nombre reservado con SOCIEDAD EDUCATIVA PATRIS LIMITADA

Santiago, cuatro de febrero del año dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que, a fs.1 comparece don nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado, por si y en representación legal de su hijo menor de edad nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo, en conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de la República, recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la “SOCIEDAD EDUCATIVA PATRIS LIMITADA” o Colegio Monte Tabor, representada por nombre reservado y nombre reservado, ignora profesión u oficio de ambos, domiciliados en domicilio reservado.

El acto que estima ilegal y arbitrario y contra el cual recurre es el Registro de Entrevista de 6 de octubre de 2014, a través del cual se le comunicó que a su hijo Alonso no se le renovará la matrícula para el año 2015 en el aludido Colegio Monte Tabor.

Afirma que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, y afectó los derechos constitucionales de su hijo y suyos que se singularizarán.

2º) Que el recurso sostiene que el acto recurrido es arbitrario, ya que no existe lógica ni razón posible para no renovarle la matrícula a un niño de 7 años de edad por problemas conductuales. Esa decisión importa un desentendimiento de los deberes formativos por parte del Colegio Monte Tabor, para los cuales fue contratado y por los cuales ha lucrado, percibiendo importantes sumas de dinero que no está ni siquiera llano a restituir. El Colegio Monte Tabor ha preferido omitir el cumplimiento de esas obligaciones y hacer cargar a un niño con los perniciosos efectos de sus propios incumplimientos.

Agrega que la arbitrariedad de la decisión de no renovar la matrícula de Alonso aparece aún más de manifiesto si se considera que éste, según el último informe de su profesora nombre reservado, es un niño que “demuestra interés por saber y aprender” y que obtuvo un promedio de notas de 6,8 en el primer semestre de 2014 y de 6,6 en lo que va corrido del segundo.

Informa que Alonso sufre de diabetes, y las alzas en sus niveles de glicemia que periódicamente genera esa enfermedad provocan en él ciertas reacciones conductuales que, en su gran mayoría, explican los actos en los cuales el Colegio Monte Tabor intenta justificar su decisión. Añade que el largo listado de conductas narradas en el Acto Recurrido da cuenta de un hostigamiento en contra de Alonso, más que de actos de indisciplina que ameriten su expulsión del colegio, como se puede apreciar de los innumerables y reiterados castigos a los que fue sometido y que llegaron, incluso, a la exigencia de que asistiera con un tutor a clases y a recomendaciones de tomar determinados medicamentos que su propio médico tratante no estaba de acuerdo en suministrarle.

Opina que tampoco existe ninguna lógica ni razón atendible para justificar que el Colegio Monte Tabor haya comunicado su decisión de no renovar la matrícula a Alonso recién en octubre de 2014, es decir, cuando ya se encontraban cerrados la mayoría de los procesos de admisión de los colegios. Así, el Colegio Monte Tabor puso en serio riesgo la continuidad educativa de Alonso para el año 2015.

3º) Que el recurso añade que el Acto Recurrido no sólo es arbitrario sino que, además, es ilegal, pues ni siquiera respeta las propias normas internas del Colegio Monte Tabor en que éste pretende escudar su decisión. Según se desprende del referido acto, la decisión de no renovar la matrícula a Alonso se justificaría en el hecho de que éste se encontraría en estado “condicional”.

Explica que de acuerdo al artículo 9º del Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio Monte Tabor, para que proceda la “no renovación de matrícula por condicionalidad”, es necesario que se encuentre vigente el estado de “condicionalidad”. Para estar “condicional”, dicho Reglamento exige que previamente se haya dado el “aviso de condicionalidad”. Y, por último, para estar en estado de “aviso de condicionalidad”, la referida norma interna requiere que el alumno haya estado con una “carta de compromiso vigente”.

Según el Reglamento, el “aviso de condicionalidad” es “una advertencia frente a la situación conductual y/o académica de su hijo(a) y corresponde a una acumulación de tres faltas leves en un mes teniendo vigente la carta de compromiso. Esta información es entregada por el profesor jefe y/o coordinador a los apoderados a través de una entrevista. En caso de que los padres no concurran a ésta, habiendo sido citados dos veces, se les notifica por carta enviada a su domicilio, dejando registro escrito de ello. Se extiende por un periodo de dos meses académicos, donde se evalúa levantarla, mantenerla o ampliarla”.

Por su parte, el estado de “carta de compromiso” se define en la misma normativa interna como “un compromiso adquirido por el (la) alumno(a) y en conocimiento de su apoderado, ante una falta grave o una acumulación de faltas leves (3) en un mes (posterior al aviso de carta de compromiso PK a 6º), con el objetivo de posibilitar el cambio de comportamiento con apoyo de los padres. Se extiende por un periodo de dos meses académicos, donde se evalúa levantarla, mantenerla o ampliarla. Esta información es entregada por el profesor jefe a los apoderados a través de entrevista. En caso de que los padres no concurran a ésta, habiendo sido citados por dos veces, se le notifica por carta enviada a su domicilio, dejando registro escrito de ello”.

Así, pese a la carrera que el Colegio Monte Tabor inició para intentar cumplir con los requisitos necesarios para no renovarle la matrícula a Alonso para el 2015, tal propósito finalmente no se consiguió. El Colegio Monte Tabor impuso a Alonso el “estado de condicionalidad” el 1º de julio de 2014, habiendo enviado el “aviso de condicionalidad” el 26 de mayo de 2014, según se lee en el mismo Acto Recurrido. Sin embargo, ese “aviso de condicionalidad” no cumplió con los requerimientos exigidos por el Reglamento, pues a su fecha Alonso no contaba con ninguna “carta de compromiso” vigente, lo que explica que la existencia de esta carta haya sido excluida de la pormenorizada relación de hechos contenida en el Acto Recurrido.

La ansiedad del Colegio Monte Tabor por expulsar a su hijo Alonso, iniciada coincidentemente con la llegada del nuevo rector nombre reservado, hizo que se olvidaran de sus propias normas y procedimientos internos, enviándole a un niño de 7 años de edad un “aviso de condicionalidad” sin que existiera una “carta de compromiso” vigente.

De esta manera, la vulneración de las normas y procedimientos internos en que se incurrió al enviar a su hijo Alonso el “aviso de condicionalidad” hace que el “estado de condicionalidad” con que se le afectó no haya sido legítimo, razón por la cual el Acto Recurrido no sólo es arbitrario sino que también es ilegal, pues contiene una decisión de no renovar la matrícula fundada —precisamente- en ese ilegítimo “estado de condicionalidad”.

4º) Que, tocante a los derechos constitucionales afectados menciona, en primer lugar, el derecho de igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria, contemplado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, el cual, en su inciso final, dispone que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

En el presente caso, las autoridades del Colegio Monte Tabor vulneraron ese mandato constitucional, pues establecieron diferencias arbitrarias en perjuicio de Alonso con respecto a todos sus demás compañeros de colegio, al no renovarle su matrícula para 2015.

En segundo lugar, menciona el Derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, asegurado en el artículo 19 Nº4, y que ha sido conculcado mediante el Acto Recurrido en lo que se refiere a la honra de Alonso. Al no renovársele la matrícula de su colegio mientras cursaba primero básico, a los 7 años de edad, Alonso quedará estigmatizado de por vida, sufriendo un perjuicio permanente en su honra y autoestima.

En tercer término, invoca el Derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, derecho asegurado en el artículo 19 Nº11 inciso 4º, y ha sido igualmente lesionado por el Acto Recurrido.

El Colegio Monte Tabor, con su decisión de no renovar la matrícula a su hijo Alonso, conculcó no solamente su libertad para elegir a aquella institución como el lugar para educar a su hijo, sino que, además, como se adelantó, violó esta libertad para efectos de elegir cualquier otra institución, toda vez que al momento de comunicarse la decisión que se impugna, ya se había cerrado la mayoría de los procesos de admisión en los demás colegios.

Seguidamente, trae a colación el Derecho de propiedad, indicando que el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental asegura el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, lo cual incluye, como lo ha sostenido la jurisprudencia, el derecho de propiedad que se tiene sobre las matrículas de los colegios, el que se ha visto lesionado en razón del Acto Recurrido, a través del cual el Colegio Monte Tabor comunicó su arbitraria, abusiva e intempestiva decisión de no renovar la matrícula de Alonso para el próximo año.

Por último, pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de la “SOCIEDAD EDUCATIVA PATRIS LIMITADA”, representada por nombre reservado y nombre reservado, todos ya individualizados, con ocasión de la dictación del Acto Recurrido, acogerlo a tramitación y disponer todas las medidas que tiendan al restablecimiento de los derechos conculcados por ese acto arbitrario e ilegal, en particular, la renovación inmediata de la matrícula de nombre reservado en el Colegio Monte Tabor para el año 2015.

5º) Que, a fs.53, doña nombre reservado, RUT RUT reservado, profesora de historia, chilena, Rectora del COLEGIO MONTE TABOR Y NAZARET, ambos domiciliados en domicilio reservado, informa el Recurso de Protección, en los siguientes términos.

Expone que don nombre reservado, en representación de su hijo, nombre reservado, deduce Recurso de Protección en contra de su representada, por la presunta acción ilegal y arbitraria cometida por el recurrido y que habría vulnerado los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, consagrado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política del Estado, derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, consagrado en el artículo 19 Nº4, derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, consagrado en el artículo 19 Nº11, inciso 4º, y el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº24, todos, de la Constitución Política del Estado.

Los anteriores derechos se habrían visto vulnerados por la no renovación de la matrícula del alumno para el año 2015, comunicación que se efectúa a través de entrevista de fecha 6 de octubre del 2014.

Afirma que lo anterior carece de fundamento, ya que su representada actuó ajustándose a la ley, y la no renovación de matrícula fue una decisión de última ratio, tomada luego de haber intentado solucionar los problemas conductuales del alumno por todos los medios posibles, hasta que el Colegio determinó que de renovar su matricula, se ponía en riesgo la posibilidad de proporcionar una adecuada educación y protección a sus compañeros de clase y demás niños del Colegio.

6º) Que el informe agrega que Alonso ingresó al Colegio el año 2012 a Pre-Kinder. Ya el año 2013, mientras cursaba Kinder, el niño comenzó a manifestar serios problemas de convivencia tanto respecto de sus profesores, como de sus compañeros. Entre estos problemas se puede señalar que se arrancaba del colegio, rompía las cosas dentro de la sala, y agredía física y verbalmente a profesoras y coordinadora.

Dado lo anterior, el colegio desarrolla un plan de trabajo específico para él con el objeto de apoyar su proceso de maduración emocional y conductual, destinando importantes recursos humanos y de tiempo para este fin, documento que se compaña al informe.

Estando ya en marcha el señalado plan de trabajo, en julio de ese año Alonso es suspendido de clases por una semana ya que agrede físicamente a sus profesoras y coordinadora de ciclo, volviendo el colegio a reunirse con los padres con el objeto de llegar a ciertos acuerdos para evitar que se repitan situaciones de este tipo. En Registro de entrevista de fecha 29 de Julio del 2013, que se acompaña al informe, ya se señala que dichos acuerdos se hacen para resguardar su estadía en el colegio.

A pesar de lo anterior, con fecha 1º de Agosto del 2013, de acuerdo a registro de entrevista que se acompaña al informe, el colegio nuevamente manifiesta su preocupación por la conducta de Alonso, particularmente respecto de sus numerosos episodios de descontrol, recomendándose evaluación y tratamiento psiquiátrico, y se solicitan reuniones mensuales con la psicóloga del colegio. (Este registro se acompaña al informe).

A pesar de todos los obstáculos experimentados el año 2013, el colegio decide seguir intentando acompañar a Alonso, y lo promueve a Primero Básico, previo la firma de un acuerdo con los padres, que se acompaña al informe, en el cual se especifica lo que se espera de la familia, además de esperar mayor coordinación con sus tratantes, señalándose expresamente en el punto 5º del acuerdo, que “Frente a faltas graves, se aplicará manual de convivencia”.

Este año, a pesar de que el Colegio vuelve a elaborar un plan especial de apoyo a Alonso, la situación hace crisis, frente a un creciente descontrol y agresividad de Alonso, quien tal como se aprecia del Informe Personal de Anotaciones que se acompaña, es anotado negativamente en 31 oportunidades.

Lo que es más relevante es que tal como se puede apreciar de la descripción de las anotaciones, éstas van aumentando en gravedad y seriedad, partiendo sólo con mal comportamiento, para pasar a agresiones a profesores con patadas y combos, faltas de respeto y agresiones múltiples, rotura de vidrios en oficina de coordinación, amenazas de golpear a un compañero con una piedra y a otro con un palo, rasguños, agresiones con un lápiz y cachetadas a compañeros.

7º) Que los informantes expresan que con fecha 29 de abril el colegio se reúne con los papás, con el objeto de poder trabajar juntos en sacar adelante a Alonso, comprometiéndose los padres a una serie de cosas, entre las que se contaba mantenerse informados y coordinados con los médicos y tratantes del niño, y tener una línea común para tratar los descontroles.

Nada de eso sucedió, por lo que en una nueva reunión, con fecha 26 de mayo, se informa a los padres que dadas las serias y reiteradas faltas de Alonso, las cuáles han escalado a agresiones importantes tanto a profesores como a sus compañeros, se le da un “Aviso de Condicionalidad”. En esta entrevista, que se acompaña, el colegio señala a los padres que la permanencia de Alonso en el colegio está en riesgo y que dependerá de que se cumplan las normas establecidas, ya que sienten que el proceso no lo está beneficiando a él, como también está poniendo en riesgo a otros niños, quienes experimentan estos descontroles con mucho susto y el colegio también debe velar por ellos.

En esta entrevista, firmada por la madre, el colegio expone que debiera estar con carta compromiso, pero que es tal el nivel de las faltas, que se le dará “Aviso de Condicionalidad” y ella lo acepta expresamente, como consta de dicha entrevista firmada por ella.

En entrevista de fecha 27 de junio, el colegio expone las gravísimas conductas en contra de la convivencia escolar que se han venido acumulando, en particular las reiteradas y graves agresiones de Alonso en contra de sus compañeros, a pesar de estar abordando el problema globalmente y con distintas estrategias, por lo que se les notifica a los padres que queda condicional. Esta situación es expresamente aceptada por los padres, quienes además manifiestan que están de acuerdo y que están abiertos a la posibilidad de encontrar un colegio distinto para su hijo, como consta del documento firmado que se acompaña.

Entre los acuerdos que se adoptan está el de incorporar un tutor que acompañe a Alonso en su jornada escolar.

El 1º de julio firman la condicionalidad, la cual expresamente señala que de continuar esta actitud, el colegio se reserva el derecho a no renovar la matrícula para el año 2015. (Se acompaña documento firmado por ambos padres).

Finalmente, con fecha 6 de octubre, en registro de entrevista que se encuentra acompañado al recurso, el colegio notifica la decisión de no renovarle la matrícula, atendiendo su estado de condicionalidad y viendo que no obstante todo el apoyo, elaboración de estrategias y coordinaciones, Alonso no sólo no logra repuntar sino que su conducta se agrava, lo que además ha significado que se está poniendo en serio riesgo al resto de sus compañeros.

8º) Que, sostiene el informe, dada la exposición de los graves hechos que han llevado al colegio a tomar la decisión de no renovar la matrícula de Alonso, parece claro que la decisión del colegio no es un acto arbitrario, sino que más bien obedece a una decisión dolorosa pero reflexiva y ponderada, que ha tenido en vista no sólo la protección de todos los otros niños del colegio, sino que también la protección y bienestar de Alonso.

En relación a este último punto, se debe tomar en cuenta la cantidad de veces que fue suspendido o derivado a su casa, acortándosele la jornada, por lo que él tampoco se estaba beneficiando de un ambiente propicio para aprender y educarse.

El recurrente acusa al colegio de una persecución de su hijo, expresa el recurrido, lo que es alejado de la realidad, pues basta mirar con atención cuáles son las faltas que el colegio sancionó para darse cuenta que todas ellas son graves faltas a la convivencia escolar, no sólo desde un punto de vista del respeto y la armonía del ambiente educativo, sino que son faltas graves en contra de la integridad física de niños pequeños y de adultos del colegio.

Señala que no hubo nada de arbitrario en la decisión, sobre todo si se mira con detención el intenso proceso de acompañamiento y apoyo para con Alonso, proceso en que muchas veces no se contó con todo el apoyo que se requería por parte de los padres, en particular en cuanto a los acuerdos en torno a puntualidad, informes de los tratantes y particularmente el complejo tratamiento de su diabetes.

Asimismo, y a diferencia de lo que se señala en el Recurso, las conductas graves y reiteradas sí les fueron siendo comunicadas a los padres a través del tiempo, por lo que no pueden alegar en este momento sorpresa frente a una decisión que si fue discutida anteriormente, en el entendido que sería la medida a tomar en caso de no ver mejorías.

9º) Que el informe precisa que el recurrente señala que además el acto que comunica la decisión de no renovarle la matrícula a su hijo adolece de ilegalidad, ya que supuestamente se habría vulnerado la normativa interna del Colegio. Lo anterior no es efectivo, ya que al tomarse la decisión de no renovar matrícula, se aplicaron los artículos 9º del Reglamento Interno de Convivencia escolar y el artículo 6.5 del Manual de Convivencia del Colegio, ambos vigentes este año.

Lo que el recurrente ha pretendido es revestir de ilegalidad la decisión del colegio, haciendo una interpretación errada y tendenciosa de la normativa interna, al señalar que ésta exigiría una suerte de gradualidad para poder establecer la condicionalidad en un alumno, lo que no es efectivo.

Lo anterior si bien es cierto para el “aviso de condicionalidad” el cual exige tener una carta de compromiso vigente, no es cierto respecto de la condicionalidad. El artículo 9º del Reglamento Interno ya acompañado al recurso señala: “CONDICIONALIDAD: consecuencia de extrema gravedad, determinada por el coordinador, con conocimiento del Rector. Se registra en la hoja de vida del alumno (a) y se extiende por un semestre académico, pudiendo permanecer vigente como máximo un año. De no cambiar el motivo que la originó, la Rectoría de los Colegios se reserva el derecho a no renovar la matrícula.”

Por su parte, en el acápite sobre la no renovación de matrícula, el mismo artículo 9º señala expresamente que se aplica entre otros casos, por condicionalidad.

El artículo 6.5 del Manual de Convivencia de los Colegios, que se acompaña al informe, señala exactamente lo mismo que el artículo 9º del Reglamento, sin exigir para establecer la condicionalidad que exista un aviso de condicionalidad.

10º) Que el informe continúa, señalando que habiéndose aclarado el punto anterior, es relevante puntualizar que el alumno nombre reservado se encontraba condicional desde el 10 de Julio del 2014, que además había estado bajo aviso de condicionalidad desde el 26 de mayo, fecha en la cual, al notificárseles a los padres esta situación, se les señala que debiendo tener una carta de compromiso por la acumulación de anotaciones, el nivel y la reiteración de las faltas es de tal magnitud, que se pasa directamente al “aviso de condicionalidad”.

Lo anterior fue hecho por el colegio para evitar ponerlo directamente condicional, cosa que hubiese podido hacer dada la gravedad de las faltas, dándosele una última oportunidad de cambiar el comportamiento.

Finalmente, recuerda que la no renovación de la matrícula es una medida que el colegio legalmente tiene el derecho a tomar como una sanción, atendida la gravedad de la conducta del menor, y en concordancia con lo establecido en su Reglamento Interno. Así, la circular Nº2 de la Superintendencia de Educación, dirigida a colegios educacionales particulares pagados, de fecha 13 de marzo del año 2014, contempla expresamente que el reglamento interno de un colegio particular pagado, puede contener medidas disciplinarias que van desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula.

11º) Que el recurso, luego, se refiere a la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales, abordando primero la de de igualdad ante la Ley.

Esta garantía se habría vulnerado en atención a que de alguna manera el colegio, al no haber renovado la matrícula del niño, habría hecho una actuación arbitraria y discriminatoria frente a un alumno del colegio, ya que la medida se habría aplicado sólo a él.

Tal afirmación no resiste análisis, toda vez que tal como se desprende del relato de los hechos, la no renovación de la matrícula no fue producto de un acto discriminatorio, sino que producto de una serie de graves conductas de indisciplina y agresión a otros alumnos del establecimiento.

Agrega que tal conducta no constituye discriminación, ni vulneración al principio de igualdad, toda vez que cualquier otro alumno que hubiese manifestado las mismas conductas, o la misma seriedad de las conductas desplegadas por este alumno, habría sufrido las mismas consecuencias que en este caso. De hecho, y como se señaló, el niño fue contenido y protegido todo lo posible, y siempre el colegio procuró que se integrara bien a la comunidad escolar, por lo que, a diferencia de lo que sostiene el recurrente, la medida de no renovación de matrícula no fue tomada por mero capricho o veleidad, sino que fue tomada con mesura, racionalidad y luego de una serie de otras medidas tendientes a sacar adelante su integración al colegio.

12º) Que, en relación con la garantía del respeto a la honra, afirma que con la no renovación de matrícula tampoco se ha afectado esta garantía, ya que a diferencia de lo que dice el recurrente, la decisión del colegio no afecta la honra ni del recurrente, ni la de su hijo, toda vez que no conlleva actos de publicidad ni de información a la comunidad escolar, y se ha realizado con todo respeto y cuidado.

No puede considerarse tampoco una afectación a la honra cuando se están aplicando normas y reglamentos internos, y que además son conocidos por todas las partes.

13º) Que, en cuanto al derecho a escoger el establecimiento educacional, el informe indica que el recurrente señala que existe una afectación a este derecho, habida cuenta que ellos han escogido este colegio y no otro para educar a su hijo y que también se les afecta el derecho a escoger otro establecimiento, dado el momento en que se les notificó la medida.

Esto no es así, replica, ya que el derecho a escoger el establecimiento educacional no es un derecho absoluto, sino que es un derecho que se topa con el derecho de otros niños a estudiar en un colegio en donde estén resguardados y protegidos, siendo un deber del establecimiento asegurar que así sea.

En relación a la oportunidad de la medida, estima importante recordar lo que se ha señalado en la cronología de los hechos, ya que de ella aparece que los padres tenían claro, ya desde fines del año 2013, cuando se promueve a Alonso a primero básico, que parte de esta promoción implicaba respetar los acuerdos suscritos, entre los cuáles se establecía expresamente que aplicaría el manual de convivencia para el caso de faltas graves.

Por otro lado, ya en mayo del 2014, se refuerza esto mismo en la entrevista con los padres, y queda en evidencia al momento de firmar la condicionalidad el 1º julio, en los cuáles los propios padres señalan que están abiertos a la posibilidad de buscar otro colegio, entendiendo que éste no es el adecuado para su hijo.

Así, dice, no es posible que acusen que se les ha afectado su derecho constitucional ya que esto los ha tomado desprevenidos y se han quedado sin posibilidades de encontrar donde matricular a su hijo.

14º) Que, en relación con el derecho de propiedad, afirma que éste tampoco es un derecho absoluto y debe ceder a otros derechos tan o más importantes, como es el caso en comento, toda vez que como ha quedado demostrado, la permanencia de Alonso en el colegio implicaba un riesgo a la integridad física y psíquica de otros niños, como asimismo, al derecho que tiene el propio Alonso a estudiar en un establecimiento que se adecue a sus necesidades y requerimientos.

15º) Que, por último, cree importante señalar que como Colegio, se dedicó un gran esfuerzo en responder a la necesidad educativa de Alonso, quien fue atendido por todos los profesionales del colegio, y fue acompañado de cerca por sus profesoras y coordinadora, quienes hicieron un enorme esfuerzo por ayudar al niño.

A pesar de ello, no se obtuvo un buen resultado, ya que Alonso no permitía desarrollar la clase en un clima de armonía y tranquilidad, aspectos básicos para lograr aprendizaje en el aula, y frecuentemente agredía física y verbalmente a sus compañeros o participaba en juegos muy violentos que terminaban en incidentes serios.

Por lo expuesto, queda claro que la no renovación de la matrícula del alumno nombre reservado no constituyó un acto arbitrario o ilegal, ni menos vulnerador de algunos de los derechos constitucionales esgrimidos por el recurrente, sino que un acto de última ratio, cuando toda otra intervención probó ser ineficaz, y que se realizó como protección al resto de la comunidad escolar.

Pide tener por evacuado el Informe solicitado al Colegio Monte Tabor y Nazaret, y en mérito de las consideraciones expuestas, rechazar el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, con costas.

16º) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

17º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que concurra uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

18º) Que el recurso que debe resolverse trata de la expulsión de un niño de siete (7) años de edad, del Colegio en que sus padres lo habían matriculado, llamado Colegio Monte Tabor y Nazaret. La medida de expulsión, llevada a cabo por la vía de la no renovación de matrícula, esto es, se ha usado un nombre alternativo o eufemismo para intentar suavizar lo grave de la medida adoptada, constituye en sí misma un acto de discriminación.

En este punto debe recordarse que la discriminación, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, consiste en la “Acción y efecto de discriminar”, y discriminar, a su turno, importa “Separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra”, según su primer significado, de donde se sigue que podría haber discriminación positiva, no siendo toda discriminación un acto negativo. Sin embargo, la segunda acepción precisa lo siguiente: “Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”, siendo esto último lo que ha ocurrido en el caso de autos.

Como se indicó en el motivo 6º, el informe del recurrido, el Colegio Monte Tabor y Nazaret, ha puntualizado que Alonso ingresó al Colegio el año 2012 a Pre-Kinder, y ya el año 2013, mientras cursaba Kinder, comenzó a manifestar serios problemas de convivencia tanto respecto de sus profesores, como de sus compañeros. Entre estos problemas señala que se arrancaba del colegio, rompía las cosas dentro de la sala, y agredía física y verbalmente a profesoras y coordinadora.

Dado lo anterior, se ha dicho, el colegio desarrolla un plan de trabajo específico para él con el objeto de apoyar su proceso de maduración emocional y conductual, destinando importantes recursos humanos y de tiempo para este fin, documento que se compaña al informe.

Estando ya en marcha el señalado plan de trabajo, sostiene, en julio de ese año Alonso es suspendido de clases por una semana ya que agrede físicamente a sus profesoras y coordinadora de ciclo, volviendo el colegio a reunirse con los padres con el objeto de llegar a ciertos acuerdos para evitar que se repitan situaciones de esta clase. En Registro de entrevista de fecha 29 de Julio del 2013, que se acompaña al informe, se señala que dichos acuerdos se hacen para resguardar su estadía en el colegio.

A pesar de lo anterior, ha dicho el informe, con fecha 1º de Agosto del 2013, de acuerdo a registro de entrevista que se acompaña al informe, el colegio nuevamente manifiesta su preocupación por la conducta de Alonso, particularmente respecto de sus numerosos episodios de descontrol, recomendándose evaluación y tratamiento psiquiátrico, y se solicitan reuniones mensuales con la psicóloga del colegio.

A pesar de todos los obstáculos experimentados el año 2013, el colegio decide seguir intentando acompañar a Alonso, y lo promueve a Primero Básico, previo la firma de un acuerdo con los padres, que se acompaña al informe, en el cual se especifica lo que se espera de la familia, además de mayor coordinación con sus tratantes, señalándose expresamente en el punto 5º del acuerdo, que “Frente a faltas graves, se aplicará manual de convivencia”.

Este año, a pesar de que el Colegio vuelve a elaborar un plan especial de apoyo a Alonso, la situación hace crisis, frente a un creciente descontrol y agresividad de Alonso, quien tal como se aprecia del Informe Personal de Anotaciones que se acompaña, es anotado negativamente en 31 oportunidades.

Estima relevante que tal como se puede apreciar de la descripción de las anotaciones, éstas van aumentando en gravedad y seriedad, partiendo sólo con mal comportamiento, para pasar a agresiones a profesores con patadas y combos, faltas de respeto y agresiones múltiples, rotura de vidrios en oficina de coordinación, amenazas de golpear a un compañero con una piedra y a otro con un palo, rasguños, agresiones con un lápiz y cachetadas a compañeros.

Reiterado lo anterior, cabe comentar que estas son las inconductas o faltas por las cuales se ha segregado al menor de siete (7) años de edad, Alonso, esto es, conductas que en varios de los casos se indican en forma genérica, pero que en su conjunto, tomándose en consideración que se trata de un niño de tan solo siete años, más bien se aprecian como una simple explicación para expulsar al niño del Colegio, ya que, como es sabido, es de público conocimiento y notoriedad, los establecimientos educacionales se desprenden de sus alumnos que constituyen o pueden constituir u ocasionar problemas. Ello podría tener algún asidero y se podría concordar con el colegio recurrido, si en el caso de la especie se tratara de un niño de edad superior, pero no resulta admisible respecto de uno de la edad ya dicha, esto es, de un niño de siete años, al que lejos de segregar, se debe apoyar precisamente porque sus conductas reprochadas constituyen simplemente un síntoma de que se trata de un menor con problemas, y que se requiere con él la máxima atención, al que se debe brindar todo el apoyo, académico y médico, que le permita superarlos. El primero correrá principalmente por cuenta del colegio y con la ayuda de los padres, y el segundo, deberá ser abordado seriamente por estos últimos, y desde luego por el colegio, que no puede desprenderse de un menor de siete años, como de si de una enfermedad o plaga se tratara.

En resumen, se ha producido un acto de discriminación negativa, y por lo tanto una arbitrariedad, que revela en forma cruda una realidad, esto es, que el colegio no ha cumplido con su deber de educar a nombre reservado, que ha sido incapaz entonces no sólo de cumplir con su rol específico, esto es, que ha fracasado como colegio y no ha dado cumplimiento al compromiso que en tal sentido adquirió, en primer lugar, con la sociedad, que lo autorizó para funcionar como ente educador, y luego con sus padres, al admitirlo en sus aulas, tal como se ha informado en el Pre-Kinder, para luego, cuando comenzó a presentar problemas, no obstante su buen rendimiento académico, intentar desprenderse de él, mediante la expulsión, a la que ha llamado cancelación de matrícula.

Como se dijo previamente, el informe ha indicado una serie de conductas genéricas que justificarían la medida, sin señalarse en forma específica ninguna que permita a esta Corte apreciar si son de la entidad necesaria como para poder tomar la determinación de que se reclama y desvirtuar el hecho de que se aprecia una arbitrariedad del mayor grado. Por el contrario, esta Corte estima que ninguna de las conductas imputadas y que se han mencionado, es de la entidad como para expulsarlo, lo que se ha efectuado, desde luego y como es costumbre en el país, bajo la fórmula de un eufemismo, en la especie de “no renovación de matrícula”, como se ha venido diciendo y se reitera.

19º) Que la situación producida es grave, desde el punto de vista educativo, pues da cuenta de la existencia de colegios que, frente a la presencia de alumnos con problemas de conducta, como es toda evidencia que los existe no sólo en este colegio sino que en cualquier otro, optan por deshacerse de ellos, bajo el pretexto de que se pone en riesgo la integridad de otros alumnos, profesores o personal administrativo, así como al propio alumno, además de bienes materiales.

Para apreciar la gravedad de la situación, debe recalcarse y reiterarse que se está en presencia de un niño de tan solo siete (7) años de edad y no de un delincuente.

Esta Corte advierte, sin mayor dificultad, que si el colegio recurrido opta por no enfrentar el problema y, en conjunto con sus padres, sacarlo adelante, que es lo que corresponde a un establecimiento educacional, entonces estos últimos deberán llevarlo a otro colegio, en donde con toda seguridad persistirán los problemas, hasta que finalmente, si el sistema de colegios privados no lo admite, deberá llegar a algún colegio público, en donde desde luego los problemas habrán de persistir, con la diferencia de que estos últimos no pueden expulsar a sus alumnos por problemas como los que han motivado la no renovación de matrícula o, derechamente, expulsión de Alonso.

Es decir, el problema, con la medida adoptada, lejos de solucionarse, se traslada a otro u otros colegios, en lugar de enfrentarlo positivamente y lograr el control del menor Alonso que, se reitera, dada su corta edad, no puede ni debería entrañar riesgo alguno para personas adultas, como lo son los profesores o personal de apoyo.

Se trata, visto el asunto desde otra perspectiva, de la adopción de una medida de extrema comodidad, puesto que frente a la presencia de un niño de corta edad con problemas conductuales, que podrían explicarse incluso como producto de una enfermedad de que padece, se le expulsa, derivando entonces el problema, tal como se dijo, a otro establecimiento educacional, ya que finalmente alguno habrá de admitirlo, aún cuando sea en el sistema público, cuyos docentes sí estarán en la obligación de admitirlo, y con toda seguridad, salir adelante con él.

20º) Que, habida cuenta de todo lo que se ha expuesto, se ha incurrido en un acto de discriminación, arbitrario por ende, vulneratorio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 3º de la Convención de Derechos del Niño, que exige de la entidad recurrida una actitud tendiente al fortalecimiento y respeto de los derechos del alumno nombre reservado en su proceso formativo y de aprendizaje, el que se ha de concretar en la adopción de medidas de apoyo que permitan superar los problemas por los que atraviesa, lo cual deberá llevar a cabo, sin lugar a dudas, con ayuda de sus padres, que por algo han buscado la protección de los tribunales de justicia. Entiende esta Corte que si lo han hecho, es porque están dispuestos a poner de su parte todo lo necesario para superar la situación que se ha descrito, que desde luego no es positiva, pero sí remontable. Empero, también se debe entender que ningún acuerdo con los padres podrá variar la conducta del propio menor, por lo que éstos deben colaborar en buscar ayuda profesional del orden médico, psicológico o psiquiátrico, según corresponda.

Lo anterior permite a esta Corte, establecido como ha quedado, que se obró con arbitrariedad al discriminar al menor de que se trata, obviar el análisis de si el proceso de expulsión, que como se ha visto, en la especie se ha suavizado semánticamente mediante el uso de la fórmula de no renovación de matrícula, se ajustó o no a la normativa interna del propio colegio, ya que ello carece de trascendencia, por todo lo dicho. Asimismo, pareciera innecesario analizar si el acto es ilegal. Sin embargo, resulta pertinente mencionar algunas disposiciones legales que pueden servir de apoyo a la posición de los recurrentes y por lo tanto, de esta Corte.

En primer lugar, la denominada Ley Zamudio, y en segundo término, la Ley General de Educación, pues pareciera que con la medida que se ha reprochado se ha transgredido la primera, al tiempo que no se ha cumplido con la segunda.

El primer texto legal, que lleva el Número 20.609 y que “ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN”, dispone en su artículo 1º “Propósito de la ley. Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.

“Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El artículo 2º prescribe lo que sigue: “Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

“Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público.

“Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.” Se advierte de la mera transcripción que en la especie ha operado una exclusión arbitraria.

De la segunda Ley, cuyo número es el 20.370, conviene destacar sus primeros artículos, muy decidores en cuanto de ellos se desprende que el colegio recurrido no ha cumplido adecuadamente su rol formador y de educador, pretendiendo desprenderse de un menor de siete años por presentar una conducta problemática.

Dispone la señalada ley: “Principios y Fines de la Educación”.

“Artículo 1º.- La presente ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de su servicio.

“Artículo 2º.- La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.

“La educación se manifiesta a través de la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y de la educación informal.

“La enseñanza formal o regular es aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas.

“La enseñanza no formal es todo proceso formativo, realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado y que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una certificación.

“La educación informal es todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad, facilitado por la interacción de unos con otros y sin la tuición del establecimiento educacional como agencia institucional educativa. Se obtiene en forma no estructurada y sistemática del núcleo familiar, de los medios de comunicación, de la experiencia laboral y, en general, del entorno en el cual está inserta la persona.

“Artículo 3º.- El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, además, en los siguientes principios:

“a) Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida.

“b) Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley.

“c) Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial.

“d) Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco de las leyes que los rijan.

“e) Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las poblaciones que son atendidas por él.

“f) Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda.

“g) Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente.

“h) Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades y proyectos educativos institucionales.

“i) Transparencia. La información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país.

“j) Integración. El sistema propiciará la incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales.

“k) Sustentabilidad. El sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las futuras generaciones.

“l) Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.

“Párrafo 2º”.

“Derechos y Deberes”.

“Artículo 4º.- La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.

“Es deber del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición, sin que éstos constituyan requisitos para el ingreso a la educación básica.

“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, así como generar las condiciones para la permanencia en el mismo de conformidad a la ley.

“El sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y administración del Estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta subvencionada o pagada, asegurándole a los padres y apoderados la libertad de elegir el establecimiento educativo para sus hijos.

“Sin perjuicio de sus demás deberes, es deber del Estado que el sistema integrado por los establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público, laico, esto es, respetuoso de toda expresión religiosa, y pluralista, que permita el acceso a él a toda la población y que promueva la inclusión social y la equidad.

“Es deber del Estado promover políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas originarias.

“Es deber del Estado resguardar los derechos de los padres y alumnos, cualquiera sea la dependencia del establecimiento que elijan.

“Corresponde, asimismo, al Estado propender a asegurar la calidad de la educación, estableciendo las condiciones necesarias para ello y verificando permanentemente su cumplimiento; realizar supervisión, facilitar apoyo pedagógico a los establecimientos y promover el desarrollo profesional docente.

“Es deber del Estado mantener y proveer información desagregada sobre la calidad, cobertura y equidad del sistema y las instituciones educativas.

“Es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras.”

Frente al tenor tan claro de tales textos, sólo cabría preguntarse como puede la ley establecer que la educación básica y la media son obligatorias, si existen colegios que se toman la licencia de expulsar alumnos de corta edad por presentar determinadas conductas. La conclusión única que puede alcanzarse es que no puede aceptarse la expulsión, menos aún si ella reviste la naturaleza de una verdadera sanción, como ha expuesto el propio informe del colegio recurrido, que puede tener efectos para toda la vida de un alumno.

20º) Que ahora el tribunal debe analizar si el acto recurrido, de no renovación de matrícula del menor de siete (7) años de edad nombre reservado conculca alguna de las disposiciones constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, y la respuesta, como es obvio, es positiva.

Debe recordarse que el Artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas:

“2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”

En el caso de autos, la autoridad interna del colegio recurrido ha establecido una diferencia arbitraria, basado en la conducta del menor en cuyo favor se recurre, en un acto que esta Corte ya ha calificado previamente como discriminatorio. Como se ha visto, la excusa entregada por el colegio no resulta suficiente, y no quita la naturaleza de arbitraria de la medida adoptada y reclamada.

En segundo lugar, se ha transgredido el numeral 10º de la Carta Fundamental, que establece El derecho a la educación, y dispone que “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

“Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

“Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.

“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.

“Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

“Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.”

Si bien la norma previamente transcrita no está contemplada en el artículo 20 de la misma Carta Fundamental, esto, dentro de las protegidas mediante el arbitrio que allí se consagra, ella debe entenderse relacionada con el número 11º del artículo 19 de la misma Carta, en cuanto dispone que “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

“La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

“La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

“Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

“Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.”

21) Que, en particular, se ha transgredido el inciso 4º del número 11 recién transcrito, el que, como se indicó anteriormente, debe además relacionarse con el numeral 10º del texto constitucional.

Sobre este particular, la recurrida ha expresado que el derecho establecido en el sentido indicado en el inciso 4º del mentado artículo 19 Nº11 no es absoluto, y encuentra su límite en los derechos de otras personas, lo cual constituye un argumento bastante precario, ya que todos los derechos tienen la misma categoría, esto es, ninguno de ellos es absoluto y todos tienen excepciones, en algunos casos, por cierto, sus límites se encuentran precisamente en el derecho de los demás ciudadanos.

22º) Que, en resumen, por todo lo expuesto en estas breves consideraciones, que para los efectos requeridos aparecen como suficientes, es que el recurso en análisis debe ser acogido.

Sin embargo, lo será en términos tales, que tanto el colegio recurrido como los padres del menor deben concordar un protocolo de acuerdo, que permita mejorar el comportamiento del aludido menor, en términos de hacerlo compatible con el quehacer educativo, para lo cual la parte recurrente debe concordar con el establecimiento recurrido prodigar al menor, la asistencia médica que sea pertinente y velar además porque la situación actual, que no es la ideal, mejore.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge con costas el recurso de protección de lo principal de fs.1, deducido por don nombre reservado, por sí y en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, en cuanto se deja sin efecto la medida que le fuera comunicada por el recurrido, la Sociedad Educativa Patris Limitada, o Colegio Monte Tabor y Nazaret, de no renovación de la matrícula, que corresponde a una virtual expulsión, debiendo el aludido recurrido proceder a la inmediata reincorporación, previo el proceso de matrícula del menor también mencionado, lo cuál será en los términos reseñados en el motivo 22º de esta sentencia.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

No firma la Ministra señora Kittsteiner, quien concurrió a la vista del recurso y al acuerdo, por estar haciendo uso de su feriado legal.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Rol Nº73.223-2014.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile y por el Ministro (s) señor Patricio Álvarez Maldini.

Autorizada con por el ministro (a) de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, cuatro de febrero de dos mil quince, autoriza resolución que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.