CYGNUS SERVICIOS EXTERNOS LTDA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO CENTRO

Santiago, veintidós de diciembre de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fs. 13 comparece Carla Labra Díaz, en representación de Cygnus Servicios Externos Limitada e interpone acción de protección constitucional en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago, por el acto que estima ilegal y arbitrario de no tramitar su solicitud de reconsideración de multa administrativa por estimarla extemporánea, lo que en su concepto vulnera su garantía constitucional del artículo 19 N° 2, en virtud de los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que expone.

Funda su recurso en que el 8 de agosto de 2014 se le notificó por la recurrida la resolución de multa 7911/2014/021-1, de fecha 5 de agosto de 2014, notificada a su parte mediante carta certificada, que le imponía la multa de 40 UTM , por no entregar comprobante de pago sin indicaciones legales.

Agrega, que el 8 de septiembre de 2014 presentó una solicitud de reconsideración administrativa, a la cual la recurrida no dio curso por estimar que no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la notificación de la resolución recurrida.

Expresa, que lo anterior se le comunicó mediante Ordinario N°53, de 25 de septiembre de 2014, notificada a través de carta certificada, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, con fecha 4 de octubre de 2014, donde se le comunica que no se dio lugar a su solicitud por “incumplimiento a los requisitos legales”, considerando que: no se presentó “dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”.

Manifiesta que la actuación denunciada es ilegal porque la única norma, dentro del Código del Trabajo, que se refiere al plazo para deducir reconsideración, es el inciso 1° del artículo 512, que establece que el plazo es de 30 días siguientes a la notificación, sin que en ninguna parte se establezca que el término es de días corridos.

No regulando el Código Laboral la naturaleza del término en cuestión, y por existir una ley especial que rige la materia, estima aplicable el inciso 1° del artículo 25 de la Ley N° 19.880, que prescribe que los plazos establecidos en dicha normativa son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos.

Termina solicitando se ordene a la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración administrativa, respecto de las resoluciones de multa ya individualizadas, hasta su completa terminación, con costas.

Segundo: Que a fs.36 rola informe de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expresa que la acción cautelar intentada no es la vía idónea para plantear la controversia de autos, toda vez que existen recursos administrativos y jurisdiccionales a través de los cuales la recurrente pudo obtener la enmienda de la resolución que motiva este recurso de protección.

Indica que la resolución que estimó extemporánea la reconsideración administrativa fue dictada por autoridad competente, dentro de su competencia y previa ponderación de los hechos y la normativa aplicable. Así, se estimó que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo la regla general del artículo 50 del Código Civil, y como el artículo 512 del Código del Trabajo, que se refiere a la reconsideración administrativa, no señala expresamente que el plazo es de días hábiles, debe entenderse entonces que es de días corridos.

Como en la materia no existe un vacío, no es aplicable la regla supletoria del artículo 25 de la Ley N° 19.880 que invoca la recurrente.

Tercero: Que, el llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado también que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal.

Cuarto:Que, como se ha dicho en el motivo anterior, es necesario para la procedencia del recurso de protección, que se demuestre la existencia de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, -lo ilegal, es lo contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, y lo arbitrario, es aquello que es producto del mero capricho de quién incurre en él- que condujeren a la privación, perturbación o amenaza de un legítimo ejercicio de un derecho o garantía de las consultadas en el artículo 19 del mismo texto constitucional ya mencionado.

Quinto: Que, la resolución impugnada se dicta dentro del ámbito de las competencias legales que se han definido para la autoridad que la suscribe, por lo cual no puede ser considerada como ilegal. Además, el acto recurrido se ha ajustado a la normativa vigente, que en este caso, resulta ser el artículo 50 del Código Civil y el artículo 512 del Código del Trabajo. El primero establece la regla general de como se computan los plazos establecidos en la ley, que son de días corridos, y para que dichos plazos sean de días hábiles se requiere de expresa disposición legal y el segundo establece expresamente el plazo específico y preciso que se necesita para interponer un recurso de reconsideración para impugnar una multa administrativamente que ha sido impuesta en el ámbito laboral, como el deducido por la recurrente en este caso, que es de treinta días; que, entonces, existiendo un plazo legal establecido en la Ley laboral y al no decirse en forma expresa si se trata de días hábiles -como se dice en varios otros plazos que estable el mismo Código del Trabajo- rige la norma general del Código Civil, ya mencionada, entonces su cómputo será de días corridos, contándose, tantos, los días hábiles como los inhábiles, y de esta forma, aparece que el plazo se encontraba expirado al momento de ejercer dicha reconsideración administrativa la recurrente, por lo que se encuentra conforme a la Ley su denegación.

Entonces, como se ha dictado con fundamento legal suficiente, tampoco, puede ser considerada arbitraria como lo alega la recurrente.

Sexto: Que, en cuanto al argumento de la recurrente que la ilegalidad en este caso se cometería por la circunstancia de que al no estar regulado por el Código Laboral la naturaleza del término en cuestión, y por existir una ley especial que rige la materia, debería darse aplicación a ella, que en este caso a su juicio sería el inciso 1° del artículo 25 de la Ley N° 19.880, que prescribe que los plazos establecidos en dicha normativa son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos, se rechaza, por no compartirlo esta Corte.

Lo anterior, porque tratándose la norma citada una de aplicación supletoria, esto es, para el caso de que no se contemple plazo alguno, es decir, exista un vacío al respecto, cosa que no se da en el caso de autos, y entonces, como en esta materia tal vacío legal no existe, no resulta aplicable la regla supletoria del artículo ya mencionado e invocado por la recurrente.

Séptimo: Que, de la manera antes razonada, también, se desecha la alegación de arbitrariedad que se le atribuye a la recurrida.

Octavo: Que, ante la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto por el cual se recurre, no resulta posible determinar la existencia de una infracción a las garantías constitucionales que el recurrente estima conculcadas. En tales circunstancias, el acto recurrido no puede ser considerado como ilegal ni arbitrario y, siendo éstos elementos la razón esencial para acoger o rechazar un recurso de protección, su falta hace inviable que el recurso prospere.

Noveno: Que, en consecuencia el recurso deberá ser desestimado.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, con costas, el recurso deducido en lo principal de fs. 13.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la abogado integrante sra. Paola Herrera Fuenzalida.

Rol N°72.868-2014. (protección).

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada, además, por el Ministro (S) señor Mario Gómez Montoya y por la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintidós de diciembre de dos mil catorce, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.