CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION , SALUD , CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE LA FLORIDA

Foja: 58 Cincuenta y Ocho Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil catorce.

Proveyendo a fojas 57: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 4, comparece doña nombre reservado, en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y dedujo recurso de protección en contra la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, de 14 de octubre de 2014, que declaró extemporáneo el recurso de reconsideración administrativa deducido por la recurrente, acto que estima ilegal y arbitrario que vulneraría la garantías constitucionales contempladas en los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la CPR, solicitando que se acoja el presente recurso, se deje sin efecto el acto impugnado y se ordene a la recurrida conocer el recurso promovido por su parte, con costas.

Funda su recurso, esgrimiendo que por resolución N° 3494/14/62, de fecha 3 de septiembre de 2014, la recurrida aplicó una multa de 40 UTM, por infracción a la legislación laboral, lo que motivó que su parte presentara un recurso de reconsideración administrativa, solicitando la revocación de la decisión o la rebaja de la multa interpuesta, con fecha 6 de octubre de 2014, dictándose el acto impugnado el 20 del mismo mes y año, declarando inadmisible el recurso promovido por extemporáneo, atendido que éste no se interpuso dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la notificación del acto reclamado.

Sostiene que la decisión de la recurrida es ilegal y arbitraria, atendido que se interpuso dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la multa impugnada, plazo que es de días hábiles conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.880, norma que debe ser aplicada, disposición obligatoria para el órgano de la administración, debiendo ser concedido al ser interpuesto dentro de plazo, atendido que no existe norma alguna dentro de ese título que establezca una forma de cómputo diverso.

Explica que el acto ha vulnerado las garantías constitucionales ya mencionadas: se está sometiendo a su parte a un trato discriminatorio, se le coartó la posibilidad de reclamar la multa impuesta y con ello el debido proceso, afectándose, además, su patrimonio.

Segundo: Que, a fojas 44, informó doña Esperanza Echeverría Ovalle, abogado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, solicitando el rechazo, con costas, del recurso.

En primer término, plantea la improcedencia del recurso de protección, entendiendo que existe un mecanismo judicial para conocer de ella, consistente en la reclamación judicial que dispone el mismo artículo 512 del CT, siendo una cuestión que requiere de un procedimiento de lato conocimiento para su resolución, citando jurisprudencia sobre la materia.

En cuanto al fondo, entiende que no existe actuación ilegal o arbitraria alguna cometida por su parte, siendo dictado el ordinario impugnado conforme a las facultades conferidas al Inspector Comunal del Trabajo, conforme los artículos 511 y 512 del CT. Tampoco resulta arbitrario, siendo argumentado y razonado, explicándose el motivo por el cual se declaró inadmisible, dictándose dentro del marco del cumplimiento de sus funciones.

Expone que la razón por la cual se declaró inadmisible el reclamo se se debe a que no fue interpuesto dentro de un plazo de días corridos desde la notificación de la resolución que aplicó la multa, como exige la normativa del trabajo. Así, la jurisprudencia del servicio como la Contraloría General de la República han indicado que el plazo contenido en el artículo 512 del Código Laboral es de días corridos.

Por lo expuesto, no existe infracción a garantía constitucional alguna.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, dentro de las cuales se encuentra la alegada por la recurrente.

Además, debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

Quinto: Que, precisado lo anterior y de acuerdo al tenor del recurso, lo que pretende la recurrente es que por vía de la presente acción cautelar de naturaleza constitucional, se decida que se interpuso dentro de plazo un recurso de reconsideración administrativa que la institución recurrida ha declarado extemporáneo, lo que implica que esta Corte haga una interpretación de las normas legales que rigen el asunto de fondo, a fin de decidir a su favor.

Sexto: Que la interpretación que se pretende por parte de la Corporación recurrente, es una actividad propia del juez del fondo y que naturalmente escapa a la del arbitrio constitucional intentado que, según ya se consignó en el motivo quinto de este fallo, se limita a la constatación de la existencia, de la perturbación, privación o amenaza de las garantías establecidas en la Carta Fundamental y adoptar, si ello fuera procedente, las medidas destinadas a restablecer el derecho y otorgar la debida protección al afectado.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, aún sin entrar a dilucidar si el plazo aplicable al caso concreto es de días corridos o hábiles –como sostienen las diversas posiciones enfrentadas de las partes- resulta que de accederse a la petición del recurrente se estaría aumentando, por esta vía, el término para la solicitud de reconsideración administrativa, agregando artificialmente al mismo el plazo para recurrir de protección, lo que permitiría un eventual beneficio a dicho litigante, lo que en ningún caso puede concederse ni resulta procedente.

Octavo: Que, sobre la base de lo razonado puede concluirse, sin necesidad de extenderse mayormente en el análisis de esta cuestión, que en la especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, de tal manera que el recurso deducido no está en condiciones de prosperar y debe rechazarse.

Por estas consideraciones y en virtud de lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que SE RECHAZA la acción cautelar deducida en lo principal de fojas 16, por la abogado Daniela Acevedo Cordero, en representación de la “CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y nombre reservado”, en contra de la “INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE LA FLORIDA”, sin costas.

N°Protección-75196-2014.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por la ministro señora Ana Cienfuegos Barros y el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.