FUNDACIÓN AYUDA AL NIÑO LIMITADO COANIL con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinte.

Al escrito folio 9: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Que el 12 de agosto del año en curso comparece doña Camila Gallardo Urrutia, abogada en representación de Fundación Coanil, ambas con domicilio en domicilio reservado, ejerciendo acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por el Superintendente don Claudio Reyes Barrientos, ambos con domicilio en domicilio reservado, señalando como actuación ilegal y/o arbitraria de la recurrida Indica que dicha actuación vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental, por las razones de hecho y derecho que expone.

Expresa que la fundación recurrente tiene como objetivo la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través de diversos programas entre los cuales se encuentran las residencias para niños, jóvenes y adultos en situación de abandono, financiados por Estado a través del SENAME y SENADIS.

En cuanto a los hechos que motivan el recurso, señala que el 5 de septiembre pasado la Asociación Chilena de Seguridad emitió la Resolución Nº 645256705092019 (RECA) respecto de la trabajadora doña nombre reservado, que se desempeña en la Residencia Los Ceibos, calificando su patología como enfermedad profesional por agente estresor de sobrecarga laboral por mal diseño organizacional. Dicha resolución fue notificada el 6 de septiembre del año en curso, respecto de la que la recurrente señala haber adoptado todas las medidas recomendadas por la mutualidad.

Agrega que el 20 de enero de 2020, se interpuso reclamo en contra de dicha resolución ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando que ésta se dejara sin efecto por no ser efectivo que la trabajadora se enfrentara a una sobrecarga laboral. Este reclamo se fundó en que, producto de una restructuración llevada a cabo entre los años 2018 y 2019, las labores desempeñadas por la trabajadora disminuyeron en el tiempo, haciendo presente que dicha situación se ventiló en los autos O-800-2019 seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Colina, acompañando documentación como respaldo al reclamo.

No obstante, señala que la recurrida por medio de la Resolución Exenta Nº R-01-UJU-56063-2020 de 22 de junio del año en curso, rechazó su reclamo y procedió a otorgar a la trabajadora el seguro contemplado en la Ley Nº 16.744.

En cuanto a la fundamentación del acto, indica que la resolución no hace referencia alguna a la documentación acompañada al reclamo, refiriéndose en términos generales a los antecedentes médicos y laborales tenidos a la vista y confirmando la RECA, en términos generales y sin mayor fundamentación.

Agrega que dicha resolución fue remitida a su sede administrativa ubicada en la comuna de Ñuñoa, por lo que sólo tomó conocimiento de lo resuelto el 13 de julio pasado, sin que el documento contara con el código de seguimiento de Correos de Chile para dilucidar su real fecha de entrega.

En cuanto a la garantía afectada, señala que la recurrida ha privado a su representada de la garantía constitucional consagrada en el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que garantiza la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, concretamente respecto del derecho a un debido proceso, específicamente el inciso quinto de dicho numeral que se encuentra amparado por la acción de protección. En este sentido indica que dicha garantía supone el juzgamiento por parte de un tribunal competente, imparcial, pre existente y que dé cumplimiento al derecho a una audiencia justa y al derecho a defensa.

En la especie, expresa que su representada fue privada del ejercicio de dicha garantía, por cuanto aplicó de forma mecánica la Ley Nº 16.744 al rechazar su reclamación, sin oírla y sin considerar los fundamentos del reclamo y la documentación acompañada, actuando como una “comisión especial”.

Argumenta que lo cuestionado no es la decisión adoptada por la SUSESO, sino el hecho de que ésta, al fundamentarla, soslayó todas las argumentaciones o defensas esgrimidas por la recurrente.

Finaliza solicitando a esta Corte se acoja la acción impetrada y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº R-01-UJU-56063-2020 de 22 de junio de 2020 por que ésta constituye un acto arbitrario, y en base a ello disponga dejarla sin efecto y, en su lugar, ordenar que la recurrida dicte una nueva Resolución en que se haga cargo de los argumentos vertidos por la recurrente en su reclamo de 20 de enero del año en curso.

Acompaña al recurso:

1. Copia de reclamo presentado por esta parte ante la Superintendencia de Seguridad Social, con timbre de ingreso de 20 de enero de 2020, en el que se indica que el inicio de la enfermedad es de fecha 7 de mayo de 2019.

2. Copia de Resolución Exenta Nº R-01-UJU-56063-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, de 22 de junio de 2020.

3.- Copia de correo electrónico de fecha 13 de julio de 2020, enviada por la casilla correo reservado a correo reservado

Por su parte, el abogado Francisco Ortega Bello, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social evacúa el informe al tenor de lo ordenado, solicitando el rechazo de la acción deducida en base a los antecedentes de hecho y derecho que expone.

En primer lugar, alega la improcedencia de la acción deducida, señalando que la materia que subyace a la interposición de la presente acción es propia de la seguridad social contemplada en el artículo 19 Nº 18 de la Carta Fundamental, la que no se encuentra enumerada dentro del artículo 20 de la misma norma como sustento de la acción de protección.

Asimismo, y en atención a la naturaleza cautelar de la acción constitucional de protección, resulta de aplicación restringida únicamente a los casos en que se requiere un pronunciamiento judicial rápido para dar protección al recurrente.

Por otra parte, hace presente que, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, en el marco de los procedimientos de reclamo que contempla, corresponde a la recurrida resolver con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, los reclamos relaciones con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, por lo que sostiene que el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas.

Por ello sostiene que el fundamento del recurso obedece a un conflicto que no puede ser resuelta por esta vía, citando además jurisprudencia de varias Cortes de Apelaciones de nuestro país que confirman dicho criterio.

En cuanto al fondo del recurso se refiere al marco normativo de la cuestión En primer término, en cuanto a la competencia de la SUSESO ellas se encuentran establecidas en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, y su organización funcional en el artículo 3 de dicha norma.

En cuanto al objeto del recurso, expresa que ésta se refiere a la calificación de una enfermedad como profesional o común de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744, de lo que deriva la posterior cobertura de la misma por aplicación del seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; las eventuales secuelas que afecten al trabajador y las consecuencias económicas que de ello deriven. Señala que entre las entidades a cargo de la administración de dicho seguro se encuentra la Asociación Chilena de Seguridad, entidad que dictó la resolución de la que posteriormente se reclamó ante la recurrida.

Luego de conceptualizar en qué consiste un accidente del trabajo y enfermedad profesional, de acuerdo con lo establecido por los artículos 5 y 7 de la norma citada y en su complemento lo señalado en el artículo 16 del DS N° 109 de 1968, que indica que “Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.”

Expresa que una vez recibido el reclamo de la recurrente, solicitó los antecedentes a la ACHS; dicha institución informó mediante Carta GG.070.202003021045.2020, de 06 de marzo de 2020, la calificación de su patología como enfermedad laboral, confirmada por el Estudio de Puesto de Trabajo, el que corroboró la existencia de factores de riesgo suficiente para la generación de la enfermedad que afectó a la trabajadora.

Manifiesta que teniendo a la vista dichos antecedentes (Copia íntegra y legible de Resolución impugnada, Presentación escrita y fundada, EPT, DIEP e Informe de Antecedentes Médicos) y los aportados por la empleadora, la recurrida concluyó que existían antecedentes suficientes para verificarse la exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el trabajo, derivados del mal diseño organizacional, confirmándose entonces la calificación otorgada por la ACHS, haciendo presente que el contenido de los antecedentes de la decisión adoptada se encuentran regulados y protegidos en la Ley Nº 19.628 y Ley Nº 20.584.

Por último, señala que la recurrida no ejerció los recursos pertinentes en contra de la resolución que en este acto de impugna.

En cuanto a la garantía vulnerada, descarta dicha alegación señalando que la misma fue dictada con observancia a lo establecido en la Ley Nº 18.575 y en cumplimiento del rol de supervigilancia del adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Finalmente sostiene que, de intentarse por parte de la recurrente una recalificación de la referida enfermedad laboral ello debe intentarse ante la justicia ordinaria en un juicio de lato conocimiento. Por otra parte, hace presente su parecer sobre la injerencia que la presente acción puede tener en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Letras y del Trabajo de Colina, en causa O-800-2019, actualmente en tramitación.

Acompaña a su presentación, la Copia de la Resolución Exenta y copia de la presentación del recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Sobre la existencia del acto impugnado, no existe discusión que corresponde a la Resolución Exenta Nº R-01-UJU-56063-2020 de 22 de junio de 2020, señala que “Que, con fecha 20/01/2020, ha recurrido a esta Superintendencia, la FUNDACIÓN COANIL (…), reclamando en contra de la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, que calificó como de origen laboral la patología de salud mental que presentó doña nombre reservado (…), de lo que discrepa.

Que, a juicio de la entidad recurrente, la afección de la Sra. nombre reservado sería de origen común, exponiendo a continuación, en detalle, los fundamentos médicos y laborales de su presentación.

Que, se han tenido a la vista los antecedentes aportados por la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD.

Que, en conformidad a lo establecido por el artículo 7° de la Ley N° 16.744, es enfermedad profesional la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad.

Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó la trabajadora es de origen laboral, toda vez que es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología.

Que, de los antecedentes tenidos a la vista, entre ellos Copia íntegra y legible de Resolución impugnada. Presentación escrita y fundada, EPT, DIEP e Informe de Antecedentes Médico, se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, derivados de mal diseño organizacional. En efecto, agregan los referidos profesionales médicos, existen elementos que demuestran que la sintomatología presentada por la trabajadora tiene efectivamente una relación con factores propios de la organización en la que se desempeña. Del análisis de los antecedentes se desprende que la trabajadora ha estado sometida a situaciones de exigencia de sobrecarga laboral, lo que es consistente en toda la información disponible.

RESUELVO:

Se rechaza el reclamo interpuesto por la FUNDACIÖN COANIL. Procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744 a doña nombre reservado, por cuanto presentó una patología de origen laboral.

Se deja constancia que en contra de la presente Resolución, los interesados podrán interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, según lo indicado en el artículo 59 y 25 de la Ley N° 19.880”.

Tercero: En primer término, corresponde aclarar que el presente recurso de protección dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Por su parte, cabe consignar que la garantía del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sólo resulta protegida por la acción constitucional que consagra el artículo 20 del referido cuerpo fundamental, en su inciso cuarto, mas no el impetrado por el actor.

En cuanto a la del numeral segundo de la misma norma, ésta requiere que ante casos similares o idénticos la interpretación de la norma no sea hecha de manera uniforme, lo que no se desprende de los antecedentes agregados a la causa.

Cuarto: Sin perjuicio de lo anterior, corresponde señalar -someramente- la normativa que rige el actuar de la recurrida, en cuanto a su competencia y funciones, en particular, respecto del Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley N° 16.744.

En efecto, la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, establece la organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, estableciendo en su artículo primero que es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social. En seguida, el artículo 2° establece las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, entre las cuales se cuentan las siguientes:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia”.

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Por su parte, el artículo 3° del ya citado cuerpo legal dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro de su competencia.” Para cumplir con esta finalidad, el cuerpo legal en comento establece que en su artículo 3° que la Superintendencia de Seguridad Social se organiza funcionalmente en una Fiscalía y las Intendencias de Beneficios Sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo ésta última el control y fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Por su parte, corresponde a la recurrida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº 16.395, la fiscalización de las instituciones que administran el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la Ley N° 16.744 y sus reglamentos.

Ahora bien, la materia sobre la que versa la presenta acción, esto es, la calificación de una enfermedad como profesional o común, según se cumplan o no los presupuestos previstos en la definición del siniestro denominado “accidente profesional” contemplada en el artículo 5° de la Ley N° 16.744, las prestaciones médicas y económicas que contempla la cobertura del mismo, de resultar procedente, las eventuales secuelas que puede dejar en un trabajador o trabajadora y las prestaciones económicas que de ello se deriven, se inserta dentro del sistema de protección o seguridad social creado por el referido cuerpo legal.

Además, la Ley Nº 16.744 publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1968, creó el Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos De Accidentes Del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Las contingencias cubiertas por este Seguro Social son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744. Las personas protegidas por este seguro social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes. La administración de este seguro social corresponde, entre otros, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 16.744 al Instituto de Seguridad Laboral, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social, y a las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

Por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.”

En efecto, la determinación de la etiología u origen de una afección, esto es, si tiene origen laboral o común, dependerá si en el caso concreto se cumplen o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “Enfermedad Profesional”, establecida en el ya citado artículo 7° del también ya citado cuerpo legal. Por esta razón, resulta conveniente hacer una breve referencia a los siniestros cubiertos por este seguro social. Es así como el artículo 5º de la Ley Nº 16.744 define al accidente del trabajo como aquella “(...)Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro (…)”. Por su parte, el artículo 7º inciso primero de la Ley Nº 16.744 define a la enfermedad profesional como aquella “(...) causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.”

Complementando la norma anterior, el artículo 16 del DS. Nº 109 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, complementando la antedicha norma legal dispone que: “Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.”

Quinto: Para los efectos de desestimar la configuración de la ilegalidad y arbitrariedad impetrada por el recurrente es dable indicar que la recurrida teniendo a la vista los antecedentes de hecho aportados por la entidad empleadora y por la Mutualidad, los que fueron debidamente individualizados en la resolución recurrida -“Copia íntegra y legible de Resolución impugnada, Presentación escrita y fundada, EPT, DIEP e Informe de Antecedentes Médicos- concluyó que la afección que presentó la trabajadora efectivamente es de origen laboral, toda vez que fundamentó que es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que presentó la trabajadora, por lo que rechazó el reclamo efectuado por la actora, manteniéndose la calificación inicial.

Por su parte, se colige que la recurrida actuó dentro de la esfera de su competencia y atribuciones y conforme a las normas antes referidas, en especial de la Ley N° 16.744 y de la Ley N° 18.575.

Sexto: Por otro lado, en cuanto al fondo de esta acción, se advierte que se pretende que esta Corte modifique la calificación del origen de la enfermedad que padeció la recurrente, estableciéndose un concreto derecho de seguridad social, en el marco de la Ley N° 16.744.

Séptimo: En efecto, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Octavo: Así las cosas, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional, además, rebasa sus límites y propósitos, dado que supone cambiar la calificación efectuada de la afección padecida por la recurrente, para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo. lo que deja de manifiesto que no existe un derecho indubitado a su respecto, toda vez que para acceder a lo solicitado justamente se requiere un pronunciamiento en tal sentido.

Noveno: Que lo cierto es entonces que el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los derechos y obligaciones del recurrente, es parecer de esta Corte que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que la Corte tome medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Décimo: Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado ni propiedad sobre derecho y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario, corresponde rechazar el recurso.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de la Fundación de Ayuda al Niño Limitado COANIL en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-73454-2020.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las Ministros señora Jenny Book Reyes, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.