nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Santiago, veintitrés de enero de dos mil quince.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a fojas 4, comparece don nombre reservado, microempresario, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, con domicilio en domicilio reservado, de esa misma comuna, por estimar perturbados las garantías consagradas en el artículo 19 Nºs. 16, 21 y 22 de la Constitución Política de la República, esto es, la libertad de trabajo; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica; y la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Funda el recurso en que es un microempresario del rubro de confecciones, que posee un taller que heredó de su madre, y que por al menos 8 años ha funcionado de modo irregular. Es así, como expone que solicitó ante el municipio recurrido la autorización de funcionamiento comercial, sin embargo, dicha corporación edilicia se habría negado constantemente a otorgar la patente comercial respectiva, fundándose dicho rechazo, en que el contrato de arrendamiento de la propiedad en que se emplaza su negocio, no fue celebrado en calidad de arrendador por quien detenta la titularidad del dominio sobre dicho inmueble.

Agrega que el taller de confecciones que posee, brinda trabajo a más de 10 personas y que en el último tiempo, ha debido enfrentar la incertidumbre que significa no contar con la autorización para funcionar, además de sufrir el acoso por parte de los agentes fiscalizadores del municipio recurrido. Añade que desde que inició sus actividades, ha mantenido una intachable relación con el servicio de impuestos internos, cumpliendo sistemáticamente con sus obligaciones tributarias.

Que atendido lo expuesto, y ante la negativa de los encargados de patentes de la municipalidad recurrida de otorgar una solución a la precariedad en que actualmente desarrolla sus actividades, es que interpone esta acción constitucional en busca de protección de los derechos que estima conculcados.

SEGUNDO: Que, a fojas 19 informa al tenor del recurso doña nombre reservado, en representación del Municipio recurrido, solicitando éste sea rechazado en todas sus partes, con costas. Funda su contestación en los siguientes antecedentes.

Señala que con fecha 22 de mayo de 2014, la I. Municipalidad de Recoleta, a través de su Dirección de Atención al Contribuyente, informó al recurrente, mediante Carta N° 920/2014, la negativa a su solicitud de patente comercial para ejercer el giro de “Taller de confecciones de prendas de vestir (03 máquinas), en el inmueble ubicado en domicilio reservado.

Añade que consta en el formulario de Solicitud para Autorización de Funcionamiento Comercial ingresado por el recurrente, que respecto de los antecedentes aportados por este último, no se encontraba acompañado el contrato de arrendamiento que, supuestamente, habría suscrito el propietario del inmueble que nos ocupa, con el subarrendatario, quien a su vez le subarrendó al recurrente. En este sentido expone, que dicho antecedente documental es requerido por el municipio en el proceso habitual de autorización de patentes, toda vez, que resulta de absoluta procedencia acreditar la propiedad del inmueble que pretende amparar la actividad comercial y la patente respectiva. Atendido lo relacionado, expone que en el marco de la solicitud presentada por el recurrente, éste no acompañó la totalidad de los antecedentes requeridos para obtener la autorización en comento.

Refiere además, que según consta en la ficha de inspección de patentes, que acompaña a su presentación, que respecto de las condiciones de funcionamiento acreditadas por el recurrente, específicamente en lo relativo a la instalación eléctrica implementada en la propiedad, ésta no cumplía con las condiciones mínimas exigidas para otorgar la autorización de patente que pretende el actor, lo que se suma a que en dicha inspección se constató que la actividad comercial desarrollada por este último, no consistía en el funcionamiento de tres máquinas como fue declarado en la solicitud presentada al municipio, sino que ésta se desarrollaba con un total de doce máquinas de confección de prendas de vestir.

Añade que fueron todas las deficiencias y reparos indicados previamente, los que llevaron a la autoridad alcaldicia a rechazar la solicitud de patente comercial ingresada por el recurrente, informándole mediante la carta ya mencionada, que debía regularizar la deficiencias estructurales y de seguridad detectadas en el inmueble, tras lo cual podría retomar la solicitud.

Expone finalmente, que de lo expuesto previamente queda establecido que el municipio recurrido actuó conforme a lo establecido en la normativa vigente, toda vez, que es ésta la que permite rechazar la solicitud de autorización o permiso para el funcionamiento de una actividad comercial, cuando no se reúnen los requisitos exigidos por la misma Ley para su otorgamiento. En este sentido, realiza una cita al artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales, preceptiva que entrega a la autoridad administrativa comunal la potestad de realizar una revisión pormenorizada de la solicitud de patente comercial del recurrente, sin que en dicho ejercicio, se haya vulnerado alguna de las garantías constitucionales que reclama el actor.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Como se ha señalado en lo expositivo, el recurrente estima ilegal y arbitraria la negativa del municipio recurrido a otorgar la autorización de funcionamiento comercial respecto del taller de confecciones que posee.

CUARTO: Que, en concordancia con estos postulados, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción de protección consistente en la negativa otorgar el permiso ya mencionado por la Ilustre Municipalidad de Recoleta, es ilegal o arbitrario y si dicho acto afecta o conculca algunas de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por la recurrente.

QUINTO: Que, para resolver adecuadamente la controversia planteada es imperativo, en forma previa, delimitar el contexto en que se verificó el acto denunciado por el actor y el marco normativo dentro del cual se adoptó la medida censurada por el recurrente. En dicho ámbito es relevante consignar en primer término, que en lo que interesa a la resolución del presente recurso, han quedado establecidos los siguientes hechos:

1) Que el recurrente, mediante solicitud N° 16842, de fecha 04 de abril de 2014, presentada ante el Departamento de Patentes de la I. Municipalidad de Recoleta, solicitó autorización de funcionamiento comercial respecto del taller de confecciones de prendas de vestir (03 máquinas), ubicado en San Cristóbal N° 520, comuna de Recoleta.

2) Que, con fecha 10 de abril de 2014, el Departamento de patentes de la Municipalidad de Recoleta, realizó la inspección de Patentes en el local antes mencionado, consignando en el informe respectivo, deficiencias en las instalaciones eléctricas y mayor número de máquinas de confección a las declaradas en la solicitud ingresada por el recurrente (un total de 12 máquinas).

3) Que, a través de Carta N° 920/2014, de fecha 22 de mayo de 2014, emanada de la Dirección de Atención al Contribuyente de la Municipalidad de Recoleta, se informó al solicitante las deficiencias detectadas, instándole a subsanarlas y luego de ello, retomar la solicitud respectiva.

SEXTO: Que, en cuanto al marco normativo aplicable, y conforme a lo expresado, cabe concluir que el actuar de la recurrida se ajusta a las disposiciones contempladas en los artículos 23 y siguientes del Decreto Ley N° 3.063 de 1979 y, a mayor abundamiento, dentro de las atribuciones que los artículos 3 y 5 de la Ley N° 18.695 le confieren.

SÉPTIMO: Que así las cosas, de los hechos relacionados, en armonía con la situación normativa descrita, se colige que el acto alegado no adolece de ilegalidad, pues fue dictado por la entidad municipal recurrida en uso de sus potestades y prerrogativas, dentro de la órbita de sus atribuciones, que según la ley le son propias, ni tampoco dicho acto puede ser tildado de arbitrario, entendiéndose por aquél en que se actúa sin motivación racional, por antojo o capricho, carente de toda lógica y sin que exista proporción entre el motivo y el fin que se desea alcanzar, si no todo lo contrario, del estudio de los antecedentes se deduce que la negativa a otorgar el permiso de funcionamiento de marras, se encuentra amparado en las observaciones estructurales y de seguridad recogidas en el acta de inspección citada en el N° 2) del motivo quinto, y que fueron debidamente informadas al recurrente mediante la carta a que se alude, máxime cuando en dicha inspección se verificó que el recurrente mantenía en la práctica un total de 12 máquinas de confección en funcionamiento, cuestión que se contrapone a lo declarado por este último en su respectiva solicitud, sumado al hecho reconocido expresamente por el recurrente de no haber presentado contrato de arrendamiento suscrito por el dueño del inmueble en que funciona dicho taller.

OCTAVO: Que, al no configurarse en la especie los presupuestos exigidos para que la acción prospere, esto es, que el acto objetado sea ilegal o arbitrario, el presente recurso deberá desestimarse, por ende no es necesario emitir pronunciamiento respecto de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente en razón de lo concluido precedentemente.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Mauricio Izquierdo Páez.

Protección N° 73.785-2014.

No firma la Ministra (S) señora Barrientos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Pronunciada por la Undécima Sala, presidida por la Ministra señora Mireya Eugenia López Miranda, conformada por Ministra (S) señora Elsa Barrientos Guerrero y por el abogado integrante señor Mauricio Edmundo Izquierdo Paez. Autorizada por el ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, veintitrés de enero de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.