nombre reservado con SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO

C.A. de Santiago Santiago, doce de enero de dos mil veintitrés.

A los folios 15y 16, a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Muriel Letelier Briones, abogada, en presentación de nombre reservado, chileno, casado, administrador público, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaria de Prevención del Delito Santiago Centro, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Explica que con fecha 22 de abril del año 2022, el recurrente fue notificado de la Resolución Exenta N° 119302/95/2022, de fecha 21 de abril del año 2022, de la Subsecretaria de Prevención del Delito, por la cual se ponía término anticipado a la designación de contrata, a contar de la tramitación del referido acto administrativo, por no ser necesario sus servicios. Asimismo, se le entregó una carta de cobranza por la suma de $579.704, por los días que restaban desde el 23 de abril al 30 de abril, ya que su remuneración del mes de abril había sido ya pagada por los 30 días.

Afirma que en el acto administrativo que le puso término a la contrata del recurrente se advierte una falsa motivación, haciendo presente que ha trabajado por más de 3 años, 11 meses y 15 días, con una carrera funcionaria intachable, con excelente hoja de vida y calificaciones de excelencia, por lo que el acto carece de razonabilidad, actuando la recurrida de forma arbitraria y caprichosa.

Luego, explica el programa Sello de Seguridad, programa que el recurrente coordinaba, dando cuenta la cantidad de cursos de capacitación que se realizaron y el número de funcionarios que participaron.

A continuación, se refiere al desarrollo profesional del recurrente, dando cuenta de su formación laboral y académica, destacando que éste contaría con una amplia trayectoria en instituciones públicas y privadas.

En cuanto a las consideraciones de derecho, indica que la Resolución Exenta de fecha 21 de abril del año 2021, adolece de motivación, cuyo fundamento legal se encuentra contenido en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, que consagra el principio de imparcialidad, pues el puesto de trabajo existe, el funcionario tiene buenas calificaciones y cumple el perfil del cargo para el que aparece contratado.

Adicionalmente, indica que el acto recurrido vulnera la confianza legítima del funcionario, quien durante 3 años 11 meses y 15 días se le renovó continuamente su contrata y ese año contaba con una resolución que renovaba su contrata hasta el 31 de diciembre del año 2022. Sobre este punto, indica que el recurrente tiene confianza legítima bajo la propia interpretación de la Contraloría General de la República que cita al efecto.

En lo que dice relación con las garantías vulneradas, refiere que los hechos descritos en su recurso importan la afectación del derecho consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política, tanto en lo adjetivo y lo sustantivo. Asimismo, afirma la vulneración al derecho contenido en el N° 16 del referido artículo, esto es, el derecho a libre contratación y a la libre elección del trabajo. Finalmente, denuncia la infracción al derecho contenido en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, el derecho a la propiedad, desde que cesaron sus beneficios legales y reglamentarios mediante actos absolutamente arbitrarios e ilegales.

Solicita, que se acoja el presente recurso y declarar como contraria a derecho la actuación de la recurrida por medio de la cual se le puso término a su contrata, que arbitrariamente lo ha privado de su trabajo y por ende lo ha privado de sus remuneraciones, ordenando restablecer el imperio del derecho quebrantado, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 119302/95/2022 de fecha 21 de abril del año 2022, por carecer de motivación, obligando a la recurrida a mantener vigente su contrata, pagándole íntegramente las remuneraciones y demás beneficios laborales mes a mes, ordenando se reincorporación, con costas.

SEGUNDO: Que comparece Daniela Francisca Cañas Castro, abogado, Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en representación de la referida entidad, evacuando informe, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en contra de su representada.

En primer lugar, señala que la decisión de la autoridad no vulnera el principio de la confianza legítima, pues la administración tiene la facultad de ponderar, para cada caso, entre el interés particular en la conservación del acto que designa contrata o el interés general en caso de cese, por lo que la confianza legítima solo será digna de protección cuando el peso de los intereses de quien alega su defraudación sea superior al de los intereses generales que se pretenden satisfacer.

Sobre este punto indica que el acto que le puso término a la contrata se encuentra motivado, pues explicita la razón de la desvinculación, cual es la reformulación del “Programa Sello de Seguridad”, en particular a la conformación de un equipo de profesionales con especialización en Diseño Urbano y, por ende, a la necesidad de un perfil profesional diferente para realizar las labores que venía ejerciendo el recurrente, por lo que sus servicios ya no son necesarios, por lo que la resolución recurrida se encuentra conforme a derecho.

En segundo lugar, se refiere a las cuestiones de fondo que fundamentan el rechazo de la presente acción de protección. Sobre este punto indica que la acción de protección no sería la vía más idónea para los fines perseguidos por el actor, dada la naturaleza cautelar de la acción entablada y por no constituir una instancia declarativa de derechos, por lo que sugiere la posibilidad de iniciar, conforme al Código del Trabajo, un procedimiento de tutela laboral contenido en los artículos 485 y siguientes del referido cuerpo legal, pues de otra forma su representada quedaría en la indefensión quebrantándose las normas del debido proceso ya que los hechos a los que hace referencia el recurrente requieren ser probados en el procedimiento laboral respectivo.

Afirma que no se ha incurrido ni en ilegalidad ni en arbitrariedad al poner término anticipado a la contrata, pues el acto reclamado se fundamenta en un hecho objetivo, cual es la decisión de la autoridad de reformular el “Programa Sello de Seguridad” donde se desempeñaba el recurrente y a la necesidad de contar con un perfil profesional determinado., dando cuenta que se realizó una labor de revisión y de necesidad, a corto y mediano plazo, por lo que se trató de una decisión ponderada, lo que excluye la ilegalidad o arbitrariedad.

Con el fin de contextualizar la afirmación anterior, describe el objetivo del Programa Sello de seguridad, el que tendría por fin entregar competencias técnicas a entidades públicas-privadas y de la sociedad civil para aplicar herramientas y metodología de Diseño Urbano Seguro orientadas a mitigar los factores de riesgos en el entorno físico creado que sean efectivas para la disminución del delito y la violencia presente en los territorios, haciendo presente que la reformulación del mencionado programa implica un proceso de instalación y consolidación del programa por los años siguientes, lo que conlleva mejoras tanto de contenido, beneficiaros y cobertura y conformación de un equipo o dupla socio-técnica para incorporar la temática de la prevención comunitaria. Así, afirma que el trabajo que desempeñaba el recurrente requiere ser asumido por un equipo o dupla de trabajo con competencias técnicas específicas en materia de prevención situacional y expertiz en seguridad publica tanto en el ámbito comunitario como en la sociedad civil, por lo que el recurrente no cumpliría con el perfil profesional requerido toda vez que su formación académica de administrador público y demás diplomas de formación no se relaciona con los fines del programa, teniendo a su haber solo un curso básico general sobre diseño urbano seguro al igual que otros funcionarios de la subsecretaría de prevención del delito, por lo que no es elemento diferenciador.

En cuanto a las garantías fundamentales que se dicen vulneradas, sostiene que la autoridad no ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley ni la prohibición de establecer diferencias arbitrarias, pues el fundamento del acto administrativo tiene como razón la reformulación que ha de realizarse al Programa Sello de Seguridad y la definición de personal idóneo para las funciones relacionadas con la ejecución del programa, lo que es una razón objetiva y veraz. En lo que dice relación con la garantía a la libertad de trabajo y su protección, reitera que la razón de ser del cese del vínculo es un hecho objetivo que implica la decisión de la autoridad de reformular el programa en base a las facultades que la autoridad tiene para administrar en razón de los principios de eficiencia y eficacia que guiaron el actuar, lo que escapa a la arbitrariedad. Finalmente, en cuanto a la vulneración de la garantía contenida en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política, hace presente que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que en definitiva desempeñan, son propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, por lo que mal podría pretenderse propiedad sobre ellas, no menos derechos derivados de la misma.

Solicita, por tanto, el rechazo de la acción de protección impetrada por el recurrente en todas sus partes.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

QUINTO: Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la Ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

SEXTO: Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permitan a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2°, 16º y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

SÉPTIMO: Que, además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en gestión de sus recursos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaria de Prevención del Delito Santiago Centro.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-72847-2022.