nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Santiago, a diecisiete de abril de dos mil diecinueve.

Proveyendo al escrito folio 65325: pídase en la causa que corresponda.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, mandatario judicial de LAVADOS DE AUTOS nombre reservado Y MELLADO S.p.A., representada legalmente por nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, por haber incurrido en un acto que califica de arbitrario e ilegal, el 9 de octubre de 2018, consistente en la clausura de su local comercial, por no encontrarse al día en el pago de la patente, afectando con ello las garantías constitucionales contempladas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expresa que la sociedad fue constituida el 27 de diciembre de 2017, bajo la razón social antes señalada, iniciando actividades ante el Servicio de Impuestos Internos el 28 del mismo mes y año, con giro de lavadero de autos, cafetería, venta de cigarrillos y confitería. Para cumplir con el objeto social, arrendó un inmueble en domicilio reservado, contrato que se extendería hasta el año 2020.

En noviembre de 2017, efectuó las consultas necesarias respecto a la viabilidad de instalar un lavadero de autos, recibiendo el Informe Técnico N° 15.675 que le señalaba los requisitos para la obtención de la patente definitiva, por lo que en marzo de 2018 inició los trámites de rigor ante la Municipalidad.

En cuanto a los hechos constitutivos de la vulneración, manifiesta que el fiscalizador insistió que el lavadero de autos se encontraba en funcionamiento, sin siquiera efectuar una inspección ocular para fundar la clausura, en circunstancias que el inmueble se mantenía con el portón abierto únicamente para atender el minimarket. El 1 de octubre de 2018 pagó los certificados de obras, lo que demuestra que estaba realizando los trámites necesarios para la obtención de la patente definitiva Tales actos, plantea el libelo, afectan el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, el derecho de propiedad y el principio de libertad económica.

Termina por solicitar que se deje sin efecto la clausura y que señale el Inspector Municipal nombre reservado qué elementos técnicos y materiales posee para haber clausurado el inmueble, todo ello, con costas.

Segundo: Que al evacuar el informe requerido, la recurrida precisa que mediante Decreto Sección Segunda Nº 1643, de 23 de febrero de 2018, de la Municipalidad de Santiago, se dispuso la clausura del establecimiento de lavado de autos que funciona en la domicilio reservado de la comuna de Santiago.

Aduce al efecto que el establecimiento funcionaba sin contar con patente municipal para el giro de lavado de autos, sin perjuicio de poseer una patente comercial provisoria para ejercer el giro de mini mercado, con vencimiento el 16 de mayo de 2019. Vale decir, el recurrente solo contaba con patente para ejercer la precitada actividad comercial, mas carecía de autorización para el giro de lavado de autos, lo que constituye una infracción a los artículos 23 y 26 de la Ley de Rentas Municipales, contenida en el DL Nº 3036 del año 1979, cuyo artículo 58 contempla la facultad del alcalde para decretar la clausura de los establecimientos que funcionan sin patente, razón por la cual se dictó el decreto que así lo dispuso, el 23 de febrero de 2018, modificado el 1 de octubre de 2018, a fin de precisar que la medida solo era por el giro de “lavado de autos”, cuya notificación consta a fojas 38 del respectivo expediente.

Por otro lado, señala que el recurso de autos solo se refiere al acto material de la clausura del local comercial, pero no a los dos decretos anteriores, los cuales no fueron impugnados dentro de plazo, encontrándose firmes o ejecutoriados. En ese contexto, no existiría un hecho arbitrario e ilegal, desde que los decretos en cuestión fueron dictados por autoridad legal, en ejercicio de sus facultades y dentro del ámbito de su competencia.

Por último, no divisa alguna afectación a las garantías constitucionales a que alude la recurrente, pues no contaba con una patente para el giro de lavado de autos, la que no le fue otorgada por cuanto en el inmueble existía una construcción irregular de dos pisos sin permiso ni recepción final, lo que le era exigible de conformidad a lo previsto en la letra d) del inciso 5º del artículo 26º de la Ley de Rentas Municipales. Y para contar con una patente provisoria, el inciso 6º del artículo 26 de la misma normativa lo autoriza para el evento que el contribuyente no puede acreditar la existencia de la recepción final de las obras, pero condiciona dicha posibilidad a que la actividad que se desea desarrollar se encuentre incluida expresamente en una ordenanza municipal, la que en el caso de la comuna de Santiago es la Ordenanza Municipal Nº 109. Sin embargo, el código de actividad relativo a la patente de lavado de autos no fue incluido en ella para el otorgamiento de patentes provisorias, pudiendo el contribuyente optar solo a una patente definitiva.

En consecuencia, concluye, como no se trata de una negativa injustificada y que la clausura no ha sido irracional ni caprichosa sino que ha tenido por objeto impedir que se realice una actividad económica en condiciones irregulares, el recurso debiese ser desestimado.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que según dispone el artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales, si una persona inicia un giro o actividad comercial, como ocurre en la especie, la municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva, como ordena su artículo 23, una vez que el contribuyente acompañe todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de ellos, tanto de orden sanitario como de emplazamiento, según las normas de zonificación del Plan Regulador y otros que leyes especiales exigieren. Lo propio se observa en el caso de patentes provisorias pero, como informa la autoridad edilicia, el giro de lavado de autos no lo permitía, pues no está comprendido en la Ordenanza N° 109, de 17 de julio de 2014, sobre Otorgamiento de Patentes Provisorias, por ende, el recurrente solo podía optar por patente definitiva.

Quinto: Que como informara el Director de Obras Municipales con motivo de los hechos constatados en la fiscalización del inmueble, documento que también ha sido acompañado, la propiedad está emplazada en una zona que no prohíbe la actividad de Servicio de Lavado de Vehículos. Sin embargo, esta se encuentra condicionada por el código de actividad 502010, a optar exclusivamente a una patente definitiva. Por ende, mientras no se subsanen las observaciones formuladas a la recurrente mediante informe técnico N° 15675, esta no puede optar a patente comercial. La antedicha observación dice relación con la falta de regularización de las obras en el lugar, situación que no consta en modo alguno haya sido subsanada por el actor, pues para funcionar requiere recepción final, manteniendo únicamente construcciones irregulares, condiciones en las que la clausura para funcionar como lavado de autos se encuentra ajustada a la legalidad, pero que, en todo caso, dada la agresividad de los ocupantes del lugar, solo ha podido verificarse de manera simbólica.

Sexto: Que, en todo caso, el decreto de clausura, de 23 de febrero de 2018, no fue impugnado, sino solo el acto en que este se ha pretendido materializar.

Séptimo: Que entonces, existiendo amparo legal a la acción implementada, acordada el 23 de febrero de 2018 por el organismo competente, aplicable a la actividad que pretende desarrollar el recurrente, no existe conculcación en el legítimo ejercicio de los derechos que se dicen amagados, de manera que no hay medida cautelar que esta Corte deba disponer.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en representación de Lavado de Autos nombre reservado y Mellado S.p.A..

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra Plaza.

Rol Nº 73.819-2018.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por la Ministra señora Paola Plaza González y por la Ministra señora Gloria Solís Romero.

No firma la Ministra señora Plaza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

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