nombre reservado con MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Santiago, diez de abril del año dos mil dieciocho.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Rodrigo Godoy Araya, abogado, en representación de nombre reservado, chilena, soltera, cédula nacional de identidad N° RUT reservado. El que interpone a su favor acción de protección en contra del Ministerio de Educación, por negarse a convalidar y reconocer los estudios de enseñanza media realizados en el extranjero.

Funda su recurso en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho: señala que la recurrente nació en Nicaragua en el año 1972, lugar donde vivió gran parte de su vida, su madre se casó con un ciudadano chileno, y buscando mejores expectativas de trabajo, llegó a Chile en el año 2004. Se nacionalizó chilena en el año 2014. Indica que postuló a un cargo administrativo en el ISP, entidad que le solicitó la validación del certificado de estudios de enseñanza media, concurrió el día 15 de enero del presente año, a las oficinas del Ministerio de Educación, y la funcionaria que la atendió se negó a ingresar la solicitud de reconocimiento de sus estudios superiores en Nicaragua, ya que ese país, no tiene ningún convenio con Chile respecto a esa materia, en esa institución le manifestaron que ese beneficio correspondía sólo para hijos de padres chilenos o hijos de funcionarios internacionales debidamente acreditados en Chile.

Señala que se encuentran vulneradas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2 la igualdad ante la ley y N° 16 que se refiere a la libertad de trabajo y su protección.

Por todo lo expuesto, solicita tener por deducida la acción de protección, acogerla y en definitiva reestablecer el imperio del derecho, ordenando al Ministerio de Educación el reconocimiento y convalidación de los estudios de enseñanza básica y media de la recurrente.

SEGUNDO: Que, comparece nombre reservado, Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación, el que informa el recurso de protección, en los siguientes términos:

Señala que para que proceda el recurso de protección, los derechos tutelados deben ser preexistentes, ya que la acción de protección, no es la vía idónea para resolver controversias y conflictos entre partes. Indica que en la especie, dicha circunstancia no se encuentra acreditada.

En segundo lugar, alega la extemporaneidad de la acción de protección, ya que la recurrente señala un día y hora determinada, en la cual habrían ocurrido los hechos, lo que se deberá justificar que haya efectivamente concurrido ese día, por lo que, no habiendo acompañado la recurrente prueba alguna, carga que le correspondía, se deberá declarar la inadmisibilidad del recurso de protección.

En cuanto al fondo, señala que el obrar de la recurrida se ajusta plenamente a derecho, ya que el DFL N° 2 del año 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del DFL N° 1 del año 2005, el que en su artículo 41 expresa que: “por Decreto Supremo, expedido a través del Ministerio de Educación, se reglamentará la forma como se validará el aprendizaje desarrollado al margen del sistema formal, por experiencia personal o el mundo laboral, conducente a niveles o títulos y la forma cómo se convalidarán los estudios equivalentes a la educación básica o media en el extranjero. Manifiesta que la norma que rige la materia se encuentra en el Decreto Exento de Educación N° 2276 del año 2007, sobre procedimiento para el Reconocimiento de Estudios de Enseñanza Básica, Media Humanista, Científica y Técnico profesional y de modalidad adultos o de educación especial. De acuerdo a lo previsto en esta norma, los procesos de certificación de estudios, corresponden a la convalidación, validación y examinación de estudios. El proceso de convalidación de estudios, es el reconocimiento del nivel o curso realizado en el extranjero, por chilenos o extranjeros que regresen o ingresen al país, conforme a lo dispuesto en los tratados o convenios suscritos por Chile y la normativa especial vigente. La validación de estudios es el proceso, en el cual se le otorga certificación de estudios de un determinado curso o nivel a personas, que habiéndolo solicitado, aprueben la rendición de exámenes de conocimientos o de aplicación práctica de una especialidad como culminación de una tutoría, o como el resultado de un proceso de evaluación formativa, según corresponda a la metodología de validación aplicada. Finalmente la examinación de estudios es el procedimiento a que deben someterse los alumnos que participen en los programas de alfabetización para alcanzar la certificación de estudios realizados. Por su parte, el artículo 7 señala que podrán validar los estudios las personas que no hubieren realizado estudios regulares, que los hubieren efectuado en establecimiento sin reconocimiento oficial o ubicados en el extranjero con los cuales no hubiere Convenio o Tratado vigentes o que no tengan derecho a acogerse a una normativa especial de convalidación de estudios o no quieran someterse a dicho proceso. Dicho proceso tiene dos modalidades, a través de un examen de validación o un proceso de validación. Se indica que el órgano competente para conocer de la referida solicitud de validación es la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente al domicilio del interesado, entidad que designará un establecimiento educacional en la que se rendirá dicho examen.

En consecuencia, la situación planteada por la recurrente, no corresponde a la realidad, por lo que, no se encuentra en ninguna de las hipótesis de la convalidación, por lo que, a su respecto, sólo cabe la validación, y el hecho que ésta posea la nacionalidad chilena desde el año 2014, en nada hace variar su situación para los efectos de validar sus estudios, ya que la hipótesis de la norma es en relación a la nacionalidad de los padres, por lo que, se requiere ser hijo o hija de chileno para convalidar los estudios en el extranjero.

Manifiesta que en la especie, no ha habido vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que, ésta se refiere al sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que, es natural que en una serie de ámbitos la ley pueda hacer diferencias entre grupos, siempre y cuando no sea arbitraria. Y además, la recurrente sólo se limita a efectuar la alegación, sin señalar a persona alguna que se encuentre en idéntica situación, para fundar la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley. Respecto de la segunda garantía denunciada como vulnerada, relativo al derecho a la libertad de trabajo, quedó claro que la Comisión de Estudios de la Constitución, protegió la libertad de trabajo, es decir, el derecho a buscar un trabajo, sin garantizar que se obtenga el pretendido u otro satisfactorio y si la recurrente se encuentra en una situación de vulnerabilidad y desventaja, no es a consecuencia del actuar del Ministerio de Educación.

Por todo lo expuesto, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, resulta indispensable para esta Corte de Apelaciones, antes de entrar al análisis de la cuestión de fondo que plantea el presente recurso, hacerse cargo de un aspecto formal que dice relación con la excepción de extemporaneidad alegada por la recurrida. En efecto, la parte reclamada indica que la recurrente señala un día y hora determinada, en la cual habrían ocurrido los hechos, lo que se deberá justificar que haya efectivamente concurrido ese día, por lo que, no habiendo acompañado prueba alguna, carga que le correspondía, se deberá declarar la inadmisibilidad del recurso de protección.

CUARTO: Que, el acto que se declara ilegal y arbitrario ocurrió el día 15 de enero del año 2018 y el presente recurso fue interpuesto el día 5 de febrero del mismo año, por lo que, se encuentra dentro del plazo de treinta días corridos que señala el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, por lo que, la excepción de extemporaneidad será desestimada por esta Corte de Apelaciones.

QUINTO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto en estos antecedentes. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

SEXTO: Que, en el presente caso, se ha recurrido en contra del Ministerio de Educación, por no acceder a ingresar la solicitud de reconocimiento de sus estudios superiores en Nicaragua, ya que ese país, no tiene ningún convenio con Chile respecto a esa materia y ese beneficio correspondía sólo para hijos de padres chilenos o hijos de funcionarios internacionales debidamente acreditados en Chile. Éstas decisiones, por la naturaleza de las mismas, en general no pueden ser impugnadas a través de un recurso cautelar de emergencia, como en el presente, por lo que, la acción deducida en estos autos es improcedentes.

SEPTIMO: Que, los tribunales de justicia no tienen injerencia en procedimientos administrativos como aquel de que trata estos autos, ya que el derecho administrativo proporciona sus propias herramientas jurídicas, en el caso específico, la recurrente debe solicitar la validación de sus estudios de enseñanza básica y media, cursados en Nicaragua, y cumplir con los requisitos en el Decreto Exento de Educación N° 2276 del año 2007, sobre procedimiento para el Reconocimiento de Estudios de Enseñanza Básica, Media Humanista, Científica y Técnico profesional y de modalidad adultos o de educación especial, la validación de estudios, es el proceso, en el cual se le otorga certificación de estudios de un determinado curso o nivel a personas, que habiéndolo solicitado, aprueben la rendición de exámenes de conocimientos o de aplicación práctica de una especialidad como culminación de una tutoría, o como el resultado de un proceso de evaluación formativa, según corresponda a la metodología de validación aplicada, por lo que, el recurso de protección utilizado en este caso es inidóneo.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, no se configura en la especie los presupuestos exigidos para que la acción de protección prospere, esto es, que exista un acto objetado que sea ilegal o arbitrario, por lo que, el presente recurso debe desestimarse, por no existir un derecho indubitado y no ser ésta acción la vía idónea, y por ende, no es necesario emitir pronunciamiento respecto de la garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por la recurrente en razón de lo concluido precedentemente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 números 2°, 10 y 24° y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por Rodrigo Godoy Araya en representación de nombre reservado en contra del Ministerio de Educación.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la Ministra (S) María Cecilia González Diez.

INGRESO CORTE 7496-2018.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por la Ministra (S) señora María Cecilia González Diez y por la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

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