nombre reservado con ADM. DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A.

C.A. de Santiago Santiago, trece de enero de dos mil veintiuno.

A los folios 25 y 26; a todo, téngase presente VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Vistos:

Primero: Que, comparece don Pablo Hernán Medel Fuenzalida, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, operario, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, operario, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, operario, domiciliado en domicilio reservado y don nombre reservado, operario, domiciliado en domicilio reservado y en contra de la Dirección del Trabajo servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, representada legalmente por su Directora, doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, comuna de Santiago y la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; por el acto arbitrario e ilegal consisten en el no pago del complemento de remuneración en razón de haber operado el pacto de reducción de jornada laboral, actuación que vulnera la garantía del artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

Expone que los recurrentes son empleados de la empresa EPS Molduras Ltda., y el 26 de abril de 2020, a través la plataforma web dispuesta de la Dirección del Trabajo, suscribieron -en virtud de lo dispuesto por los artículos 7 y 8 letra d) de la Ley Nº21.227 sobre Acceso a Prestaciones del Seguro de Desempleo en Circunstancias Excepcionales- el pacto de reducción de jornada laboral con su empleador.

El acuerdo quedó registrado con el código KBQLLKEENNQD y luego fue remitido al AFC Chile, registrándose la solicitud bajo los números 10001361, 10003840, 10004294 y 10004617.

Los pactos de reducción de jornada laboral comenzarían a operar desde el 01 de mayo de 2020, reduciéndose la jornada en un 50% por un plazo de máximo de 5 meses.

Posteriormente y debido a la compleja situación económica, el 01 de junio de 2020 los recurrentes y la empresa acordaron la suspensión de la relación laboral.

Respecto del pacto de suspensión de la relación laboral, los recurrentes han percibido correctamente las prestaciones correspondientes, sin embargo, respecto del pacto de reducción de la jornada laboral, cuya vigencia se extendió entre el 01 de mayo y el 01 de junio, los recurrentes no han percibido las prestaciones que debían ser enteradas por la AFC.

Agrega que el 09 de junio el representante de la empresa envió un correo a la dirección del trabajo, consultando por el estado del trámite de reducción de la jornada laboral, el 10 de junio le fue respondido el correo electrónico indicándole que se encontraban tramitando la solicitud. El 18 de junio se reitero el correo electrónico sin obtener respuesta. Indica que recién en julio del 2020, los pactos de reducción de jornada fueron aprobados, según consta en la página web de la Dirección del Trabajo, sin embargo, el 15 de julio la AFC. Informó al empleador que los pactos de reducción de jornada habían sido rechazados.

Alega que la resolución que rechaza los pactos de reducción de jornada, desconoce el hecho que, el pacto de reducción y el de suspensión, tienen distinta fecha de suscripción de modo que el primero comenzaba su vigencia el 01 de mayo de 2020 y expiraba el 01 de junio de 2020, al comenzar a regir el pacto de suspensión de la relación laboral.

Respecto de la Dirección del Trabajo reclama negligencia en la tramitación, lo que a su vez generó que la AFC rechazara el pacto. Respecto de esta última, sostiene que ha actuado de forma arbitraria e ilegal, puesto que la ley no impide que, existiendo un pacto de reducción de jornada, luego se pacte la suspensión de la relación laboral, en el mismo sentido no hay un impedimento para que se pague la prestación relativa a la reducción de la jornada y luego se continúe con el pago correspondiente a la suspensión de la relación laboral.

En relación con la garantía constitucional conculcada, señala que es claro el detrimento patrimonial que ha significado para los recurrentes dejar de percibir una parte de su remuneración debido a la negativa del AFC de enterar el monto.

Solicita que se ordene a las recurridas entregar información sobre el estado de la solicitud de reducción de la jornada laboral y que se le ordene a la Administradora de Fondos de Cesantía pagar el complemento correspondiente a los recurridos.

Segundo: Que se solicitó informe a la Administradora de Fondos de Cesantía la que, en un primer informe, señala que se encuentra realizando la coordinación con la Dirección del Trabajo para obtener la información de los recurrentes. Posteriormente, informa que se ha dispuesto el pago del beneficio a los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado para el día 15 de octubre, mientras que nombre reservado, recibirá su pago el 12 de noviembre. Por último, acompaña los certificados de pago de cada uno de los recurrentes.

Tercero: Por su parte la Dirección del Trabajo, solicita el rechazo del recurso por estimar que ha perdido oportunidad.

Funda su petición en que el 16 de junio de 2020 remitió los pactos de reducción de jornada a la Administradora de Fondos de Cesantía. Indica que no ha incurrido en ninguna actuación arbitrario e ilegal, limitándose a cumplir, dentro del esfera de sus facultades, a verificar los requisitos establecidos en la ley para la procedencia del beneficio, conforme al mandato legal otorgado por el legislador en la ley Nº 21.227.

Señala que, los recurrentes imputan una actividad negligente a la Dirección del Trabajo, en la tramitación del pacto de reducción de jornada, sin embargo, dicha afirmación carece de razonabilidad, por el contrario, debido a que la Dirección debe verificar los requisitos del pacto, esto ha significado una recarga en el trabajo del Servicio, lo que ha retrasado la tramitación, sin embargo, se han realizado todos los esfuerzos para cumplir en el menor tiempo posible.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Quinto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Sexto: Que luego de lo dicho, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del arbitrio de marras y habiendo informado la A.F.C que el acto reclamado, es decir, la negativa a otorgar el subsidio por la suscripción del pacto de reducción de jornada laboral no persiste, dado lo que les fue pagado íntegramente con fechas 15 de octubre respecto de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado y el 12 de noviembre al recurrente nombre reservado. En consecuencia, esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor de los recurrentes;

Séptimo: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, por haber perdido oportunidad, el recurso deducido en la petición principal de la presentación de fecha 14 de agosto de 2020, sin costas.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-74504-2020.