nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dos de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña nombre reservado, trabajadora, interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en efectuar descuentos desde se remuneración por concepto de crédito social, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 24.

Funda el recurso expresando que suscribió un pagare con vencimientos iguales y sucesivos, en favor de la recurrida, cuyas cláusulas describe, y luego indica que incurrió en moral. Luego, señala que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes la demandó ejecutivamente, en causa rol N° C-14362-2023 tramitada ante el 6º Juzgado Civil de Santiago, cuya demanda no se le habría notificado.

A su vez, consigna que en las liquidaciones de sueldo de febrero y marzo del presente año, figura un descuento por la suma de $133.184.- cada uno, efectuado por la recurrida. Asegura que ello corresponde a una decisión unilateral de la recurrida, que ejecuta un cobro abusivo e inoportuno, lo que no se le habría comunicado previamente. Además, afirma que las cuotas descontadas son superiores a las pactadas en el pagaré (sin perjuicio que no detalla el monto de dichas cuotas) por lo que sería antojadizo el cálculo efectuado para determinarlas.

Arguye que la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario, tanto en la orden de retención como en el monto, y considera que abusa de los preceptos legales que regulan a la entidad. Luego, transcribe los artículos 21 y 22 de la Ley N° 18.833, y advierte un uso arbitrario e ilegal de la última norma citada. Agrega que el descuento que impugna corresponde a un acto de autotutela y afecta su propiedad.

Adiciona que, al demandarla ejecutivamente, la recurrida manifestó su voluntad de ejercer el derecho que le confiere la cláusula de aceleración del pagaré, siendo arbitrario que ordene la retención de montos similares al de una cuota a su conveniencia, mediante una vía paralela a la judicial.

Finalmente, solicita acoger el recurso y ordenar a la recurrida:

“1. Cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente.

2. Restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción.

3. Condenar en costas a la recurrida.”

Segundo: Que comparece doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja De Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien evacúa informe y solicita el rechazo del recurso.

En cuanto a la situación de la protegida, expresa que por operación de crédito N° 008CON103384345 con fecha 31 de agosto de 2022, su representada le otorgo un capital de $2.506.327.- a una tasa de 1.79%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota de $101.226. cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de octubre de 2022.

Agrega que, por no pago oportuno de las dos primeras cuotas, el capital inicial, más los intereses devengados al 13 de diciembre de 2022, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $2.761.990.-, en un plazo de 36 meses, con una cuota de $111.552, cuyo primer vencimiento fue el 28 de febrero de 2023.

Indica que, de dicho crédito, las dos primeras cuotas se pagaron a través de descuentos efectuados en las remuneraciones del mes de febrero y marzo de 2024. Las cuotas del mes de abril de 2023 a marzo de 2024 (3 a 14), se encuentran en mora.

En consecuencia, aduce que corresponden a dos créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

En cuanto al método de recaudación, explica que la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del artículo 22 inciso 2º de la Ley Nº 18.833, correspondiente a un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado.

A su vez, destaca que los créditos no se encuentran prescritos, y sostiene que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento, pues carece de un derecho indubitado.

También, controvierte la afectación de la garantía invocada, argumentando que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. Luego, sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Tercero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22, de la Ley Nº 18.833, en relación con el inciso primero, del artículo 11, del D.S. N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social - que contiene el Reglamento General del Régimen de Crédito Social -, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F. por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Quinto: Que, en consecuencia y con el mérito de las consideraciones que anteceden, mientras los tribunales de justicia no declaren prescrita la deuda que, por concepto de crédito social se mantiene con una C.C.A.F., resulta correcto su descuento.

Sexto: Que, en efecto, el artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, por lo que las deudas de crédito social contraídas con ellas, constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que de acuerdo con el artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, no obstante, la C.C.A.F. La Araucana, se encuentra en condiciones de otorgarle las facilidades que le permitan cumplir con su compromiso, debiendo, para dicho efecto, acercarse a cualquiera de sus oficinas.

Séptimo: Que, luego de lo dicho, aparece que los descuentos efectuados a remuneración de la recurrente se ajustan a derecho, y su cobro no puede ser calificado de arbitrario, puesto que la recurrida, por su intermedio, cumple con las obligaciones que la Ley que regula su actividad le impone.

Octavo: Que, no existiendo un acto u omisión ilegal y arbitrario, atribuible a la recurrida en el presente arbitrio, el recurso debe ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívense en su oportunidad.

N°Protección-7305-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez, el Ministro (S) señor Fernando Guzmán Fuenzalida y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

En Santiago, dos de agosto de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.