Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, siete de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en beneficio de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por haber omitido dar la debida tramitación a la solicitud de refugio presentada por la recurrente y no haber otorgado la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituye una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros y una inobservancia de los procedimientos legalmente establecidos, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene la conclusión del procedimiento de refugio iniciado por la recurrente y se conceda la correspondiente visa temporaria de refugio.

Exponen que doña nombre reservado es una ciudadana venezolana que se vio forzada a abandonar su país de origen debido a las graves circunstancias que lo afectan. Según se relata, la recurrente debió escapar de Venezuela por cuanto su integridad y seguridad han sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en dicho país. Las razones específicas que motivaron su salida dicen relación con la crítica situación económica y sanitaria que vive Venezuela, donde los sueldos no alcanzan para vivir dignamente y resulta imposible conseguir medicamentos o, en caso de conseguirlos, los magros ingresos no permiten adquirirlos.

Asimismo, se señala que la recurrente se vio en la obligación de migrar para darle una mejor calidad de vida a su familia, especialmente a su madre, quien requiere medicamentos para su salud. Estas circunstancias la llevaron a tomar la difícil decisión de abandonar su país natal, lo que ocurrió el 9 de febrero de 2021, arribando a Chile el 21 de febrero de 2021, ingresando a través de un paso no habilitado cerca de Colchane.

Posteriormente, una vez establecida en territorio nacional, la recurrente permaneció en Chile durante aproximadamente tres años, período durante el cual logró insertarse laboralmente y costear los gastos médicos de su madre. Sin embargo, el hecho central que motiva el presente recurso ocurrió el 9 de diciembre de 2024, cuando doña nombre reservado acudió a las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, con el propósito de solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

En dicha oportunidad, fue debidamente atendida por los funcionarios correspondientes, quienes le facilitaron el formulario pertinente para formalizar su solicitud. Procedió al llenado del mismo y su posterior entrega, oportunidad en la cual también se recibió su declaración sobre los hechos que fundamentan su petición de refugio. No obstante, según exponen los recurrentes, desde esa fecha y hasta el momento de la interposición del presente recurso, la autoridad migratoria no ha vuelto a contactar a la recurrente, tampoco le ha sido otorgada la visación de residente temporario que prescribe el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, circunstancia que constituye el elemento central que justifica la presente acción constitucional.

Respecto de los fundamentos jurídicos, invocan primeramente el derecho fundamental a buscar y recibir asilo, el cual califican como un derecho humano fundamental que no puede ser limitado de forma arbitraria, citando la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Política de la República.

Según exponen, la omisión de la autoridad migratoria habría vulnerado específicamente la garantía constitucional establecida en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, toda vez que el proceder de la autoridad importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros que se encuentran en similar situación. Esta vulneración se concreta en la falta de respuesta y seguimiento al procedimiento de refugio debidamente iniciado por la recurrente, lo que la coloca en una situación de desprotección e incertidumbre jurídica contraria al principio de igualdad que debe regir el actuar de la administración pública.

Finaliza solicitando que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales de la recurrente, ordenándose que se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado por la recurrente, dándole el curso correspondiente, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación por parte de la comisión calificada.

SEGUNDO: Que evacuando informe, comparece la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, representada por las abogadas Carolina Pilar Fernandoy Catalán y María Paz Fuenzalida García, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, fundamentando su petición en que la acción de protección ha perdido oportunidad y eficacia, toda vez que este Servicio ya se ha pronunciado respecto de la solicitud de refugio presentada por la recurrente, mediante resoluciones administrativas que han puesto término al procedimiento iniciado.

En relación a los antecedentes fácticos, señalan que con fecha 19 de agosto de 2024, la recurrente doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, solicitó la calidad de refugiada bajo el identificador número NUM000. Consecuentemente, mediante Oficio Ordinario Folio NUM001, de la misma fecha, el Servicio Nacional de Migraciones informó a la extranjera que debía concurrir el día 9 de diciembre de 2024, a las 14:30 horas, a la oficina del Departamento de Refugio y Protección Internacional, ubicada en San Antonio 580, Santiago, para dar inicio formal a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Asimismo, indica que mediante Formulario de Primera Atención Folio NUM002, de fecha 9 de diciembre de 2024, la extranjera declaró haber hecho ingreso al territorio nacional con fecha 21 de febrero de 2021. En esa misma jornada se realizó la correspondiente Entrevista de Admisibilidad Folio NUM003, cumpliendo así con los procedimientos administrativos establecidos para la tramitación de solicitudes de refugio.

No obstante lo anterior, la autoridad migratoria procedió a evaluar la admisibilidad de la solicitud conforme a los requisitos legales y reglamentarios vigentes.

En tal contexto, expone que mediante Resolución Exenta NUM004, de fecha 9 de diciembre de 2024, notificada al correo electrónico DIRECCION000 proporcionado por la misma solicitante, se comunicó que no era posible dar curso a la solicitud de refugio por los siguientes motivos específicos: en primer lugar, por haber excedido el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430; y en segundo lugar, por mantener ingreso al país por paso no habilitado y no presentar los antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, Reglamento de la Ley N° 20.430, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley N° 20.430 de 2010.

No obstante las observaciones formuladas, la autoridad migratoria otorgó a la recurrente un plazo de 15 días hábiles para acompañar los antecedentes que permitieran subsanar dichas situaciones, bajo el apercibimiento legal de tener la solicitud por desistida, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 y el artículo 31 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Según consta en los registros de la autoridad recurrida, la extranjera acompañó con fecha 23 de diciembre de 2024 la siguiente documentación: una imagen de correo electrónico de la Policía de Investigaciones de Chile sin fecha determinada, en el que se señala que su declaración voluntaria de ingreso clandestino ha sido recepcionada correctamente; una imagen de la tarjeta de identificación de extranjero infractor del año 2023; y una liquidación de sueldo correspondiente a diciembre de 2021. Sin embargo, la autoridad administrativa evaluó que dicha documentación no resultaba suficiente para subsanar las deficiencias procedimentales previamente identificadas.

En consecuencia, mediante Resolución Exenta NUM005, de fecha 26 de diciembre de 2024, notificada al mismo correo electrónico anteriormente señalado, se comunicó a la solicitante que su petición se tenía por desistida por haber presentado documentación que no permite entender por subsanados los requisitos formales faltantes mencionados con anterioridad..

Adicionalmente, hace especial énfasis en aclarar que esta autoridad migratoria no ha dictado alguna orden de abandono, expulsión u otra sanción migratoria que amenace, perturbe o conculque la libertad personal de la recurrente, circunstancia que considera relevante para evaluar la procedencia de la acción constitucional intentada.

Respecto de los fundamentos jurídicos, plantean como argumento principal que la acción de protección ha perdido oportunidad y eficacia.

En tal sentido, sostiene que este Servicio ya se ha pronunciado definitivamente sobre la solicitud de reconocimiento de refugiado presentada por la recurrente, mediante las resoluciones administrativas antes mencionadas, las cuales han agotado el procedimiento administrativo correspondiente y han puesto término al mismo mediante una decisión fundada en derecho.

Finalmente, plantea que la acción de protección no constituye la vía idónea para revisar decisiones administrativas adoptadas conforme a derecho en el ejercicio de potestades legales específicas, especialmente cuando dichas decisiones han agotado el procedimiento administrativo correspondiente y no existe una situación actual de vulneración de garantías constitucionales que requiera tutela urgente, solicitando que se tenga por evacuado el informe requerido en autos, pidiendo desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes por haber perdido la presente acción toda oportunidad y eficacia.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte es la falta de pronunciamiento del servicio requerido, respecto de la solicitud de refugiado realizada por el recurrente, lo que se estima atentatorio de la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo informado por la Administración, el procedimiento iniciado por el recurrente se encuentra concluido, siendo resuelta su solicitud de refugio a través de la Resolución Exenta NUM005 de fecha 26 de diciembre de 2024, pronunciamiento que tuvo por desistida tal solicitud, atendido el incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N° 20.430.

SEXTO: Que, en consecuencia, habiendo cesado el hecho que quebrantaría el imperio del derecho, como ha sucedido en la especie, el recurso pierde su objeto, cual es, precisa y exclusivamente adoptar las medidas tendientes a su restablecimiento, en el caso de que existiere alguna garantía constitucional vulnerada, atendido además, que el acto terminal fue dictado por el servicio recurrido, como ya se refirió, en el ejercicio de sus facultades legales, todo lo cual obliga a desestimar el arbitrio que se ha deducido en estos autos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-7303-2025