Protección contra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

C.A. de Santiago Santiago, seis de junio de dos mil veintitrés.

A los escritos folios 16 y 17: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 20 de enero de 2023 comparece el abogado Benjamín Uriarte Molina, en representación de nombre reservado, ingeniero comercial, adjudicataria de una beca para cursar un programa de magister en el extranjero, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 10812/2022, de 14 de diciembre de 2022 y notificada el 22 de diciembre del mismo año, la que fue suscrita por doña nombre reservado, subdirectora de la Subdirección de Capital Humano de dicha institución, que ordenó la restitución de los fondos conferidos por la beca señalada, vulnerando con ello las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere, en síntesis, que la antecesora legal de la recurrida, CONICYT, le otorgó una beca para realizar un programa llamado “Master of Public Policy (MPP) Studies” en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos de Norteamérica, mediante Resolución Exenta N° 2142/2013, Convocatoria 2013.

Explica que el 13 de junio de 2015, la recurrente aprobó con honores el programa de Magíster, cumpliendo con los fines y objetivos de Becas Chile, volviendo a Chile el 6 de agosto del mismo año, renunciando tácitamente al “plazo de gracia” de 1 año que todavía le quedaba para regresar a Chile.

Sostiene que a partir de la referida fecha –esto es, el día 6 de agosto de 2015 en que la recurrente regresó a Chile– se inició el espacio de tiempo que establece el numeral 14.2.1. de las Bases, para permanecer en Chile. Sin embargo, la recurrente se vio en la necesidad de salir del país y residir en el extranjero a partir del mes de diciembre del año 2016; momento en el que ya había cumplido aproximadamente el 25% del tiempo referido.

Indica que comenzó a vivir en Luxemburgo, debido a una oferta de trabajo extendida a su cónyuge y a una enfermedad que le aqueja, endometriosis severa, por lo que debía someterse a un procedimiento médico de fecundación in vitro de punta para tener la posibilidad de ser madre; y que, por lo demás, en Chile sencillamente era impagable, a cambio el Estado de Luxemburgo lo cubre para todos sus residentes.

Afirma que es su intención volver a Chile a la brevedad y completar el tiempo restante de permanencia en Chile, más por causa de la pandemia, esto fue imposible durante los años 2020, 2021 y 2022.

Da cuenta de actividades que tienen directa incidencia en el desarrollo social del país, de manera de retribuir a Chile profesionalmente en su área de expertise, en cuestiones sumamente concretas, como una consultoría ad honorem para el Consejo Nacional de Educación sobre las Bases Curriculares de Educación Parvularia, la creación de una comunidad dedicada a la infertilidad, considerando su dramática experiencia personal para lograr ser madre durante más de 4 años, constituyendo la Fundación Fënn y la publicación de libro titulado “Valió la pena”, con la prestigiosa editorial Planeta, donde narra su experiencia para lograr ser madre.

Denuncia que de las bases del concurso que se adjudicó, en su numeral 14.2.1 entendió que el tiempo de residencia en el país no se trataba de una permanencia ininterrumpida o incesante; sino que más bien de una estancia en Chile por un determinado espacio de tiempo, cuyos cómputos debían sumar en total el doble del período de duración de la beca.

Señala que la primera resolución, correspondiente a la Resolución Exenta 8282/2021, de 31 de agosto de 2021, declaró el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases del concurso y ordenó la restitución total de los fondos conferidos en razón de la beca, esto es, la suma de USD 127.502.

Reprocha la interpretación de la recurrida, respecto al deber de permanencia y en cuanto a la exigencia de domicilio y de la residencia y sobre tener el carácter de ininterrumpida, y expresa que presentó una reposición administrativa y un recurso de reposición jerárquico el 9 de septiembre de 2021, siendo rechazada la reposición por Resolución Exenta N° 10812/2022 de 14 de diciembre de 2022, notificada el 22 de diciembre de 2022, quedando firme la declaración de incumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases del concurso becas de magister en el extranjero, sin pronunciamiento respecto al recurso jerárquico.

Sostiene que la resolución es ilegal, pues la autoridad no tuvo en consideración los hechos que explican el retardo de la permanencia, los que se trataron de motivos de fuerza mayor, no pudiendo estimarse incumplimiento de las bases por cuanto éstas jamás prescriben ni puede inferirse de ellas que la obligación de permanencia deba ser continua e ininterrumpida.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de concesión de beca y cumplimiento de meta académica, y de afectación de garantías constitucionales.

Argumenta que se vulnera el debido proceso al no resolverse el recurso jerárquico deducido conjuntamente con el recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N°8282/2021. Lo anterior, no obstante no ser la señora nombre reservado la autoridad máxima de la recurrida, sino su Directora Nacional, doña Aisen Etcheverry Escudero. Además, se vulnera su derecho de propiedad al solicitar el reembolso de fondos que fueron utilizaron por la recurrente bajo las condiciones previstas por la preceptiva que regló el concurso referido.

Solicita se acoja el recurso, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N°8282/2021 o, en subsidio, se ordene a la recurrida resolver el recurso jerárquico deducido con fecha 9 de septiembre de 2021 en contra de la Resolución Exenta 8282/2021 de fecha 31 de agosto de 2021, con costas.

Segundo: Que evacuando informe por la recurrida Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, comparece don nombre reservado, abogado, solicitando el rechazo del presente recurso, con costas.

Como cuestión previa, efectúa el análisis de los antecedentes invocados por la recurrente y alega la extemporaneidad de la acción de protección, pues lo que se impugna es la Resolución Exenta N° 8282/2021 de fecha 2 de septiembre de 2021 y notificada en la misma fecha a la recurrente, la que solicita la restitución de fondos y por ello la presentación de la acción constitucional, de fecha 20 de enero de 2023, supera ampliamente el plazo máximo de interposición de la acción de protección.

Expresa, además, la inadmisibilidad del recurso de protección, pues lo discutido por la recurrente escapa a la naturaleza del remedio cautelar del procedimiento especial de protección, ya que en la especie no existe un derecho indubitado en debate, puesto que se trata de determinar si la becaria debe restituir o no los montos percibidos, cuestión que en ningún caso puede ser resuelta en el procedimiento especial de naturaleza cautelar.

Refiere que la recurrente puede controvertir los hechos y fundamentos de derecho ante los tribunales ordinarios de justicia, a través de un procedimiento de lato conocimiento, ya que ese Servicio carece del imperio para exigir directamente la devolución de los fondos públicos al becario.

En relación al fondo, explicita que la Sra. nombre reservado, Folio 73140411, fue beneficiaria del concurso Becas Chile Magister en el Extranjero, convocatoria 2013. Con fecha 24/06/2013, se adjudica la beca a través de la Resolución Exenta N°2142/2013 y cuyas bases concursales fueron aprobadas a través de la Resolución Exenta N°783/2013. Con fecha 19/07/2013, a través de la Resolución Exenta N°2426/2013, se aprueba el convenio de beca suscrito entre la Sra. nombre reservado y nombre reservado (sucesora de Conicyt), en el marco del concurso mencionado, para realizar un programa Master of public policy (MPP) studies, estableciéndose como fecha de inicio y término del programa de estudio, desde el 19/08/2013 hasta el 01/06/2015; y como fecha de inicio y término de beca desde el 01/08/2013 hasta el 30/06/2015.

Señala que la recurrente, luego de obtener con fecha 13/06/2015 el Grado de Master of Public Policy (MPP) Studies otorgado por la University of Chicago, nunca remitió a la recurrida el certificado de viajes semestral que le permitiría acreditar el cumplimiento de su obligación de retribución, a pesar de contemplarlo así la normativa concursal. Solo el 18 de diciembre de 2020 indicó lo siguiente: “Disculpa que me haya demorado tanto en responder. No he podido obtener el certificado de viajes ya que la página no funciona o se cae. Actualmente vivo en Luxemburgo y para pedir dichos certificados sólo tengo opción vía online. Lamentablemente por temas laborales de mi marido, tuvimos que movernos a Luxemburgo en 2016. En nuestros planes como familia siempre está volver pronto a Chile. Es más, desde que estoy acá no solo he continuado con trabajos esporádicos para instituciones en Chile sino que además creé una fundación. Esta fundación es hoy mi ocupación a tiempo completo y pretendo sea el lugar al cual volveré a desempeñarme en el área de políticas públicas…”.

Destaca que la recurrente reconoce que no permaneció en Chile para cumplir sus obligaciones de retribución, sin mencionar alguna razón de salud u otra situación calificable como como caso fortuito o fuerza mayor y que, al momento de interponer esta acción permanece en el extranjero. Agrega que, dado que la recurrente primero volvió al país en el año 2015, el cumplimiento íntegro de su obligación de retribución se debió verificar como máximo el año 2019, cuando aún no se veían atisbos del COVID-19. Dado que su beca duró 1 año, 10 meses y 29 días, la becaria debía retribuir por el doble de tiempo de duración de su beca, esto es, 3 años y 10 meses; sin embargo, apenas retribuyó 1 año y 3 meses.

Expresa que, de esta forma, a través de la Resolución Exenta N°8282/2021, se declara el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de Becas Chile Magister en el Extranjero, convocatoria 2013, impuestas a la becaria nombre reservado, ya que la aludida no cumplió con la obligación de retribución durante el periodo que le correspondía.

Afirma que el artículo 26° del Decreto Supremo N° 664/2008, del Ministerio de Educación, dispone taxativamente los casos en que los becarios pueden suspender sus obligaciones de retorno y retribución, no encontrándose ella en ninguna de las hipótesis que posibilitaban la suspensión de su beca, las cuales fueron reproducidas en las bases, por lo que parece inverosímil el argumento que no sabía que la permanencia en Chile debía ser continua, y que su incumplimiento se debió a una “errónea interpretación de las bases”, tal como lo indica su recurso de protección, considerando además que desde el año 2016 no ha retornado al país.

Explicita que la becaria señaló que realiza labores de su fundación a tiempo completo y que permanece en el extranjero junto a su familia, por lo que aplicaría lo dispuesto en el artículo 64 y 65 del Código Civil, en el sentido que se presume que ha tenido el ánimo de permanecer y avecindarse en Luxemburgo y no en Chile, obligación que debía cumplir desde su retorno el año 2015 y hasta el año 2019.

Argumenta que los documentos que la recurrente acompaña tanto en la instancia administrativa como la acción constitucional solo acreditan “endometriosis”, una enfermedad de común ocurrencia y que tiene tratamiento médico. Tampoco presenta argumentos ni antecedentes que permitan determinar que dicho tratamiento no se pueda continuar en Chile o sea impostergable una vez finalizada su retribución de permanencia en el país, por tal situación, no es factible considerarla dentro de caso fortuito; considerando, además, que el motivo principal para abandonar el país en el año 2016, y no permanecer en Chile, es el hecho que su cónyuge realizaría actividades remuneradas en Luxemburgo y, aprovechando que ya se encontraba en el extranjero, hizo uso de los beneficios que dicho Estado le proporcionó para realizar un tratamiento in vitro, lo que tampoco acredita.

Añade que dicho Servicio, en razón del principio de juridicidad y del resguardo de los fondos públicos, se encuentra en el imperativo de declarar el incumplimiento de las obligaciones de la beca y solicitar la restitución de la totalidad de los recursos entregados con ocasión del incumplimiento de las normas de las subvenciones otorgadas, en el evento que éstos no hubieran sido utilizados bajo las condiciones en que fueron otorgados, independiente de las razones que esgriman los beneficiarios para justificar su incumplimiento.

Precisa que las becas, que se incluyen dentro del concepto de subvención, no son donaciones, regalos o dádivas del Estado, sino que constituyen la forma en que éste, a través de la actividad de fomento, entrega recursos públicos condicionados al cumplimiento de cada una de las exigencias y obligaciones impuestas, las cuales son conocidas por la becaria en todo momento.

Aclara que Resolución Exenta N° 10812/2022, fue suscrita por la autoridad máxima de la institución, a través de la Subdirectora de Capital Humano, dado que la Dirección Nacional delegó en dicha autoridad la dictación de ciertos actos administrativos, entre los cuales se encuentran el conocimiento de las reposiciones, en razón del artículo 41, de la Ley Nº 18.575. A su vez. No es efectivo que no se habría resuelto el recurso jerárquico, porque no procede dicha impugnación en Servicios descentralizados, como lo sería la nombre reservado y tampoco cabría hablar de recurso jerárquico en materiales delegadas, ya que en los términos del propio artículo 41, se mantiene la responsabilidad del acto administrativo en el delegante, esto es, el Jefe de Servicio, como si fuera ésta quién hubiera suscrito la resolución.

Concluye que no se verifican circunstancias que acrediten la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, que hayan impedido al becario, dar cumplimiento oportuno de sus obligaciones, por lo que no existe acto ilegal alguno en la forma que lo denuncia la recurrente y de existir caso fortuito o fuerza mayor, estos son asuntos que deben probarse ante un juicio de lato conocimiento, cuyo no es el objetivo de esta vía cautelar de protección.

Tercero: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida ello será desestimado, pues el acto terminal contra el que se recurre es la Resolución Exenta N° 10812/2022, de fecha 14 de diciembre de 2022, notificada con fecha 22 de diciembre de 2022, que rechazó la reposición interpuesta en contra de la Resolución Exenta N° N°8282/2021, de nombre reservado, que declaró el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca y solicitó la restitución total de los fondos conferidos. Habiéndose interpuesto el recurso el 20 de enero de 2023 resulta claro, entonces, que aún no había transcurrido el plazo de 30 días para su interposición.

Cuarto: Que del análisis de los antecedentes y con lo señalado por las partes, se concluye que lo pedido por la actora excede los márgenes de aplicación de esta acción extraordinaria, por cuanto no se trata de un conflicto urgente de orden constitucional que amerite un pronunciamiento por esta vía excepcional.

En efecto, en el caso de autos existe discusión acerca de los hechos que habrían motivado el incumplimiento de las obligaciones contempladas en la normativa aplicable al concurso de becas para magíster.

La recurrente señala que su imposibilidad para permanecer en el país, consistente en el trabajo de su cónyuge y el tratamiento de su enfermedad, no significaba incumplir su obligación de retribución establecida en el numeral 14 de las bases concursales, pues ella no implica que fuera su permanencia ininterrumpida y alega un caso fortuito a su favor. Lo anterior debe ser debidamente acreditado en un juicio de lato conocimiento, pues se reclama por ella que aún pueda dar cumplimiento a las obligaciones pactadas, de lo que se sigue que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ser amparado a través de esta acción constitucional de urgencia.

Quinto: Que como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, este arbitrio constitucional en ningún caso puede tener por objeto la declaración de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución, a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse y a la finalidad del recurso de protección, cual es la adopción de medidas concretas de seguridad y tutela.

Sexto: Que en suma, la situación específica de que se trata debe ser dirimida en un juicio de lato conocimiento, pues en dicha instancia las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos controvertidos. Por consiguiente, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido se aparta del marco legal de este recurso.

Séptimo: Que por lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que las partes puedan hacer valer a través de los procedimientos que la legislación les reconoce para la adecuada discusión de la materia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Se rechaza, sin costas, la extemporaneidad alegada por la recurrida.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección, interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-753-2023.

En Santiago, seis de junio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.