nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dos de julio de dos mil veinticuatro.

A los folios 21 y 22: téngase presente.

Vistos:

Primero: Que comparece el abogado don Jorge Manuel Lena Salgado quien deduce recurso de protección en representación de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento realizado en sus liquidaciones de sueldo del crédito social que le fue otorgado, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 N°s 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 21 de agosto de 2022 su representado suscribió un pagaré por $6.289.726 a favor de la recurrida.

Indica que, atendido a diferencias en los pagos del referido crédito, la recurrida inició el 15 de mayo de 2023 un juicio ejecutivo en contra de su representado, exigiendo el pago total del pagaré, siendo notificado el 25 de agosto de 2023 y requerido de pago el 28 de agosto de 2023.

Señala que el recurrente, en su liquidación de remuneración correspondiente al mes de marzo de 2024, detectó un descuento denominado “Cred. Social C. C. Los Andes”, por la suma de $241.454.

Afirma que el cobro que la recurrida efectúa de la liquidación de la remuneración para pagarse el crédito es ilegal y arbitrario, toda vez que, por un lado, existe un juicio que se encuentra pendiente en un escenario donde su representado se ve afecto al peligro de su patrimonio no obstante que la recurrente sigue efectuando descuentos en su remuneración, y por otro lado, que el recurrente nunca fue informado respecto de la decisión del recurrido de ejecutar el descuento materializado en las liquidaciones de sus remuneraciones.

Asevera que, en este caso, existe un doble cobro, por cuanto por una parte se ejercer la acción ejecutiva y, por otra, se realizan descuentos por planilla de la remuneración del deudor.

Sostiene que la recurrida ha decidido utilizar la vía jurisdiccional para cobrar la deuda, por lo que, estando notificada la demanda, no procede ejercer la facultar que le otorga la Ley N° 18.833, debiendo seguir con el juicio ejecutivo que inició.

Concluye solicitando cesar los descuentos y restituir el monto cobrado a la fecha, con costas.

Acompaña: (i) Liquidación de Remuneración de marzo de 2024 del recurrente; (ii) Contrato de trabajo del recurrente; (iii) Anexo de contrato de trabajo del recurrente; (iv) Ebook Causa C-7875-2023 seguida ante el 4° Juzgado Civil de Santiago y; (v) Copia de Pagaré N°022CON103480445.

Segundo: Que, comparece doña Inés Riquelme Arao, abogada en representación de la Caja de Compensación y nombre reservado e informando al tenor del recurso, solicita el rechazo del mismo, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su parte.

Afirma que son dos los créditos que fueron otorgados al recurrente: el primero de ellos, N° 022CON103480445, de 21 de febrero de 2022, por un capital de $6.289.726, pagadero en 60 cuotas de $154.285, cuyo primer vencimiento tuvo lugar el 30 de abril de 2022, y respecto del cual las primeras 6 cuotas fueron pagadas regularmente, las cuotas 7 a 9 se pagaron durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2024 y el 10 de abril de 2024, y se encuentran en mora las cuotas 10 a 24; y el segundo de ellos, N° 022CON103484472, de 25 de febrero de 2022, por un capital de $1.546.734, pagadero en 60 cuotas de $45.621, cuyo primer vencimiento tuvo lugar el 30 de abril de 2022, y respecto del cual las primeras 6 cuotas fueron pagadas regularmente, las cuotas 7 a 9 se pagaron durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2024 y el 10 de abril de 2024, y se encuentran en mora las cuotas 10 a 24.

Explica que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es administrar prestaciones de seguridad social, las que, además de funciones obligatorias como el pago de asignaciones familiares y subsidios, pueden ofrecer prestaciones facultativas como créditos sociales, los que están regulados en el artículo 19 de la Ley N° 18.833 y se orientan a satisfacer necesidades de trabajadores y pensionados afiliados. Por ello, a diferencia de otras instituciones financieras, su sistema crediticio está vinculado a su objeto social, pues sus beneficios económicos se destinan a mejorar las prestaciones sociales, y su financiamiento proviene de un fondo social regulado por la ley, de ahí que el artículo 22 del mencionado texto legal contempla garantías para el cobro de dichos créditos, los que deben ser deducidos de la remuneración del trabajador por el empleador y remitidos a la acreedora, rigiéndose por las mismas normas que las cotizaciones previsionales.

Razona que los créditos que motivan la presente acción de cautela constitucional están plenamente vigentes, son actualmente exigibles y sus acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el referido artículo 22 es pertinente y oportuno, a lo que se suma que la acción de protección no es la vía procesal adecuada para alegar prescripción, la cual debería ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Agrega que su representada sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo.

Finalmente, asevera que la recurrida no requiere de una sentencia o proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador, encontrándose en el imperativo de proteger su fondo social mediante la recuperación de créditos por la vía establecida en la ley, razón por la que el ejercicio de la facultad legal de realizar descuentos se ajusta a la normativa vigente, no siendo un acto ilegal ni arbitrario.

Tercero: Que el recurrente acompañó carpeta electrónica de la causa C-7875-2023 del 4° Juzgado Civil de Santiago, del cual se desprende:

i.- Que el 15 de mayo de 2023 la recurrida interpuso en procedimiento ejecutivo acción de mandamiento de ejecución y embargo fundada en pagaré N° 022CON103480445, el cual se otorgó por concepto de capital por $6.289.726, y que corresponde al mismo crédito que recurrente y recurrida aluden en este proceso.

Además, que alega el no pago de la cuota 7 en adelante, de octubre de 2022, e invoca la facultad para demandar la totalidad del crédito impago, por la suma de $5.660.712.

ii.- Que el 26 de mayo de 2023 se dio curso a la demanda, resolviéndose despáchese, por la cuantía solicitada.

iii.- Que el 25 de agosto de 2023, se notificó al recurrente de protección conforme al artículo 44 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil.;

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que en cuanto al conflicto planteado, se encuentra acreditado que Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes, el 21 de febrero de 2022, otorgó al recurrente un crédito social por el monto total de $6.289.726, pagadero en 60 en cuotas iguales y sucesivas de $154.285. Asimismo, a partir del mes de marzo de 2024 el empleador procedió a descontar de las remuneraciones de la recurrente la suma de $241.454.

Por otro lado, consta también de los antecedentes que con fecha 15 de mayo de 2023, el acreedor de la recurrente interpuso demanda ejecutiva en causa Rol C-7875-2023, ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, en contra de la recurrente, esgrimiendo como título ejecutivo el pagaré suscrito por motivo del crédito social individualizado en estos autos, en la cual la recurrida cobra la totalidad del crédito que aduce como no pagado, acelerando el mismo, e incluyendo las cuotas que hasta esa fecha no se habían devengado. Siendo la fecha de interposición de la demanda ejecutiva anterior a la de los descuentos de marzo de 2024.

Sexto: Que se tiene presente que se trata del mismo crédito social y habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro judicial de la obligación, debe instar por esa vía, sin que sea procedente el descuento de cuotas cuando el recurrente como trabajador dependiente se incorpora al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario por cuanto la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro legítima que ahora debe respetar, sin que pueda revivir el sistema anterior previsto para relaciones laborales vigente y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes.

Séptimo: Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Octavo: Que por los fundamentos referidos se acogerá como se dirá en lo resolutivo el recurso de protección, no siendo necesario ahondar sobre la otra garantía individualizada en la acción constitucional.

Noveno: Que, respecto del segundo pagaré informado por el recurrido, N° 022CON103484472, de 25 de febrero de 2022, lo cierto es que no existe certeza de lo que se está cobrando, por cuanto, de acuerdo al monto deducido de la remuneración del actor, se está cobrando una suma superior a las cuotas correspondientes a ambos pagarés.

A este respecto, el segundo pagaré estaría en mora desde octubre de 2022, sin que ninguna comunicación se remitiera al recurrente para informarle que realizaría el cobro de aquel, respecto del cual ninguna justificación existe, toda vez que la cuota pactada asciende a $45.621, razón por la cual igualmente corresponde acoger la acción en relación a este segundo crédito al que alude el recurrido en su informe, por falta de precisión en el cobro y por no existir certeza del monto total de las obligaciones, sobre todo si, como ya se dijo, respecto del primer crédito aceleró la obligación con fecha 15 de mayo de 2023.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por lo que la recurrida deberá abstenerse de efectuar los descuentos y, en consecuencia, deberá restituir todas las sumas descontadas al recurrente desde el mes de marzo de 2024.

Regístrese y comuníquese.

Rol N° 7337-2024 Protección.