CORPORACIÓN CLUB DE LA UNIÓN DE SANTIAGO con nombre reservado

Santiago, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el abogado Diego Ibáñez Butrón, en representación de Club de La Unión de Santiago, Corporación de derecho Privado, debidamente individualizado, deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago, con domicilio en domicilio reservado, quien por oficio ordinario N° 45 de fecha 26 de septiembre de 2017, notificó a su parte con fecha 4 de octubre reciente, la decisión que ha vulnerado la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tiene como base la resolución de Multa N° 13.01.2017 RUT reservado de 28 de julio de 2017, por supuestamente haber incurrido en infracciones en el reparto de las propinas a los trabajadores que se desempeñan en sus dependencias.

Su parte, al efecto, con fecha 15 de septiembre pasado, recurrió ante la Inspección recurrida mediante reconsideración administrativa al tenor del artículo 511 del Código del Trabajo, la que fue rechazada fundándose en el hecho de no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

Se ha cometido una ilegalidad al no dar tramitación a la solicitud de reconsideración enunciada en virtud del artículo 512 del Código Laboral que, en especial, no contempla forma en que debe computarse el plazo de 30 días lo cual debe estarse a lo que dispone el artículo 25 de la Ley N° 19.880, en relación al artículo 1 del mismo cuerpo legal y que refiere el procedimiento administrativo de los actos de la administración del Estado, aplicada con carácter de supletoria en el caso de aquellos procedimientos especiales. Así, se le ha privado del ejercicio legítimo de un derecho, todo lo cual constituye un acto arbitrario e ilegal.

Solicita que se acoja el presente recurso de protección en contra de la Inspección del Trabajo, ordenando que la recurrida de tramitación a la solicitud de reconsideración administrativa ya numerada, presentada con fecha 15 de septiembre pasado.

SEGUNDO: Por Resolución de 6 de noviembre último, esta Sala de la Corte de Apelaciones, concedió orden de no innovar al efecto del recurso.

TERCERO: Que la recurrida en su informe solicita su rechazo en tanto la acción intentada es improcedente atendida la naturaleza del acto recurrido.

Indica que tal cual lo ha señalado la Jurisprudencia, el recurso deducido no puede ser utilizado como sustituto jurisdiccional de todo procedimiento judicial especial y, además, existe un recurso de impugnación en sede administrativa como judicial, indicando el artículo 512 inciso segundo del Código anotado. Adicionalmente, señala que la actora dispuso de quince días hábiles para reclamar ante el Tribunal Laboral competente, pero optó indebidamente por la acción de protección, lo que evidencia la utilización de éste como sustito procesal.

También impetra la improcedencia del recurso atento a la falta de requisitos constitucionales para su interposición, en particular, pues el acto impugnado -Ordinario N°45- al haber sido dictado por el Inspector Provincial, no es ilegal ni arbitrario pues se concretó atento sus facultades legales.

También, existe una ineficacia de la acción deducida, toda vez que hay una pérdida de objeto y de causa de pedir y que las infracciones a las garantías constitucionales reclamadas por el recurrente no son patentes, sino, por el contrario, del todo superficiales y vagas lo que pone en evidencia su inexistencia, precisando que el contenido de la acción de protección está orientada únicamente a señalar la interpretación del cómputo del plazo para solicitar reconsideración, indicado en el artículo 512, inciso primero, del Código del Trabajo.

Agrega que el rechazo de la reconsideración, a través del Ordinario N° 45, acto reclamado por la presente acción de protección, lo fue por haberse presentado fuera de plazo legal de 30 días corridos, contados desde la notificación de la multa, plazo que se extendía hasta el 10 de septiembre de 2017.

Al efecto, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente señalando los artículos 162, incisos segundo y séptimo; 168, inciso primero, 282, incisos primero y cuarto y Art. 503, inciso tercero.

Corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

El plazo del artículo 512 citado queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 435, inciso tercero, del Código del Trabajo (pertenece a otro Título del mismo libro) y, por ende, el término que regula no se suspende durante los días feriados; así, no resulta posible aplicar el artículo 25 de la Ley N° 19.880, pues no existe vacío normativo que permita su aplicación supletoria. Además, con el criterio del recurrente, el plazo se podría extender a uno que eventualmente podría llegar a cuarenta días, lo que resulta contrario al espíritu y la letra de la ley.

Por último, la Inspección del Trabajo en ningún caso ha transgredido la garantía que se indica por el recurrente, sino que simplemente se pronunció en virtud de una facultad descrita en la ley, en un procedimiento también regulado por el legislador y para ello, se ha dispuesto de un plazo para ejercer una acción administrativa, situación que en la especie la recurrente no cumplió.

CUARTO: Que, según aparece de los antecedentes, la reconsideración impetrada por el actual recurrente, contra la multa N° 13.01.2017. RUT reservado lo fue con fecha 15 de septiembre de 2017, precisando que la notificación ocurrió el 11 de agosto de igual año. Lo anterior, no discutido por los intervinientes.

Ahora bien, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del código laboral para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

QUINTO: Que se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley Nº 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo "especial", como es el contenido en la Ley Nº 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

En este escenario, el recurso de reconsideración se ha deducido dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que fue practicada el 11 de agosto de 2017.

SEXTO: Que en consecuencia la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por el abogado Diego Ibáñez Butrón, en representación de Club de La Unión de Santiago, Corporación de derecho Privado en contra de nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución Nº 13.01.2017.RUT reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Moya Cuadra.

N°75228-2017 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y por la Ministro señora Maritza Villadangos Frankovich. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.