Protección contra Dirección General de Aeronáutica Civil

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veinticinco.

A los folios 20 y 21; a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, chileno, divorciado, cédula de identidad NUM000, domiciliado en domicilio reservado, por intermedio de sus abogados patrocinantes don Matías Enrique Berríos Fuchslocher y don Franco Octavio Benavides Pérez, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), representada por su Director Nacional, don Carlos Madina Díaz, General del Aire, por haber dictado la Resolución TRA N° NUM001 de fecha 3 de febrero de 2025, notificada el 19 de marzo de 2025, mediante la cual declaró salud incompatible con el desempeño del cargo del recurrente y la vacancia del mismo, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que carece de fundamentación técnica adecuada y se basa únicamente en el uso de licencias médicas por un período superior a seis meses, sin evaluación específica de incompatibilidad con el cargo, vulnerando los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Refiere a la DGAC el 04 de marzo de 1996, desempeñándose como "Operador en Seguridad Aeroportuaria" desde el 01 de noviembre de 1996, pasando a planta en diciembre de 1997. Durante su carrera realizó múltiples cursos de perfeccionamiento y desempeñó cargos de responsabilidad, siendo hasta marzo de 2025 Encargado del Área DSA con 60 funcionarios a cargo.

En cuanto a los hechos, sostiene que, en abril de 2024, mientras realizaba actividades deportivas representando a la DGAC, sufrió rotura del ligamento cruzado anterior más rotura de ambos meniscos, siendo intervenido quirúrgicamente el 05 de junio de 2024. Acumuló 263 días de licencia médica entre el 05 de junio de 2024 y el 22 de febrero de 2025. Recibió el alta médica el 26 de febrero de 2025 y fue reintegrado a sus funciones. Sin embargo, el 19 de marzo de 2025 fue notificado del despido por "salud incompatible", mientras se desempeñaba normalmente.

Invoca las disposiciones de la Ley N°18.834, específicamente los artículos 146 letra c), 150 y 151, destacando que esta norma exige que el jefe superior del servicio requiera previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema (Roles N°38.131-2021 y N°38.135-2021) sobre diferencias arbitrarias en la regulación de salud incompatible y la necesidad de evaluación específica de compatibilidad con el cargo, haciendo presente que dicha declaración de incompatibilidad es facultativa para el Jefe del Servicio, razón por la cual la misma debe ser debidamente fundada.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, particularmente el fallo Rol de Ingreso N°38.131-2021, que se refiere a las diferencias arbitrarias que se establecen en la regulación de la declaración de salud incompatible de diferentes grupos de funcionarios públicos, y el fallo Rol de Ingreso N°38.135-2021, que establece que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al Jefe de Servicio para declarar la vacancia del cargo.

Sostiene que se han vulnerado sus derechos constitucionales del artículo 19 N°2, toda vez que la resolución impugnada carece de fundamentación técnica adecuada respecto a la incompatibilidad específica de su salud con el cargo, constituyendo discriminación por su condición de salud, considerando que se desempeñó normalmente durante casi un mes después del alta médica y que la COMPIN declaró su estado de salud como recuperable.

Termina solicitando que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución TRA N° NUM001 de fecha 3 de febrero de 2025, se ordene su reintegro a las labores que desempeñaba antes de ser separado de sus funciones, y el pago de todas las remuneraciones que debió percibir durante todo el tiempo intermedio, gozando de las mismas condiciones que existían al tiempo de la separación y con expresa condena en costas de la parte contraria.

Segundo: Que, evacuando el informe ordenado por esta Corte, la Dirección General de Aeronáutica Civil, representada por su abogado don Ignacio Enrique Camino Mardones, solicita se rechace la acción de protección con expresa condena en costas, sosteniendo que la Resolución TRA N° NUM001 se dictó en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo y de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, tras verificarse que el recurrente acumuló 238 días de licencia médica en los últimos dos años, superando el margen de seis meses establecido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Confirma que el señor nombre reservado fue contratado el 1 de noviembre de 1996 como Operador de Seguridad Aeroportuaria y nombrado en la Planta en diciembre de 1997. Al momento de declararse su vacancia, cumplía labores como Encargado de Defensa Aeroportuaria (DSA) en el Aeropuerto nombre reservado

Benítez, funciones que incluyen inspecciones a pasajeros y equipajes, control de acceso, atención de pasajeros disruptivos, procedimientos de seguridad en aeronaves bajo amenaza, y labores de resguardo con porte de armas de fuego.

Respecto del procedimiento, ante la acumulación de licencias médicas superior a seis meses, requirió mediante Oficio (R) NUM002 del 26 de noviembre de 2024 a la COMPIN que evaluara la condición de irrecuperabilidad del funcionario. La COMPIN, mediante Resolución Folio NUM003 de 12 de diciembre de 2024, comunicó que el señor nombre reservado presenta estado de salud recuperable. Ante estas condiciones, se adoptó la determinación de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible prevista en el artículo 150 letra a) del Estatuto Administrativo, acto tomado de razón por la Contraloría General de la República el 17 de marzo de 2025.

Invoca los artículos 146 letra c), 150 y 151 del Estatuto Administrativo, destacando que el artículo 151 faculta al jefe superior del servicio para considerar como salud incompatible el uso de licencia médica en período mayor a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, debiendo requerir previamente evaluación de la COMPIN.

Cita jurisprudencia de la Contraloría General (Dictámenes N°17.351/2018 y N°188.441/2022) que precisan que cuando la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo. Complementa con jurisprudencia de la Corte Suprema (Sentencia ROL N°3.472-2023) que confirmó la validez de dichos dictámenes.

Explica que hay una distinción conceptual entre "salud irrecuperable" y "salud incompatible", explicando que son hipótesis distintas con regulaciones diferentes. Mientras la salud irrecuperable tiene efectos generales, la salud incompatible se relaciona específicamente con la aptitud para desempeñar el cargo particular.

Argumenta que el ejercicio de la facultad obedece a exigencias de buena administración para resguardar la continuidad de las funciones del servicio y el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1 inciso 4° de la Constitución. La Resolución expresa que el ausentismo laboral afecta el cumplimiento de funciones y el servicio requiere mantener continuidad para contar con dotación necesaria.

Respecto de la acción de protección, alega que tiene carácter cautelar y que no busca ser una instancia declarativa de derechos, motivo por el cual el fondo de esta acción, a su juicio, excedería los límites de la misma, al carecer de derechos indubitados.

Sostiene que no existe vulneración a garantías fundamentales, sino ejercicio legítimo de facultad reconocida por el ordenamiento jurídico, destacando que la autoridad actuó de manera objetiva, oportuna y fundada, cumpliendo los requisitos de los artículos 150 letra a) y 151 del Estatuto Administrativo. La DGAC pondera anualmente el ausentismo laboral, declarando vacancia por salud incompatible cuando se cumplen presupuestos legales, sin discriminación arbitraria.

Por estas razones, solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas, considerando que no ha existido acto ilegal o arbitrario por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil en la dictación de la Resolución TRA N° NUM001, por el contrario, el acto recurrido se dictó en cumplimiento de la normativa legal vigente, no habiéndose conculcado ninguna de las garantías fundamentales señaladas como afectadas.

Tercero: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza ese atributo.

Cuarto: Que en síntesis, la acción cautelar interpuesta se deduce en contra de la decisión contenida en la Resolución Exenta TRA N° NUM001, que declara vacante el cargo que servía el actor motivada en la causal de salud incompatible por el tiempo de licencia médica que presentó durante los últimos dos años, en circunstancias que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –COMPIN- informó que su salud es recuperable; dictamen que, en su opinión, haría improcedente la causal de vacancia cuestionada.

A su vez, la recurrida alega que el acto materia del recurso se dictó en ejercicio de una facultad legal, ejercida en conformidad con la preceptiva que la rige y con el fundamento de rigor, referido tanto al período de licencias médicas que ha presentado el actor, como la necesidad de propender a un buen servicio.

Quinto: Que atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Sexto: Que conforme a lo que se ha señalado, se desprende que la controversia en que se funda el recurso en estudio gira en torno al ejercicio que, en el caso del recurrente, hizo la recurrida de conformidad con lo dispuesto el artículo 151 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo.

El artículo citado expone que: “El Jefe superior servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Séptimo: Que como se ha visto, el recurrente cuestiona la determinación materia del recurso en atención a que, requerido el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a que se refiere el inciso final de la disposición legal recién citada, este concluyó que su salud es “recuperable”, razón que, a su juicio, haría ilegal la declaración de salud incompatible efectuada por la recurrida, dejándola sin sustento, toda vez que no se basó en otra cosa más allá de la cantidad de días de licencia médica acumulados en el lapso de dos años, reposo que estaría precisamente en la línea de la recuperación de su salud.

Octavo: Que, sobre el particular, es útil recordar que con arreglo al artículo 146 del Estatuto Administrativo, el funcionario cesará en el cargo, entre otras causales, por “c) Declaración de vacancia (…)”. A su turno, el artículo 150 del ordenamiento referido, prescribe de manera armónica: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; (…)”.

Noveno: Que, a la luz de lo antedicho, a partir de esa regulación formulada de modo alternativo por el legislador, queda de manifiesto la existencia de dos constructos distintos entre sí: la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable. La primera, supeditada a un tiempo de licencias médicas continuas o discontinuas del funcionario y entregada a una facultad depositada en el jefe superior del servicio; la segunda, en cambio, entregada a la evaluación que de la salud del funcionario realice la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente y a la que sigue un procedimiento administrativo en que se encauza la persona cuya salud se califique de “irrecuperable” y que, dentro de un determinado margen de tiempo, prepara el momento del cese definitivo de funciones.

Lo anotado recién queda patente, no solo en la conjunción disyuntiva –“o”- que se contiene en los citados artículos 150, 147 y 72 de los estatutos en referencia, denotando diferencia o alternativa entre la salud incompatible y la salud irrecuperable, sino que en la propia reglamentación independiente que de las mismas se prevé en los artículos 151 y 152 del Estatuto Administrativo Ley N°18.834.

Décimo: Que, ahora bien, igualmente es oportuno considerar que el artículo 151 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en los que se preceptúa la declaración de salud incompatible con el cargo, fueron modificados por la Ley N°21.050, publicada el 7 de diciembre de 2017, en cuyo Mensaje se lee que la iniciativa de ley tuvo por objeto reajustar las remuneraciones del Sector Público, conceder aguinaldos de Navidad del año 2017 y de Fiestas Patrias del año 2018 para el sector activo y pasivo, otorgar otros beneficios que indica y modernizar la gestión del Estado en las materias la señala.

En lo que ahora interesa, el referido proyecto expresó: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la Ley N° 18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la Ley N° 18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, para poder declarar la vacancia del mismo”.

En principio, podría inferirse que lo perseguido con esa modificación legal de 2017 fue uniformar la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable bajo el único, idéntico e insoslayable fundamento de la condición no recuperable de la salud del funcionario informada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Sin embargo, un objetivo como ese habría ameritado que se reformasen, también, esos otros artículos aludidos en el motivo inmediatamente anterior, en cuanto por ellos se contemplan y regulan de manera distintiva ambas figuras, con independencia la una respecto de la otra.

Undécimo: Que por lo referido es posible entonces anotar que el sentido o entendimiento del artículo 151 de la Ley N°18.834, tras la reforma introducida por la Ley N°21.050, se encuentra en el condicionamiento al que pasó a estar sujeta la jefatura a la hora de ejercer la facultad de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible, quien solo podrá proceder de ese modo si previamente ha recabado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación sobre la condición de irrecuperable de la salud que pudiera presentar el funcionario y que no le permite desempeñar el cargo. En caso que lo irrecuperable de la salud del funcionario resulte constatado a raíz de dicho informe, será esta la figura que cobre vigencia, con la normativa que le es propia.

Dicho con otras palabras, del informe sobre el resultado de la evaluación que debe de obtenerse en forma previa de la mencionada entidad técnica dependerá cuál de las figuras en referencia cobra vigor y habrá de recibir aplicación en el caso que se trate. Si la conclusión es que la salud del funcionario es irrecuperable, esta preferirá y será conforme a sus reglas que procederá la declaración de vacancia. Si en cambio, la conclusión es que la salud del funcionario es evaluada como recuperable, y además se reúne el lapso de licencia médica exigido por la ley, entonces procederá la eventual declaración de vacancia por salud incompatible con el cargo.

Junto con ello, es menester resaltar que tal declaración se presenta como una facultad discrecional que la ley ha entregado a la jefatura del Servicio respectivo, en la medida que concurran los requisitos que autorizan su ejercicio, como se ha visto: que el funcionario haya hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años y que su salud sea recuperable.

Décimo segundo: Que el contexto descrito en el motivo inmediatamente anterior refuerza el entendimiento que se ha venido haciendo sobre el sentido de la reforma introducida mediante Ley N°21.050 a la Ley N°18.834, esto es, que la exigencia de contar con el informe previo de la COMPIN que habilita el ejercicio de la facultad de declarar la salud incompatible con el cargo, efectivamente mira por la mejora en el estatuto y condiciones que rigen a los servidores públicos, toda vez que está dirigida a esclarecer a priori, y con ello a excluir, la posibilidad de que sea el empleador quien ejerza su facultad de separar a un funcionario afectado en un caso que –de no mediar ese informe técnico-médico- podría verse claramente perjudicado si su salud no es simplemente incompatible con el cargo para el que ha sido designado, sino que es irrecuperable y, por consiguiente, conducirá a una declaración de invalidez en conformidad con el procedimiento administrativo correspondiente.

Décimo tercero: Que así también lo ha entendido la Contraloría General de la República en su Dictamen N°527522 de 14 de agosto de 2024, al señalar que “Asimismo, conviene reiterar que la circunstancia de que la COMPIN determine que la salud del funcionario es recuperable no impide al alcalde ejercer su facultad de declarar la salud incompatible, pues dicho pronunciamiento técnico acerca de la recuperabilidad constituye un requisito adicional que el legislador impone a la máxima autoridad comunal cuando esta pretenda ejercer la atribución de declarar la salud incompatible de un determinado servidor, a fin de resguardar que, si existe irrecuperabilidad, no resulte posible efectuar la aludida declaración, evitando de esta forma que, en ese caso, se configure la vacancia del cargo por la causal de salud incompatible, sino que sea la comisión médica pertinente la que pondere la declaración de salud irrecuperable y así el funcionario pueda retirarse en los términos del citado artículo 149 de la ley N° 18.883.

Por último, en relación con la sentencia de la Corte Suprema que invoca la Municipalidad de La Cisterna, en cuanto indica que la “sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al alcalde para declarar la vacancia del cargo”, cabe manifestar que no le corresponde a esta Contraloría interpretar el alcance y sentido de los fallos judiciales, los que, en todo caso, tienen fuerza obligatoria para quienes son parte en los procesos en los que se han emitido”.

Como puede advertirse, la conclusión anotada permite dar sentido a la modificación legal introducida por la Ley Nº 21.050 al artículo 151 de la Ley Nº 18.834, toda vez que, entender que una declaración de salud recuperable que haga la COMPIN impediría al jefe de servicio declarar la salud incompatible de los funcionarios que se encuentren en los supuestos que esas normas indican, importaría una interpretación que dejaría sin aplicación la causal de vacancia del cargo por salud incompatible.

Décimo cuarto: Que volviendo al caso de autos, es pertinente poner de relieve que el recurrente no refuta el fundamento que, en consonancia con el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo Ley N° 18.834, encamina la declaración de vacancia contenida en la Resolución que se impugna en el presente arbitrio, esto es, que en el lapso de dos años, hizo uso de licencias médicas por 263 días, vale decir más por más de seis meses, razón por la cual solicitó un pronunciamiento a la COMPIN que era de rigor, y sin que corresponda aplicar el estatuto previsto para la declaración de salud irrecuperable, hizo confluir en la especie los requisitos objetivos que admitían la declaración de salud incompatible por medio de la facultad que tiene autorizada el Jefe del Servicio recurrido y que, en definitiva, ejerció en la especie.

Décimo quinto: Que en las circunstancias que se han descrito en las motivaciones anteriores, no es dable afirmar que exista ilegalidad en la Resolución Exenta TRA N° NUM001, en los términos pretendidos por el recurrente, como tampoco es posible advertir arbitrariedad en su dictación, desde que se apoya en las normas antes descritas, con una base fáctica razonable y proporcional, no una simple voluntad vacía de contenido o el mero capricho de su emisor.

Consecuentemente, no ha podido tener lugar la conculcación de las garantías constitucionales invocadas en el recurso de la manera que este propone.

Décimo sexto: Que por de todas las reflexiones que han sido anotadas en los párrafos que anteceden, no queda más que concluir que el arbitrio constitucional en estudio tendrá que ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-7334-2025.