nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, actuando por doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, por haber omitido dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria extraordinaria presentada por la afectada con fecha 4 de junio de 2024, en virtud del artículo 155 del reglamento de la Ley N° 21.325; omisión que considera ilegal y arbitraria, toda vez que ha transcurrido con creces el plazo máximo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 para la conclusión de los procedimientos administrativos, sin que la autoridad haya emitido pronunciamiento alguno, vulnerando con ello el derecho fundamental de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la afectada es una ciudadana venezolana que ingresó al territorio nacional en busca de mejores oportunidades, escapando de la crisis humanitaria existente en su país de origen. Señala que doña nombre reservado es madre de una hija de nacionalidad chilena, de nombre nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, de dos años de edad. Agrega que la afectada se encuentra libre de antecedentes penales en Venezuela, circunstancia que se acredita mediante certificado acompañado al recurso, y que ha mantenido un comportamiento intachable tanto en su país de origen como en Chile. Destaca, asimismo, que la afectada es paciente en tratamiento médico permanente, lo que otorga especial urgencia a la resolución de su situación migratoria para poder acceder al sistema de salud nacional.

Respecto de los hechos que fundamentan la acción constitucional, indica el recurrente que con fecha 4 de junio de 2024, la afectada presentó una carta dirigida al Subsecretario del Interior solicitando su regularización migratoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 155 del reglamento de la Ley N° 21.325. No obstante, hasta la fecha de interposición del presente recurso, la autoridad administrativa no ha emitido respuesta alguna respecto de dicha solicitud. Sostiene que esta demora excede con creces el plazo de seis meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, sin que exista fecha estimada para la dictación de la resolución final, configurándose así una demora culpable por parte de la autoridad que mantiene a la afectada en un estado de indefinición respecto de su situación migratoria. Añade que esta inacción le ha generado efectos perniciosos, quien se encuentra imposibilitada de incorporarse al mercado laboral formal, suscribir contratos de trabajo y realizar trámites esenciales al carecer de un documento de identidad vigente que acredite su situación regular en el país.

En lo concerniente a los fundamentos jurídicos del recurso, invoca en primer término el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que consagra la acción de protección en favor de todas las personas frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo, cita el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, que asegura la igualdad ante la ley, precepto que debe interpretarse en concordancia con el artículo 1° del mismo cuerpo normativo, que establece que las personas nacen iguales en dignidad y derechos, y con el artículo 57 del Código Civil, que dispone que ante la ley no existe diferencia entre chilenos y extranjeros respecto de los derechos civiles.

En relación con la normativa administrativa aplicable, invoca el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, que faculta a la Subsecretaría del Interior para disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario. Del mismo modo, fundamenta su acción en diversas disposiciones de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, específicamente en los artículos 7°, 8°, 9°, 23 y 27, que consagran los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental y la obligación de cumplimiento de los plazos, estableciendo este último que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final. Cita además el artículo 40 de la misma ley, que regula las formas de conclusión del procedimiento administrativo.

Para reforzar su argumentación, el recurrente invoca jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, específicamente la sentencia dictada en causa Rol N° 150.306-2020, en la cual el máximo tribunal sostuvo que la Ley N° 19.880 regula la actividad de la Administración estableciendo reglas y principios básicos que deben aplicarse de forma imperativa, constituyendo una garantía en favor de los particulares frente a la Administración. En dicho fallo, la Corte Suprema declaró que la omisión de la autoridad migratoria en resolver dentro de plazo no solo debe calificarse de ilegal, sino que además vulnera la garantía de igualdad ante la ley, en tanto importa una discriminación respecto de otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han obtenido respuesta formal a sus solicitudes.

En definitiva, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Subsecretaría del Interior resolver sin mayor dilación la solicitud de regularización migratoria extraordinaria de doña nombre reservado, dentro del plazo de sesenta días o el que prudencialmente el tribunal determine, con expresa condena en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, requerido de informe, el Servicio Nacional de Migraciones, representado por los abogados doña Carolina Fernandoy Catalán y don Luis Ignacio Salvo, evacuó el mismo solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, por estimar que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerado improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expresa que doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, con fecha 4 de junio de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria en base a la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Señala que, mediante Oficio Ordinario N° 46.824, de fecha 4 de septiembre de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes de dicha petición al órgano facultado por la ley para resolver este tipo de solicitudes, siendo aquel la Subsecretaría del Interior. Enfatiza que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad administrativa que se encuentra tramitando la solicitud de la recurrente, como tampoco es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre dicha petición.

Respecto de los fundamentos de derecho, desarrolla dos líneas argumentativas principales. En primer lugar, en relación con la facultad de regularización migratoria extraordinaria del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, indica que la recurrente ha solicitado formalmente a la autoridad que regularice su condición migratoria en base a la facultad regulada en dicha norma, la cual establece que corresponde a la Subsecretaría del Interior disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria, siendo esta potestad indelegable.

En segundo lugar, plantea la carencia de legitimación pasiva del Servicio Nacional de Migraciones. Sostiene que, en virtud del tenor literal del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, la facultad de regularizar la condición migratoria de un extranjero ha sido entregada por dicho cuerpo legal exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, siendo además indelegable. Sin perjuicio de lo anterior, indica que en cumplimiento del inciso segundo del artículo 14 de la Ley N° 19.880, el Servicio ha remitido todos los antecedentes enviados por la recurrente a la Subsecretaría del Interior, órgano de la Administración del Estado competente para conocer y resolver este tipo de solicitudes.

TERCERO: Que, requerida de informe, la Subsecretaría del Interior, representada por el abogado don Vicente Ferretti Villar, evacuó el mismo solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, con expresa condena en costas, por estimar que no se configuran los presupuestos de procedencia de la acción constitucional.

Respecto del marco normativo aplicable al caso concreto, expone que el artículo 24 de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, mandata que la entrada y salida de personas al y del territorio nacional se efectúe por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su respecto, imperativo reforzado por el artículo 2°, inciso primero, del Decreto Supremo N° 296, de 2022, del Ministerio del Interior, que dispone que es deber del Estado promover una migración regular y ordenada. Explica que las personas extranjeras que solicitan regularización migratoria se encuentran en una de dos hipótesis: han ingresado irregularmente al territorio nacional, ya sea por utilizar un paso no habilitado o por carecer de documentación de viaje pertinente; o, habiendo ingresado de manera regular, su estadía ha devenido en irregular por rechazo o vencimiento de sus permisos. En cualquier caso, sostiene que el concepto de regularización migratoria siempre se relaciona con la posibilidad que posee la autoridad de subsanar contravenciones jurídicas en las que voluntariamente han incurrido dichas personas.

En relación con las hipótesis de regularización migratoria contempladas en la legislación vigente, la recurrida distingue dos mecanismos diferenciados. La primera hipótesis, de carácter general, se encuentra regulada en los artículos 69, inciso segundo, y 155 N° 8 de la Ley N° 21.325, que establecen que corresponde a la Subsecretaría del Interior disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular, cuya ejecución corresponde al Servicio Nacional de Migraciones. Indica que se trata de procesos reglados, cuyos requisitos y etapas son dispuestos por la autoridad con anterioridad a su ejecución y se dan a conocer de manera pública. Señala que en los últimos años se han llevado a cabo dos procedimientos de este tipo, conforme a las resoluciones exentas N° 1.965, de 2018, y N° 1.769, de 2021, ambas del Ministerio del Interior, pero que actualmente no existen procedimientos vigentes de regularización migratoria de general aplicación.

La segunda hipótesis de regularización migratoria, contenida en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, establece que el Subsecretario del Interior tiene la potestad indelegable de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario. No obstante, tal como la norma lo indica, dichos permisos solo se concederán cuando existan circunstancias de hecho excepcionales que así lo hagan recomendable. Concluye que cualquier solicitud en estas materias solo puede tramitarse como solicitud de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal, al tenor del artículo 155 N° 9, al no existir procedimientos vigentes de general aplicación.

En cuanto al estado de la solicitud de la recurrente, señala que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, se encuentra actualmente en tramitación, y que una vez concluida será debidamente notificada a la recurrente.

Como primera defensa de fondo, la Subsecretaría del Interior plantea la inexistencia de una omisión arbitraria o ilegal. Señala que las solicitudes de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo cual implica una tramitación más extensa que la esperada por los solicitantes. Sostiene que dicho análisis se encuentra plenamente justificado, dada la importancia jurídica y práctica que implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que ha contravenido voluntariamente la normativa migratoria. Agrega que estas solicitudes constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, siendo requerimientos de interés privado respecto de los cuales la autoridad no está obligada a acceder, sino únicamente cuando se cumplan los requisitos y estándares establecidos.

Contextualiza la situación señalando que solo entre enero y mayo de 2024 se han presentado más de 4.500 solicitudes de este tipo, cifra que debe entenderse en el marco del aumento exponencial experimentado en los últimos años: mientras entre 2019 y 2021 se contabilizaron únicamente alrededor de 180 requerimientos, el año 2022 se registraron más de 900, y el año 2023 se contabilizaron más de 10.000, lo que representa un aumento de más del 964% entre los años 2022 y 2023. Por ello, sostiene que debe desecharse cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación del acto administrativo terminal, toda vez que ello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento cuya aplicación se ha incrementado exponencialmente. Cita en apoyo de su argumentación la sentencia Rol N° 418-2023 de la Corte de Apelaciones de Arica.

En relación con la supuesta ilegalidad derivada del incumplimiento del plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880, la recurrida invoca reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República, conforme a la cual el plazo máximo de seis meses establecido para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo.

Como segunda defensa, plantea la inexistencia de privación, perturbación o amenaza de garantías o derechos constitucionales. Sostiene que es la parte recurrente quien debe probar no solo la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino además que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Argumenta que es manifiestamente improcedente que la recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica vulneración de derechos fundamentales, debiendo explicar la relación de causalidad entre la supuesta omisión antijurídica y el agravio a dichos derechos, conforme al criterio de la Corte Suprema en sentencia Rol N° 10.494-2023.

Añade que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de un permiso de residencia temporal por caso calificado o humanitario significa que la persona extranjera ha incurrido previamente, de manera voluntaria, en contravenciones a la normativa migratoria que podrían ser sancionables incluso con la expulsión del país, no siendo procedente imputar las consecuencias que de ello se deriven ni a la Administración ni a la eventual demora en la resolución de su solicitud, sino solo a las acciones de la propia recurrente. Sostiene que mediante esta vía jurisdiccional, de naturaleza cautelar y de emergencia, no es pertinente declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas relacionadas con la resolución de solicitudes migratorias.

Como tercera línea argumentativa, la Subsecretaría del Interior advierte sobre la potencial vulneración a la garantía de igualdad ante la ley en caso de acogerse acciones como la de autos. Señala que ello implicaría poner en una situación favorable a la recurrente sin razón aparente que lo justifique, en desmedro de otras personas extranjeras que efectúan sus solicitudes por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, incluso con fecha anterior, y que aún no cuentan con respuesta. Afirma que la acción de protección no es el medio idóneo para obtener la aceleración en la tramitación de este tipo de procedimientos, invocando las sentencias de la Corte Suprema roles N° 17.063-2024 y 38.220-2023.

Finalmente, argumenta que no procede instrumentalizar una solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al Subsecretario del Interior, citando las sentencias de la Corte Suprema roles N° 32.598-2022 y 52.030-2023.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, aparece del petitorio de la presente acción constitucional que el recurrente, busca que el servicio recurrido resuelva en su solicitud de regularización migratoria, lo que no ha ocurrido a esta fecha, según se ha informado por el propio Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría del Interior.

SEXTO: Que, además, para resolver respecto del fondo se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, atendido que, en su carácter de ley de bases, tiene aplicación supletoria de los procedimientos administrativos.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, es un hecho pacífico que no ha existido un pronunciamiento por parte de la entidad administrativa, la que se ha limitado a señalar en su informe que el requerimiento se encuentra en tramitación, vale decir, pendiente, a pesar de que la solicitud fue presentada el 04 de junio de 2024. En consecuencia, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de las solicitudes de permanencia definitiva.

OCTAVO: Que, puede concederse que los parámetros y exigencias de prontitud y oportunidad, aplicables al caso, no pueden prescindir de la realidad que implica el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materias de migración. Sin embargo, tampoco es posible desconocer que acá se ha superado el plazo razonable para emitir la decisión, lo que ha dado lugar a la incertidumbre reclamada, de manera que la demora deviene en arbitraria.

NOVENO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, solo en cuanto se ordena al Ministerio del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, emitir el pronunciamiento respecto de la solicitud de regularización migratoria extraordinaria presentada por la recurrente, dentro del plazo de 90 días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7447-2025.