VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. con INSPECTORA COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE

Santiago, treinta de noviembre de dos mil dieciséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fojas 28 y siguientes comparece ANDRES RODRIGUEZ MORALES, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en su calidad de mandatario judicial y en representación de Viña San Pedro Tarapacá S.A. e interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado en su calidad de Inspectora Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

Relata que con fecha 20 de mayo de 2016, la directiva del Sindicato de Empresas Viña San Pedro presentó un proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo con el propósito de iniciar un procedimiento de negociación colectiva; dando respuesta a dicho proyecto su parte el 3 de junio de este año, formulando, entre otras observaciones, la legalidad de incluir entre los trabajadores que negocian colectivamente a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, señalando que dichas personas no podían negociar colectivamente en atención a que en sus respectivos contratos de trabajo se ha establecido de manera expresa que se encuentran impedidos de negociar colectivamente por encontrarse en la situación establecida en el N°4 del artículo 305 del Código del Trabajo, sin que ninguno de ellos ni la organización sindical hubieren reclamado de ello en el plazo de seis meses que tenían para impugnar dicha circunstancia, conforme a lo establecido en el inciso final del señalado artículo.

Adicionalmente, sostuvo que doña nombre reservado ya no era trabajadora de la empresa atendido que había sido despedida con anterioridad a la presentación del proyecto de contrato colectivo y que al tener la prohibición de negociar colectivamente no la amparaba el fuero de negociación establecido en la ley.

Cuenta que la comisión negociadora de trabajadores formuló objeciones de legalidad a su respuesta, procediendo la recurrida a través de Resolución N°245 de 13 de junio de 2016, que es objeto de este recurso, a rechazar sus observaciones y acogió las objeciones de los trabajadores, ordenando incluir en la negociación colectiva a dichas personas.

Sostiene que la recurrida reconoce la existencia de cláusulas contractuales que establecen expresamente la prohibición de negociar colectivamente, que el plazo para impugnar dicha norma contractual, de seis meses, en todos los casos se encuentra vencido, y no obstante ello, atribuyéndose facultades jurisdiccionales que no tiene, resuelve que aquellos trabajadores pueden negociar colectivamente privando así de eficacia jurídica una cláusula contractual legítimamente pactada, lo que solamente pueden hacer los tribunales de justicia, incumpliendo de esta manera expresamente la ley y vulnerando sus derechos constitucionales de los números 3°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En lo referido a la garantía constitucional del N° 16 del artículo 19, indica que en el inciso 5° de dicho número se contempla la negociación colectiva, la que expresamente se encuentra contemplada con la salvedad de los casos en que la ley expresamente no permita negociar, que sería este caso, por lo que la resolución impugnada estaría vulnerando la garantía constitucional relativa al derecho a negociar colectivamente.

En lo que dice relación con la garantía constitucional del derecho de dominio, del artículo 19 N° 24, sostiene que se le obliga a pactar remuneraciones y condiciones de trabajo que resultan, a su juicio, improcedentes, lo que lesionaría gravemente la garantía señalada.

Nada se desarrolla en el libelo acerca de la afectación de la garantía del N° 3 del artículo 19 constitucional.

Pide se acoja su recurso y se disponga que no pueden negociar colectivamente las referidas personas por estarles contractualmente prohibido.

SEGUNDO: Que, a fojas 120 y siguientes informa la recurrida solicitando el rechazo del recurso con costas.

En primer lugar, alega ser improcedente el recurso pues hace presente que en contra de una resolución administrativa de multa (sic) la ley contempla como recurso natural la reclamación judicial según el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, por tratarse de una decisión del órgano fiscalizador de las normas legales en materia laboral y en directa relación con la reclamación judicial establecida en los artículos 391 y 396 del mismo cuerpo normativo, toda vez que estas dos últimas disposiciones se enmarcan en el Título IX “Del procedimiento judicial en la negociación colectiva”.

En segundo lugar, señala que también es improcedente el recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición y ello por cuanto la resolución recurrida no puede ser tildada ni de arbitraria ni de ilegal, por cuanto fue dictada en atención a las facultades expresamente conferidas por el artículo 505 del Código del Trabajo, disposición legal que tiene la virtud de otorgarle la habilitación jurídica previa y expresa para fiscalizar e interpretar la legislación laboral vigente; la que fue, por lo demás, razonada, argumentada y fundada en Derecho como se aprecia claramente de su texto.

En subsidio de lo anterior, informa respecto de los hechos que motivaron el recurso e indica que en relación a la trabajadora nombre reservado su despido fue efectuado dentro de los diez anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo y en relación a la cláusula contractual que prohibía que negociara colectivamente, esa institución señaló que su función era de Supervisor de Bodega, lo que no se ajusta a las condiciones definidas en el artículo 305 N°4 citado, toda vez que las mismas no le permiten atribuciones decisionales respecto a políticas, procesos productivos o de comercialización, sino solamente le facultan para adoptar acciones a nivel de ejecución de aquellas políticas.

Y en relación a los otros trabajadores, extendiéndose en el informe a la situación –además- de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, según señala se concluyó a partir de lo señalado en sus contratos de trabajo, realizaban funciones de ejecutivo de ventas, supervisores agrícolas, encargado administrativo, electromecánico de suministro y administrativo y en este sentido menciona que su parte a través de Dictamen de 13 de diciembre de 2010 ha señalado que para que un trabajador quede comprendido en la situación del artículo antes mencionado, debe desempeñar cargos ubicados en los niveles jerárquicos altos que les confieran facultades de supervisión o fiscalización de las labores desarrolladas por otros trabajadores de la misma empresa, de manera que no quedan comprendidos aquellos trabajadores que cuentan con atribuciones exclusivamente a nivel de ejecución de políticas y procesos productivos previamente establecidos y que, en consecuencia, tratándose de los trabajadores antes mencionados no se advirtió que las funciones que desarrollaban sean aquellas definidas en el citado artículo.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio solamente de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; esto es, requisito indispensable de la acción cautelar de protección lo constituye la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada;

CUARTO: Que, en atención al conflicto concreto que se ha sintetizado en el considerando tercero, resulta necesario acotar lo impugnado, para los efectos de visualizar si la resolución impugnada sería arbitraria y/o ilegal.

QUINTO: Que, no resulta controvertido que 1) los contratos de trabajo de los trabajadores aludidos contienen cláusulas que los entienden incorporados al supuesto de hecho establecido en el artículo 305 N° 4 del Código del Trabajo; 2) que transcurrió el plazo de seis meses establecido en el inciso penúltimo de la norma legal antes referida, para que los trabajadores reclamaran ante la Inspección del Trabajo de la atribución a algunas de las calidades señaladas en dicho artículo, con el fin de que se declare por ésta cuál es la exacta situación jurídica de éstos, y 3) que hubo una negociación colectiva entre la empresa Viña San Pedro Tarapacá S.A y el Sindicato de dicha empresa.

SEXTO: Que, lo debatido en estricto rigor apunta a la legalidad o ilegalidad de la potestad ejercida por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente a través de la Resolución N° 245, de 13 de junio de 2016, para los efectos de decidir que dichas cláusulas contractuales en el ámbito laboral no se corresponden con las hipótesis fácticas descritas en el mencionado artículo 305 N° 4 del Código del Trabajo y que, como consecuencia, declaró que debía incorporarse a dichos trabajadores al proceso de negociación colectiva.

SÉPTIMO: Que, resulta menester transcribir las disposiciones mencionadas y todas aquellas que ejerzan influencia decisiva para resolver esta cuestión.

En este sentido, el artículo 305 N° 4 del Código del Trabajo señala:

“No podrán negociar colectivamente: 4. los trabajadores que de acuerdo con la organización interna de la empresa, ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, siempre que estén dotados de atribuciones decisorias sobre políticas y procesos productivos o de comercialización.

De la circunstancia de no poder negociar colectivamente por encontrarse el trabajador en alguno de los casos señalados en los números 2, 3 y 4 deberá dejarse constancia escrita en el contrato de trabajo y, a falta de esta estipulación, se entenderá que el trabajador está habilitado para negociar colectivamente.

Dentro del plazo de seis meses contados desde la suscripción del contrato, o de su modificación, cualquier trabajador de la empresa podrá reclamar a la Inspección del Trabajo de la atribución a un trabajador de algunas de las calidades señaladas en este artículo, con el fin de que se declare cuál es su exacta situación jurídica. De la resolución que dicho organismo dicte, podrá recurrirse ante el juez competente en el plazo de cinco días contados desde su notificación. El tribunal resolverá en única instancia, sin forma de juicio y previa audiencia de las partes.

Los trabajadores a que se refiere este artículo, no podrán, asimismo, integrar comisiones negociadoras a menos que tengan la calidad de dirigentes sindicales.”

Es decir, resulta nítido que el supuesto de hecho a que se refiere esta norma en su número 4 es aplicable a “los trabajadores que de acuerdo con la organización interna de la empresa, ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, siempre que estén dotados de atribuciones decisorias sobre políticas y procesos productivos o de comercialización”. De modo que, si bien es cierto tal calidad debe incorporarse al contrato de trabajo para que pueda ejercer el poder negativo que denota, su fiscalización es un deber atendido que la regla general, por imperativo constitucional, es que los trabajadores puedan negociar colectivamente y su excepción, es que no puedan hacerlo.

Del modo en que se viene indicando, la misma norma contempla un procedimiento de reclamación, para los efectos que, dentro del plazo de seis meses, cualquier trabajador pueda requerir de la Inspección del Trabajo respectiva que se pronuncie al respecto, cualificando cuál es la exacta situación jurídica del mismo.

OCTAVO: Que, como la Corte Suprema ha venido sosteniendo en forma reiterada conociendo de asuntos como el planteado, el artículo 2° del Código del Trabajo, junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, además, la de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar en representación del Estado a la Dirección del Trabajo y, por ello, fiscalizar la aplicación de la ley laboral.

En esta dirección, debe anotarse lo establecido en el artículo 505 del Estatuto Laboral, que señala: “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen.

Los funcionarios públicos deberán informar a la Inspección del Trabajo respectiva, las infracciones a la legislación laboral de que tomen conocimiento en el ejercicio de su cargo.”

Esto es, si bien es cierto existe un procedimiento establecido en el artículo 305 citado, para los efectos de reclamar ante la Inspección del Trabajo respectiva con la finalidad que ésta verifique si resulta posible subsumir la situación concreta en que se encuentre un trabajador determinado, en alguno de los supuestos de hecho contemplados en esa norma, no es menos cierto que la disposición legal transcrita en el párrafo anterior atribuye potestades amplias al órgano administrativo Dirección del Trabajo para los efectos de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación correspondiente, por lo que no se divisa que dicha actuación aquí reprochada haya sido ilegal, contraria al ordenamiento jurídico laboral.

Ahora bien, además de lo señalado, debe indicarse que en el contexto del Título II del Libro IV del Código del Trabajo, sobre la presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo, se encuentra el artículo 331 que regula de modo expreso la situación sub lite, prescribiéndose:

“Recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora podrá reclamar de las observaciones formuladas por éste, y de las que le merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones del presente Código.

La reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de recepción de la respuesta. La Inspección del Trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse, contado desde la fecha de presentación de la reclamación.

No obstante, si la negociación involucra a más de mil trabajadores, la reclamación deberá ser resuelta por el Director del Trabajo.

La resolución que acoja las observaciones formuladas ordenará a la parte que corresponda su enmienda dentro de un plazo no inferior a cinco ni superior a ocho días contados desde la fecha de notificación de la resolución respectiva, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la cláusula o el proyecto de contrato, o de no haber respondido oportunamente el proyecto, según el caso.

La interposición del reclamo no suspenderá el curso de la negociación colectiva.

No será materia de este procedimiento de objeción de legalidad la circunstancia de estimar alguna de las partes que la otra, en el proyecto de contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el caso, ha infringido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 306.”

Es decir, existe una norma legal atributiva de potestades específicas al órgano administrativo, para los efectos de que se reclame ante el mismo por no ajustarse las observaciones realizadas por la empresa a las disposiciones del Código del Trabajo, ratificando la conclusión general que antes se expresaba. Decisión que puede ser judicializada conforme al procedimiento general establecido en el artículo 420 letra e) del señalado código.

Lo que se entiende suficiente para desestimar el presente recurso, por improcedente, sin que se estime necesario verificar si acaso ha existido alguna afectación de garantías constitucionales. Solamente debemos expresar que no es eficaz invocar un derecho fundamental, indicando que se ha visto vulnerado y luego no desarrollar de qué manera se ha producido tal afectación; así como tampoco la empresa puede estar invocando como presuntamente afectado el derecho de negociar colectivamente, que precisamente se ha establecido en beneficio de los trabajadores y que, por lo demás, no se encuentra dentro de aquellos protegidos con esta acción constitucional.

NOVENO: Que, en cualquier caso, lo descrito en los razonamientos anteriores se relaciona con derechos que están en discusión, que no son indubitados, que pueden someterse a un procedimiento contencioso, de lato conocimiento y que otorgue a las partes en conflicto la posibilidad de accionar, excepcionarse, rendir sus probanzas, debatir y deducir los recursos que sean del caso, con la finalidad de obtener un pronunciamiento judicial relativo a la legalidad de las potestades ejercidas por el órgano administrativo, lo que como es sabido, no permite esta acción constitucional cautelar de urgencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado a fojas 28 y siguientes, por don ANDRES RODRIGUEZ MORALES, en representación de Viña San Pedro Tarapacá S.A.

Acordada con el voto en contra del Ministro (S) don Pedro Advis, quien estuvo por acoger el recurso interpuesto, atendido que, en su concepto, el artículo 305 del Código del Trabajo establece un plazo de caducidad para reclamar ante la Inspección del Trabajo, con la finalidad que ésta declare cuál es la exacta situación jurídica del trabajador, en términos de si se encuentra en algunos de los supuestos de hecho establecidos en los distintos numerales de dicha norma, lapso que habría transcurrido y que habría tenido la virtud de eliminar este derecho.

Asimismo, estima que el artículo 331 del mismo cuerpo normativo solamente otorga potestades a la Inspección del Trabajo para verificar, dentro de ese procedimiento de objeción de legalidad que se tramita ante ella, cuestiones formales, pero nunca de fondo, como ocurre en el presente caso.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.

N° Protección 74912-2016.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora nombre reservado, e integrada por el Ministro (S) señor Pedro Advis Moncada y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, treinta de noviembre de dos mil dieciséis, autoriza la resolución que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.