Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 15: a todo, téngase presente.

Vistos:

Primero: Que comparece doña Carolina Fernanda Vega Pérez, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, ingeniero civil industrial y administrador público, unido civilmente, cédula nacional de identidad N° NUM000, domiciliado en domicilio reservado, y deduce acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por su Superintendenta, doña nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

La recurrente impugna la Resolución Exenta Nº NUM001, de fecha 7 de febrero de 2026, mediante la cual la recurrida rechazó el recurso de reposición interpuesto por su representada y, en consecuencia, confirmó la Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 21 de octubre de 2025, que a su vez desestimó la reclamación administrativa del trabajador, ratificando la calificación de su patología de salud mental como de origen común y no laboral.

Expone que el recurrente se desempeña como funcionario público en la Ilustre Municipalidad de Providencia desde el 4 de diciembre de 2018, detentando actualmente el cargo de Jefe de Sección de Compras (Planta de Directivos, Grado 7° E.M.). Señala que, si bien su representado experimentó un período de alta vulnerabilidad emocional entre los años 2021 y 2024 producto de severas crisis y duelos familiares —lo que motivó su ingreso al programa de salud mental GES en septiembre de 2024—, para enero de 2025 se encontraba en una fase de remisión sintomática clínicamente constatada.

No obstante lo anterior, denuncia que a partir de febrero de 2025 se desencadenó un severo conflicto en su entorno de trabajo caracterizado por conductas de acoso laboral, tratos despectivos por parte de su jefatura directa, doña nombre reservado, hostigamiento por la presentación de licencias médicas y aislamiento funcional. Refiere que esta situación hizo crisis el 6 de marzo de 2025, con ocasión de una drástica y arbitraria disminución en sus calificaciones de desempeño cuatrimestral. Al día siguiente, 7 de marzo de 2025, el recurrente ingresó a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), donde se emitió la respectiva Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) el 11 de marzo de 2025 por sospecha de neurosis laboral.

Alega que, tras un deficiente estudio, la ACHS emitió la Resolución de Calificación CUN N° NUM002, de 19 de marzo de 2025, notificándole que su afección era de origen común por no objetivarse factores de riesgo en su puesto de trabajo. Frente a esto, apeló ante la SUSESO, entidad que rechazó su reclamación mediante la Resolución Exenta N° NUM001, de 21 de octubre de 2025, decisión que fue recurrida de reposición y finalmente confirmada por el acto que hoy se recurre.

Sostiene que el actuar de la SUSESO es ilegal y arbitrario por cuanto carece de la debida fundamentación exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, limitándose a emitir fórmulas genéricas y circulares. Denuncia que la autoridad previsional omitió ponderar una copiosa documentación médica y psicológica acompañada al proceso, emanada de diversos facultativos —tales como la Dra. nombre reservado, Dra. nombre reservado, Dr. nombre reservado, Dr. nombre reservado, Dr. nombre reservado y la psicóloga nombre reservado— quienes, de manera unánime e independiente, prescribieron el origen estrictamente laboral del cuadro clínico de trastorno adaptativo reactivo.

Asevera que el acto vulnera las garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en particular: el derecho a la integridad física y psíquica (N° 1), debido al desamparo institucional y la angustia que le genera la denegación de cobertura; y el derecho de propiedad (N° 24), toda vez que se ha visto compelido a costear de su propio peculio las atenciones médicas y ha sufrido severos descuentos de sus remuneraciones por el rechazo de sus licencias médicas por parte de Isapre Colmena. Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene realizar una nueva evaluación del origen de su enfermedad, con costas.

Segundo: Que, debidamente notificada, informó la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), corporación de derecho privado administradora del seguro social de la Ley N° 16.744, a través de su apoderado, don nombre reservado. Solicita el rechazo del recurso de protección, sosteniendo que su actuar se ciñó estrictamente a los protocolos técnicos vigentes dictados por el ente regulador.

Expone que, tras el ingreso del Sr. nombre reservado el 11 de marzo de 2025 por sospecha de neurosis laboral, se desplegó el protocolo establecido en el Compendio Normativo de la SUSESO. Detalla que el 2 de abril de 2025 se llevó a cabo el Estudio de Puesto de Trabajo para Patologías de Salud Mental (EPT-PM), el cual incluyó la declaración de cuatro testigos presenciales de la faena, concluyéndose la inexistencia de factores de riesgo o diseño organizacional disfuncional por hostilidad.

Añade que el 4 de abril de 2025, el Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales de la ACHS —integrado por un médico del trabajo, un psiquiatra y una psicóloga— determinó unánimemente que el cuadro diagnosticado como "trastorno adaptativo" era de origen común, procediéndose a la emisión de la Resolución de Calificación N° NUM003 de la misma fecha y derivando al paciente a su régimen común de salud.

Destaca que lo obrado por su representada fue íntegramente ratificado por la autoridad técnica competente, esto es, la Superintendencia de Seguridad Social, la cual descartó cualquier vicio procedimental.

Tercero: Que informó la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por su apoderado judicial, don nombre reservado

nombre reservado. En primer término, plantea la alegación previa de extemporaneidad de la acción constitucional de autos. Fundamenta que el recurrente tomó conocimiento cierto de la calificación del origen común de su cuadro el 6 de junio de 2025, fecha en que interpuso su reclamo administrativo ante dicho organismo regulador. Sostiene que, al revestir el recurso de protección una naturaleza cautelar urgente, el plazo fatal de 30 días corrida de su interposición no se suspende ni interrumpe por la interposición de recursos administrativos, por lo que la acción deducida el 25 de febrero de 2026 resulta manifiestamente extemporánea.

En subsidio, y en cuanto al fondo de la controversia, defiende la estricta legalidad y racionalidad de las resoluciones dictadas. Explica que la reclamación del Sr. nombre reservado fue analizada minuciosamente por los profesionales médicos de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la SUSESO, específicamente por la médico psiquiatra Dra. nombre reservado nombre reservado.

Refiere que el análisis técnico arrojó que, si bien existía una correlación temporal subjetiva referida por el paciente, el tiempo de exposición a los presuntos estresores laborales (aproximadamente un mes entre el detonante denunciado en febrero de 2025 y la consulta en marzo de 2025) resultaba técnicamente insuficiente para configurar un nexo de causalidad directa en los términos exigidos por el artículo 7° de la Ley N° 16.744 y los criterios epidemiológicos de Bradford Hill y Rothman.

Añade que el Estudio de Puesto de Trabajo descartó hostigamiento laboral sistémico, reduciéndose los hechos a un conflicto o evento aislado de trato inadecuado, y que concurrían en la especie antecedentes de patologías psiquiátricas previas derivadas de duelos familiares de carácter común.

Concluye que no existe acto arbitrario ni ilegal, y que la materia de autos versa sobre aspectos específicos del derecho a la seguridad social (artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental), el cual no se encuentra bajo el amparo de la acción de protección de conformidad con el artículo 20 constitucional, careciendo el actor de un derecho indubitado preexistente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional de naturaleza cautelar, sumaria y urgente, cuya finalidad es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, este sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la misma norma enumera taxativamente.

Quinto: Que, previo al examen del fondo de la pretensión, resulta imperativo resolver la alegación de extemporaneidad planteada por la Superintendencia de Seguridad Social en su informe. Al respecto, la recurrida sostiene que el plazo para accionar debió computarse desde que el recurrente tuvo conocimiento de la primigenia Resolución de Calificación de la ACHS en el mes de junio de 2025, sin que las sucesivas instancias de reclamación administrativa suspendieran dicho término.

Sobre el particular, esta Corte estima que tal argumentación debe ser rechazada. En efecto, el ordenamiento jurídico nacional consagra en la Ley N° 19.880 las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración del Estado, instituyendo en su artículo 59 el recurso de reposición como un mecanismo ordinario para que los administrados insten por la modificación o invalidación de las decisiones de los órganos públicos.

Cuando un ciudadano opta por agotar la vía administrativa correspondiente ante la propia Superintendencia del ramo, ejercitando las acciones impugnatorias contempladas en la ley, la resolución definitiva que resuelve dicho recurso de reposición —en este caso, la Resolución Exenta Nº NUM001 de 7 de febrero de 2026— constituye un acto administrativo terminal y formal que pone fin a la vía administrativa.

Consecuentemente, al ser esta última resolución el acto concreto que fija de manera terminal e inamovible la postura del órgano previsional y el que genera el agravio definitivo, el plazo fatal de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema debe computarse desde la notificación de este último pronunciamiento. Constado en autos que la resolución denegatoria del recurso de reposición data del 7 de febrero de 2026 y que la presente acción de protección se interpuso el 25 de febrero de 2026, esto es, transcurridos tan solo 18 días, fuerza es concluir que la acción ha sido deducida oportunamente. En tales circunstancias, se rechaza la referida alegación de extemporaneidad, debiendo este Tribunal abocarse al análisis de fondo de la controversia.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, la materia de la litis consiste en determinar la legalidad y no arbitrariedad de la Resolución Exenta Nº NUM001, dictada por la SUSESO, por medio de la cual ratificó la calificación de origen común de la afección de salud mental que padece don nombre reservado, descartando su naturaleza profesional al amparo de la Ley N° 16.744.

Séptimo: Que, para dilucidar esta cuestión, es necesario tener presente el ámbito de competencia que el legislador ha reservado para la Superintendencia de Seguridad Social. De acuerdo con lo establecido en su ley orgánica, la Ley N° 16.395, en sus artículos 2° y 3°, dicho organismo es una institución fiscalizadora y la autoridad técnica superior en materias de previsión y seguridad social, dotada de la potestad exclusiva para interpretar administrativamente las normas legales y reglamentarias de su competencia, así como para resolver de forma vinculante las reclamaciones y apelaciones formuladas por los cotizantes y beneficiarios de los diversos regímenes previsionales, incluyendo el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744.

Octavo: Que, por su parte, el artículo 7°, inciso primero, de la Ley N° 16.744 prescribe que es enfermedad profesional aquella "causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte". De esta definición legal se desprende de forma nítida que la calificación de una patología como laboral exige la concurrencia copulativa de un factor causal directo e inequívoco entre la actividad laboral desarrollada y la emergencia del cuadro clínico respectivo.

En el ámbito de las patologías de salud mental, el proceso de calificación reviste una altísima complejidad técnica, requiriendo de evaluaciones clínicas, psicológicas y del análisis riguroso de las condiciones organizacionales del puesto de trabajo, a fin de validar o descartar una hipótesis de causalidad coherente, tal como lo dispone el propio Compendio Normativo de la SUSESO.

Noveno: Que, del examen de los antecedentes allegados al proceso, se constata que la recurrida, lejos de haber actuado de manera caprichosa, infundada o arbitraria, cimentó su decisión en un exhaustivo examen médico- laboral sustanciado por su organismo técnico asesor. En efecto, consta del expediente administrativo que el caso fue sometido a la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la SUSESO, siendo evaluado específicamente por la médico psiquiatra experta Dra. nombre reservado

nombre reservado.

El informe técnico de dicha profesional detalló de forma razonada que, si bien el trabajador presentaba una descompensación psíquica reactiva en el plano clínico, las particularidades fácticas impedían establecer la relación de causalidad directa y exclusiva exigida por el artículo 7° de la Ley N° 16.744. Al efecto, se ponderó: 1. Que el tiempo de exposición a los alegados estresores de hostigamiento laboral (comprendidos formalmente entre el 18 de febrero de 2025 y la interposición de la DIEP el 11 de marzo de 2025) resultaba técnicamente insuficiente para erigirse como la causa basal única del cuadro adaptativo severo. 2. Que el Estudio de Puesto de Trabajo (EPT-PM) ejecutado técnicamente con recopilación de testimonios no arrojó la presencia de un diseño organizacional hostil o maltrato sistemático por parte de la jefatura, describiéndose únicamente un evento puntual y aislado de discrepancia. 3. La existencia previa de un cuadro psiquiátrico depresivo-reactivo de origen común derivado de una severa acumulación de duelos familiares de alta intensidad (fallecimientos sucesivos de su abuela, madre y abuelo, sumado a crisis de salud y eventos autolíticos de su hermana) acontecidos entre 2021 y fines de 2024, el cual, aun encontrándose en remisión, restaba fuerza a la hipótesis de una atribución causal laboral exclusiva.

Décimo: Que la discrepancia diagnóstica planteada por la recurrente, fundada en una pluralidad de certificados médicos de profesionales tratantes particulares que concluyen el origen laboral de la patología, no basta para calificar el acto administrativo impugnado de ilegal o arbitrario. La existencia de dictámenes médicos divergentes constituye una controversia técnica propia del saber clínico, cuya resolución final ha sido confiada por el legislador de manera privativa al órgano técnico de control previsional —la SUSESO— y no a los tribunales de justicia a través de esta vía de urgencia.

Como ha sostenido de manera uniforme la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, la acción de protección no constituye una instancia declarativa de derechos ni una vía apta para dirimir disputas científicas o de medicina del trabajo que requieran un juicio de lato conocimiento con debate probatorio complejo. Al no existir en la especie un derecho preexistente e indubitado a favor del actor respecto de la calificación laboral de su cuadro, la presente acción cautelar deviene improcedente.

Undécimo: Que, adicionalmente, cabe tener presente que la pretensión del recurrente incide directamente en la determinación del sistema de seguridad social aplicable para brindar la cobertura y las prestaciones económicas y médicas correspondientes (Seguro de la Ley N° 16.744 frente al régimen común de salud). Dicha materia forma parte del contenido sustantivo del Derecho a la Seguridad Social consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República.

Como es sabido, dicha garantía constitucional no se encuentra contemplada dentro del catálogo taxativo de derechos protegidos por la vía del recurso de protección de conformidad con lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Por consiguiente, la pretensión del actor en orden a forzar un cambio de calificación previsional para acceder a los beneficios de la Ley N° 16.744 desborda el marco de admisibilidad material que autoriza la intervención de esta magistratura constitucional.

Duodécimo: Que, finalmente, en lo concerniente a las supuestas infracciones a la integridad psíquica (Art. 19 N° 1) y al derecho de propiedad (Art. 19 N° 24), debe señalarse que estas garantías no aparecen conculcadas de forma directa por el acto recurrido. El hecho de que el Sr. nombre reservado deba costear sus tratamientos a través de su sistema de salud común y que sufra eventuales rechazos de licencias por parte de su Isapre Colmena con las consecuentes mermas patrimoniales, son efectos colaterales derivados de la aplicación de las normas legales sobre el origen común de su enfermedad, y no la consecuencia de una privación o expropiación ilícita o arbitraria perpetrada por la Superintendencia de Seguridad Social.

Al haberse constatado que la SUSESO actuó dentro del ámbito de su competencia legal, ajustándose a la normativa de la Ley N° 16.395 y la Ley N° 16.744, y proporcionando fundamentos técnicos racionales y explícitos para sostener su resolución en consonancia con la Ley N° 19.880, se descarta la concurrencia de cualquier arbitrariedad o ilegalidad que autorice acoger la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: I. Se rechaza la alegación previa de extemporaneidad deducida por la Superintendencia de Seguridad Social.

II. Se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación del 25 de febrero de 2026 por doña Carolina Fernanda Vega Pérez, en representación de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

III. No se condena en costas a la parte recurrente por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-7515-2026.