nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

C.A. de Santiago Santiago, catorce de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 27 de agosto del 2019 compareció don nombre reservado e interpuso recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por el acto ilegal y arbitrario consistente en descontar más del 50% de su sueldo base, del mes de julio del 2019 y los siguientes, excediendo a su criterio, la sanción impuesta por la Corte Suprema, hecho que vulneró en definitiva su derecho constitucional de propiedad, según explica. Indica que ingresó como funcionario del Escalafón Primario del Poder Judicial en abril del 2008 en el cargo de Secretario del Tercer Juzgado de Letras de Iquique, ocupando diversos cargos: de Relator de las Cortes de Apelaciones de Iquique y de La Serena, hasta mayo del 2014, en que es nombrado en su actual cargo, esto es Juez de Garantía de Coquimbo. Indica que siempre fue calificado con lista 1, sobresaliente, no siendo objeto de medida disciplinaria alguna, teniendo incluso anotaciones de mérito por suplencias como juez en Iquique y Antofagasta. Sin embargo, señala que se le ha sancionado disciplinariamente dos veces, el año 2017 por tramitar un exhorto proveniente de Ovalle de forma extemporánea, y el año 2019 cuando se le sancionó con goce de medio sueldo por dos meses, por haberse sometido voluntariamente a un proceso de negociación y posterior liquidación de sus deudas de conformidad con la ley 20.720. Enseguida, el recurrente relata las razones que lo llevaron a la falta de liquidez económica que motivó el proceso de negociación y posterior liquidación y lo atribuye a gastos asumidos en la separación con su cónyuge, como pensión alimenticia de sus hijos menores de edad, pago de dividendo hipotecario donde vivían sus hijos con su madre, inmueble que después fue arrendado pero recibiendo su ex cónyuge la renta, además de viajes a Iquique por traslado de sus hijos, sumado a la compra de un departamento en La Serena que no pudo arrendar ni vender, y por último, la compra de otra propiedad en Santiago, para que viviera su madre y dos de sus hermanos, los que se encontraban sin trabajo, y estudiando su hermana menor, por lo que su parte era quien pagaba ese dividendo.

Así las cosas, y pese a los esfuerzos que realizaba para reducir sus deudas, ello no fue posible, por lo que inició proceso concursal de renegociación mediante solicitud del 26 de julio del 2017. Atendido que no llegó a acuerdo con sus acreedores, de conformidad al artículo 269 de la ley 20.720 se enviaron los antecedentes al juzgado civil a fin de iniciar proceso de liquidación refleja, lo que aclara, es distinto de una liquidación forzosa o voluntaria, porque se genera como consecuencia del término anticipado del proceso administrativo establecido por la ley de manera previa. Dicho proceso tiene el rol C-2019-2019 del 27° civil de Santiago y la resolución de liquidación es del 24 de abril del 2018 y el procedimiento concluyó el 14 de junio del 2019. En cuanto a la sanción impuesta dice que el 5 de junio del 2019 la Corte Suprema confirmó con declaración la sentencia dictada el 19 de noviembre del 2018 por la Corte de Apelaciones de La Serena que le impone la sanción antedicha.

Señala que dicha sanción no fue bien aplicada por la Corporación de Asistencia Judicial, ya que descontaron no sólo el 50% de su sueldo base, como estima debió haber sido, sino también de otros ítems, como asignación de antigüedad, asignación profesional, incremento del DL 3501, asignación de casa y componente base, con lo cual el descuento, que debía ser de $340.974 pasó a ser de $820.159 Enseguida se refiere a la respuesta dada a su consulta, por la jefa del subdepartamento de remuneraciones de la recurrida, señora nombre reservado, la que señala que se entiende por “sueldo” el referido en el artículo 2° letra d) del DFL 338, que señala textualmente: “d) Sueldo o sueldo base es la retribución pecuniaria asignada a un empleo de acuerdo con la categoría o grado en que se encuentra clasificado, o el que la ley le asigne para empleos determinados. e) Remuneración es el término con que se designa a cualquier estipendio que el empleado o funcionario tenga derecho a percibir en razón de su empleo o función, como por ejemplo, el sueldo, la asignación familiar, la asignación de zona, la dieta por asistencia a Consejo y otras.

Cuando la ley se refiere al sueldo no podrá comprenderse en este concepto ninguna otra remuneración”.

De acuerdo a ello, contesta la Corporación diciendo que el descuento del 50% se aplica tanto al sueldo base como a como a todos los haberes que consideran como base de cálculo el sueldo base, a excepción de la asignación de zona por considerarse remuneración. Luego expone en un cuadro los descuentos efectuados.

El recurrente afirma que esta medida es ilegal pues se le castiga con un monto mayor al establecido en el artículo 537 N°5 del Código Orgánico de Tribunales y el mismo Decreto Ley 338 invocado por la recorrida, en su artículo 2°.

Pide que se condene a la recurrida a restituir a su parte los dineros indebidamente descontados de sus remuneraciones, por los meses de julio y agosto del 2019, que ascienden a $479.185 cada mes.

Segundo: Que el evacuar su informe la recurrida solicitó el rechazo del recurso de protección. Refiere que el principio que rige en el sector público con respecto a las remuneraciones está consignado en el artículo 72 del Estatuto Administrativo que señala que a los funcionarios públicos sólo se les paga por el tiempo de trabajo efectivo, por ello, no existe un derecho adquirido a la remuneración concreta, porque esta se devenga solo una vez cumplido el supuesto fáctico previsto, esto es, que se haya trabajado efectivamente por el lapso necesario, el mes por regla general, salvo excepciones legales, que son uso de feriados, de licencias médicas o de permiso con goce de remuneraciones.

Refiere además que el artículo 537 N° 5° del Código Orgánico de Tribunales dispone lo contrario de lo que entiende el recurrente, porque el precepto “gozará de medio sueldo” parece disponer que el funcionario gozará de medio sueldo y nada más, y el mismo cuerpo de leyes en el artículo 532 N° 4 previene que el empleado suspendido gozará “del cincuenta por ciento de sus remuneraciones”. Invoca en este punto el acuerdo del Tribunal Pleno de la Corte Suprema, adoptado en el expediente administrativo PP-3371, que instruyó que, para dar cumplimiento a sanciones de privación de “medio sueldo” o “mitad de sus remuneraciones”, se debe descontar de las remuneraciones que correspondían pagar al afectado sólo el 50% de su sueldo base e igual porcentaje de las asignaciones de antigüedad y profesional, si correspondiere el pago de estas, y pagando en forma íntegra las asignaciones familiares, judicial, de zona y de movilización.

Señala que ello confirma el acuerdo anterior, de 30 de enero de 1981, dispuesto en el expediente administrativo MD-957.

En síntesis, el acto de su parte no es ilegal ni arbitrario.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que la Corte Suprema, por sentencia dictada el cinco de junio de dos mil diecinueve dictada en los autos AD-1977-2018, confirmó la sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, con declaración que redujo a dos meses la medida disciplinaria de suspensión de funciones con goce de medio sueldo que le fuere impuesta al recurrente señor nombre reservado, todo ello, conforme al N° 5° del artículo 537 del Código Orgánico de Tribunales, a saber, “Las faltas o abusos de que habla el artículo anterior podrán corregirlos las Cortes de Apelaciones por uno o más de los medios siguientes: 5°) Suspensión de funciones hasta por cuatro meses. Durante este tiempo el funcionario gozará de medio sueldo”.

Quinto: Que el artículo 3° de la ley 18.834, Estatuto Administrativo, define sueldo de la siguiente manera “Es la retribución pecuniaria, de carácter fijo y por períodos iguales, asignada a un empleo público de acuerdo con el nivel o grado en que se encuentra clasificado”. La misma norma define remuneración del siguiente modo: “Es cualquier contraprestación en dinero que el funcionario tenga derecho a percibir en razón de su empleo o función, como, por ejemplo, sueldo, asignación de zona, asignación profesional y otras”. Luego, parece evidente que cuando el N° 5° del artículo 537 del Código Orgánico de Tribunales dispone que el funcionario, durante su suspensión, “gozará de medio sueldo”, está señalando que tiene derecho a percibir su remuneración completa, con la única excepción del sueldo base, del que debe descontarse y retenerse la mitad. Así, si la remuneración del funcionario asciende a 100 y el sueldo comprende 40 de esos 100, se le deberá pagar 80, que equivale a su remuneración, descontada la mitad de su sueldo. Luego, cualquier otro descuento que se haga al funcionario sancionado no está autorizado por la ley.

Sexto: Que, en efecto, si la ley ha definido el concepto “sueldo”, el que es distinto de “remuneraciones”, y la sanción comprende “la mitad del sueldo”, la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha actuado en forma ilegal al descontar de las remuneraciones del funcionario castigado la mitad de todas aquellas asignaciones cuya base de cálculo es el sueldo base, pues claramente la ley autoriza sólo al descuento de la mitad del sueldo base y no de alguna asignación. Y ciertamente la interpretación que esta repartición hace del N° 5° del artículo 537 del Código Orgánico de Tribunales en cuanto a que el funcionario sólo tendría derecho a recibir durante su suspensión “medio sueldo” es errada y va contra el texto expreso de la norma, que autoriza el descuento sólo de medio sueldo, no de toda su remuneración y, además, de la mitad de su sueldo, interpretación que ni siquiera aplicó en la especie la entidad recurrida y que sólo esbozó en su informe. Luego, durante los meses de julio y agosto de 2019, la recurrida sólo ha podido descontarle de sus remuneraciones al recurrente la mitad de su sueldo base, nada más, sin perjuicio, obviamente, de los descuentos estrictamente legales y de aquellos que haya autorizado el funcionario.

Séptimo: Que, en consecuencia, la conducta ilegal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que atenta contra el N° 5° del artículo 537 del Código Orgánico de Tribunales y del artículo 3° de la ley 18,834, conculca el N° 24 ° del artículo 19 del Constitución Política de la República, pues priva al recurrente de parte de sus remuneraciones.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, con costas, la acción constitucional deducida en la especie y se ordena a la Corporación Administrativa del Poder Judicial restituir al recurrente señor nombre reservado todos los descuentos que indebidamente se le efectuaron en los meses de julio y agosto de 2019, que hayan excedido del descuento de la mitad del sueldo que autoriza el N° 5° del artículo 537 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese.

N°Protección-75237-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.