Protección contra II Contraloría Regional Metropolitana y en contra de la Dirección General de Cré

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que, recurre de protección nombre reservado, de profesión Administrador Público, en contra de la II Contraloría Regional Metropolitana y en contra de la Dirección General de Crédito Prendario por lo actos ilegales y arbitrarios cometidos por las recurridas que vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, N°2 N°3 y el N°24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho que dan origen al recurso, señala que con fecha 16 de mayo de 2014, ingresó a la Dirección General del Crédito Prendario a cumplir funciones como analista de la Oficina de Planificación y Control de Gestión, dependiente de la Dirección General, siendo calificada en lista N°1, durante los 2 años y medio que se mantuvo en dicha repartición. Posteriormente, con fecha 12 de diciembre de 2016, a través de Resolución Tra N° NUM000, tomada razón por el órgano contralor, se acogió su renuncia voluntaria al Servicio, en razón de que pese a haber sido víctima de acoso laboral, fue sancionada por las recurridas como victimaria.

Como antecedentes previos a los actos vulneratorios, sostiene que fue objeto de proceso sumarial ordenado por la Resolución Exenta N°NUM001-DJ de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección General del Crédito Prendario, teniendo como objetivo investigar los hechos denunciados por doña nombre reservado, que la acusó de conductas constitutivas de acoso laboral. Tramitado el proceso, mediante Resolución Exenta N° NUM002 de fecha 22 de febrero de 2018, de la Dirección General del Crédito Prendario, la Directora (s) ordenó la aplicación de la medida disciplinaria suspensión de tres meses consistente en la privación temporal del empleo con goce de un cincuenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo, dejando constancia de ella en la hoja de vida de la funcionaria mediante una anotación de demérito de seis puntos en el factor que corresponda. Sin embargo, con fecha 15 de marzo de 2018, se ordenó la reapertura del proceso disciplinario, sin que mediare petición de parte, y aun cuando su parte impugnó dicha decisión, lo que extendió aún más la duración del procedimiento y concluyó con una sanción más gravosa. Con fecha 28 de diciembre de 2018, se efectuó la formulación de cargos, en el cual se atribuyen los siguientes cargos:

El primer cargo reprocha: “Infringir la prohibición legal contenida en la letra m) del artículo 84 del DFL N°29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es “Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”, al realizar actos de agresión y hostigamientos reiterados en conjunto con el funcionario nombre reservado en contra de nombre reservado.

El segundo cargo cuestiona lo siguiente: “Infringir prohibición legal contenida en la letra m) del artículo 84 del DFL N°29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es “Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”, al realizar acciones de hostigamiento reiterado, consistentes en ignorarla completamente y realizar actos de hostigamiento, tales como cerrar con llave el mueble de materiales, hostigarla con uso inadecuado de aireacondicionado y denigrarla.

El tercer cargo reprocha: “Infringir prohibición legal contenida en la letra m) del artículo 84 del DFL N°29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es “Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”, consistentes en hacerla sentir rechazada en el grupo de trabajo a través de recomendarle que busque trabajo en otra parte, enviándole avisos de otros concursos.

El cuarto cargo formulado cuestiona: “Infringir la obligación legal contenida en la letra c) del artículo 61 c) del DFL N°29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es “Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”, al mantener un trato prepotente y descortes con el resto de los funcionarios en el contexto del trabajo, consistentes en actitudes impositivas y agresivas.

Señala que oportunamente, su parte evacuó descargos, los que fueron desechados emitiendo la vista fiscal, con fecha 28 de agosto de 2019, proponiendo a la autoridad del servicio la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

Ante esta situación, se dicta la Resolución Exenta N°NUM005-DJ, con fecha 3 de agosto de 2020, en que se determina la referida medida disciplinaria, al estimarse por el referido servicio que la conducta atribuida a esta funcionaria vulnera gravemente el principio de probidad administrativa, rechazando, por consiguiente, toda la argumentación planteada en el procedimiento disciplinario por su parte. Con fecha 3 de agosto de 2020, su parte dedujo recurso administrativo de reposición que fue rechazada con fecha 10 de agosto de 2020, mediante la Resolución Exenta N°NUM006 resolviendo, aplicar la medida disciplinaria de destitución.

En cuanto a la intervención de la recurrida II Contraloría Regional Metropolitana, sostiene que dedujo reclamo ante la Contraloría General de la República por ilegalidad en la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, sin embargo, a través del Dictamen NºNUM003, de 9 de diciembre de 2021, se rechazó la referida reclamación, ratificando, por consiguiente, todo lo obrado previamente por la Dirección General del Crédito Prendario, en orden a señalar que el procedimiento fue legalmente tramitado y que se confirma la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, fundado en que los cargos fueron debidamente acreditados según aparece de las probanzas allegadas al proceso, rechaza la alegación referida a la imprecisión de que adolecerían los cargos, por cuanto de su lectura se desprendería una descripción pormenorizada del comportamiento objetado y de la normativa vulnerada. En tercer lugar, respecto a la proporcionalidad de las sanciones, indica que la ponderación de los antecedentes y la calificación de la gravedad de la transgresión cometida, que da lugar a una sanción disciplinaria, queda entregada a las autoridades de los órganos de la Administración, y agrega que existe casos en que la sanción solo puede ser castigada con una sanción específica fijada por ley, lo que sucede precisamente con las conductas que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa y que atentan la dignidad funcionaria, lo que sucedió en la especie, razón por la cual la sanción de destitución, se encuentra acorde con lo prescrito en el artículo 125 de la Ley N°18.834 El recurrente, señala que atendido el rechazo de la reclamación interpuesta, su parte dedujo recurso de reposición, la que fue rechazada nuevamente mediante dictamen N°NUM004, de 25 de abril de 2022, realizando una fundamentación somera y reiterando los argumentos sostenidos en el dictamen impugnado.

Sostiene que la recurrida tomo razón con alcance de la destitución, sin resolver la reposición deducida por su parte, la que únicamente fue resuelta en forma posterior a la toma de razón, vulnerando lo dispuesto por el artículo 11 inciso 2° y 41 de la Ley N°19.880, que exigen explicitar los motivos fácticos y jurídicos que sustentan una decisión administrativa, para el caso, la toma de razón de la resolución que impuso la medida expulsiva.

El ente de control argumentó ex post, que habría ajustado su actuar a los dictámenes N°68.934-2016 y 28.560-2017, que permitirían tomar razón, supuestamente, considerando las reclamaciones en ese momento, pero haciéndose cargo de contestarlas con posterioridad al control de juridicidad, constatando la existencia de una flagrante vulneración del debido proceso y la igualdad ante la ley que detentan los administrados, mediante la toma de razón con alcance efectuada por la unidad de personal y responsabilidad administrativa de la Segunda Contraloría Regional Metropolitana.

En cuanto a las vulneraciones cometidas por la Segunda Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, señala que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las sanciones, por cuanto la discrecionalidad administrativa está sujeta a límites que restringen el actuar de aquella, entre los cuales se encuentra la razonabilidad, la proporcionalidad, la probidad, la juridicidad y los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los que han sido vulnerados en el proceso sumarial. En segundo lugar, señala que existió una falta de consideración de la circunstancia modificatoria de responsabilidad de la irreprochable conducta anterior, en relación con la aplicación del principio de proporcionalidad de las sanciones, que no fue considerada como atenuante al momento de imponer la sanción.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, sostiene que se han perjudicado su derecho a la vida e integridad física y psíquica, su derecho a la igualdad, y el derecho a propiedad, sin embargo, específicamente en cuanto a la vulneración del debido proceso sostiene que ha sido específicamente dañado en cuanto a cuatro aspectos.

El primero de ellos, dice relación con la configuración del decaimiento como forma de extinción de acto administrativo. Expone que si bien la Ley N°19.880 no regula explícitamente el decaimiento, su aplicación en nuestro sistema jurídico se deduce de diversas normas generales que gobiernan el Derecho Público, como es el artículo 11 inciso 2° de ese texto legal, que alude al motivo de los actos administrativos, en los cuales la excesiva tardanza en concluir un determinado procedimiento administrativo, que dio lugar a un acto terminal, constituye una circunstancia sobreviniente de tipo jurídico, porque con ello se infringen diversos principios que gobiernan todo procedimiento, y en cuya virtud dicho acto final se torna ilegítimo, en este caso, el acto administrativo sancionatorio que aplica la sanción de destitución, por la excesiva dilación injustificada. De lo expuesto se advierte que existe una excesiva duración en la tramitación del sumario administrativo instruido en estos autos, que supera latamente el plazo de dos años establecido por la Excma. Corte Suprema, al extenderse desde el día 15 de marzo de 2015, en que se instruye, hasta el día 20 de julio de 2020, en que se dicta la resolución de término en DICREP, en que se produjo la dictación del acto administrativo sancionador, que dispuso aplicar la medida disciplinaria de destitución, mediante la Resolución Exenta N°NUM005.

En segundo lugar, señala que se vulneró el derecho a una decisión fundada, el derecho al debido proceso también importa la vigencia y aplicación del principio de motivación de los actos administrativos, como, asimismo, del principio de impugnabilidad de los actos, los que han sido severamente vulnerados durante la tramitación del anotado procedimiento disciplinario.

Como tercer aspecto señala que en el proceso sumarial existió multiplicidad de fiscales, lo que ha sido históricamente reprochado por el organismo de control, sin embargo, a partir del 26 de septiembre de 2018, hubo dos fiscales simultáneos para el proceso sumarial, los cuales compartían e intercambiaban rol de fiscal y actuario. En cuarto lugar, sostiene que se ha afectado el principio de Non Bis In Idem, ya que si bien existe un solo hecho fundante del procedimiento disciplinario, consistente en una presunta conducta de acoso laboral, se han formulado cuatro cargos distintos sustentados en normativas que cautelan un mismo bien jurídico, y por otro lado ha servido para que existan dos sanciones en un mismo procedimiento, y se considere la destitución automáticamente sin mediar circunstancias atenuantes.

Atendido el mérito de lo expuesto solicita se acoja el recurso, disponiendo; Se declare el decaimiento del procedimiento administrativo; En subsidio, se ordene a la Contraloría General de la República representar la ilegalidad de la sanción administrativa y del sumario administrativo, que se sirva ordenar retrotraer al momento procesal en que se ajuste a derecho el procedimiento administrativo disciplinario y se disponga de la absolución o de una sanción proporcional; Alternativamente, que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada, disponiendo de la absolución de la recurrente o de una sanción administrativa proporcional y se dicte el correspondiente acto administrativo fundado y ajustado a derecho u otra medida pertinente.

SEGUNDO: Que, informa la Contraloría General de la República, solicitando el rechazo del recurso, argumentando en primer lugar la Falta de legitimación pasiva por cuanto en la especie, la recurrente presentó el reclamo contemplado en el artículo 160 de la ley N° 18.834, respecto de la resolución N° 301, de 2020, de la Dirección General del Crédito Prendario, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución. Entonces si bien la recurrente formalmente impugna los oficios N°s NUM003, de 2021, y NUM004, de 2022, de la Contraloría Regional, de la lectura del libelo se advierte que la actuación que eventualmente podría afectar las garantías constitucionales que invoca es la resolución N° NUM006, de 2020, de la DICREP, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la actora en contra de la resolución N° NUM005-DJ, de 3 de agosto de 2020, y se le aplicó la medida disciplinaria de destitución por la responsabilidad que le asiste en los hechos investigados en el sumario administrativo instruido por esa repartición. Asimismo, lo solicitado es que se revierta la supuesta falta de proporcionalidad de la medida de destitución impuesta, considerando que su parte no le correspondió aplicar la sanción disciplinaria, de modo que la presunta perturbación de los derechos fundamentales que alega la actora es producto de la actuación de la DICREP y no de la dictación de los aludidos oficios de esta Contraloría Regional.

Asimismo, alega la improcedencia del recurso de protección en contra de un sumario administrativo, por cuanto, el recurso de protección no es la vía idónea, ya que la actora pretende impugnar la sustanciación del sumario en que se dictó la resolución que impuso la aludida sanción expulsiva en su contra, discutiendo y controvirtiendo el resultado del procedimiento disciplinario instruido a su respecto, sin embargo, en la especie, la determinación de la responsabilidad administrativa, el análisis de los antecedentes y la ponderación de la sanción aplicable, son trámites que requieren de discusión y prueba, los cuales ya fueron objeto del procedimiento disciplinario que se impugna, en el que la actora ejerció los medios de defensa que le otorga la normativa que lo regula.

En otro orden de ideas, señala la ausencia de arbitrariedad e ilegalidad, en la medida que su representada actúo dentro del ámbito de su competencia, efectuando para ello un análisis razonado del sumario administrativo instruido por el citado servicio, de las actuaciones practicadas por éste y de las alegaciones de la recurrente, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que regula la materia.

En cuanto a la toma de razón, señala que habiéndose determinado por el Organismo de Control, luego de un acabado estudio del expediente del sumario administrativo respectivo y de la resolución N° NUM006, de 2020, de la DICREP, que lo afina, que dicho acto administrativo se ajustó a derecho, se procedió a su toma de razón con alcance, mediante el oficio ES N° NUM007, de 2021, indicando que el Servicio deberá comunicar a la Entidad de Control la data de la notificación de la aludida resolución N° NUM006, de 2020, a fin de computar el plazo del impedimento de ingreso a la Administración del Estado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 12, letra e), de la ley N° 18.834.

Al respecto, es importante indicar que, mientras el Órgano de Control no tome razón del acto, éste no se encuentra afinado, de manera que no produce efectos ni menos puede causar agravio alguno, razón por lo cual solo a contar de dicho supuesto procede que esta Contraloría se avoque a resolver la reclamación de ilegalidad planteada por la recurrente, la cual fue atendida mediante el oficio N° NUM003, de 2021. Por el contrario, si la interposición de reclamaciones de ilegalidad contra actos cuya toma de razón se encuentra pendiente implicaran la suspensión de dicho trámite mientras se resuelve la reclamación, aquello significaría introducir una distorsión indeseada en nuestro modelo institucional al pretender paralizar el control de legalidad que ejerce la Contraloría General de la República, trámite esencial para que los actos de la Administración del Estado puedan producir sus efectos, afectándose con ello el normal y correcto funcionamiento de los distintos servicios públicos, lo que, no puede ser amparado por esta Corte.

Finalmente, en cuanto a las supuestas vulneraciones cometidas por los oficios de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago que impugna, señala que no se constató irregularidad alguna en el procedimiento ni arbitrariedad en la decisión de la DICREP la medida expulsiva aplicada a la recurrente le fue impuesta conforme al mérito del proceso en comento, el cual fue legalmente substanciado, y en cuyo desarrollo se acompañaron los elementos probatorios suficientes para que la autoridad determinara los hechos imputados como faltas graves al principio de probidad.

TERCERO: Que, informa nombre reservado, por la Dirección General del Crédito Prendario, quien en primer lugar da cuenta de antecedentes de hecho y administrativos ya reseñados en el recurso. En segundo lugar, niega haber incurrido en ilegalidad del acto objeto del recurso, adhiere a lo señalado por la recurrida Contraloría General de la República y niega la vulneración de garantías fundamentales, solicitando el rechazo del recurso.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

SEXTO: Que el recurrente reclama como ilegal y arbitrario, el actuar de las recurridas, relacionado con la tramitación de sumario administrativo ante la Dirección Nacional del Crédito Prendario, que culminó con la Resolución Exenta N°NUM005-DJ de 3 de agosto de 2020, en que se determina la medida disciplinaria de destitución, que a su vez, fue objeto de recurso de reposición, el que fue rechazado el 10 de agosto de 2020 mediante la Resolución Exenta N°NUM006, además de la extinción del acto administrativo por decaimiento. Por su parte respecto de la II Contraloría Regional Metropolitana, se denuncia haber tomado razón de la destitución, encontrándose pendiente el pronunciamiento del Dictamen NºNUM003, de 9 de diciembre de 2021, que rechazó su recurso reclamación. Y además se reclama el dictamen N°NUM004, de 25 de abril de 2022, emitido por la recurrida en que rechaza el recurso de reposición posterior.

SEPTIMO: Que, en primer lugar, es necesario precisar que la recurrente fue objeto de proceso sumarial iniciado en el mes de diciembre del año 2015, el que en una primera etapa cerró la investigación sumaria y propuso en la vista fiscal de 30 de octubre de 2017 la medida disciplinaria de suspensión de tres meses con privación temporal del empleo y goce de un 50% de las remuneraciones.

Sin embargo, posteriormente y atendido la gravedad de los hechos denunciados con fecha 15 de marzo de 2018, se ordenó reabrir el proceso disciplinario, el que culminó con la destitución de la recurrente con fecha de 3 de agosto de 2020 mediante la Resolución Exenta N°NUM005-DJ.

OCTAVO: Que, en definitiva la recurrente pretende objetar por esta vía, el resultado de un proceso de investigación sumaria de larga data tramitado por la Dirección General de Crédito Prendario, en el cual participó activamente, presentando sus descargos, declarando, aportando pruebas y respecto del cual agotó los recursos administrativos específicos establecidos en la ley.

I.-En cuanto a la falta de legitimación.

NOVENO: Que, por su parte la Contraloría General de la República, alegó la falta de legitimación pasiva, argumentando que si bien la recurrente formalmente impugna los oficios N°s NUM003, de 2021, y NUM004, de 2022, de su lectura se advierte que la actuación que en realidad denuncia como vulneratoria es la resolución N° NUM006, de 2020, de la DICREP, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la actora, manteniendo la sanción de destitución.

DÉCIMO: Que, en torno a la alegación de falta de legitimación, cabe señalar que el recurso de protección dice relación con el actuar de la Contraloría General de la República, en el uso de su facultad revisora y de control. Por cuanto, las alegaciones de la recurrente, a su respecto, están vinculadas a dos aspectos, en primer lugar respecto de la toma de razón del acto administrativo encontrándose pendiente un recurso deducido ante la misma autoridad; y en segundo lugar, se impugna lo relativo a la dictación de las resoluciones N°s NUM003, de 2021 y NUM004, de 2022, que habrían infringido el deber de fundamentación, el debido proceso y la igualdad ante la ley, en relación al principio de proporcionalidad y falta de consideración de circunstancias atenuantes.

UNDECIMO: Que, al tenor de lo expuesto en el considerando precedente, es menester rechazar la falta de legitimación pasiva deducida por el órgano contralor, en razón de que el presente recurso guarda directa relación con su actuar como órgano de control y de las resoluciones dictadas en el ámbito de su competencia, razón suficiente para descartar la referida alegación.

II.- En cuanto al fondo.

DUODECIMO: Que, en su artículo 98, otorga a la Contraloría General de la República como organismo autónomo, la facultad de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración, a través de la toma de razón de los mismos, o representando la ilegalidad de que puedan adolecer.

A su vez, la ley N° 10.336 y sus modificaciones, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, previene que corresponde a ésta, el control de todos los Servicios Públicos creados por ley, tomando razón de las resoluciones de los Jefes de Servicio o representando su ilegalidad, reglando la formalidad y plazos que deben observar en dichos trámites, velando además por el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo.

DÉCIMO TERCERO: Que consecuentemente, la recurrida al pronunciarse, a través de las resoluciones N°NUM006 13/10/21, Nº NUM003 / 2021 y Nº NUM004 / 2022 lo ha hecho conforme a sus facultades fiscalizadoras y de control, rechazando los recursos interpuestos por la recurrente, respecto de la decisión contenida en la Resolución Exenta N°NUM005-DJ, de 3 de agosto de 2020 dictada por la Dirección General del Crédito Prendario -la que no es motivo de esta acción, en forma directa- mediante la cual se determinó la medida disciplinaria de destitución de doña nombre reservado.

DÉCIMO CUARTO: Que de acuerdo lo reseñado precedentemente, la Contraloría, al actuar en el ejercicio de sus potestades y competencias establecidas en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y en su Ley Orgánica N° 10.336, y normativas legales, ya reseñadas, no ha incurrido en una actuación arbitraria, esto es, antojadiza, caprichosa o contraria a la razón, como lo representa la recurrente, así como tampoco ilegal.

DÉCIMO QUINTO: Que, asimismo, y como se advirtió en el motivo octavo, lo que en el fondo se solicita por la recurrente, implica pronunciarse respecto de una situación en la que se encuentran involucrados derechos que fueron objeto de un proceso administrativo, legalmente tramitado, lo que resulta del todo inconducente por esta vía cautelar, la que por su naturaleza, no constituye una instancia declarativa, sino que requiere que el derecho que se estima amagado y cuya protección se reclama, tenga el carácter de indubitado, lo que, en la especie, no concurre, excediendo, por lo tanto, el ámbito de esta especial acción constitucional.

DÉCIMO SEXTO: Que, en cuanto al actuar de la Dirección del Crédito Prendario, y tal como se ha dicho precedentemente, atendida la finalidad de la recurrente en orden a impugnar una medida disciplinaria adoptada en un proceso sumarial que se encuentra afinado, es necesario concluir que la acción de autos no es la vía idónea para tales efectos, por cuanto no ha sido creada para la solución de conflictos que se encuentran sometidos a normas y procedimientos establecidos por ley.

DÉCIMO SEPTIMO: Que, consecuentemente, y como se ha venido relacionando, no habiéndose producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional por las recurridas, ya sea mediante su aplicación en forma ilegal o arbitraria como lo sostiene la actora, y no habiéndose incurrido en actuación arbitraria, esto es, de manera antojadiza, caprichosa o contraria a la razón, ni en ilegalidad, como se reprocha, sino que por el contrario, emitida conforme a las legítimas atribuciones del ente contralor y fiscalizador de legalidad de los actos de la administración del Estado, resulta entonces dable concluir que no se han conculcado las garantías constitucionales por las que se ha recurrido de protección.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en cuanto al decaimiento de acto administrativo, es preciso destacar que el criterio básico para asentar el decaimiento del procedimiento administrativo no sólo se relaciona con el transcurso del tiempo, sino que el eje esencial se relaciona la falta de eficacia del acto en virtud de la demora en la decisión afecta el contenido jurídico del procedimiento administrativo transformándolo abiertamente en ilegítimo, determinando que éste se torne inútil, cuestión que no es aplicable en la especie puesto que nos encontramos con una denuncia de acoso laboral, cuyos efectos han persistido en el tiempo para la denunciante, acreditándose en el proceso administrativo las consecuencias sufridas por la víctima de dichos hechos. Por lo demás, atendida la gravedad de los hechos, la prueba rendida, la investigación efectuada respecto de dos funcionarios, quienes durante todo el proceso hicieron uso de los derechos y prerrogativas conferidas por la ley, necesariamente implicaron una dilación del proceso que permitió, la rendición de prueba, la incorporación de antecedentes y la expedita y activa intervención de los investigados en el proceso.

La aplicación de la tesis contraria, implicaría una vulneración al debido proceso, no sólo de los funcionarios acusados, sino también respecto de la funcionaria denunciante que realiza la acusación con una legítima expectativa de obtener un acto terminal, pese a la complejidad del asunto, a la rendición de abundante prueba y al uso de los recursos administrativos.

DÉCIMO NOVENO: Que, atendido lo expuesto precedentemente, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías fundamentales de la recurrente.

VIGÉSIMO: Que, así las cosas, el recurso en estudio, no puede prosperar, debiendo desecharse.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la II Contraloría Regional Metropolitana y en contra de la Dirección General de Crédito Prendario.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministro señora Duran Madina N°Protección-74804-2022.