OFC SPA con nombre reservado

Santiago, diecinueve de enero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Mario Vergara Venegas, abogado, en representación convencional de OFC SpA., deduciendo acción de protección en contra de don nombre reservado, por el actuar que estima ilegal y arbitrario consistente en efectuar amenazas y difamaciones falsas en contra de la empresa recurrente, actuar que ha afectado los derechos que garantizan los números 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que OFC SpA es una empresa contratista del rubro de la construcción que presta servicios de construcción de líneas del metro para la empresa mandante METRO S.A., de larga trayectoria en nuestro país, consolidando a lo largo de los años una imagen de seriedad y confiabilidad.

Refiere que el recurrido prestó servicios como eléctrico para la empresa OFC SpA desde el 9 de diciembre de 2019 y hasta el 15 de junio de 2020, fecha última de terminación de los servicios por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo “necesidades de la empresa”.

Agrega que dichos servicios fueron prestados en la faena Extensión Línea 2 y Cocheras Vespucio Norte del Metro de Santiago, que ejecuta la recurrente como contratista para METRO S.A.

Asevera que desde la desvinculación el recurrido habría tenido una conducta agresiva, hostigadora y amenazante en contra de la empresa sin ningún tipo de provocación, y de manera totalmente injustificada e ilegal, hostigamiento que ha llegado incluso a trabajadores de la empresa, quienes se han visto amenazados en su integridad por esta persona debiendo interponer incluso denuncias ante la Fiscalía ante hechos que de acuerdo a lo relatado por los trabajadores constituyen amenazas a su integridad física.

Relata que al día siguiente de su desvinculación intentó presentar una licencia médica, la que no fue recibida porque ya estaba despedido, ante lo cual amenazó con llamar al MINSAL para que cerraran la faena.

Afirma que además el recurrido ha enviado diversos audios a trabajadores de la empresa en donde señalaría expresamente que su intención es perjudicar a la recurrente, y en ese orden de ideas, es que ya habría efectuado acciones que han afectado gravemente la imagen de la compañía, como por ejemplo efectuar denuncias ante la página de Metro S.A., alegando hostigamientos y vulneración en sus derechos fundamentales por parte de OFC SpA, en donde en primer lugar le señaló a Metro S.A. que habría sido despedido ilegalmente, sin avisar, y estando con licencia médica vigente, por lo que solicita que la empresa sea multada, debiendo dar explicaciones OFC SpA a Metro S.A..

Finalmente, indica que, con posterioridad, el 3 de agosto de 2020, el recurrido efectuó un claro acto difamatorio en contra de la recurrente, enviando un correo electrónico a Metro S.A., con el siguiente mensaje:

“De: nombre reservado

Fecha: 3/8/2020 11:20 (GMT-04:00)

A: COMUNIDAD Asunto: Asunto grave Buenos dias mi nombre es nombre reservado trabaje para la empresa ofc spa en el taller Vespucio norte extension l2 y por tanto para ustedes bueno trabaje ahi 6 meses y medio y me despidieron por necesidades de la empresa pero fue un despido injustificado me echaron por echarme yo soy eléctrico y me desempeñaba muy bien en mis funciones de hecho me fui a santiago a trabajar para vivir mejor y estar tranquilo el tema es que el despido ni siquiera me lo indicaron y yo presente licencia médica y nunca pude cobrar dicha licencia ademas indico que soy tecnico certificado sec y en dicha obra no existe tecnico calificado para dar soluciones a los trabajos de hecho el tablero principal se encuentra sumamente dañado y no cumple con la certificación sec este tablero es un verdadero peligro y solicito una auditoria de parte de metro por dicha situación esta empresa contrata mucho personal y me despidieron a mi sin razón siendo que necesitaba el trabajo me había esforzado y había logrado mis metas personales y me generó una gran molestia les deho mi número + 56976577599”

Manifiesta que dicho mensaje reclama la recurrente sería completamente falso, y generó que METRO S.A., mandante en las obras de la recurrente, le exigiese explicaciones, atendida la gravedad de la denuncia y que había un tema de seguridad comprometido.

Por otro lado, expresa que el recurrido ya dedujo reclamo administrativo ante la Dirección del Trabajo por su despido, el 30 de junio de 2020, y se llevó a cabo el comparendo vía remota con fecha 13 de julio pasado, realizándose este proceso administrativo con total normalidad, y ciertamente asistiéndole el derecho a demandar laboralmente a la empresa, si así lo desea.

Sostiene que el actuar del recurrido es totalmente ilegal y arbitrario, ya que todas estas difamaciones lo han sido con el único ánimo de perjudicar a la compañía, afectándose gravemente por tanto el derecho a la honra y la buena imagen de la recurrente, como así también el derecho de propiedad, por cuanto precisamente todas estas denuncias han afectado, en primer lugar la propiedad que tiene sobre su propia imagen, pero además han afectado la relación contractual que mantiene vigente actualmente con Metro S.A.

Termina solicitando sea acogida la presente acción constitucional, adoptándose todas las medidas que se estimen conducentes para restablecer el imperio del derecho, y en especial, ordenar al recurrido que: a) Se abstenga de seguir enviando mensajes de texto, audios por whatsapp, llamadas telefónicas y correos electrónicos, a la empresa OFC SpA o sus filiales o relacionadas, al METRO S.A. y a cualquier representante y trabajador de estas empresas con fines difamatorios o amenazantes; y b) Cese con las acusaciones difamatorias en contra de la empresa OFC SpA, todo lo anterior, con expresa condena en costas.

Segundo: Que con fecha 21 de diciembre de 2021, se prescindió del informe solicitado a la parte recurrida.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que los actos denunciados mediante la interposición del presente arbitrio constitucional corresponden a efectuar amenazas y difamaciones falsas en contra de la empresa recurrente, actuar que ha afectado los derechos del recurrido que garantizan los números 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que en primer término corresponde señalar que, de los antecedentes incorporados por el actor, no se advierte de manera palmaria que el recurrido hubiere efectuado los actos y su consecuente calificación, los que se le imputan mediante la interposición del presente arbitrio constitucional.

Sexto: Que a mayor abundamiento es dable tener presente que la acción de protección ha sido instituida por el constituyente como un arbitrio procesal destinado a poner rápido remedio a la conculcación o vulneración de garantías y derechos fundamentales indubitados expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en cuanto ellos hayan sido afectados por una actuación ilegal o arbitraria por parte de las autoridades o los particulares.

En consecuencia, de acuerdo a los antecedentes incorporados en el proceso, el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto habido entre las partes, por cuanto el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un delito, lo que no es posible por este medio, ya que independiente que aquellos no se encuentren indubitados los alegados por el recurrente, es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En consecuencia, corresponde que el competente Juzgado de Garantía y Laboral conozcan de los hechos denunciados mediante el presente arbitrio constitucional, adoptándose, en el evento que procedan, las debidas medidas de protección impetradas por el actor.

Séptimo: Que, en base a los razonamientos expuestos precedentemente, el recurso impetrado no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don Mario Vergara Venegas, abogado, en representación convencional de OFC SpA. en contra de don nombre reservado

nombre reservado, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección- Rol N° 75323-2020 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero, conformada por la Ministra suplente señora Natacha Ruz Grez y el Abogado Integrante señor David Peralta Anabalón.