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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 73295-201726 ene 2018

Protección contra Instituto de Salud Pública de Chile

Fecha
26 de enero de 2018
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 73295-2017, sentencia de 26 de enero de 2018

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra el Instituto de Salud Pública: el acto impugnado cesó al autorizarse nuevamente el funcionamiento de los tres locales, y el sindicato recurrente carecía de legitimación activa, pues se multó a la empresa y no a él.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

PRIMERO: Que don nombre reservado, en su calidad de Presidente del Sindicato N°1 de Trabajadores de la Empresa Salcobrand S.A., interpone recurso de protección en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, representado su director y en contra de don nombre reservado, por el acto que reprocha de ilegal o arbitrario consistente en la dictación de la resolución Exenta N°4644 de 05 de octubre de 2017 en la que contra la sentencia en el sumario sanitario ordenándose además la cancelación de las autorizaciones sanitarias de tres locales farmacéuticos fiscalizados de propiedad de la sociedad Salcobrand S.A., aplicándole además una multa de 100 UTM.

Señala que se instruyó sumario sanitario en contra de la red de farmacias debido a que dentro del proceso de fiscalización, se detectó que en el programa de metas denominado “Concurso recetario Magistral”, se detectó la presencia de productos farmacéuticos. Sin embargo en partes de esta sentencia se reconoce que estos productos no corresponden a productos farmacéuticos, toda vez que éstos correspondían a productos cosméticos, dispositivos médicos y suplementos alimentarios.

Indica que en la sentencia sanitaria no se tomaron en consideración los argumentos vertidos por la farmacia ni la declaración de varios de los dependientes que depusieron en el sumario, además que la autoridad sanitaria para fallar como lo hizo, ha torcido los testimonios de los trabajadores, no existiendo por ello, la declaración de dos o más personas contestes en el hecho que Salcobrand S.A. pague incentivos por productos farmacéuticos y aquello que fue efectivamente declarado por los testigos de cargo.

Asimismo, sostiene que la Resolución impugnada incumple la obligación de los recurridos que impone el artículo 35 y 41 de la ley 19.880, de fallar en conciencia y fundadamente. Asimismo, se falló violando el principio de congruencia y proporcionalidad.

Sostiene que el actuar de los recurridos ha vulnerado su derecho al trabajo en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y de libre contratación, ya que desde la clausura de los establecimientos se han visto impedidos de seguir trabajando. Asimismo, afecta el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ambos derechos consagrados en el artículo 19 N°16 y 21 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Piden que se deje sin efecto la resolución Exenta N°4644 de 05 de octubre de 2017, se dejen sin efecto todos y cada uno de los actos materiales de cierre operados con motivo de la resolución impugnada y se adopte cualquier otra medida que se estime necesaria para resguardar los derechos y garantías constitucionales de los recurrentes.

SEGUNDO: Que informa el abogado Felipe Saavedra Morales, por el recurrido Instituto de Salud Pública de Chile, solicitando el rechazo del recurso.

Alega en primer lugar, la existencia de un proceso contencioso especial para reclamar la supuesta ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta Nº 4.644, del 5 de octubre de 2017, por la que se ha condenado a Farmacias Salcobrand S.A. a la cancelación de las autorizaciones sanitarias concedidas a la Farmacia Salcobrand Local 116, ubicada en domicilio reservado; a la Farmacia Salcobrand Local 191, ubicada en domicilio reservado, de la comuna de Santiago y a la Farmacia Salcobrand Local 539, ubicada en domicilio reservado, del Mall Plaza Egaña, todos establecimientos de propiedad de esa cadena de farmacias, por haberse acreditado en todos ellos la presencia de incentivos a la venta de medicamentos dirigidos por parte de la empresa a sus dependientes, lo cual escapa abiertamente al objetivo establecido por el legislador para esta acción cautelar; en efecto, una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, no es justiciable en sede de amparo de derechos, ya que ella no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, por lo que no es susceptible de solución por vía de la acción de protección, por cuanto esta acción no es un sustituto jurisdiccional de otros procedimientos establecidos por la ley. En efecto, existe un proceso contencioso especial cual es la reclamación del artículo 171 del código Sanitario.

En segundo lugar alega, que el recurso de protección carece de causa, ya que no existe en la actualidad la necesidad de cautela, puesto que con fecha 6 de noviembre de 2017 el Instituto recurrido otorgó a los tres locales que fueron sancionados con el cierre, los nuevos permisos de funcionamiento con los cuales han operado desde esa fecha, ininterrumpidamente, hasta ahora. No obstante, a pesar de tener conocimiento de la apertura de los tres establecimientos mencionados, aun así han decidido poner en marcha el aparato jurisdiccional.

En cuanto al fondo, señala que no ha existido un acto ilegal o arbitrario, ya que se ha dictado sentencia fundada en virtud de un procedimiento llevado a cabo en las normas previstas en el Código Sanitario y cumpliendo con cada una de las etapas señaladas en dicho procedimiento.

Por ultimo sostiene, que si bien el recurrente se explaya de la forma cómo se afectarían las garantías constitucionales del artículo 19 N°16 y 21 de la Constitución Política de la República, pero no se visualiza por la recurrida cómo la sentencia del Instituto dictada en contra de la sociedad Salcobrand podría afectarle al Sindicato, en circunstancia que las normas y las responsabilidades que en ella se ventilan han sido dirigidas a la sociedad anónima propietaria de los locales y no en contra de la recurrente.

TERCERO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, en síntesis, lo que se pretende con el presente recurso de protección es que se deje sin efecto la resolución Exenta N°4644 de 05 de octubre de 2017 y en virtud de ello, se dejen sin efecto todos y cada uno de los actos materiales de cierre operados con motivo de la resolución impugnada de los tres establecimientos de la empresa de farmacia Salcobrand S.A.

Que de acuerdo a lo informado el recurrido Instituto de Salud Pública, se dictaron las Resoluciones Exentas N°5168, 5202 y 5167 todas de fecha 06 de noviembre de 2017 del Instituto de Salud Pública, por medio de las cuales se aprobó la instalación y autorizó el funcionamiento de la Farmacia Salcobrand Local 116, ubicada en domicilio reservado; a la Farmacia Salcobrand Local 191, ubicada en domicilio reservado, de la comuna de Santiago y a la Farmacia Salcobrand Local 539, ubicada en domicilio reservado, respectivamente.

En consecuencia, la cancelación de las autorizaciones sanitarias de los tres establecimientos de la cadena de farmacia Salcobrand S.A. ya singularizados, que sirvió de base a este recurso ya no se encuentra vigente. Así las cosas, el acto que se denunció como arbitrario e ilegal ha cesado, motivo por el cual el presente recurso ha perdido oportunidad, ya que no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar, debiendo, en consecuencia, ser desestimado.

A mayor abundamiento, el recurrente carecía de legitimación activa para reclamar por el acto que impone la multa, ya que fue sancionada la farmacia Salcobrand S.A. y no el Sindicato de Nacional N°1 de Trabajadores Salcobrand S.A. quien interpuso la presente acción de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 19 N°16 y 21 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto don nombre reservado, en su calidad de Presidente del Sindicato N°1 de Trabajadores de la Empresa Salcobrand S.A., en contra del Instituto de Salud Pública de Chile sin condena en costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-Ant-73295-2017.

Pronunciada por la Undécima Sala, integrada por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega, el Ministro (S) señora Maria Paula Merino Verdugo y el Fiscal Judicial señora nombre reservado.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.