Protección contra Intendenta de Prestadores de Salud

Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

A los folios 12 y 13: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece Álvaro Villa Vicent, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Torre oriente, Lo Barnechea y en contra de la Intendenta de Prestadores de Salud, doña nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal, consistente en la no inscripción del recurrente en el Registro de Prestadores de salud del Decreto Nº16 de año 2007 del Ministerio de Salud, acto que vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 2, 16 y 21 de la Constitución Política de la República.

Explica que el señor nombre reservado, es de profesión optómetra, título otorgado por la Universidad de La Salle de Bogotá, en Chile cuenta con certificado de reconocimiento de título emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Agrega que, de acuerdo con el Convenio sobre Canje de Títulos celebrado con el Estado colombiano, el que fue aprobado mediante la Ley 3.860 del 14 de junio de 1922, el recurrente puede ejercer su profesión en el país sin necesidad de convalidar sus estudios en la Universidad de Chile.

En cuanto a la optometría, señala que esta profesión se encuentra reconocida en el Código Sanitario, en particular el artículo 113 de dicho cuerpo legal, señala que el optómetra podrá ejercer las mismas acciones que el tecnólogo médico con mención en oftalmología.

Señala que por Resolución Exenta IP Nº5166 del 07 de diciembre de 2020, la recurrida rechazó su petición de inscripción en el Registro de Prestadores Individuales de Salud, como tecnólogo médico con mención en oftalmología. Argumenta que dicha decisión es arbitraria e ilegal, puesto que si bien el artículo 113 bis del Código Sanitario señala que: “Quienes cuenten con el título de optómetra obtenido en el extranjero podrán desarrollar las actividades a que se refiere este artículo, siempre que convaliden ante la Universidad de Chile sus actividades curriculares de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2007, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1982, del Ministerio de Educación Pública, Estatutos de la Universidad de Chile”, en su caso la convalidación no es exigible en consideración al Convenio de Canje de títulos suscrito con Colombia.

Agrega que el acto recurrido vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley al discriminarlo arbitrariamente e impedir la inscripción en el referido Registro.

También su vulnera la libertad de trabajo, puesto que mientras no sea incorporado al Registro de prestadores de salud no será reconocido como profesional habilitado. Por último señala como vulnerado el artículo 19 Nº21 de la Constitución, en cuanto la resolución que impugna le impide ejercer una actividad económica lícita.

Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene incorporarlo en el Registro Individua de Prestadores de Salud.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, la Superintendencia de Salud, señala que la Resolución Exenta Nº5166, del 07 de diciembre de 2020 rechazó la solicitud de inscripción de título extranjero de optómetra del recurrente ya que tal profesión no se encuentra contemplada en el Reglamento de Registro de prestadores individuales.

Adicionalmente señala que el artículo 113 bis del Código de Sanitario, indica que quienes detentan el título optómetra deberán revalidar dicha calificación ante la Universidad de Chile, para efectos de ejercer la profesión de tecnólogo médico con mención en oftalmología.

Argumenta que la Superintendencia rechazó la petición del recurrente, puesto que dentro de sus facultades solo se encuentra la de registras a los profesionales habilitados, pero no puede extender el listado de profesiones descrito por el Reglamento. Por otro lado, tampoco puede homologar los títulos obtenidos en el extranjero, puesto que ello es competencia de la Universidad de Chile.

Respecto de las profesiones reconocidas para ser inscritas en el Registro de prestadores, se encuentran enumeradas en el artículo 8 del Reglamento y entras ellas no se encuentra el título profesional de optómetra.

Agrega que, la incorporación en el registro de Prestadores Individuales no es un requisito que habilite para el ejercicio de la profesión, ni tampoco es una condición para la contratación de sus servicios, por el contrario, puede ser contratado tanto en el ámbito público como privado, el Registro solo habilita para otorgar las prestaciones garantizadas que contempla el Régimen de Garantías Explicitas en Salud. Sin perjuicio de ello, el Listado de prestaciones Especificas del GES, actualmente no contempla ninguna que pueda ser otorgada por optómetras.

Agrega que, la Corte Suprema se ha pronunciado en relación con la situación de los optómetras con título obtenido en el extranjero, en causa rol ingreso corte Nº119139-2020, en dicha causa se planteó la situación de quienes pretenden ser registrador como Tecnólogos médicos con mención en oftalmología sin efectuar el trámite de revalidación en consideración a la Convención sobre Canje de títulos, sin embargo en dicha ocasión la Corte sentenció que la interpretación de un Tratado Internacional excede el objeto del recurso de protección, por tanto, detentando un título de optómetra obtenido en el extranjero y no habiéndolo revalidado ante la Universidad de Chile, la Superintendencia no se encuentra autorizada para efectuar la homologación exigida por la parte recurrente, ya que no cuenta con facultades para ello y, además, tal exigencia vulnera el texto expreso del Código Sanitario.

Agrega que la Contraloría General de la República ha prohibido a la Superintendencia inscribir en el Registro de Prestadores a profesionales cuya profesión no se señale en el Reglamento, cita para ello el dictamen Nº23.450 de 2017.

En suma, sostiene que la Superintendencia no ha incurrido en ningún tipo de arbitrariedad o ilegalidad por lo que solicita que se rechace el recurso con costas.

Tercero: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario es la Resolución Exenta IP N° 5166 de 7 de diciembre de 2020, por la cual la recurrida resolvió negar lugar a su solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud como tecnólogo médico con mención en oftalmología.

Sexto: Que para resolver la cuestión planteada, conviene precisar que don nombre reservado, detenta la profesión de optómetra. Su título le fue otorgado por la Universidad De La Salle de Bogotá, Colombia y no ha convalidado su título en Chile.

Séptimo: Que sobre el particular la normativa que regula la materia en Chile es la siguiente:

a) Artículo 113 bis del Código Sanitario: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el tecnólogo médico con mención en oftalmología podrá detectar los vicios de refracción ocular a través de su medida instrumental, mediante la ejecución, análisis, interpretación y evaluación de pruebas y exámenes destinados a ese fin.

Para los fines señalados en el inciso anterior y con el objeto de tratar dichos vicios, el tecnólogo médico con mención en oftalmología podrá prescribir, adaptar y verificar lentes ópticos, prescribir y administrar los fármacos del área oftalmológica de aplicación tópica que sean precisos, y controlar las ayudas técnicas destinadas a corregir vicios de refracción. Podrá, asimismo, detectar alteraciones del globo ocular y disfunciones visuales, a fin de derivar oportunamente al médico cirujano especialista que corresponda.

Quienes cuenten con el título de optómetra obtenido en el extranjero podrán desarrollar las actividades a que se refiere este artículo, siempre que convaliden ante la Universidad de Chile sus actividades curriculares de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2007, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1982, del Ministerio de Educación Pública, Estatutos de la Universidad de Chile.

Cuando estos profesionales presten sus servicios a personas que, al ser examinadas, evidencien la presencia de patologías locales o sistémicas, deberán derivar de inmediato al paciente a un médico cirujano con especialización en oftalmología. Con todo, el tecnólogo médico podrá participar junto al referido médico cirujano en la atención del enfermo para su rehabilitación, si así se requiriese.”

b) Decreto 16 del Ministerio de Salud, año 2007 Reglamento Sobre Los Registros Relativos a los Prestadores Individuales de Salud: artículo 2°. “Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: a) Prestador Individual de Salud o prestador individual: las personas naturales que, de manera independiente, dependiendo de un prestador institucional o a través de un convenio con éste, se encuentran legalmente habilitados para otorgar prestaciones consistentes en acciones de salud;”

Artículo 8: “Los prestadores individuales de salud que serán inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud serán los que se encuentren habilitados por el título profesional respectivo para ejercer legalmente en el país alguna de las profesiones que se enumeran a continuación: 1) Médicos Cirujanos; 2) Dentistas o Cirujanos Dentistas; 3) Enfermeros; 4) Matrones; 5) Tecnólogos Médicos; 6) Psicólogos; 7) Kinesiólogos; 8) Farmacéuticos y Químico Farmacéuticos; 9) Bioquímicos; 10) Nutricionistas; 11) Fonoaudiólogos; 12) Terapeutas Ocupacionales; 13) Los profesionales auxiliares señalados en el inciso segundo del artículo 112 del Código Sanitario.”

Octavo: Que a la fecha de dictación del acto recurrido, la profesión del recurrente no figuraba dentro de aquellas susceptibles de ser registradas según se observa de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto N° 16 del Ministerio de Salud, por lo que mal puede reprocharse una actuación arbitraria e ilegal de la recurrida al no permitir su registro, pues la reglamentación vigente no facultaba a la autoridad para acceder a ello.

Noveno: Que posterior a la decisión cuestionada, se dictó el Decreto N°12 del Ministerio de Salud de 2 de marzo de 2021 el cual incorporó dentro de aquellas profesiones susceptibles de ser registradas la profesión de optómetra en los siguientes términos: “Optómetras que cuenten con título obtenido en el extranjero, convalidado ante la Universidad de Chile, de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2007, del Ministerio de Educación.".

Es decir, si bien permite la incorporación de profesionales optómetras al registro de que se trata, exige en forma adicional que sus títulos sean convalidados ante la Universidad de Chile, exigencia esta última que el recurrente no ha realizado.

Dentro de este escenario, no es posible tampoco adoptar alguna medida de protección en favor del recurrente pues no cabe exigir a la recurrida que pase por alto una exigencia legal dispuesta primero por el Código Sanitario en el artículo 113 bis y, luego por vía reglamentaria en el Decreto N° 16.

Décimo: Que en cuanto a la alegación del actora en orden a que por tratados internacionales la exigencia que se hace a su parte no resulta procedente, aquello excede el ámbito de esta acción constitucional pues implica realizar una declaración de derechos en su favor lo que no está permitido en una acción de naturaleza cautelar destinada a dar amparo a los derechos ciertos e indubitados que se ven amagados por un actuar ilegal o arbitrario cuyo no es el caso.

Undécimo: Que en conformidad a lo expuesto el recurso de protección no puede prosperar siendo innecesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia se rechaza, sin costas la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado, y en contra de la Intendenta de Prestadores de Salud.

Regístrese y en su oportunidad devuélvase.

Rol N° 73-2021 Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Mireya López Miranda e integrada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.