nombre reservado con BANCO SANTANDER - CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veinituno de enero de dos mil veintiuno.

Al folio N° 21: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Banco Santander Chile, representado por don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en la negativa a otorgarle tarjeta de crédito y línea de crédito, todo lo cual lo vulnera en ámbitos resguardados por las garantías fundamentales de los números 2, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que es cliente del Banco recurrido desde su época universitaria, y que en febrero de 2012 tuvo una deuda en los productos adicionales contratados, la que regularizó en marzo del año siguiente, por lo que habiendo transcurrido más de siete años de esa situación, y considerando que en la actualidad cuenta desde hace más de dos años con un contrato de trabajo indefinido, solicitó el pasado 21 de julio de 2020 a su ejecutivo bancario el otorgamiento de una tarjeta de crédito y línea de crédito, acompañando los documentos respectivos, lo que fue rechazado vía correo electrónico, atendido su comportamiento de pago en el sistema en años anteriores. Agrega que, ante tal decisión, reclamó por la página web del Banco, recibiendo la misma respuesta el 27 de julio pasado, y que, frente a una tercera insistencia, se le indicó que la causa del rechazo era el incumplimiento del nivel de aprobación previsto en los análisis de riesgo del Banco Santander, dado que la operación planteada presentaba una elevada probabilidad de incumplimiento conforme a los modelos predictivos de dicha entidad.

Afirma que no tiene morosidades publicadas en los boletines comerciales, destacando que en 2016 inició un procedimiento de liquidación voluntaria conforme la Ley 20.720, en la causa Rol C-9644-2016 del 10º Juzgado Civil de Santiago, que tuvo resolución de término 17 de diciembre de 2018.

Acusa que lo anterior conculca a su respecto el derecho de igualdad ante la ley y el derecho a la honra y a la protección de la vida privada y de los datos personales, y su derecho de propiedad para actuar en el área crediticia y obtener financiamiento bancario, cumpliendo en la especie con todos los requisitos exigidos por el mismo recurrido para obtener los productos solicitados, por lo que pide a esta Corte que acoja el presente arbitrio, ordenando al Banco Santander eliminar o cancelar los datos históricos, comunicando lo resuelto a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que fiscalice el cumplimiento de lo dispuesto a las distintas entidades bancarias y de crédito del país, y que se dé lugar a la apertura de la tarjeta de crédito y línea de crédito solicitadas, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informó el Banco Santander Chile S.A., solicitando el rechazo del presente recurso, con costas, en primer lugar, pues sostiene que actualmente no mantiene registro alguno de deudas del recurrente directas o indirectas, vencidas o no vencidas, castigadas o no castigadas, ni protesto que diga relación ni con el Banco ni con el sistema financiero.

En segundo término, plantea no es posible obligar al Banco a suscribir un contrato por la vía del recurso de protección, pues no existe un derecho indubitado del actor, ya que el artículo 69 N° 1 de la Ley General de Bancos, faculta a las instituciones bancarias para abrir y mantener cuentas corrientes a sus clientes, siempre que cumplan con las condiciones objetivas de contratación entre las que se establece la existencia de garantías suficientes, determinadas en la política de riesgos del Banco Santander, lo que en la especie no ocurre con el recurrente, agregando que no existe una obligación de parte del Banco de acreditar el no cumplimiento de una condición, pues los antecedentes que utiliza para analizar estas solicitudes se encuentran debidamente regulados por el Decreto Supremo Nº 950 del Ministerio de Hacienda de 1928 y por la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada de las personas, basadas principalmente en antecedentes que se obtienen del Boletín de Informaciones Comerciales o Boletín Comercial, que es un banco de datos de información económica, financiera, bancaria o comercial, administrado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G., la que efectúa sus publicaciones en cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias, de manera tal que no existe afectación alguna de las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que, a su turno, informó la Cámara de Comercio de Santiago A.G., haciendo presente que el recurrente no registra anotación alguna ni en el Boletín de Informaciones Comerciales y tampoco en el Sistema de Morosidad Financiera-Comercial Consolidada (INFOCOM), ambos bancos de datos de carácter personal que dicha entidad administra, acompañando al efecto un certificado de antecedentes comerciales correspondiente al protegido.

Cuarto: Que, finalmente, evacuó informe la Comisión para el Mercado Financiero, señalando que en el cumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley General de Bancos, en cuanto a mantener información permanente y refundida sobre los deudores de los bancos y los saldos de sus obligaciones referidas a un mes determinado, para el uso de las instituciones sometidas a su fiscalización, lo que se traduce en el Estado de Deudores, el cual sólo contiene una consolidación mensual de la información que envían las propias instituciones fiscalizadas, y que sólo es puesto a disposición de las entidades informantes y del propio interesado a solicitud, aclara que el recurrido está siendo informado con deudas al 30 de septiembre de 2020 por Promotora CMR Falabella S.A. y Servicios Financieros y Administración de Créditos Comerciales S.A.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la presente acción cautelar.

Sexto: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información aportada por las partes, aparece de manera evidente que, el asunto materia de autos excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En este sentido, y como corolario de la acción, el recurrente pide como medidas cautelares a esta Corte, primero, que obligue al Banco Santander a que elimine los datos históricos de deudas que mantendría a su respecto, y segundo, que derechamente disponga el otorgamiento de los productos crediticios que le fueron negados, en circunstancias que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. En efecto, no se trata de un juicio declarativo, como parece entenderlo el recurrente, reclamando por esta vía aspectos propios de discusiones de fondo, que buscan establecer la existencia o no de obligaciones contractuales, que no pueden ser dilucidadas por medio de esta acción cautelar, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes y no cuestionados, se vean afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente.

Séptimo: Que, de lo expuesto, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder, toda vez que este proceso y con el mérito a los argumentos esgrimidos en los motivos anteriores, fluye que el recurrente carece un derecho indubitado y preexistente al efecto, considerando además que aparecía con deudas vigentes en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero, a la época de su informe.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y artículos 1, 3 y 7 del Auto Acordado que regla la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Banco Santander Chile.

Regístrese y comuníquese.

Protección Nº 74.794-2020.