Protección contra DIRECCIÓN DEL TRABAJO

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Gonzalo Ignacio Ramírez González, abogado, en representación de la sociedad Layner SpA (en adelante a esta última se le denominará indistintamente la “Empresa”), ambos con domicilio en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de DIRECCIÓN DEL TRABAJO, con domicilio domicilio reservado.

Expone, que el 6 de agosto pasado, la Empresa tomó conocimiento que la recurrida informó como ejecutoriada las multas 1662/19/001-1, 2, 3, 4, y 5, por 40 UTM, 60 UTM, 40 UTM, 60 UTM y 60 UTM respectivamente. Sin embargo, dichas multas a la fecha de la interposición de este recurso, no se encontraban ejecutoriadas, ya que a esa fecha existía debate sobre ellas ante la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 79.419-2020. En ese sentido, alega que las multas fueron cursadas por la Inspección del Trabajo Provincial de Ranco y fueron objeto de reclamación administrativa, la cual fue rechazada mediante Resolución 67 de dicha institución. Ante ello, se interpuso reclamación ante el Juzgado de Letras y Garantía de La Unión, dando origen a la causa Rit I-8-2019, en donde se resolvió rebajar parcialmente las multas, lo que generó la interposición de un recurso de nulidad ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, en donde se acogió ese recurso. Ante dicha decisión, la recurrente agrega, que interpuso recurso de Unificación de Jurisprudencia ante la Excma. Corte Suprema, en donde la Inspección del Trabajo Provincial de Ranco se hizo parte e incluso formuló peticiones concretas. En las anteriores circunstancias, se apoya la recurrente para señalar que las multas no se encontraban ejecutoriadas al momento de la presentación del recurso, por lo cual agrega que informar las mismas como tal, le genera un grave perjuicio patrimonial.

En razón de lo expuesto, la recurrente expresa que el 6 de agosto pasado solicitó a la recurrida que las multas fueran dadas de baja del sistema, mientras no se encontraren ejecutoriadas, ello mediante correo electrónico, del cual señala que no hubo respuesta.

Agrega, que el hecho de que el actor se encuentre con un F-30 con multas informadas y no pagadas, se traduce en que dicha empresa no puede facturar ni ejercer cobros respecto de instituciones del Estado, las cuales en concreto corresponden a cerca del 90% de la facturación de la Empresa, como asimismo el figurar con un F-30 en estas condiciones, bloquea a la recurrente como sujeto de crédito financiero y tampoco la faculta para operar con las distintas compañías de factoring. En síntesis, concluye que la recurrida, por medio de su actuar ilegal y arbitrario, ha informado como ejecutoriadas multas que aún no cumplen con tal requisito y con ello en definitiva se vulneran las garantías consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En razón de lo expuesto, solicita se acoja el recurso y se resuelva que las multas 1662/19/001-1, 2, 3, 4, y 5, por 40 UTM, 60 UTM, 40 UTM, 60 UTM y 60 UTM respectivamente, no pueden ser informadas como ejecutoriadas mientras esto último no acontezca, con expresa condena en costas.

Segundo: La recurrida Dirección de Trabajo evacua informe, solicitando el rechazo del recurso, con costas, alegando lo siguiente:

La improcedencia del recurso, toda vez que el acto administrativo impugnado es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios. Expone, respecto a la arbitrariedad, que la resolución de multa N°1662/19/001.1.2.3.4 y 5, tiene su fundamento en un proceso judicial laboral debidamente tramitado, según consta en la causa Rol Corte N°347-2019, de la Ilustre Corte de Apelaciones de Valdivia. A su vez, esa Corte de Apelaciones con motivo de un recurso de unificación de jurisprudencia presentado por la recurrente de protección en relación con lo mismo, lo declaró admisible por resolución de fecha 13 de julio de 2020, señalando que ello no suspende los efectos del acto, esto en atención a lo dispuesto en el articulo 483 A del Código del Trabajo. Respecto de la ilegalidad invocada, agrega que la ejecución de las multas N°1662/19/001.1.2.3.4 y 5, de fecha 2 de enero de 2019, cursadas por la Inspección Provincial del Trabajo del Ranco, se basan en lo resuelto por la Ilustre Corte de Apelaciones de Valdivia, la que conociendo del recurso de nulidad según consta en la causa Rol Corte N°347-2019, dicta sentencia de remplazo de fecha 22 de junio de 2020, rechazando en todas sus partes la reclamación deducida por Layner SpA (EX EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES AMARA POLA nombre reservado SALINAS E.I.R.L.), y que pronunciándose respecto del Recurso de Unificación de Jurisprudencia, por resolución de fecha 13 de julio de 2020, rechaza la solicitud del recurrente respecto a la suspensión de la ejecución de lo resuelto.

Además, la recurrida alega la inexistencia de garantías constitucionales conculcadas, indicando que no es posible sostener que la Dirección del Trabajo haya provocado alguna privación, perturbación o amenaza por establecer una diferencia arbitraria o ilegal en la protección de los derechos de la recurrente, o haber afectado el derecho de propiedad de la misma en el caso en particular, en atención que el actuar se basa en un proceso judicial especifico y en una resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que se pronuncia específicamente sobre el particular en atención a normativa expresa.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que en lo pertinente, tratándose en este caso de una multa, cuya aplicación a la fecha de interposición de este recurso se encontraba controvertida mediante la presentación de un recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral, en el articulo 483 A, inciso 5°, del Código del Trabajo, se dispone:

“La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicta si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a efecto tal resolución mientras la parte vencedora no rinda fianza de resultas a satisfacción del Tribunal. El recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.

El tribunal a quo, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere el inciso anterior. En contra del tal resolución no procederá recurso alguno”.

Quinto: Que en relación con el antes referido recurso de unificación de jurisprudencia, consta en la tramitación en la Excma. Corte Suprema que en causa Rol 79.419-2020, mediante sentencia de 7 de octubre de 2020, se resuelve declarar inadmisible dicho recurso.

Sexto: Atendido lo expuesto en el considerando precedente, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados, ni tampoco medida que, deba adoptarse, para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente.

Séptimo: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso de protección deducido en representación de la sociedad Layner SpA en contra de Dirección del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del abogado integrante Sr. F. Ovalle.

N°Protección-74.609-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por el Abogado Integrante señor Francisco Javier Ovalle Aldunate. No firman la Ministra señora nombre reservado ni el Abogado señor Ovalle por encontrarse ausentes.