nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LA ARAUCANA

PAGE 2 Santiago, catorce de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que la abogada Marcela del Carmen González Moraga, actuando en representación de nombre reservado, dedujo recurso de protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, con motivo del acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en los descuentos realizados por la recurrida sobre la pensión de la actora, con vulneración de las garantías contenidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que durante el mes de agosto de 2007, nombre reservado solicitó a la recurrida un crédito social por la suma de $2.128.014, pagadero en 48 cuotas de $73.472, a contar del mes de octubre del año de su otorgamiento, venciendo la última cuota en septiembre de 2011.

Sin embargo, ninguna de las cuotas fue pagada, pues su pensión disminuyó sustancialmente al jubilar en la modalidad de retiro programado. Ante el incumplimiento, el 11 de enero de 2011, la recurrida protestó el pagaré que suscribió el 13 de agosto de 2007, que daba cuenta del mutuo de dinero, pero no inició acciones legales para su cobro.

En octubre de 2011, su mandante cambió de la Caja de Compensación La Araucana a la Caja de Compensación Los Héroes, por lo que la recurrida, haciendo uso del mandato suscrito al momento de afiliarse a ella, procedió a cobrar en forma administrativa las cuotas adeudadas.

Con motivo de estos hechos su representada inició un juicio declarativo de prescripción extintiva, Rol N° C-12947-2015, seguido ante el Octavo Juzgado Civil de esta ciudad, dictándose sentencia definitiva el 20 de mayo de 2016, por la que se declaró la prescripción de la acción cambiaria emanada del pagaré donde constaba la deuda que mantenía con la recurrida, pero se desestimó la solicitud de prescripción de la acción ordinaria pues no habrían transcurrido cinco años desde la fecha del vencimiento. Para decidir de ese modo, se consideró que el plazo de prescripción comenzó a correr en la fecha de protesto del pagaré, el 11 de enero de 2011, y que la notificación de la demanda se efectuó el 27 de octubre de 2015, sin considerar que a la fecha de dictación de esa sentencia el término ya había transcurrido.

A pesar del tiempo transcurrido, la recurrida continúa descontando sumas de dinero de la pensión de la recurrente para obtener el pago del crédito, en circunstancias que este se encuentra prescrito, reviviendo un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación, relacionado con el artículo 11 inciso segundo del Decreto N° 91, que reglamenta el régimen de prestaciones de crédito social que estas otorgan, pero siempre que se trate de un cobro oportuno, no como en la especie, que durante cuatro años no hubo interés en perseguir su solución, por lo que la actual decisión deviene en antojadiza, sin perjuicio del derecho de la recurrida de perseguir el cobro por los medios legales ordinarios.

Tales actuaciones atentan contra el derecho de propiedad de la recurrente respecto de su jubilación, y la igualdad ante la ley, dada la existencia de cobros arbitrarios por sobre lo permitido.

Termina por solicitar que se ordene a la recurrida devolver las sumas de dinero descontadas a contar del 11 de agosto de 2016, fecha en que quedó firme y ejecutoriada la sentencia que declaró la prescripción del pagaré donde consta el crédito social contraído, sin que se efectúen otros descuentos de la pensión, todo ello, con costas.

Segundo: Que la abogada Yasna Vukic Zalaquett, por la recurrida, evacua el informe requerido solicitando se desestime el recurso.

Explica que el 13 de agosto de 2007 se otorgó a la recurrente, afiliada y pensionada de la Caja, un crédito social por la suma de $2.000.000, pactado en 48 cuotas mensuales de $73.472. Durante el año 2007 la recurrente cumplió con el pago mediante descuento en su liquidación de pensión de su entidad pagadora, lo que se hizo de manera continua hasta mayo de 2009 -19 cuotas-. Posteriormente, a pesar de enviarse las nóminas de descuento al I.P.S., no se recibieron más pagos sino hasta el 2014, en que el I.P.S. volvió a remesar a la Caja los respectivos descuentos, pagándose hasta octubre de 2018, 44 de las 48 cuotas acordadas.

Tales descuentos se han efectuado de conformidad con lo que estatuye el artículo 16 inciso tercero de la Ley N° 19.539, en concordancia con el artículo 11 inciso segundo del Decreto Supremo N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso primero de la Ley N°17.322 y Circular N° 2052 del año 2003, relativa al régimen de crédito social, y Circular N° 1669 del año 1998, referente al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan, en la entidad pagadora, a las pensiones de los afiliados pensionados.

En consecuencia, el descuento practicado no constituye una actuación unilateral, arbitraria, ilegal y caprichosa, precisamente porque la sentencia a que alude el recurso solo declaró la prescripción de la acción cambiaria emanada del pagaré, mas no de la ordinaria, cuyo origen es el mutuo o préstamo de dinero, pues con la notificación de la demanda, el 27 de octubre de 2015, se produjo la interrupción del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en los artículos 2503 y 2518 del Código Civil.

Corolario de la interrupción es la pérdida del tiempo transcurrido, el que volverá a contarse íntegro una vez que cese la causa que la motiva, vale decir, siendo la data de dicha sentencia el 20 de mayo de 2016, el plazo para declarar prescrita la acción que emana del mutuo es el presente, 2019, no siendo esta la vía idónea para alegarla.

En las condiciones antes señaladas, concluye, no se ha producido privación, perturbación o amenaza a los derechos y garantías constitucionales de la actora.

Tercero: Que como se advierte de lo relacionado, el acto impugnado consiste en el descuento efectuado desde la pensión de la recurrente el saldo insoluto del crédito que le fuere otorgado en el año 2007, ante lo cual la institución recurrida ha sostenido que no puede estimarse su actuar como arbitrario o ilegal, toda vez que está ejerciendo una modalidad legal de cobro en los términos originalmente pactados y dentro de los plazos legales.

Cuarto: Que sobre el particular es menester señalar que el inciso tercero del artículo 16 de la Ley N° 19.539 dispone que las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación, lo adeudado por éstos, por concepto de aporte, de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias, y enterarlo en aquélla dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales contempladas en la ley Nº 17.322.

Conforme se colige de la lectura del precepto antes citado al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la pensión del afiliado se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso primero del artículo 22 de la ley N° 17.322, que indica que los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes.

Quinto: Que, por consiguiente, al haberse descontado desde la pensión de la actora las cuotas impagas del crédito respecto del cual mantiene la calidad de deudora, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado.

Sexto: Que, finalmente, y en lo tocante a la supuesta prescripción de la acción de cobro esbozada por el recurrente en su libelo, es menester señalar que la presente vía cautelar de urgencia no es el mecanismo apropiado para discutir tales asuntos -propios de un pronunciamiento enmarcado en un juicio de lato conocimiento-, razones por las que la presente acción constitucional no puede prosperar en lo tocante a tal acápite, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir a la actora.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza la acción constitucional intentada en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, notifíquese y archívese si no fuere apelada.

Redacción de la ministro Plaza.

Rol N° 74.253-2018.- PROTECCIÓN Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por la Ministra señora Paola Plaza González y por la Ministra señora Gloria Solís Romero.