INTERANDINA DE COMERCIO LIMITADA (AMPHORA) con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO REGIÓN METROPOLITANA PONIE

Santiago, cinco de diciembre de dos mil dieciocho.- Vistos y considerando:

1°) Que comparece don nombre reservado, en representación de Interandina de Comercio Ltda., representada domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo Región Metropolitana Poniente, representada legalmente nombre reservado, Director Regional, por haber dictado un acto ilegal y arbitrario consistente en la resolución N° 000932, de 5 de septiembre de 2018, que desestimó una petición de nulidad de notificación de multa N° 4514/18/11-1,2,3,4 de 5 y 6 de marzo de 2018.

Sostiene que con fecha 6 de marzo de 2018 la Inspección recurrida efectuó una fiscalización en uno de los locales de su representada ubicado en domicilio reservado, aplicando una multa total de 300 UTM, la que fue aparentemente notificada en el local fiscalizado mediante carta certificada ingresada a Correos de Chile el 20 de marzo de 2018, y supuestamente entregada a una empleada del recinto. Agrega que su representada no tomó conocimiento de la referida resolución por no haber recibido la carta certificada, enterándose de la existencia de aquella el 19 de junio de 2018, al obtener un informe en Dicom Equifax, y que el 20 y 21 de dicho mes y año una empleada de la empresa se apersonó en la Inspección del Trabajo comunal, donde se les informó que la resolución en comento fue notificada por carta certificada el 2 de abril de 2018. Por tal motivo, se solicitó la nulidad de la notificación; pero en el intertanto su representada fue notificada y requerida de pago de la multa en un proceso de cobranza judicial iniciado por la Tesorería General de la República, embargándose un inmueble en la ciudad de Valparaíso, en que la recurrente ejerce su actividad económica, razón por la cual se vio en la obligación de pagar la multa, reservándose el derecho a pedir la restitución de los dineros. Posteriormente, y mediante la resolución antes indicada, se resolvió la nulidad de la notificación presentada por su parte, siendo rechazada principalmente porque habría pagado la multa generándose el reconocimiento de la obligación y su subsecuente extinción, por lo que no procedería revisar el acto administrativo por estar extinto por su cumplimiento. Asimismo, se señala que el legislador expresamente permite la notificación por carta certificada, sin exigir que sea recibida por una persona con las facultades del Art. 4° del Código del Trabajo para su validez.

Estima que el fundamento del rechazo de su petición de nulidad es arbitrario, toda vez que tuvo que pagar la multa respecto de la cual no pudo ejercer su derecho de defensa y para continuar con sus operaciones, o bien perder el inmueble embargado de valor muy superior a la multa impuesta; y contraviene la Circular N° 65 de 11 de junio de 2012, dictada por la propia Dirección del Trabajo, que establece que por regla general las notificaciones por carta certificada deben ser notificadas personalmente al empleador o a su representante al término de la fiscalización, y que cuando se trate de personas jurídicas, si no se encuentra el responsable a quien deba notificarse personalmente, debe hacerse por carta certificada, siendo ésta excepcional y se deberá dirigir siempre a la casa matriz de la empresa.

Luego señala que el acto arbitrario e ilegal atacado por el recurso perturba la las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de debido proceso, por cuanto le impidió ejercer su derecho de defensa y a reclamar de las multas impuestas, y el derecho de propiedad, porque se vio obligada a pagar una multa que no fue válidamente notificada y sin que el vicio de nulidad haya sido subsanado, e impedido de esa forma interponer el reclamo o reconsideración de la multa que afecta el patrimonio de la recurrente.

Pide que, acogiéndose el recurso, se deje sin efecto la resolución N° 000932, de 5 de septiembre de 2018, que desestimó la petición de nulidad de notificación de multa, ordenando a la recurrida declarar la nulidad de la notificación por carta certificada a la resolución de multa N° 4514/18/11-1,2,3,4 de 5 y 6 de marzo de 2018, y que desde esa declaración comience a correr el plazo para reclamarlas en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de otras medidas para restablecer el imperio del derecho;

2°) Que informando la recurrida, solicita al rechazo del recurso, con costras, conforme a los siguientes argumentos:

I. Improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido. Estima que el recurso de autos es inadmisible, por cuanto se ha interpuesto respecto de una resolución administrativa respecto de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa como en sede judicial. En estas condiciones, sostiene, es manifiesto que el recurso de protección se está utilizando por la recurrente como un mero sustituto de procedimientos específicos contemplados en la legislación de manera expresa, por lo que en nada se justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tienen previstas vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución, en las que se puede aportar y apreciar ampliamente la prueba que las partes rindan. Agrega que el recurso de protección no ha sido concebida por el legislador como un procedimiento declarativo y menos de mera certeza, sino que normado por la Carta Fundamental como una acción de tipo cautelar y de emergencia para la adecuada tutela jurídica de ciertas garantías constitucionales, de modo que si no hay medidas de ese carácter que adoptar, sea porque el recurso perdió oportunidad, sea por otra causa, no corresponde que por esta vía se emita un juicio acerca de la legalidad o arbitrariedad de un determinado acto.

II. Inadmisibilidad del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición. Indica que la actuación de la Dirección Regional del Trabajo Región Metropolitana Poniente se encuentra exenta de toda ilegalidad y arbitrariedad.

En cuanto a los hechos, expresa que con fecha 6 de marzo de 2018 se efectuó una fiscalización al establecimiento en Quilicura de la recurrente y se constató que ésta ha transgredido una serie de normas que protegen la vida y salud de sus dependientes, violando de esa forma diversas disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Ante lo anterior debió cursar a la empresa las multas: 1323-4514-2018-11-1-2-3-4-5, sanción que le fue notificada por correo certificado a la empresa con fecha 27 de marzo del 2018, fecha desde la cual disponía de los plazos para solicitar una revisión administrativa de la sanción o recurrir en contra de ella ante los tribunales de justicia. El artículo 508 del Código del Trabajo señala que las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros propios de la mencionada Dirección; y que la notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, la que se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos; agregando que para resolver el recurso extraordinario de revisión, no se tuvo en cuenta solamente esta presunción simplemente legal, sino que además los datos aportados por Correos de Chile, dado que esta empresa a cada envío le asigna, precisamente un “número de envió”, y haciendo un seguimiento de éste se consigna que el envió fue recibido el día 20 de marzo de 2018 por la sucursal Quilicura y que fue entregado a la empresa reclamante el día 4 de abril de 2018. La empresa podía solicitar una revisión administrativa de la sanción o recurrir en contra de ella ante los tribunales de justicia Ninguna acción realizo la empresa en dicho sentido, sino solamente, con fecha 22 de junio de 2018, cesa en su inacción y presenta ante la recurrida, sin ninguna formalidad, una solicitud de anulación de la notificación de la multa ya citada, y a efecto de darle curso y no dejar al recurrente en la indefensión, se le consideró un recurso extraordinario de revisión a la luz del artículo 60 de la Ley N° 19880 y lo tramitó como tal; que veintiséis días después de haber presentado su solicitud y antes que se emitiera una resolución a su respecto, la empresa, procede a pagar, en la Tesorería General de la Republica, las cinco multas respecto de las cuales alegaba no haber sido notificada. Finalmente con fecha 05 de septiembre de 2018, la Dirección del Trabajo de la Región Metropolitana, mediante la Resolución N° 000932, rechaza el recurso presentado por la empresa, por improcedente, toda vez que el recurso extraordinario de revisión, procede solo contra los actos administrativos “firmes” y no contra los actos administrativos ya ejecutados, y ejecutado además por iniciativa del propio recurrente como era el caso. Sin perjuicio de que la multa en cuestión había sido notificada en forma legal, por lo que tampoco era procedente acoger por dicho motivo el recurso.

Agrega que teniendo presente que se entiende por ilegal aquel acto que se aparta de la normativa legal destinado a regirlo y por arbitrario aquel acto que es inmotivado, carente de fundamento razonable, que parece ser fruto del mero capricho o de la sin razón, la Resolución N° 000932, dictada por el Director del Trabajo de la Región Metropolitana Poniente, carece de ilegalidad, pues fue dictada precisamente dentro del ámbito de su competencia y no viola de ninguna forma las garantías establecidas en el artículo 19, en sus números: N° 2, 3 y 24, de la Constitución Política. Dicha resolución de manera alguna constituye una diferencia arbitraria, por el contrario el procedimiento aplicado es exactamente el mismo para cualquier administrado, cosa distinta que se haya pretendido impugnar un acto administrativo por una vía que no era la adecuada legalmente, por cuanto se pretendió impugnar una acto administrativo ejecutado mediante una acción administrativa que solo es precedente contra actos administrativos firmes. Tampoco existe en la resolución recurrida un desconocimiento a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, por cuanto la ley establece las protecciones adecuadas de los derechos, pero a su vez también establece las condiciones para que estas protecciones puedan ser materializadas por el ordenamiento, y dentro de éstas está, por supuesto, accionar dentro de los plazos que las propias leyes establecen, lo que la actora no realizó. Menos aún se ha afectado el derecho de propiedad, pues si la empresa debió cancelar multas, es porque éstas han estado precedidas de actuaciones realizadas por la propia empresa que contravienen lo ordenado por las normas laborales y que por lo tanto deben ser castigadas. En definitiva, este recurso reprocha a la recurrida haber actuado precisamente de acuerdo a las obligaciones que le imponen la normativa, citada en párrafos anteriores, lo que es un contrasentido y debe ser rechazado;

3°) Que el recurso o acción de protección de derechos y garantías constitucionales es de carácter cautelar o de emergencia y procede cuando por actos u omisiones arbitrarios o ilegales se priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías referidos en el Art. 20 de la Carta Fundamental, en relación con el Art. 19 del mismo texto constitucional, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos ante la autoridad o los tribunales competentes.

Luego, para que sea estimado se requiere establecer si la acción u omisión impugnada adolece de arbitrariedad, o bien es contraria a normas legales; y en segundo término, si la acción u omisión que reúna los caracteres anteriores efectivamente vulnera o conculca los derechos y garantías más arriba expresados;

4°) Que no será aceptada la alegación de la recurrida en orden a declarar la improcedencia del recurso de protección que nos ocupa, por estimar que debió atacarse el acto impugnado por otras vías que prevé el legislador, en especial las reclamaciones que pueden ejercerse en sede administrativa o judicial, o que dada la naturaleza de las cuestiones planteadas son propias de una acción declarativa de lato conocimiento; argumentos que se desechan teniendo únicamente presente –como ha quedado más arriba dicho- el carácter cautelar de la acción entablada a fin de restablecer el imperio del derecho, cuando por actos ilegales o arbitrarios se vulneren derechos o garantías constitucionales; dejándose a salvo el ejercicio de otros derechos, como la propia Carta Fundamental establece;

5°) Que como reconoce el propio recurrente, lo que se impugna es la resolución que desestimó su reclamo de nulidad de las notificación de las multas impuestas como resultado de una fiscalización efectuada en un local comercial de la empresa demandada ubicada en la comuna de Quilicura.

Independientemente de los fundamentos que se hayan esgrimido por la recurrida para desestimar la nulidad de la notificación, no se ha advierte que ésta revista los caracteres de arbitrariedad e ilegalidad que la atribuye el recurrente.

En efecto, es un hecho del recurso que la fiscalización efectuada el 6 de marzo de 2018 realizada en el citado local comercial y en las cuales el fiscalizador constató cinco infracciones al Decreto Supremo N° 594-199 del Ministerio de Salud, en relación con los Arts. 184 y 506 del Código del Trabajo (todas relativas a la omisión de medidas de seguridad o protección de los trabajadores que se desempeñan en el local), dio origen a una resolución que impuso multas y que fue notificada mediante carta certificada, recepcionada el día 20 de marzo de 2018, por la sucursal Quilicura de Correos de Chile, y que fue entregada a la empresa reclamante el día 4 de abril de 2018, en el local de dicha empresa que fue objeto de la fiscalización.

Sobre el particular, cobra vigor lo que dispone el Art. 508 del Código del Trabajo:

“Las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de actuaciones relativas a la negociación colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros propios de la mencionada Dirección. La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito.”

Así las cosas, no se advierte que la decisión de la recurrida –y que se impugna por el recurso-, al rechazar la petición de nulidad de la notificación formulada por la actora, adolezca de nulidad alguna, como quiera que se efectuó en el domicilio de la empresa que era objeto de fiscalización y que era el indicado en los contratos de trabajo de los empleados respecto de los cuales se constataron las infracciones.

Luego, al estar desprovista de ilegalidad la actuación cuya nulidad solicitó la empresa recurrente, resulta forzoso concluir que el rechazo de tal petición de nulidad no puede estimarse ajeno a la ley, y por haberse ejecutado en el ámbito de competencia del órgano también de acuerdo a la ley, con determinados fundamentos, no deviene tampoco en arbitrario;

6°) Que, con todo, el recurrente, al solicitar la nulidad de la notificación por carta certificada de la resolución que le impuso las multas, pudo ejercer el derecho que le confiere el Artículo 57 de la Ley N° 19.880, esto es, la suspensión de su ejecución fundado en que su cumplimiento le podría causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse el recurso, petición que, no obstante, no formuló y por el contrario –como ella misma reconoce- procedió al pago de las multas;

7°) Que por las razones precedentemente dichas y al no existir actos arbitrarios o ilegales por parte de la recurrida que pudieren conculcar los derechos constitucionales que se invocan por la recurrente, la acción constitucional incoada en estos estos autos será desestimada.

Y visto, además, lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara SIN LUGAR el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de Interandina de Comercio Ltda., en contra de la Dirección Regional del Trabajo Región Metropolitana Poniente Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Llanos.- Rol N° 73.312-2018.- Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada, además, por los ministros señor Fernando Carreño Ortega y señor Jaime Balmaceda Errázuriz.