Respecto a este sistema explica lo mismo que la recurrida Caja de Compensación Los nombre reservado, la Superintendencia de Seguridad Social ha dictado normas para implementar dicho régimen; así las cosas, asegura, el descuento efectuado en la liquidación de las remuneraciones del recurrente, tiene su asidero en el artículo 22 de la Ley 18.833, en concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978, normas que describen el mecanismo del pago del crédito social, el que opera mediante el descuento de dicho crédito de las remuneraciones del trabajador, retención por parte del empleador afiliado y la obligación legal de remesar a la caja acreedora directamente o a la caja diputada para recibir el pago, conforme al sistema "intercajas" (sic).

Dado lo anterior, expresa que su representada no ha cometido ningún acto u omisión ilegal o arbitraria, que perturbe, prive y/o amenace las garantías constitucionales en perjuicio de la recurrente, toda vez que su actuar fue apegado a derecho de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley N°18.833 en el inciso primero, de su artículo 22, siendo los descuentos realizados al recurrente, totalmente legales y legítimos, atendidas las normas que rigen la materia, dado que la Caja de Compensación 18 de Septiembre, sólo ha ordenado descontar legítimamente las cuotas del crédito social que aún se le adeudan.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

QUINTO: Que, en consecuencia, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas normas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, es decir, aún fundándose en el poder jurídico que detenta el titular del derecho, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho del agente; de modo que, esta acción indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas; consideraciones que resultan básicas para el análisis y decisión de cualquier asunto, tal como el de la especie.

SEXTO: Que no ha sido desconocido el hecho base del recurso, desde que la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre, no niega que el crédito que se pretende descontar directamente de las remuneraciones mensuales del recurrente, se origina en un préstamo suscrito en el año 2006, el que fue servido solamente hasta el mes de marzo de 2007, reiniciándose el cobro de esta obligación sólo diez años después, determinadamente, en el mes de septiembre de 2017.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el conflicto entre el derecho fundamental del recurrente al trabajo y a la no pérdida de parte de su salario sino en los casos determinados, previstos expresa y excepcionalmente en la ley y el interés de la caja de compensación de cobrar el crédito, se debe buscar en el ejercicio equilibrado de tales intereses, a menos que se trate de las exigencias de cumplimiento de las garantías constitucionales de la persona humana, caso en que no puede aceptarse una especie de proporcionalidad de derechos.

OCTAVO: Que, en tal contexto, el cobro del crédito social concedido al recurrente por intermedio de la Caja de Compensación Los nombre reservado - caja de compensación y asignación familiar distinta de la acreedora - basado en un sistema de recaudación por un " Sistema Intercajas", se desvía del sentido y espíritu del legislador en la situación excepcional de cobro directo y expedito del artículo 22 de la Ley N° 18.833, por medio del descuento, retención y entero por el empleador a la caja acreedora de las remuneraciones de sus trabajadores. Así, aceptar sin respaldo legal tal recaudación en base a un convenio "intercajas", configura abuso del derecho; el dar efectos jurídicos que afecten a terceros ( los trabajadores) a las convenciones privadas celebradas entre las cajas, para facilitar el pago de la deuda, sin atender a los derechos de todo deudor, si se tiene en consideración que dicha ley especial no ha contemplado en esta materia tal procedimiento.

En efecto, el abuso de la prerrogativa se manifiesta no sólo porque no existe una autorización legal expresa, que lo torna ilegal, sino que a partir de la falta de equilibrio de la relación de poder económico entre las partes del contrato, y más todavía, entre todas las cajas y el trabajador, por medio de la utilización del privilegio más extremo que posee la caja acreedora, de cobrar el crédito sin someterse ni a la regla legal general ni a la especial prevista para el cobro de tales obligaciones que el sistema legal chileno contempla, provocando con ello la indefensión del trabajador, por dos aspectos; primero, en cuanto al derecho limitado en la ley que tiene todo acreedor sobre todos los bienes del deudor, y, segundo, el afán recaudatorio de las cajas, activan una persecución desigual en contra del trabajador en relación con los demás deudores; ya que se le priva de las excepciones y medios de defensa legal de que es provisto todo deudor, quedando, en consecuencia, el cobro del crédito en las manos de las cajas en su conjunto, quitándole a este –aún siendo un crédito social- una de las principales características jurídicas de toda convención personal, como lo es su transitoriedad o temporalidad, para transformarla en la práctica en una relación permanente o perpetua, por medio del mecanismo no establecido en la ley de permitir la participación en el cobro al deudor de todas las cajas que en Chile existan –y sean parte de Sistema Intercajas-, según sea necesario conforme al contrato de trabajo que actualmente o en el futuro el trabajador encuentre, transformando de esa forma la obligación personal en una de carácter real, directa sobre el crédito personal, sin relación a un acreedor y a un deudor determinado.

En consecuencia, la caja titular del crédito, recurrida en autos, se ha excedido en el ejercicio legítimo de un derecho, aún considerando el fin social de ese derecho, por cuanto, este aspecto jurídico, para que sea válido, debe estar rigurosamente regulado en la ley, lo que en la especie no sucede; y, de este modo, se han vulnerado al recurrente por vía de ilegalidad y arbitrariedad, las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del legítimo ejercicio del derecho de propiedad sobre su remuneración, previstas en los numerales 2 y 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artfculo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantias Constitucionales, se declara: que se acoge el interpuesto por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación y de Asignación Familiar Los nombre reservado, sin costas.

Acordada en contra del voto de la Fiscal Judicial señora nombre reservado, quien fue de parecer de rechazar el recurso de protección y denegar las medidas solicitadas en él por el recurrente nombre reservado , en base a los siguientes fundamentos:

1° Que, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley 18.833, que fijó el Estatuto General para las Cajas de Compensación y Asignación Familiar, aquéllas podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero, el que estará regido por un reglamento especial; asimismo, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

2° Que la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido diversas instrucciones a las Cajas de Compensación y Asignación Familiar, bajo cuyo amparo se ha implementado el denominado "Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar", cuya finalidad es la recaudación de deudas pendientes o vigentes de afiliados a alguna de dichas entidades, lo que autoriza que las deudas puedan ser recaudadas por la Caja en que el trabajador se encuentre actualmente afiliado.

3° Que la conducta que se reprocha a la recurrida Caja de Compensación y Asignación Familiar Los nombre reservado, consistente en descontar de la remuneración del recurrente -cuyo empleador se encuentra actualmente afiliado a ella- el pago en mensualidades, correspondiente a deudas que el trabajador contrajo con anterioridad con la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre, se encuentra ajustado a derecho, desde que se enmarca dentro de lo pactado por dichas Instituciones al suscribir, cumpliendo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, el denominado "Proyecto Intercajas de Compensación y Asignación Familiar", por el cual se autoriza a la Caja de la última afiliación, para que recaude las deudas contraidas con anterioridad, previa comunicación de la Caja con la cual se contrajo la deuda. Por lo tanto, la imputación que se les formuló, debido a la recaudación de la deuda al recurrente, no es ilegal ni arbitraria, puesto que es un hecho no controvertido que el actor se encuentra moroso en la solución de créditos sociales contraídos bajo el amparo de la Ley 18.833, por lo tanto, los descuentos efectuados a él, no resultan infundados, ni carentes de causa.

Regístrese y archivese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Zepeda.

N°Protección-Ant-75403-2017.

Pronunciada por la Undécima Sala, integrada por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia, la Fiscal Judicial señora nombre reservado y la abogado integrante señora Carolina Andrea Coppo Diez, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.