Protección contra Subsecretaria de Prevención del Delito doña Katherine Martorell Awad

Santiago, veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que recurre de protección don Enzo Canales Fuentes, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de nombre reservado, cientista político, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Subsecretaria de Prevención del Delito doña Katherine Martorell Awad, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la no renovación de sus servicios para el año 2019.

Expone que el 7 de mayo de 2018, su representado ingresó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desempeñándose en el cargo de Gestor Territorial, encargado de supervisar todos los proyectos de financiamiento en materia de prevención, recursos de la Subsecretaría destinados a la Octava Región del BíoBío. La modalidad de su contratación fue a honorarios, con un plazo fijo al 31 de diciembre de 2018 con posibilidad de ser renovado por períodos sucesivos.

Señala que con fecha 29 de noviembre de 2018 se le comunicó mediante correo electrónico la renovación de sus servicios para el año 2019, agregando que con fecha 17 de diciembre estaría listo el nuevo contrato y el día 12 de diciembre recibe un correo para organizar las capacitaciones para el año 2019, entre otros.

Sin embargo, el día 31 de diciembre de 2018 recibe un correo de parte de don nombre reservado en el cual se indicaba que no necesitarían sus servicios para el año 2019, no señalando ningún antecedente adicional. El día 2 de enero de 2019 pudo reunirse con el remitente del correo quien le indicó que la decisión fue tomada por la Subsecretaria Sra. Katherine Martorell.

Sostiene que el actuar de la recurrida resulta evidentemente contradictorio y arbitrario e infringe sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que su decisión aparece desprovista de motivos, otorgando un trato diferente al recurrente en relación a otros empleados, además de ponerse término a una relación que se había renovado, sin que pueda seguir percibiendo sus honorarios en el ejercicio de su trabajo.

Por las razones señaladas solicita que se adopten todas las medidas que estime necesarias y en concreto dejar sin efecto la no renovación del contrato de honorarios de su representado, así como de todo acto que tenga por causa o fundamento dicha resolución; se ordenen el pago de sus honorarios por el tiempo que su representado no pudo prestar servicios debido al acto arbitrario e ilegal de la recurrida y; que se disponga cualquier otra medida para restablecer el imperio del derecho y amparar las garantías constitucionales de su representado; con costas.

2°) Que informa al tenor del recurso la recurrida doña Katherine Martorell Awad, solicitando el rechazo del mismo con costas. Expone que el recurrente ingresó a prestar servicios para la Subsecretaría en calidad de honorarios a suma alzada, a partir del día 7 de mayo de 2018, según consta de Decreto TRA N° 119302/280/2018 de 22 de junio de 2018, suscrito entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el recurrente, expresando el convenio que el convenio fue suscrito entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el recurrente, hasta el 31 de diciembre de 2018 y mientras sus servicios fueran necesarios. Indica que la Secretaría de Prevención del Delito ha venido implementando como una buena práctica el envío de un aviso a los asesores a los cuales les serán renovados sus contratos a suma alzada al siguiente año, sin embargo, se encontraba en marcha la restructuración de la Subsecretaría con lo que después de un análisis se realizó la reevaluación de ciertos cargos, así, fruto de ese estudio y como buena práctica, el día 31 de diciembre de 2018 se envió un correo electrónico al señor nombre reservado, informándole que en vista del tenor literal de su contrato y, por la naturaleza de éste, no se le remitiría un nuevo contrato de honorarios a suma alzada.

Refiere que la acción está dirigida contra la Subsecretaría, sin embargo la contratación y modificación que conforma el historial funcionario del recurrente, son todos decretos supremos que han sido firmados por el Sr. Ministro del Interior y nombre reservado, por lo que el libelo se ha dirigido erróneamente contra la Subsecretaría, configurándose una falta de legitimación pasiva a su respecto.

En segundo lugar, expresa que el contrato a honorarios es una modalidad regulada en el Estatuto Administrativo que no confiere la calidad de funcionario público, por lo que los derechos que le asisten a estas personas son los que establece el respectivo contrato. Por lo tanto, el término del convenio a honorarios con el recurrente se ajustó a derecho pues transcurrió el plazo establecido para su prestación de servicios.

Agrega que no se ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad al no suscribir un nuevo contrato a honorarios con el recurrente ya que los convenios son ley para los contratantes, de lo que se concluye que el recurrente conocía perfectamente el carácter temporal que lo vinculaba con la Subsecretaría.

Por último, manifiesta que no se han vulnerado las garantías constitucionales que el recurrente señala ya que la autoridad tomó su decisión a través de un proceso mesurado y de la atenta observación de la estructura de la Subsecretaría y no de manera antojadiza y, en relación al derecho de propiedad, no es posible sostener que las personas que prestan servicios a entes públicos tengan derecho de propiedad sobre sus cargos y las funciones que desempeñan.

3°) Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad al artículo 11 de la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales o y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente, estableciendo que las personas contratadas sobre la base de honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones del referido Estatuto. En este sentido, el convenio suscrito por el recurrente dispone que sus funciones durarán hasta el 31 de diciembre de 2018, conteniendo además la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, que conlleva implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo incluso antes de la fecha máxima de su vigencia.

5°) Que en este escenario, las personas contratadas bajo la modalidad de honorarios, no tienen la calidad de funcionarios; además el vínculo entre las partes se rige por disposiciones y cláusulas pactadas por éstas y que se encuentran contenidas en el mismo contrato.

En el mismo sentido, lo ha establecido la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 1.123 del año 2013, respecto de quienes prestan servicios a la Administración a honorarios, señalando que no poseen la calidad de funcionarios públicos, y que la norma que regula sus relaciones es la propia convención. En consecuencia, a éstos no se les aplica el Estatuto Administrativo, como pretende el actor.

6°) Que, además cabe destacar que en la presente controversia no estamos en presencia de un término anticipado de un cargo de contrata, como tampoco de la no renovación de la misma, sino del termino de un contrato de honorarios; esto es relación contractual regulada por las normas contenidas en el ordenamiento jurídico civil.

7°) Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

8°) Que, en consecuencia y, sin perjuicio de lo ya señalado; no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en gestión de sus recursos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don Enzo Canales Fuentes, en representación de nombre reservado, en contra de la Subsecretaria de Prevención del Delito.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

N°Protección-7360-2019.