nombre reservado con CENTRO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN DRT

Santiago, dieciocho de enero de dos mil dieciocho.

Proveyendo el escrito folio 18213: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 26 de octubre del actual, comparece don Luis Israel Solís Pérez, abogado, en representación de don nombre reservado, comerciante, y recurre de protección en contra del centro de Conciliación y Mediación DRT Metropolitana Oriente, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Ordinaria N°1383, de fecha 27 de septiembre del 2017, por el cual deniega dar curso a su recurso de reconsideración administrativa en contra de la multa N°7950/17/34, por extemporánea, con lo cual se vulneraría las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 15 de marzo de 2017, la recurrida cursó a su representada dos multas de 46 y 0,5 UF, respectivamente, por no declarar oportunamente cotizaciones previsionales respecto del trabajador nombre reservado, en la resolución precitada, la que fue notificada a su parte, en forma personal, el día 17 de julio de 2017.

Señala que en contra de ella, el 18 de agosto de 2017, presentó ante la recurrida un recurso de reconsideración administrativa, fundado en los artículos 505 y 511 del Código del Trabajo, recurso al cual no se dio curso por entender la recurrida que no se presentó en el plazo de 30 días corridos contados desde su notificación.

Reclama que el plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, tal como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, no es de días corridos, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos; ello por cuanto al no existir una norma expresa que regule la materia en el referido código, debe aplicarse el artículo 25 de la Ley 19.880, que se refiere al cómputo de plazos en procedimientos administrativos.

Alega que el acto que se impugna afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley, pues desconociendo la Autoridad un plazo legal en toda su extensión, no ha dado un trato igualitario a su parte, y se le da al recurso de reconsideración administrativa un tratamiento distinto y especial al de los otros recursos administrativos existentes, realizando una distinción ilegal.

Por su parte señala que conculca su derecho de propiedad, toda vez que al negarse la tramitación al recurso de reconsideración impetrado, se obliga a su pate al pago de la multa cursada, en detrimento de su patrimonio.

Pide en definitiva que se deje sin efecto el Ordinario N°1383 de 27 de septiembre de 2017, y que se ordene a la recurrida conocer y resolver el recurso de reconsideración administrativa de las multas ya referidas.

Segundo: Que, con fecha 18 de diciembre de 2017, informa la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas; alegando en primer término la improcedencia del mismo, ya que a su entender corresponde utilizar la vía judicial a través de Tribunales Contencioso Administrativos, o bien la vía administrativa en virtud del recurso de reposición consagrado en el artículo 59 de la Ley N°19.880; y en segundo lugar, por no haberse cometido ilegalidad o arbitrariedad alguna en la resolución reclamada.

Señala que no concurren en la especie los requisitos necesarios para deducir este arbitrio constitucional, toda vez que no existe una acción u omisión arbitraria e ilegal, que perturbe, conculque o amenace alguna de las garantías protegidas constitucionalmente.

Sostiene que el acto que se impugna no es arbitrario ni ilegal pues se dictó razonada y fundadamente en virtud de lo dispuesto en el artículo 506 ter N°2 del Código del Trabajo.

Indica que se argumentó conforme a derecho, dictándose el acto recurrido en virtud de facultades expresamente conferidas por ley a su Servicio y actuó dentro de la esfera de sus competencias.

Arguye que la norma precitada establece que la solicitud de sustitución de multa por programas de capacitación, deberá presentarse dentro del plazo de 30 días de notificada la multa administrativa, por lo que el pronunciamiento que emitió respecto de su extemporaneidad en caso alguno puede tildarse de ilegal o arbitrario, careciendo el recurso de protección interpuesto de objeto y causa por tal motivo.

En cuanto al fondo, defiende la legalidad la actuación del Centro de Conciliación y Mediación de la Inspección del Trabajo recurrida.

Señala que tanto el artículo 506 ter, como el 512 del Código del Trabajo no establecen si el plazo de 30 días al que se refieren, es de días hábiles o corridos, y analizando otras normas contenidas en dicho cuerpo legal fluye que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil.

Agrega que no existe un vacío en la ley para que resulte aplicable en la especie el artículo 25 de la Ley N°19.880, norma que incluso resulta aplicable a los plazos establecidos en dicha ley y no en los contemplados en otros cuerpos legales.

Indica que dicho criterio ha sido el que ha adoptado la Contraloría General de la República a través de distintos dictámenes y la Circular N°73 de 08 de junio de 2010 de la Dirección del Trabajo, siendo los dictámenes de dicho ente contralor, vinculantes para la institución recurrida de conformidad a los artículos 5 y 9 de la Ley N°10.366.

Señala que el acto no es arbitrario, por hallarse correcta y suficientemente motivado, tanto en las normas legales concurrentes, como en los lineamientos de la Dirección del Trabajo y Contraloría General de la República.

Reclama en consecuencia que en la especie no se ven afectadas las garantías o derechos constitucionales invocados por el recurrente.

Pide en definitiva el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que por la presente acción cautelar la parte recurrente reclama de la decisión del Centro de Conciliación y Mediación DRT Metropolitana Oriente, recurrida contenida en la Resolución Ordinaria N°1383, de fecha 27 de septiembre del 2017 que por esta vía se impugna, que estima arbitraria e ilegal, por medio del cual se deniega dar curso a la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de la multa que le fuera cursada por dicha institución, en atención a haber sido presentada ésta de forma extemporánea.

Cuarto: Que, previo a un análisis de lo sometido a decisión de esta Corte, resulta del todo necesario precisar y consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que por otro lado, también, se debe dejar en claro que siendo una acción cautelar y pueda ser utilizada, aún la existencia de otros recursos, no puede transformarse en una que sirva para reemplazar los procedimientos ordinarios establecidos en la ley, como ocurre en esta situación, donde lo alegado como fundamento de la acción es un acto que se encuentra controvertido por las partes, en cuanto a su plazo para interponerlo. De este modo, en la especie, se trata de la interpretación de las normas que resultarían aplicables para establecer el cómputo del plazo respecto del acto que hoy resulta ser considerado para la recurrente como arbitrario e ilegal, al considerárselo extemporáneo, al tener una interpretación distinta a la dada por la autoridad que resulta ser la recurrida.

Sexto: Que además, en esta caso existe un procedimiento establecido en la ley -léase Código del Trabajo- para reclamar lo mismo que se hace por esta vía, y que es aquel establecido en el artículo 504 del Código referido, o bien por vía administrativa, en virtud del recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley 19.880.

Séptimo: Que de la forma como se ha razonado, aparece que la decisión de la recurrida de no tramitar la petición de substitución de la multa impuesta pedida por la actora, lo es porque a su juicio resulta ser extemporánea y ello resulta ser una consecuencia de una interpretación de las normas que a juicio de la primera son las aplicables en la especie, razón por la que en este caso no puede existir un acto ilegal y arbitrario de parte de la misma, aun cuando ésta interpretación resulte ser errónea; más cuando en este caso el sentido que el Centro de conciliación y mediación DRT Metropolitana Oriente, le ha dado a la norma cuestionada, corresponde justamente al genuino que, en su oportunidad, le ha dado la Contraloría General de la República a la misma.

Octavo: Que, además, también como se dijo en el motivo cuarto de este fallo, en la especie existe un procedimiento establecido en la ley, que corresponde al del artículo 504 del Código del Trabajo, que entre otros es aquel que debe utilizarse para tramitar una substitución de una multa impuesta por dicha Inspección, por lo que aparece que el uso de la presente acción es una forma de substituir el procedimiento legal, y en ningún caso se le puede dar a esta acción tal carácter de substituto procedimental para resolver las acciones que ya tiene regulada en la ley su procedimiento, pues su genuino carácter es solo cautelar de los derechos garantidos en la Constitución Política de la República ante una actuación ilegal o arbitrario, lo que en este caso, no se ha establecido que así haya ocurrido.

Noveno: Que de acuerdo a lo razonado resulta innecesario analizar la posible infracción a la garantía constitucional alegada como vulnerada.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de del Centro de Conciliación y Mediación DRT Metropolitana Oriente.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la Abogada Integrante señora Herrera quien estuvo por acoger el presente recurso de protección en virtud de los siguientes fundamentos:

1.- Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales, establecida por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a fin de dar tutela a la vigencia efectiva de derechos fundamentales indubitados afectados en forma arbitraria e ilegal por cualquier persona, en caso de no existir otra vía idónea para ello, facultando a esta judicatura tomar todas las medidas necesarias para restablecer el efectivo imperio del derecho. En este sentido, procede determinar, en lo que atañe a la discusión, si el recurso de reconsideración administrativa interpuesto por la recurrente lo ha sido dentro de plazo;

2.- Que el artículo 512 del Código del Trabajo establece la facultad del Director del Trabajo para reconsiderar las multas impuestas a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la referida multa. A su vez, el artículo 435 del mismo cuerpo legal, en su inciso tercero, establece, dentro de las reglas comunes al procedimiento laboral, que los términos de días establecidos en dicho título se suspenden durante los feriados, es decir, corresponden a días hábiles. En el mismo sentido discurre la Ley N° 19.880 en su artículo 25, en cuanto los plazos establecidos en dicho cuerpo legal son de días hábiles, lo que debe relacionarse con el artículo 1° de la misma, que establece la supletoriedad de sus normas frente a todo procedimiento administrativo, como es el sustanciado conforme al 512 del Código del Trabajo ya mencionado;

3.- Que así las cosas, habiéndose notificado la resolución que impone la multa el día 17 de Julio del 2017, y habiéndose interpuesto el recurso de reconsideración administrativa con fecha 18 de Agosto de 2017, sostiene que éste ha sido interpuesto dentro del plazo de 30 días hábiles establecido por el legislador, por lo estimó procedente que procede que se dé curso al requerimiento de la recurrente en dicho proceso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección –Ant- N° 73946-2017 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra, conformada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.