nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Elio Olcese Rojas, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por haber efectuado descuentos en su remuneración desde el mes de diciembre de 2025 hasta la actualidad, actuación que considera ilegal y arbitraria, que vulnera su garantía constitucional contemplada en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, por lo que pide a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida abstenerse de continuar con los descuentos y se reintegren los montos ya deducidos, con costas.

En cuanto a los antecedentes señala que su representado contrajo dos créditos sociales con la Caja de Compensación La Araucana, en los meses de junio y diciembre de 2017, respectivamente y que, por motivos de cesantía, el actor cayó en mora al poco tiempo de suscritos los mutuos, no efectuándose desde entonces cobro alguno, pese a haber mantenido vínculos laborales con empleadores afiliados a diversas Cajas de Compensación.

Agrega que, de manera sorpresiva y luego de transcurridos más de cinco años desde la mora, en diciembre de 2025 su actual empleador, Logística S.A., afiliada a la recurrida Caja 18 nombre reservado, procedió a descontar de su liquidación de sueldo las sumas de $205.032 y $105.647 mediante el sistema “Intercajas”. Señala que dichos descuentos continuaron en los meses de enero y febrero de 2026.

Argumenta que la recurrida actuó de manera antojadiza e irracional al revivir de forma unilateral un derecho a cobro tras un largo período de inactividad, forzando un beneficio que la Ley N°18.833 concede para cobros oportunos, respecto de deudas que son susceptibles de ser declaradas prescritas.

Pide en consecuencia que se acoja el presente recurso en los términos planteados.

SEGUNDO: Que, al evacuar su informe, la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Señalando que ha limitado su participación a la intermediación en el cobro de la deuda que el actor mantiene con la acreedora original, C.C.A.F. La Araucana, en estricto cumplimiento del sistema integrado de recaudación denominado “Intercajas”. Explica que este sistema, validado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) mediante Dictamen N°55970-2015, permite que, existiendo una nueva afiliación laboral, la Caja a la que se encuentre afiliado el nuevo empleador recaude las deudas contraídas con anterioridad por el trabajador con otra entidad del sistema. Sostiene que su actuar se enmarca en la legalidad vigente, citando al efecto el artículo 22 de la Ley N°18.833, el artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 22 de la Ley N°17.322, normativas que imponen al empleador la obligación de deducir de las remuneraciones las cuotas de crédito social.

Añade que, habiendo sido informada por la C.C.A.F. La Araucana de la morosidad del recurrente, incluyó dicha deuda en las planillas de cobro remitidas a la empleadora. Finalmente, argumenta que no ha cometido acto ilegal ni arbitrario alguno, pues se limitó a aplicar un sistema de recaudación amparado en la ley y validado por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, Rol 31756-2019, por lo que solicita el rechazo de la acción impetrada.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad y procedencia de la acción cautelar la constatación de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho o carente de fundamentación racional, que vulnere derechos constitucionales indubitados.

CUARTO: Que, de los antecedentes aportados a la causa, particularmente los certificados de deuda acompañados por el propio recurrente y el informe evacuado por la recurrida son hechos pacíficos y no discutidos:

a) Que don nombre reservado contrajo créditos sociales con la C.C.A.F. La Araucana en el año 2017;

b) Que dichos créditos se encuentran en mora al no haber sido solucionados íntegramente;

c) Que el actor se encuentra actualmente vinculado laboralmente a la empresa Logística S.A., entidad afiliada a la C.C.A.F. 18 nombre reservado; y d) Que esta última procedió a instruir a la empleadora el descuento por planilla de las cuotas adeudadas, a través del mecanismo “Intercajas”, materializándose dichos descuentos en las remuneraciones de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026.

QUINTO: Que, para resolver la controversia, cabe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, que establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, prescribe que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En concordancia con ello, el artículo 58 del Código del Trabajo dispone como obligación del empleador deducir de las remuneraciones, entre otras, las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. A su vez, el mecanismo de recaudación denominado “Intercajas” se encuentra expresamente autorizado por la entidad fiscalizadora correspondiente, la Superintendencia de Seguridad Social, permitiendo la coordinación entre Cajas para el cobro de créditos sociales cuando el deudor cambia de empleador, lo cual constituye el ejercicio legítimo de un mandato de recaudación.

SEXTO: Que, el reproche fundamental del recurrente descansa en el prolongado lapso transcurrido desde que se constituyó en mora, argumentando que el ejercicio de la facultad de descuento se tornaría abusivo al tratarse de una deuda susceptible de ser declarada prescrita. Al respecto, cabe recordar que en nuestro ordenamiento jurídico la prescripción es una institución que, conforme al mandato expreso del artículo 2493 del Código Civil, “el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”. De esta norma sustantiva se desprende inequívocamente que, en tanto la prescripción de la obligación o de las acciones de cobro emanadas del crédito social no haya sido alegada y declarada mediante una sentencia judicial firme o ejecutoriada emanada del tribunal civil competente, la obligación mantiene su plena vigencia y exigibilidad.

SÉPTIMO: Que, en el caso de marras, no existe constancia alguna en autos de que el actor haya obtenido una declaración judicial de prescripción respecto de las deudas contraídas con la C.C.A.F. La Araucana. Por consiguiente, al mantenerse vigentes las obligaciones, la C.C.A.F. 18 nombre reservado, al obrar como recaudadora delegada mediante el Sistema Intercajas, no ha hecho sino dar estricto cumplimiento al mandato imperativo contenido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y el artículo 58 del Código del Trabajo. Su actuación se encuentra revestida de plena fundamentación jurídica y legal, desvaneciéndose con ello cualquier atisbo de ilegalidad. Del mismo modo, el proceder de la entidad recurrida carece de arbitrariedad, toda vez que no obedece a un mero capricho, sino a la aplicación sistemática e institucional de directrices de la Superintendencia del ramo tendientes a la recuperación de créditos sociales válidamente otorgados y actualmente exigibles.

OCTAVO: Que, al no advertirse en la especie la existencia de una actuación ilegal ni arbitraria por parte de la recurrida, el presente arbitrio constitucional pierde su sustento, no verificándose vulneración alguna a la garantía del derecho de propiedad contemplada en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, dado que los descuentos practicados constituyen una retención autorizada expresamente por el legislador. Las alegaciones relativas a la antigüedad de la deuda o al supuesto desinterés en el cobro, propias de un debate de lato conocimiento sobre la vigencia de la obligación, desbordan la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en representación de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-734-2026.