Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado

nombre reservado, abogado, en beneficio de doña nombre reservado, ciudadana venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, representada por su jefe don nombre reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de 4 de febrero de 2026, que tuvo por desistida a la recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin haber derivado previamente los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, y sin haberle otorgado la correspondiente visación de residente temporario, actuación que estima ilegal y arbitraria, vulnerando con ello la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, por lo que solicita se acoja el recurso y se adopten las medidas que en lo principal se indican.

Expone que su representada se vio forzada a huir de Venezuela ante la violencia generalizada y la violación de derechos humanos en su país, ingresando a Chile el 7 de abril de 2022 por paso no habilitado. Señala que con fecha 12 de enero de 2026 concurrió a las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones a solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, siendo atendida y recibiéndose su declaración. Indica que, no obstante lo anterior, con fecha 04.02.2026 se le notificó la resolución exenta antes referida, que tuvo por desistida su solicitud, fundada en haber excedido el plazo de siete días hábiles desde su ingreso al país para presentarse ante el SERMIG y en no haber acreditado el cumplimiento de los plazos de los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N°837. Hace presente que, sin perjuicio de ello, la recurrente subsanó su solicitud con esa misma fecha 04.02.2026.

En lo relativo al derecho, sostiene que no ha existido un efectivo desistimiento, por cuanto este exige, conforme al artículo 52 del Decreto N°837, una manifestación individual, expresa y voluntaria de abandonar la pretensión, lo que en la especie no ha ocurrido, invocando al efecto jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y La Serena en igual sentido. Añade que la decisión recurrida vulnera el principio de proporcionalidad de los actos administrativos y el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones consagrado en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental. Argumenta, asimismo, que conforme al artículo 27 de la Ley N°20.430 no corresponde a los funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones calificar la legitimidad de los antecedentes de los solicitantes, función que compete exclusivamente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Por último, invoca los artículos 32 de la Ley N°20.430 y 42 del Decreto N°837, que imponen el otorgamiento perentorio de una visación de residente temporario una vez presentada la solicitud, y cita la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, particularmente sus artículos 32 y 33, sobre el principio de no devolución.

Sostiene que, mediante el actuar arbitrario e ilegal de la autoridad recurrida, se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al haberse dado a su representada un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros en igual situación, al impedírsele indebidamente la tramitación de su solicitud de refugio y al privársele de la visación de residente temporario que la ley le reconoce.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de 04.02.2026, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente y otorgarle la visa temporaria del artículo 32, inciso primero, de la Ley N°20.430.

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido, comparecen don nombre reservado y doña nombre reservado, abogados, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su procedencia, al no existir acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que afecte alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no registra fecha formal de ingreso al país, por lo que necesariamente debe colegirse que su ingreso al territorio nacional fue clandestino, eludiendo los controles migratorios fronterizos, reconociendo la propia interesada que dicho ingreso se produjo con fecha 07 de abril de 2022. Indica que solo a más de tres años de ocurrido tal ingreso, esto es, el 12 de enero de 2026, la recurrente manifestó ante esa autoridad su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, quedando su solicitud registrada bajo el ID NUM001, y siendo citada mediante Oficio Ordinario Folio N°91826933 para concurrir a realizar el trámite inicial. Expone que, verificados los requisitos formales, mediante Resolución Exenta N°NUM002 se notificó a la recurrente que su solicitud se encontraba incompleta, por exceder el plazo de siete días hábiles desde su ingreso al país para presentarse ante el SERMIG conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430, y por no acreditar el cumplimiento de los plazos de los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N°837, otorgándosele un plazo de quince días para subsanar dichas observaciones, bajo apercibimiento de tenérsela por desistida. Añade que la recurrente acompañó como subsanación únicamente una captura de pantalla de una gestión ante la Policía de Investigaciones, motivo por el cual, mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 04 de febrero de 2026, se la tuvo por desistida de su solicitud, al no haber logrado subsanar los requisitos formales echados en falta, precisando además que no existe sanción migratoria alguna decretada en su contra.

Expone el marco normativo que rige el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, contenido en la Ley N°20.430, en la Ley N°21.655 que introdujo una etapa inicial de admisibilidad, y en el Decreto N°837, Reglamento de dicha ley, detallando que para ser considerado solicitante de refugio resulta necesario que la solicitud haya sido declarada admisible y formalizada conforme a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N°20.430 y los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento, dentro de los cuales se exige la presentación dentro del plazo fatal de siete días desde el ingreso al país, o bien, tratándose de ingreso clandestino o residencia irregular, dentro del plazo de diez días desde la infracción migratoria, conforme a los artículos 6° y 8° de la ley y reglamento citados. Sostiene que, de no cumplirse con las menciones mínimas del artículo 37 del Reglamento, se otorga un plazo de quince días hábiles para subsanar, conforme al artículo 28 ter de la Ley N°20.430 y al artículo 146 de la Ley N°21.325, transcurrido el cual sin cumplimiento la solicitud se tiene por desistida. Afirma que, en la especie, no existen antecedentes objetivos que reflejen un actuar negligente u omisivo que infrinja la normativa citada, y que, por el contrario, acoger el recurso importaría vulnerar el derecho de igualdad ante la ley de aquellos extranjeros que sí han dado cumplimiento a las exigencias legales.

Por estos fundamentos, solicita el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace garantía alguna del artículo 20 de la Carta Fundamental, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante u acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, de las alegaciones planteadas por las partes, se desprende que la controversia de autos se circunscribe a determinar si la actuación del Servicio Nacional de Migraciones configura o no un acto ilegal o arbitrario que vulnere alguno de los derechos cautelados por el artículo 20 de la Carta Fundamental, al haber hecho aplicación retroactiva de la Ley N°21.655.

QUINTO: Que no se encuentra debatido en autos, de hecho es reconocido por el propio Servicio Nacional de Migraciones, que la extranjera ingresó al país con anterioridad al 20 de febrero de 2024 -fecha de entrada en vigencia de la Ley nro. 21.655-, específicamente el día 7 de abril de 2022.

Por su parte, consta que el Servicio Nacional de Migraciones tuvo por desistida –en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 28 bis de la Ley N°20.430– la solicitud del recurrente por no cumplir con los requisitos formales contenidos en los artículos 26 y 28 del señalado cuerpo legal y 37 de su Reglamento, en concreto, por no haberse el extranjero presentado ante el Servicio dentro del plazo de siete días hábiles contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional, el cual, como ha sido acreditado, tuvo lugar en el año 2022.

SEXTO: Que, en ese contexto, cabe tener presente como un hecho esencial para resolver la presente controversia, que la exigencia que fundó la decisión del Servicio que aquí se impugna fue incorporada a la ley N°20.430 tras la dictación de la ley N°21.655, cuya entrada en vigencia data del 20 de febrero del año 2024, es decir, con posterioridad al ingreso de la recurrente al territorio nacional.

SÉPTIMO: Que, en ese orden de ideas, y aun cuando la actora haya formalizado su solicitud de declaración de condición de refugiado con fecha 12 de enero de 2026, resulta evidente que, a la época en que ella ingresó al país, aún no entraba en vigor la aludida exigencia prevista en el artículo 26 de la Ley N°20.430 en su actual redacción, por lo cual mal pudo la autoridad imponerle la sanción procesal que la misma contempla por su incumplimiento, pues hacerlo importa, en la práctica, discurrir sobre la base de que la peticionaria respectiva cuyo ingreso fue anterior al inicio de vigencia de la ley se encontraba obligada, en aquella época, a presentar su solicitad en el exiguo plazo ya referido, a pesar de que entonces tal obligación legal no existía.

OCTAVO: Que, en consecuencia, al haber obrado del modo ya referido, la autoridad recurrida actuó, a fin de cuentas, de manera ilegal por infringir la Ley N°20.430 al discurrir sobre la base de que ésta imponía, con anterioridad a la vigencia de la modificación de su artículo 26, a la recurrente una exigencia que su texto no contemplaba y al disponer a su respecto el desistimiento de su solicitud de reconocimiento de su condición de refugiado, en razón de no haber cumplido dicha inexistente exigencia, en aplicación de un apercibimiento, asimismo, inaplicable en su contra.

NOVENO: Que, así, se trata en este caso de un actuar ilegal de la recurrida que importa un trato discriminatorio en contra de la protegida, vulnerador de la garantía del artículo 19 nro. 2 de la Carta Fundamental, el impedirle tramitar su solicitud de reconocimiento de su condición de refugiada.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la Resolución Exenta N°NUM000, de 4 de febrero de 2026 adolece de ilegalidad, al imponer requisitos de imposible cumplimiento y aplicar retroactivamente disposiciones procedimentales que restringen el derecho fundamental a solicitar refugio, constituyendo una perturbación a una garantía protegida por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

De esta manera, se cumplen en la especie la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 20 de la Carta Fundamental para que la presente acción constitucional pueda prosperar, de modo que así se declarará.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias citadas y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Amparo, se acoge, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado y dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se ordena a la recurrida tramitar en conformidad a derecho la solicitud del recurrente, si considerar para dicho efecto la referida exigencia incorporada a la Ley N°20.430 por la Ley N°21.655.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-7286-2026.