nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

Foja: 103 Ciento Tres C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 21 recurre de protección don nombre reservado, chileno comerciante, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Quilicura, representada por su Alcalde Juan Carrasco Contreras, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Exento 1221/13, en relación al Oficio 163 del Departamento de Rentas Municipales, de fecha 13 de mayo de 2013, que declara la caducidad inmediata y definitiva de la patente y que lo elimina del Registro de Patentes Comerciales.

Sostiene que se le hizo entrega del mencionado Decreto señalando que en virtud del artículo 31 bis letras C-G-H Y K de la Ordenanza de Comercio y actividades lucrativas, habría vulnerado dichas disposiciones y eso habría causado la caducidad de la patente.

Señala que el día 18 de octubre de 2014, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, el que corresponde a un puesto en la Feria Libre N° 1 de la Comuna de Quilicura, en donde vende comida para mascotas, en horas de la mañana, se presentaron inspectores municipales, acompañados de carabineros, quienes procedieron a lanzarlos de su puesto, aludiendo que la patente municipal, había caducado, haciendo referencia al Decreto Exento N° 1221/13, en relación al oficio del Departamento de Rentas N° 163 de fecha 13 de mayo de 2013, el cual establecía la caducidad inmediata y definitiva de la patente comercial que tenía a su nombre y, por ende se eliminaba del Registro de Patentes.

Al efecto advierte una grave infracción por la recurrida a la Ley N°19.980, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos del Estado, haciendo referencia al artículo 41 inciso 4° que establece: que los actos administrativos terminales deben ser fundados, debiendo por tanto la autoridad que los dicta expresar los razonamientos y los antecedentes de acuerdo con los cuales ha adoptado su decisión, pues lo contrario importaría confundir la discrecionalidad que le concede el ordenamiento jurídico, con arbitrariedad.

A continuación analiza detalladamente el contenido del artículo 31 bis en sus letras C, G, H y K, de la mentada ordenanza, el que transcribe al efecto.

Sostiene que el acto recurrido se trata de situaciones apreciadas por la autoridad en forma meramente subjetiva y que fueron, dentro del marzo de su desempeño como dirigente gremial, y que respecto a las acusaciones que se le hacen en referencia los cambios de puestos en la feria, manifiesta que éstas eran atribuciones como dirigente con la finalidad de mantener el orden y buen funcionamiento, las cuales se van regulando año a año con el Alcalde de turno, siempre en torno al respecto de los derechos de todos los asociados.

Indica como vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la Ley, no discriminación arbitraria en materia económica y libertad de trabajo e indica las infracciones al principio general del derecho NON BIS IN IDEM, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Que, en este orden de cosas, hace referencia a la prescripción, sosteniendo que la Ordenanza Municipal que sirve de base para declarar la caducidad de la patente, hace alusión a que habría incurrido en diversas faltas graves y que éstas habrían ocurrido entre los años 2002 y 2012, remitiéndose al artículo 94 del Código Penal y que establece: “La acción penal prescribe: Respecto de las faltas en 6 meses, es decir en el caso de autos, se tomaron como referencia para la caducidad de la patente y que las supuestas faltas cometidas en el año 2002 y 2012, sucedieron hace más de 10 años atrás, y que éstas ya fueron sancionadas en su oportunidad por lo que a la dictación del Decreto de caducidad las supuestas faltas se encontraban absolutamente prescritas.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se deje sin efecto el Decreto Exento 1221/13 de la Ilustre Municipalidad de Quilicura, con el fin de seguir trabajando.

A fojas 92, informa la recurrida solicitando el rechazo con costas del recurso.

Sostiene que el recurrente ya tramitó un Recurso de Protección Rol N° 25.853-2013, por los mismos fundamentos, y que en su presentación anterior señala textualmente “ Que habiéndose notificado por la Ilustre Municipalidad de Quilicura, mediante Decreto Exento N° 1221/2013, en relación al oficio del Departamento de Rentas N° 163 de fecha 13 de mayo de 2013, el cual declara la caducidad inmediata y definitiva de la patente comercial de feria libre, rol N° 250134, cuyo titular es nombre reservado.

Manifiesta que no es efectivo que el recurrente no tuviera conocimiento de cuáles eran las conductas infractoras, originarias del Recurso de Protección, que ya fue conocido por esta Corte, constituyendo una confesión judicial en los términos del artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 1793 del Código Civil, por cuanto reconoce fehacientemente en su recurso anterior que ya había tomado conocimiento de las causales invocadas por dicha Municipalidad para caducar su permiso y en segundo lugar reconoce que tuvo altercados con funcionarios municipales, específicamente el jefe de rentas.

Conforme a lo expuesto sostiene que el recurrente lo que alega como arbitrario, se encuentra plenamente justificado con los antecedentes que se acompañaron, como la hoja de vida del comerciante, y que son de carácter objetivo y que no le es válido alegar que desconocía que éstos hechos se anotaban en su hoja de vida, dado que es la única manera de llevar un registro de las faltas cometidas por los comerciantes, y así evaluar su comportamiento y hacer efectiva la Ordenanza de Ferias Libres y Persas de la Comuna de Quilicura, como así también las actuales causas que se ventilan ante el Juzgado de Policía Local de la Comuna.

A mayor abundamiento, manifiesta que lo que el recurrente califica como arbitrario, es exactamente lo mismo que ya resolvió la Corte en su Recurso de Protección rol N° 25.853-2013, por sentencia de fecha 4 de julio de 2013, y que fue apelada y fallada por la Excma. Corte Suprema por fallo de fecha 29 de julio de 2013, la que confirmó dicha sentencia. Luego el mismo recurrente indica encontrarse trabajando en su puesto en la feria libre N° 1, en uso de su patente N° 250134, de fecha 18 de octubre de 2014, lo que evidencia claramente un acto ilegal por el recurrente, haciendo caso omiso de los fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, infringiendo con su actuar el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, cometiendo con ello, desacato.

Agrega, que el recurrente indica que la norma del Non bis in ídem, no aplica en este caso, por cuanto el artículo 31 bis de la Ordenanza de Ferias Libres y Persas de Quilicura, contempla una sanción de carácter pecuniario como son las multas aplicadas por el Juez de Policía Local y la medida de suspensión o caducidad de la patente, por lo que no son sanciones excluyentes, por lo que no es efectivo que haya sido sancionados dos veces por un mismo hecho.

Y, que respecto a los Tratados Internacionales que invoca, éstos no son aplicables, por cuanto no ha sido absuelto, de conformidad a la Ordenanza Municipal, ha sido condenado al pago de multas por las infracciones cometidas, como a la Ley de Rentas Municipales, ya que su patente rol N° 250134, se encuentra caducada, respecto de sus pretensiones ha sido vencido, debiendo cesar en el ejercicio ilegal del comercio.

En definitiva, solicita el rechazo del recurso, por no existir acción arbitraria e ilegal, ordenando que el recurrente cumpla con la sentencia dictada por esta Corte.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que en primer lugar cabe tener presente que para que proceda un recurso de protección, se requiere que efectivamente que se hayan realizado actos o incurrido en omisiones en carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional;

2.- Que la recurrida para acreditar el fundamento de su decisión acompañó, entre otros documentos, copia de la “Hoja de vida del Comerciante de Feria” del recurrente y fichas de causas en Juzgado de Policía Local de la comuna, que indican las infracciones cometidas y fecha de los fallos dictados, números de rol y de parte denuncia, entre otros datos, todas a nombre del actor y referidas a diversas infracciones.

3.- Que, entre la prueba aportada, figuran a fs.47, 48, 49 y 50 copias de las denuncias y sanciones impuestas por el Juzgado de Policía Local de Quilicura al recurrente y documentación relativa a sanciones anteriores, que dispone la suspensión de sus actividades y caducidad de su patente.

4.- Que, la actuación de la Municipalidad de Quilicura se enmarca en las facultades que le confiere la Ordenanza de Comercio y Actividades Lucrativas de la comuna, que en su artículo 31 bis contempla las causales de suspensión o retiro de permisos aplicados al reclamante.

5.- Que en todo caso la situación del actor ya ha sido vista, revisada y rechazadas sus pretensiones respecto de estos mismos hechos tanto por esta Corte como por la Excma. Corte Suprema, por lo que el lanzamiento que ahora invoca como acto final vulneratorio de sus derechos fundamentales, no es otra cosa que la consecuencia lógica de la sentencia anterior dictada en nombre reservado del 2013, en causa Rol Nª25853-13 por la Cuarta Sala de esta Corte, cuya copia rola a fs.56.

6.- Que si ya a esa fecha se consideró el actuar de la Municipalidad al caducar la patente del actor como ajustada a derecho dados sus antecedentes, la actuación que ahora se le reproche, el lanzamiento, solo es la secuencia lógica de las anteriores decisiones, ya que no se puede pretender seguir con un local comercial en funcionamiento, si la patente que habilita para explotarlo ha sido caducada.

7.- Que lo anteriormente expuesto lleva a concluir que no ha existido de parte de la recurrida ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria que amenace, prive o perturbe las garantías constitucionales que la recurrente sostiene haber sido vulneradas, razón por la cual se desestimará el recurso como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso deducido a fojas 21 y siguientes por don nombre reservado.

Redacción de la Ministra señora Kittsteiner.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-75207-2014.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por el Ministro (S) señor Tomas Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Joel González Castillo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.