nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado y deduce recurso de protección en contra de las Cajas de Compensación La Araucana y Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal en que habrían incurrido al efectuar descuentos en sus remuneraciones desde diciembre de 2016 a la fecha, por un supuesto préstamo, sin que haya consentido ni autorizado dicha retención, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los N° 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el año 2012 solicitó un crédito a la Caja de Compensación La Araucana por $1.150.000, el que sería pagado en 36 cuotas desde diciembre de dicho año hasta noviembre de 2015. Sin embargo, añade, en marzo de 2013 fue desvinculado de la empresa en la que trabajaba, suscribiendo el respectivo finiquito y de acuerdo al contrato, quedando pagado el crédito, ya que su empleador haría el respectivo descuento. Luego de esto, sigue el recurrente, trabajó en dos instituciones más y solo en su actual trabajo, como guardia de seguridad en la empresa ABC DIN, la Caja de Compensación Los Andes comenzó a realizarle un descuento en su remuneración desde enero de 2017 a la fecha, por la suma de $54.098, en virtud de un convenio intercajas que él no ha suscrito ni tampoco autorizado.

Solicita en definitiva se acoja el recurso y se ordene el cese de los descuentos indicados.

Segundo: Que al evacuar el informe la Caja de Compensación La Araucana solicita que el recurso sea desestimado, toda vez que, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley N° 18.833, se procede a realizar el cobro de la deuda por intermedio del denominado proyecto intercajas, considerando, además, que el empleador se encuentra obligado a descontar dicha suma de las remuneraciones de la recurrente. Así las cosas, afirma, el descuento no es arbitrario ni ilegal, sino que se encuentra respaldado en una deuda que el recurrente tiene con ella por concepto de créditos sociales solicitados. Expone asimismo que quien recurre ha realizado pagos de manera voluntaria, además de los descuentos realizados por sus diferentes empleadores, desde el 2013 a la fecha, quedando en la actualidad un saldo de cuatro cuotas pendientes de pago, según detalla, cuestión que, por lo demás, ha quedado registrado en sus liquidaciones de remuneraciones. En razón de lo anterior, considera que no puede prosperar el presente recurso, al no existir acto arbitrario ni ilegal de su parte.

Tercero: Que evacuó también informe la Caja de Compensación Los Andes, solicitando igualmente el rechazo del recurso. Explica que de acuerdo a las instrucciones emitidas por la Superintendencia y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley citada, las distintas cajas de compensación han suscrito diversos mandatos y convenios para ubicar a deudores morosos y obtener el pago de las deudas por concepto de créditos, por lo que en este caso Caja La Araucana le solicitó recaudar la deuda pendiente con el recurrente, desconociendo el origen y naturaleza de ésta, indicando que ha efectuado el descuento de veintitrés cuotas, desde agosto de 2016 a la fecha. Alega, además, que la prescripción eventual de la deuda requiere ser alegada y declarada por un tribunal y mientras aquello no ocurra, el acreedor puede cobrar válidamente su crédito. No existiendo entonces acto arbitrario o ilegal de su parte, solicita el rechazo de la acción.

Cuarto: Que la acción cautelar de protección, contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales, a consecuencia de los cuales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos y determinados derechos y garantías consagrados en el artículo 19.

Quinto: Que de lo expuesto por el recurrente y lo informado por las recurridas aparece que en el año 2012 el primero solicitó a la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana un préstamo por $1.150.000, el que debía ser pagado en treinta y seis cuotas, con vencimiento el último día de cada mes a contar del 31 de diciembre de 2012 y hasta el 30 de diciembre de 2015, ascendiendo cada una al monto de $49.469 mensuales. También es un hecho cierto que la deuda se encuentra vigente, restando cuatro cuotas insolutas, y que las cuotas se pagan mes a mes a través de la recurrida Caja de Compensación Los Andes, que las percibe del actual empleador del recurrente por el sistema de cobranza intercajas, implementado por el inciso primero del artículo de la Ley N° 18.833.

De acuerdo a este precepto, “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Sexto: Que en cuanto a la alegación del recurrente en orden a que la deuda se encuentra prescrita, debe tenerse en consideración que la prescripción no ha sido alegada ni declarada por tribunal alguno y la acción de protección no resulta ser la vía idónea para obtener tal declaración. En razón de lo anterior, tal alegación debe ser desestimada.

Asimismo, debe tenerse presente sobre el punto que conforme a lo informado por la Caja de Compensación Los Andes, se requirió del empleador del recurrente la retención de las cuotas del crédito social, las cuales fueron remesadas a la Caja de Compensación La Araucana desde el 25 de agosto de 2016 al 25 de septiembre de 2018, a razón de $54.098 cada mes, sin que el recurrente efectuara reclamo alguno ni alegara la prescripción extintiva de la deuda por la vía legalmente procedente.

Séptimo: Que en el cobro del crédito social las recurridas han actuado de conformidad a la ley, esto es, al citado artículo 22 de la Ley N° 18.833, de modo tal que no es posible atribuir ilegalidad a su conducta. Asimismo, en tanto el descuento y pago de la deuda no aparece gobernada por el simple capricho, tampoco puede dirigírsele a la actuación de las Cajas de Compensación La Araucana y Los Andes un reproche de arbitrariedad.

En tales condiciones no cabe sino desestimar la acción de protección interpuesta.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en la norma legal citada, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de las Cajas de Compensación La Araucana y Los Andes.

Se previene que el ministro señor Llanos concurre al rechazo del recurso, pero no comparte el primer párrafo del considerando sexto.

Para ello tiene presente que aún cuando no es posible, atendida la naturaleza del presente arbitrio, declarar la prescripción extintiva de acciones, si aparece de manifiesto que no se han ejercido por las vías correspondientes durante un período prolongado que excede los plazos del artículo 2515 del Código Civil, ni ha mediado por parte del deudor reconocimiento de la obligación (lo que en este caso sí aconteció), no puede sino estimarse que pudiere ser constitutivo de al menos una arbitrariedad de parte de la entidad acreedora exigir su cobro por la vía del descuento a las remuneraciones del trabajador deudor.

Sin embargo, y como ha quedado más arriba dicho, en la especie el recurrente reconoció su obligación -por los pagos efectuados en el año 2016- antes que los aludidos plazos transcurrieren, por lo que al no existir arbitrariedad alguna (ni tampoco ilegalidad), el recurso debe ser desestimado.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 74.254-2018.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada, además, por el ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y la abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández.