Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Pía Gilda Alexandra Balbontín Díaz, abogada, en favor de don nombre reservado, ciudadano de nacionalidad alemana y uruguaya, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber omitido notificar la resolución que prorrogó su residencia temporal, pronunciarse sobre su solicitud de ratificación de residencia y otorgarle certificado de residencia en trámite, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que lo mantiene sin documentación idónea y en incertidumbre sobre su permanencia, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y libertad personal que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Expone que reside en domicilio reservado con visas sujetas a contrato de trabajo y que se desempeña como académico de la Universidad Andrés Bello, donde se adjudicó un proyecto FONDECYT. Agrega que, durante la pandemia, se trasladó a Uruguay y no pudo renovar oportunamente su visa. Luego, a su regreso, inició el trámite de renovación (código 11512496), pagó la multa respectiva y acompañó la documentación exigida, tras lo cual recibió un correo que confirmaba la recepción de su solicitud. Indica que, mediante solicitud de transparencia, el Servicio informó por oficio N° 34035, de 6 de junio de 2024, que por resolución exenta N° 100296, de 14 de diciembre de 2022, se había otorgado una prórroga de residencia temporal por dos años. Sin embargo, tal resolución nunca fue notificada al amparado, quien ha debido entrar y salir del país cada noventa días como turista. Por ello, el 11 de julio de 2025 ingresó la solicitud ID 72314510 de ratificación de residencia temporal, sin que hasta hoy se le haya notificado respuesta ni otorgado certificado en trámite. Sostiene que, como consecuencia, no puede realizar trámites bancarios ni obtener licencia de conducir, que su empleador le ha advertido sobre la continuidad de su empleo y que la dilación ha afectado su salud mental y los planes de su familia.

Afirma que se infringen los artículos 38 y 43 inciso final de la Ley N° 21.325, y vulneración de los principios de celeridad, economía procedimental, contradictoriedad, no formalización e inexcusabilidad de la Ley N° 19.880, en sus artículos 7, 9, 10, 13 y 14, así como del plazo máximo de seis meses de su artículo 27. Invoca, además, el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la protección de la familia (artículo 1° de la Constitución y artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño) y los artículos 5° inciso 2°, 6° y 7° constitucionales.

Sostiene que la falta de notificación, de pronunciamiento y de certificado de residencia en trámite afecta la garantía del artículo 19 N° 2 y 7 de la carta fundamental, al omitirse las normas de la Ley N° 19.880 y generar incertidumbre sobre su situación migratoria y amenazar su ingreso al país.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, se dé respuesta a su solicitud, se le conceda la residencia temporal y se disponga que cuente con documento que acredite su residencia legal, conforme al artículo 43 inciso final de la Ley N° 21.325, con costas.

SEGUNDO: Que la Policía de Investigaciones de Chile evacuó el informe requerido por esta Corte, manifestando que consultado el Sistema de Gestión Policial (GEPOL), el recurrente no registra órdenes de detención, arresto ni arraigo vigentes. Asimismo, indica que, revisada la base de datos B3000 del Ministerio del Interior, consta una solicitud de ratificación de residencia de fecha 11 de julio de 2025.

Por otra parte, sostiene que conforme al artículo 157 N° 5 de la Ley N° 21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia, y determinar su vigencia. En consecuencia, concluye que a la Policía de Investigaciones no le compete resolver sobre tales permisos, de modo que, a su juicio, carece de legitimación para ser recurrida en esta acción.

TERCERO: Que finalmente el Servicio Nacional de Migraciones opuso la excepción de cosa juzgada y, en subsidio, evacuó el informe requerido, solicitando en ambos casos el rechazo del recurso, con expresa condena en costas para el recurrente.

En cuanto a la excepción de cosa juzgada expone que con fecha 28 de octubre de 2025 se dedujo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de amparo en favor del mismo recurrente, rol N° 3862-2025, con idéntico petitorio, esto es, que se adopten las medidas necesarias para que cuente con documento que acredite su residencia legal, conforme al artículo 43 inciso final de la Ley N° 21.325. Dicho recurso fue rechazado por sentencia de la Cuarta Sala de esa Corte y confirmado por la Corte Suprema el 2 de diciembre de 2025, en el rol 49575-2025. Posteriormente, el 25 de febrero de 2026, se dedujo la presente acción, fundada en los mismos argumentos de hecho y de derecho. Invoca los artículos 175 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y, en especial, el artículo 177, y sostiene que ambas acciones se dirigen contra el Servicio, persiguen la tutela del mismo derecho fundamental y piden igual remedio frente a la misma supuesta omisión, siendo además patrocinadas por el mismo abogado.

En subsidio, afirma, en cuanto a los hechos, que el recurrente ingresó al país el 30 de septiembre de 2019 y obtuvo residencia temporaria sujeta a contrato por resolución exenta N° 926, de 26 de septiembre de 2019. Luego, por Resolución Exenta N° 100.296, de 1 de noviembre de 2020, se le otorgó residencia temporaria por actividades lícitas remuneradas, la que no fue materializada por el solicitante. Por ello, el 11 de julio de 2025 pidió su ratificación (ID N° 72314510), solicitud que se encuentra pendiente en etapa de análisis. Añade que no se ha dictado acto alguno que ordene abandono, expulsión o prohibición de ingreso.

Alega que la ratificación de residencia temporal es un procedimiento de inicio a solicitud de parte, regido supletoriamente por la Ley N° 19.880, al carecer de regulación especial en la Ley N° 21.325 y su reglamento. Asimismo, sostiene que el plazo de seis meses del artículo 27 de dicha ley no es fatal, según la jurisprudencia y la Contraloría General de la República. Concluye que, por el tiempo transcurrido, el trámite no está demorado y no existe infracción de ley.

Solicita que se acoja la excepción de cosa juzgada y se rechace el recurso en todas sus partes, con costas, y, en subsidio, que se rechace por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace garantías constitucionales.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que en cuanto a la recurrida Policía de Investigaciones de Chile apareciendo del mérito del recurso que lo que se imputa es la falta de notificación oportuna de la Resolución Exenta N°100296, de 14 de diciembre de 2022, que le otorgó un beneficio de renovación de su residencia temporal y falta de pronunciamiento oportuno de parte de la autoridad respecto de su solicitud de ratificación del beneficio de residencia temporal y teniendo presente que conforme al artículo 157 N° 5 de la Ley N° 21.325 es al Servicio Nacional de Migraciones a quien resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar su vigencia, será desestimado el recurso a su respecto.

SEXTO: Que, previo a entrar al fondo del asunto, la excepción de cosa juzgada interpuesta por el Servicio Nacional de Migraciones será desestimada, por cuanto, si bien ambas acciones cautelares tienen peticiones similares, lo cierto es que la presente también se funda en hechos distintos, esto es, una demora excesiva en la tramitación de la solicitud de ratificación de residencia temporal, cuestión que no formaba parte de lo discutido en el Amparo N°3862-2025 seguido ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

SÉPTIMO: Que en el presente caso las omisiones que se califican de ilegales y arbitrarias, son la falta de la debida notificación de la resolución que prorrogó el permiso de residencia temporal previo y, luego, la falta oportuna de pronunciamiento respecto de su solicitud de ratificación del permiso de residencia que fuera otorgado de manera previa.

OCTAVO: Que respecto de la primera omisión que se reprocha a la autoridad, esto es, la falta de notificación oportuna respecto de la Resolución Exenta N°100296, de 14 de diciembre de 2022, que otorgó un beneficio de renovación de su residencia temporal, de los antecedentes consta que el 28 de junio de 2024 se había dado respuesta a la solicitud de transparencia, en la que se comunicó que se había dictado en el año 2022 la resolución que concedía el beneficio migratorio solicitado, siendo presentada esta acción constitucional recién a principios del presente año 2026.

NOVENO: Que, en cuanto a la segunda omisión denunciada, referida a la falta de pronunciamiento oportuno de parte de la autoridad respecto de su solicitud de ratificación del beneficio de residencia temporal concedido previamente, que se habría efectuado el día 11 de julio de 2025, excediéndose entonces con creces el plazo de 6 meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°1 9.880.

Para resolver se debe consignar que esta Corte comparte el criterio establecido por la Corte Suprema en causa Rol N°13.215-2025, conforme al cual: “Que, además, en relación con una posible infracción al artículo 27 de la Ley N°19.880, al haber transcurrido más de seis meses sin que el Servicio recurrido emita pronunciamiento. Sobre el particular, debe aclararse que lo que ha dicho esta Corte sobre este plazo, es que el mismo no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable. En este sentido, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios.”

Es así como encontrándose únicamente la autoridad migratoria obligada a pronunciarse dentro de un plazo razonable forzoso es concluir que el plazo establecido en el artículo 27 citado no es de carácter falta y teniendo presente que consta en la presente causa que la solicitud de ratificación fue ingresada el 11 de julio del año pasado y la acción de protección presentada el 25 de febrero del presente año, habiendo solamente transcurrido entre ambas fechas un período de tiempo cercano a los siete meses y medio, sin que dicho retardo sea suficiente para entender que la autoridad migratoria ha incumplido su obligación de resolver en un plazo razonable, no existe un actuar ilegal o arbitrario por parte del organismo recurrido, por lo que la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y dirigido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese.

Rol N° 7508-2026