nombre reservado con INMOBILIARIA LAS VERBENAS LIMITADA

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

Al folio 42: a sus autos.

VISTO:

Deduce recurso de protección el abogado Javier Andrés Muñoz Salinas, en favor de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de Inmobiliaria Las Verbenas Limitada y del Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, por el acto que estima arbitrario, ilegal y vulnerador de las garantías constitucionales del artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República, consistente en la falta de un programa de demolición que asegure que su inmueble quede en condiciones de habitabilidad.

Explica que la señora nombre reservado es dueña del inmueble ubicado en domicilio reservado, el que está constituido por un sitio y una casa habitación, que tiene la particularidad de estar adosada o pareada a la propiedad vecina, la que es de propiedad de Inmobiliaria Las Verbenas Limitada y que corresponde al inmueble ubicado en domicilio reservado.

Indica que la Inmobiliaria recurrida es dueña además de otros varios paños en los que se dispone a levantar una edificación. Es evidente que previo a aquello se ha dispuesto a iniciar las gestiones destinadas a demoler la estructura constituida por la casa habitación signada con el Nº 4885 y que constituye una sola estructura de hormigón con su casa, lo que implica la presencia de grandes maquinarias que cortarán la estructura, la loza y el hormigón, afectando, de manera grave la muralla común que las divide, sin que a la fecha exista un programa claro de demolición ajustado a los derechos de su parte y que garantice que su inmueble quede en condiciones de habitabilidad. Manifiesta que tiene el justo temor que con las gestiones constructivas y/o de demolición, se provoque destrucción, riesgos y perjuicios evidentes a su casa, donde reside.

Expone que la Inmobiliaria recurrida sólo le ha indicado que estaban dispuestos a pagarle un mes en un hotel en algún barrio de Santiago o de la Quinta Región, para que ella no estuviera en su casa durante el proceso de demolición, reconociendo, justamente los miedos de su parte.

Explica que encargó un informe técnico a un arquitecto -el que se acompaña a su recurso-, que demuestra la afectación y daño que amenaza a su parte, concluyendo que no se puede asegurar que la demolición de la propiedad vecina no afecte la parte estructural de la suya. Indica que comunicó las conclusiones del informe a la Inmobiliaria recurrida, solicitándole analizar la situación y agendar una reunión para efectos de tratar el cumplimiento de todas las exigencias que el Informe aludido refiere, sin embargo, asegura que la Inmobiliaria ha hecho caso omiso de sus aprehensiones.

Aclara que lo que se discute no es la orden de demolición en sí o la legalidad de ella desde el punto de vista de los permisos administrativos, sino que la afectación y/o amenaza clara que se produce en la forma de proceder.

Reconoce que si bien existe la acción del artículo 885 del Código Civil, atendida la inminente afectación para sus derechos no existe vía más expedita a fin de obtener la paralización del acto de demolición y asegurar sus garantías constitucionales y la del hijo que vive con ella.

Concluye que las recurridas han actuado de forma ilegal y arbitraria ya que la autorización de demolición se ha otorgado en abstracto, sin que se haya establecido mecanismo alguno de mitigación y sin que se adopten las medidas que garanticen que se evitará cualquier efecto pernicioso que pueda causar a terceros.

Refiriéndose a las garantías constitucionales vulneradas indica que se vulnera el derecho de propiedad; el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica suya y de su hijo.

Concluye, pidiendo se acoja el recurso y se ordene la paralización de las obras de demolición por parte de la Inmobiliaria recurrida, declarándolas ilegales y/o arbitrarias, tanto estas como las autorizaciones expedidas por la recurrida (Municipalidad), por afectar sus derechos, ordenando dejar sin efecto y/o se suspendan los efectos de la autorización de demolición, con costas.

Informa la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, entendiendo que el recurso fue interpuesto en contra de la Aprobación de Demolición N° 182/2019 de los edificios existentes en los terrenos para el proyecto ubicado en la domicilio reservado, emitida por la Dirección de Obras Municipales de su repartición, el 31 de julio de 2019, donde se levantará un proyecto residencial correspondiente a un edificio de cinco pisos y dos subterráneos, asociados al Permiso de Edificación N° 162/2017, de la DOM, de 30 de mayo de 2017.

Estima que el recurso va contra una autorización respaldada plenamente por el ordenamiento jurídico, basándose en una hipótesis de ilegalidad con insuficiente o nula base normativa, apoyándose en hechos presuntos, o derechamente ficticios, los cuales no pueden avalar la invocación de una acción de esta naturaleza.

Asimismo, observa que el documento acompañado por la recurrente no reviste el rigor metodológico de un peritaje, se constituye más en una suma de cuentas que en un informe técnico, ya que solo se detallan materialidades, careciendo de antecedentes técnicos o empíricos.

Refiriéndose a la autorización de demolición, hace presente que ésta se encuentra contenida dentro de las potestades de las Direcciones de Obras Municipales, como parte de la administración activa del Estado, de conformidad a las normas que cita, de las que se desprende que sólo aquella tiene la potestad privativa de otorgar autorización para demoler una edificación, debiendo cumplir con toda la legislación vigente, así como ajustarse a los procedimientos específicos que la legislación establece para tales fines, además de lo establecido en la Ley Nº 19.880.

Agrega que en particular, en cuanto a las demoliciones se debe estar a lo establecido en el numeral 5 del artículo 5.1.4. de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), del cual es posible determinar que el artículo señala como único requisito -en caso de edificaciones pareadas- adjuntar el informe del profesional competente, el cual, según el artículo 1.1.2. de la OGUC, es el arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil. En este contexto, informa que conforme a la documentación en el archivo de la DOM, el expediente de Autorización de Demolición N° 182/2019, la solicitud ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos de documentación para obtener la Autorización de Demolición cuestionada en autos.

Agrega que la presentación de los antecedentes suscritos por el profesional competente, contiene información y especificaciones detalladas de las características que deben cumplir las condiciones del muro de pareo al proceder a la demolición de la casa gemela y que en el Plano de Demolición es posible observar el Cuadro con el Detalle de las Especificaciones Técnicas para la demolición en el que se instruyen los resguardos que el profesional competente estima necesarios para la faena de demolición.

Concluye que el profesional ha tomado los debidos resguardos tanto en materia estructural como en lo referente a medidas de aislación e impermeabilización, aislación contra el fuego y terminaciones y, en síntesis, afirma que se debería desestimar todo reparo administrativo y legal en la Aprobación de Demolición N° 182/2019.

Finalmente, refiriéndose a las garantías invocadas por la recurrente, señala que deben ponerse en perspectiva los reales alcances del acto u omisión objetados y su relación con las supuestas graves consecuencias que atentarían contra la vida o la salud de la familia de la recurrente.

Descarta la vulneración al derecho de propiedad de la recurrente, reiterando lo señalado en cuanto a los antecedentes favorables para proceder a la demolición, asegurando no afectar en ninguno de sus puntos la estructura común original.

Finalmente, advierte que refiriéndose a permisos de construcción, el recurso de protección nunca podrá servir para resolver asuntos como el que se ha traído al conocimiento de la Corte en esta ocasión, que requieren de procedimientos de lato conocimiento, en los cuales las partes estén claramente definidas, y se puedan exponer adecuadamente los argumentos, dentro de plazos razonables y no los que otorga la presente vía.

Concluye que por no concurrir los presupuestos que hacen procedente el recurso de protección establecido en la Carta Fundamental, procede su rechazo en todas sus partes.

Inmobiliaria Las Verbenas Limitada, también recurrida en estos autos, informa al tenor del recurso, refiriéndose en primer lugar a las gestiones necesarias para obtener la autorización municipal correspondiente a efectos de construir el proyecto inmobiliario, considerando necesario demoler gran parte de las construcciones existentes en las distintas propiedades, lo que a su juicio constituye una manifestación de la facultad de disposición de la propiedad, lo que incluye aquella casa habitación encontrada en el bien raíz colindante al del dominio de la reclamante.

Explica que entendiendo que el objetivo de edificar implica la necesidad de demoler lo existente, la Inmobiliaria abrió un expediente administrativo especial ante la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa con el objeto de solicitar una autorización de obra preliminar consistente en la “demolición” de la construcción ubicada en el predio de domicilio reservado, tal como lo establecen las normas de urbanismo y construcción pertinentes.

Relata que para obtener el correspondiente permiso de demolición, el artículo 5.1.4 N° 5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones exige al solicitante acompañar un plano de emplazamiento de la edificación existente indicando lo que se demolerá y consignando en el cuadro de superficies lo que se conservará, suscrito por profesional competente, a lo que se suma, en caso de propiedades pareadas, un informe sobre los detalles de la obra suscrito por el profesional y la elaboración de un informe sobre demolición.

Asegura que el 17 de abril de 2019, se le remitió una carta a doña nombre reservado informando los alcances y especificaciones de los trabajos de demolición. En ella se precisó a la recurrente los detalles técnicos que se seguirán durante el desarrollo de los trabajos. En este sentido, explica en su informe las labores que se realizarán previo al inicio de los trabajos de demolición.

Expone que considerando que las obras en cuestión han sido planificadas para durar aproximadamente un mes, se propuso a la recurrente ciertas medidas de mitigación para evitar que la reclamante tenga que convivir con las molestias naturales provocadas por toda obra de construcción, como vibraciones y ruidos. Estos ofrecimientos tuvieron en especial consideración el estado de salud de su hijo, don nombre reservado. Por ello, se informó que, durante la realización de las obras de demolición como de construcción, se dispondrá de un panel acústico perimetral para atenuar los ruidos; y, además, se ofreció financiar una estadía en un hotel (a elección de la recurrente, dentro de la región Metropolitana o la región de Valparaíso), por el lapso de que durase la demolición, un mes aproximadamente.

Además, señala que se informó a la recurrente que contrataría una póliza de seguro, ascendente a un monto total de 5.000,00 UF, ante todo riesgo de construcción, garantizando eventuales daños que puedan ocasionarse con motivo de la demolición o de la construcción a alguna de las viviendas de los vecinos, incluyendo la propiedad de doña nombre reservado.

Señala que a las medidas ya mencionadas se adicionan aquellas medidas forzosas que impone la OGUC, del artículo 5.8.3 las que describe en detalle en su escrito.

Hace presente que hasta el mes de junio de 2019 la recurrente no había manifestado su conformidad o disconformidad respecto de la serie de mitigaciones y mejoras extraordinarias que se le propusieron, ni tampoco comunicó su intención de evaluar en conjunto a sus profesionales los términos técnicos del proceso.

Reprocha que el informe técnico acompañado por la recurrente es un trabajo inconcluso o preliminar del profesional, quien, al momento de su elaboración, estaba desinformado de la situación real de la obra, siendo lógico que concluya que no se puede asegurar que la demolición afecte la propiedad de la recurrente, pues ni siquiera consideró las medidas efectivamente contempladas. Agrega que es innecesario confeccionar un Proyecto de Refuerzo de Estructura, como aconseja el arquitecto, debido a que el mismo ya existe.

Acto seguido, se explaya sobre el cumplimiento de la normativa para obtener el permiso de demolición, dando cuenta de todas las medidas adoptadas, explayándose en los aspectos técnicos de las mismas.

Concluye que a juicio de su parte y en pleno cumplimiento de las exigencias derivadas de la normativa de urbanismo y construcción, es lícito afirmar que se han ofrecido todas las garantías y medidas paliativas pertinentes y suficientes, las que debieran asegurar una tranquilidad a la recurrente.

En cuanto al recurso, en primer lugar, señala que es extemporáneo. Plantea que la narración fáctica formulada como “fundamentación de hecho” en el cuerpo del mismo, se puede apreciar que la actora no menciona fecha alguna, salvo en lo referido a la carta de respuesta remitida por la recurrente, de fecha 25 de junio. Así, si se interpreta que el “acto” invocado por la recurrente como capaz de lesionar sus derechos es la demolición, pero no su materialización, sino que su futura realización, resulta interesante el tenor de la misiva, puesto que de su apreciación literal se puede comprender la existencia del “temor” (o amenaza) ya consta desde el día 25 de junio de 2019 y el recurso se interpuso el 22 de agosto de 2019, es decir, fuera del plazo de 30 días que establece el Autoacordado respectivo.

Por otra parte, reclama que no existe un acto u omisión concreto claramente determinado sobre el cual se recurre. De ahí que la ambigüedad fáctica del recurso se materialice ante la imposibilidad de saber cuáles son los presupuestos de hecho que sustentan la acción, ya que no queda claro si lo reclamado es un actuar -demoler de tal o cual forma- o una omisión, esto es, no informar el procedimiento de demolición.

Advierte que ello se traduce en un vicio de gravedad, que impide dar lugar a la pretensión, pues de hacerse, el Tribunal se vería en la disyuntiva de no saber qué acto cometido por la Inmobiliaria deberá dejar sin efecto u ordenar remediar, o qué omisión ordenar subsanar.

Afirma que el recurso de protección en observación carece además, de una clara y adecuada explicación de la ilegalidad cometida, la que no se configura ni en la obtención del permiso de demolición ni en la forma en que se han realizado las labores. Así las cosas, concluye que no existe norma jurídica alguna que haya sido inobservada, quebrantada u omitida por el actuar de la Inmobiliaria.

Finalmente, indica que no se infringen ni amenazan las garantías constitucionales citadas por la recurrente. Por lo tanto, solicita rechazar el recurso, con costas.

Por resolución de fecha 18 de noviembre de 2019, se citó a las partes a comparendo de conciliación, el que se llevó a cabo el día 4 de diciembre de 2019 con la asistencia de la parte recurrente y ambas recurridas, sin que estas arribaran a un acuerdo.

CONSIDERANDO:

Primero: Que es preciso recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa norma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste tal ejercicio.

Segundo: Que entonces, para que pueda prosperar el recurso de protección, es indispensable la constatación de un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación”, o una “perturbación”, o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso; y, frente a ello, el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Tercero: Que atendida la importancia que los antecedentes que se han allegado a este proceso tienen para la resolución de esta acción de protección, se tiene presente que la parte recurrente ha acompañado a su recurso los siguientes documentos:

1. Copia de inscripción de dominio de la propiedad a nombre de la recurrente;

2. Acta de reunión de fecha 26 de julio de 2018 entre la recurrente y el Director de Obras recurrido;

3. Fotografía del estado actual de las casas pareadas;

4. Fotografía anterior del estado de las casas pareadas;

5. Carta de fecha 17 de abril de 2019 despachada por la recurrida a la recurrente;

6. Carta de fecha 25 de junio de 2019 despachada a la Inmobiliaria recurrida por parte de la recurrente;

7. Correo electrónico de fecha 25 de junio de 2019 despachado por la recurrente a la recurrida;

8. Informe técnico elaborado por el arquitecto calculista nombre reservado de fecha 9 de junio de 2019;

9. Informe médico de fecha 10 de junio de 2019 expedido por el Psiquiatra nombre reservado.

Cuarto: Por su parte, la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa acompaña a su informe:

1. Permiso de Edificación N°162/2017;

2. Presupuesto por obras de demolición adjunta a solicitud de aprobación de demolición;

3. Ord. SEREMI N° 53/2019;

4. Patente del Ingeniero Civil que suscribió la demolición;

5. Carta de Inmobiliaria Las Verbenas Ltda.;

6. Informe Estructural de Pareo;

7. Solicitud de Demolición;

8. Certificado de Desratización;

9. Aprobación de Demolición N° 182/2019;

10. Plano de Demolición N° 182/2019.

Quinto: Inmobiliaria Las Verbenas Limitada, ha acompañado, además de los documentos habilitantes, los siguientes:

1. Permiso de Edificación N°162/2017;

2. Informe Estructural de Pareo, Demolición y Refuerzo;

3. Plano de Demolición N° 182/2019;

4. Patente profesional del Ingeniero Civil que suscribió la demolición;

5. Carta de fecha 17 de Abril de 2019, dirigida por la Inmobiliaria a la recurrente;

6. Solicitud de Permiso de Demolición;

7. Informe de Demolición de Vivienda;

8. Corre electrónico de fecha de 10 de junio de 2019, dirigido por la Constructora CPI a la Recurrente;

9. Correo electrónico de fecha de 25 de junio de 2019, dirigido por la señora nombre reservado a Constructora CPI y carta adjunta al mismo;

10. Póliza de Seguro por Responsabilidad Civil de Empresas de Construcción que individualiza y su comprobante de pago;

11. Plano de Refuerzos Casa Habitación domicilio reservado;

Presupuesto por obras de demolición adjunta a solicitud de aprobación de demolición;

12. Programa de Trabajos (Carta Gantt);

13. Autorización de Obras preliminares y/o Demolición N° 182/2019.

Sexto: Que antes de entrar al fondo del conflicto que atañe a este recurso, es preciso resolver la alegación de extemporaneidad que ha sostenido la recurrida Inmobiliaria Las Verbenas Limitada, quien afirma que la amenaza de la cual reclama la señora nombre reservado fue conocida por ella a lo menos el día 25 de junio de 2019, fecha en que envió un correo electrónico con su carta de respuesta. Por esto, dado que el recurso fue interpuesto el día 22 de agosto de 2019, lo fue habiendo vencido el plazo de 30 días que establece el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Séptimo: Que tal como se explicará más adelante, este tribunal entiende que lo recurrido mediante este recurso de protección es complejo, que consiste, por un lado en la falta (omisión) de un programa de demolición conocido por la protegida, que le asegure que su inmueble quede en condiciones de habitabilidad luego de la demolición; y, a la vez, la ejecución de la Autorización de Demolición otorgada por la Municipalidad recurrida.

Como quiera que sea, el temor de la amenaza de vulneración de los derechos de la recurrente consiste, en realidad, en las consecuencias mismas de la demolición de la casa que se encuentra pareada a la de su propiedad, por lo que es posible sostener que mientras dicha demolición no se haga efectiva, la amenaza de vulneración persiste, de tal modo que no es posible contar el plazo desde el momento en que propone la inmobiliaria recurrida. Por esta razón, se rechazará la alegación de extemporaneidad.

Octavo: Que como se adelantó, aún cuando se pueda entender que lo que reprocha es, por un lado en la falta de entrega a la recurrente de un programa de demolición que asegure que el inmueble de su propiedad quede en condiciones de habitabilidad luego de la demolición y el proceso de demolición mismo, lo cierto es que, a la vez, se tacha de ilegal la Autorización de Demolición otorgada por la Municipalidad recurrida, así lo expresa el libelo en el acápite de los Fundamentos de Derecho y además, de no ser así, no se habría recurrido en contra de dicha autoridad.

Noveno: Que en consecuencia, es imprescindible examinar primero la legalidad del decreto Aprobación de Demolición N° 182/2019 de los edificios existentes en los terrenos ubicados en la domicilio reservado, emitida por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Ñuñoa, el 31 de julio de 2019.

Al respecto, de acuerdo a lo informado por la Municipalidad recurrida y los antecedentes que se han aparejado a estos autos, el expediente de Autorización de Demolición N° 182/2019, registró todos los antecedentes que se requerían, como lo son la Solicitud firmada por el propietario; el Plano de la demolición suscrito por un Ingeniero Civil (en el presente caso, el señor nombre reservado) y que incluyó una serie de antecedentes adjuntos; el Informe estructural de pareo suscrito por el mismo profesional, el Presupuesto de la demolición y el Certificado de Desratización, entre otros.

Décimo: Que adicionalmente, y que es importante de examinar precisamente por lo reclamado por la recurrente, el Ingeniero responsable mencionó en la solicitud de demolición, una serie de resguardos que en concepto de la Dirección de Obras de la Municipalidad, son satisfactorios, tales como: la impermeabilización por el frente a demoler del muro; medidas para garantizar el escurrimiento de las aguas, como lo es el proyectar un tabique F-120 en tímpano sobre losa cielo piso 2 forrado con forro de fierro galvanizado; una consideración aislapol de dilatación de alta densidad 10 cm.; y, una terminación a la vista sistema EIFS poliestireno expandido 15 kg/m3, malla fibra de vidrio, mortero elastomérico texturado, entre otros.

Undécimo: Que de acuerdo a lo anterior, se dio por parte del propietario cumplimiento a lo preceptuado en el Nº 5 del artículo 5.1.4. de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, referido a las autorizaciones para demoler, razón por la cual, la referida la autorización se emitió de conformidad a la ley. Acorde, la recurrida Ilustre Municipalidad de Ñuñoa ha actuado dentro del ámbito de sus funciones y competencias, no siendo, en consecuencia, el acto en examen ilegal ni tampoco arbitrario, toda vez que no es posible deducir del análisis de los antecedentes aportados al expediente que el pronunciamiento del decreto Autorización de Demolición N° 182/2019, denunciado mediante la presente acción constitucional lo haya sido sin razón o por mero capricho.

Duodécimo: Que en cuanto a los actos que se reprochan a la Inmobiliaria Las Verbenas, esta Corte -teniendo en cuenta los antecedentes que se han aportado al recurso, los que han sido valorados de conformidad a las reglas de la sana crítica-, es de la opinión que no es posible estimar que ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna.

Ello porque se ha acreditado que se intentó mantener una comunicación permanente con la protegida a fin de acordar y coordinar, tanto medidas de mitigación adicionales a las exigidas por la ley y la Municipalidad respectiva, como la ejecución misma de las obras de demolición. De esta manera, se le explicó la duración de las obras de demolición; se le informó que se dispondría de un panel acústico perimetral para atenuar los ruidos; se le ofreció financiar estadías semanales en un hotel su elección, en la Región Metropolitana o en la Región de Valparaíso y en las épocas en que la demolición produjere los ruidos más molestos; se le informó que se contrataría una póliza de seguro ante todo riesgo de construcción; se propuso el reemplazo total de la pandereta medianera actual (que separa el sitio de ambos predios), por un cierre de hormigón prefabricado y un cortafuego en tabique de doble plancha, entre otras.

Decimotercero: Que además de lo anterior, se ha informado a este tribunal que se realizarán refuerzos estructurales mediante la instalación de pilares de hormigón, los que se vincularán a las vigas de hormigón armado ancladas continuamente en cada nivel de la construcción existente, las que son independientes del muro medianero, después de lo cual recién se realizarán trabajos de desconexión de ambas viviendas. Una vez que se encuentren separadas ambas construcciones, se comenzarían los trabajos de demolición.

Decimocuarto: Que todo lo anterior, evidencia la voluntad de la Inmobiliaria de aminorar las molestias que se advierte la protegida y su hijo pudieren padecer con motivo de la demolición, más allá de las que prevé la ley y en satisfacción a los temores que tiene la señora nombre reservado, como lo es la contaminación acústica, eventuales de accidentes que se podrían provocar durante el proceso de corte de la loza, la producción de grietas, daños en las estructuras del inmueble, caídas de artefactos que estuvieran en el inmueble, como consecuencia de las vibraciones generadas en sus paredes, peligros de estabilidad ante movimientos sísmicos, entre otros, Decimoquinto: Que por las razones expresadas, no se divisa la existencia de un actuar ilegal, injustificado o irracional de las recurridas Inmobiliaria Las Verbenas Limitada y la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, por lo que la pretensión de la recurrente no puede prosperar y el recurso debe ser desestimado.

En mérito de las consideraciones expresadas y de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

1.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad del recurso formulada por Inmobiliaria Las Verbenas Limitada.

2.- Que se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, contra Inmobiliaria Las Verbenas Limitada y contra el Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Abogado Integrante señora Carolina Coppo Diez.

Nº 73.565-2019 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por la Ministra Elsa Barrientos Guerrero y la Abogado Integrante señora Carolina Coppo Diez. No firma la ministro señora Barrientos, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

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