nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Deduce recurso de protección don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima ilegal, arbitrario y vulnerador de las garantías consagradas en el Nº 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, consistente en el descuento de más del 45% de su sueldo líquido, por un caso que está sometido a la justicia, sin haber mediado su autorización.

Explica que tomó conocimiento, el 30 de julio de 2019, junto con su liquidación de sueldo del referido mes que la recurrida notificó a su empleador la Constructora Santolaya Ltda. de la retención de una deuda que mantenía con la recurrida. Señala que se está tramitando actualmente la prescripción de la deuda con la recurrida, en el juicio ejecutivo C-38388-2018, del 11º Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, estando ese proceso pendiente de resolución, de forma arbitraria la Caja Los Andes ordena se le descuente por esta misma deuda la suma superior a $179.979, cantidad que supera el 45,33% de su sueldo líquido el que queda reducido a la suma de $270.000.

Por lo tanto, reclama que se le descuente cerca de la mitad de su sueldo por un caso que está siendo sometido al conocimiento de la justicia sin que medie una autorización de su parte. Señala que la Corte Suprema ha resuelto que no procede la autotuteta ejercida por una caja de Compensación en contra de un afiliado al sistema de Cajas (nombre reservado 87.877-2016 E.C.S.). También cita el libro Civil - 6322 - 2018 CORTE SUPREMA, donde se rechaza la retención arbitraria de sueldo.

Agrega que los descuentos a la remuneración constituyen una excepción al principio de irretenibilidad de la remuneración del trabajador por parte del empleador; y que de conformidad al artículo 58 del Código del Trabajo, sólo con acuerdo escrito entre el empleador y el trabajador, podrán deducirse de las remuneraciones sumas determinadas, destinadas a efectuar pagos de cualquier naturaleza, siempre que no excedan el 15% de la remuneración total del trabajador.

Añade que, cualquiera sea el fundamento de las deducciones, en ningún caso podrán exceder, en conjunto, el 45% de la remuneración total del trabajador y que el no pago de una parte de la remuneración a la que se tiene derecho, implica un grave incumplimiento de obligaciones legales e incluso puede implicar la comisión de un delito. Manifiesta que el actuar arbitrario e ilegal de los recurridos y los actos en que han incurrido vulneran y amenazan: la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley; y el derecho de propiedad, al retenerle de forma arbitraria, sin autorización ni procedencia legal, parte de su sueldo.

Pide poner fin de inmediato al descuento que la Caja de Compensación Los Andes le pide a su empleador, por cuanto esta deuda se está ventilando judicialmente, y se ordene a la recurrida tomar todas las medidas que sean conducentes al restablecimiento y protección de sus derechos, con costas del recurso. Además, pide de orden de no innovar, que fue denegada. Acompaña liquidación de sueldo de julio 2019.

Segundo: Informando la recurrida solicita el rechazo del recurso. Señala que con fecha 10 de agosto de 2017, Caja Los Andes otorgó al recurrente un crédito por la suma de $3.133.378.- a una tasa de 2.11%, pagadero en un plazo de 42 meses y su primera cuota ascendía a $117.717 con primer vencimiento el 31 de octubre de 2017. Indica que el señor nombre reservado, a través de descuentos en sus remuneraciones durante el período que va desde octubre de 2017 a febrero de 2018, pagó las cuotas de los mismos meses Nº1 a Nº 5. Luego, en forma directa y en efectivo, el 9 de abril de 2018, pago la cuota Nº6 del mes de marzo del mismo año.

Más tarde, ante la falta de pago, el 3 de diciembre de 2018, su parte dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza dicha operación, en autos nombre reservado C-38388-2018 del 11º Juzgado Civil de Santiago, causa que aún se encuentra en tramitación, al haber sido apelada la sentencia definitiva por parte del ejecutado. Posteriormente, habiéndose detectado el ingreso del Sr. nombre reservado como trabajador de la empresa Constructora Santolaya Ltda., se informó a esta última para la realización de los correspondientes descuentos, efectuándose en el mes julio de 2019 la retención y pago de la cuota N°7, más el correspondiente interés penal.

La referida operación de crédito mantiene en morosidad las cuotas cuyo vencimiento van desde el 31 de mayo de 2018 al 31 de julio de 2019; devengada la con vencimiento el 31 de agosto de 2019; y aun por vencer las que van desde el 30 de septiembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2021.

En consecuencia, plantea que se trataría de un crédito plenamente vigente y actualmente exigible de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, el cual mantiene aún cuotas por vencer hasta el mes de marzo de 2021. A fin de comprender el contexto jurídico en el cual se desarrollan los hechos materia del presente recurso, procede a explicar el carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y el mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Agrega que, dada la naturaleza de entidad de previsión social de las Cajas de Compensación, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Añade que el hecho que la Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. Por consiguiente, su actuar no solo significa el ejercicio de una facultad conferida por la propia ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social.

Respecto a la vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, explica que no es procedente ya que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley N°18.833. A partir de ello, se puede afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no han sido declaradas en el presente caso.

Explica que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración.

En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado. Cita el recurso nombre reservado Civil 9172-2019, que confirmó la sentencia de fecha 28 de marzo de 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, la que rechazó el recurso de protección nombre reservado 1653-2019; y el recurso nombre reservado Civil N°14.987-2018, en fallo de fecha 19 de julio de 2018, que confirmó la sentencia de primera instancia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago:

Tercero: Que en relación al Recurso de Protección impetrado, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Conforme a lo recién indicado es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamenta, debiendo interponer dicha acción en el plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto: En el caso de la especie es dable establecer que el recurrente había contratado con la recurrida el otorgamiento de un crédito social, pagadero en cuotas mensuales descontables de su remuneración, y que, dejó de pagar la cuota número 7 de un total de 42. Por lo que la recurrida inició acción civil ejecutiva para el cobro del pagaré en causa C-38.388, del 11 Juzgado Civil, misma en que el recurrente dedujo excepción de prescripción del número 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, y por sentencia de primera instancia, de fecha 2 de agosto último se dictó sentencia que acogió parcialmente la prescripción, declarando extinguidas las cuotas de los meses de marzo a junio del año 2018, atendida la data de notificación de la demanda. Dicha sentencia fue apelada por el ejecutado de aquella y recurrente de esta acción de protección.

Sexto: Que para efectos de descuentos, la recurrida como Caja de Compensación, está regulada por la Ley 18.333, que estableció el Estatuto General de las Cajas de Compensación, y en su artículo 22 establece “Lo adeudado por prestaciones de créditos sociales a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora, y se regirá por las mismas nomas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales” ; y en cuanto al porcentaje máximo a descontar, de la remuneración mensual del trabajador, debe estarse a lo que prevée el artículo 58 del Código del Trabajo en cuanto dispone “…Sólo con acuerdo del empleador Y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento, de la remuneración totaI del trabajador.

Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados ningún caso aquéllas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador”.

En el caso sub lite en la remuneración del mes de Julio de 2019, el recurrente tuvo un Alcance Líquido luego de los descuentos de leyes sociales de $ 450.691, y se le descontó por el préstamo, que lo liga con la recurrida, la suma de $ 179.979, monto este que equivale a un 39.93% del Alcance Liquido; siendo el 45% de dicho monto la suma de $ 243.373.

De lo anterior se colige, sin dudas que se ha descontado una suma inferior al 45% de la remuneración del recurrente, no siendo, por tanto efectivo, lo aseverado por el recurrente en cuanto sostenía a en su libelo que se le descontaba más de dicho porcentaje.

Séptimo: Conforme a lo que se viene estableciendo, resulta claro que la recurrida, para el cobro de su acreencia, ha impetrado las acciones civiles ejecutivas de cobro, y que la resolución de éstas, según se ha indicado precedentemente, aún no están ejecutoriadas, desde que además en ese proceso civil, la recurrente opuso excepciones de prescripción de la deuda, y en ese mismo proceso, la recurrente dedujo excepciones de prescripción.

Conforme a lo anterior, es indudable que lo que haya de resolverse en definitiva en aquella causa civil, a la sazón pendiente, afectará los cobros que por la vía de descuentos está llevando a cabo la recurrida de las remuneraciones del actor.

Octavo: De lo anterior fluye que el quehacer de la recurrida, de llevar adelante descuentos en las remuneraciones del actor importa una grave y seria afectación del derecho de propiedad de la recurrente, derecho constitucional este, que aparece garantido en nuestra carta fundamental. Atendido lo anterior, esta Corte adoptará las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N° 24, y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, Recurso deducido en favor de nombre reservado, y se ordena a la Caja de Compensación Los Andes, abstenerse a futuro de descontar suma alguna a la recurrente, en razón del préstamo social de autos. Asimismo la recurrida deberá proceder a la devolución a la recurrente, dentro de quinto día, de la sumas que se descontaron del mes de julio y de los meses siguientes que se hubieren descontado, en adelante, sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro Sr. nombre reservado 73.053-2019 Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por el Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández