nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, cinco de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación y nombre reservado por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el descuento realizado en sus liquidaciones de sueldo respecto a un crédito social que le fue otorgado por la recurrida, vulnerando su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere, en síntesis, que obtuvo un crédito por la suma de $6.932.208, pactando con la recurrida su pago en 60 cuotas mensuales y sucesivas, venciendo la primera de ellas el 30 de noviembre de 2022, sin embargo, debido a las condiciones laborales y económicas del país, no pagó ninguna, siendo demandado ejecutivamente en causa Rol C-7515-2023 del 7° Juzgado Civil de Santiago.

Expresa que advirtió en su liquidación de sueldo del mes de marzo de 2024, un descuento por la suma de $220.000 a favor de la recurrida, lo que estima un ejercicio abusivo e ilegal de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades.

Solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida el cese de todo tipo de retención o descuento en sus remuneraciones, se restituyan los efectuados y los que se realicen durante la tramitación de esta acción, todo ello con costas.

Segundo: Que, comparece la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación y nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso por no existir acto ilegal o arbitrario que pueda reprochársele.

Afirma que son tres los créditos que fueron otorgados a la recurrente: el primero de ellos, código 208COS100082094, de 16 de diciembre de 2021, por la suma de $6.932.208, que fue luego reprogramado el 29 de septiembre de 2022, por un total de $6.741.750, en un plazo de 48 meses, con primer vencimiento el 30 de noviembre del mismo año. Además, dos créditos de emergencia, folios 041EME103340512 y 041EME103484417, encontrándose actualmente en mora para el pago de una cuota del primero y dos del segundo, de modo que se trata de créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Explica que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es administrar prestaciones de seguridad social, las que, además de funciones obligatorias como el pago de asignaciones familiares y subsidios, pueden ofrecer prestaciones facultativas como créditos sociales, los que están regulados en el artículo 19 de la Ley N° 18.833 y se orientan a satisfacer necesidades de trabajadores y pensionados afiliados. Por ello, a diferencia de otras instituciones financieras, su sistema crediticio está vinculado a su objeto social, pues sus beneficios económicos se destinan a mejorar las prestaciones sociales, y su financiamiento proviene de un fondo social regulado por la ley, de ahí que el artículo 22 del mencionado texto legal contempla garantías para el cobro de dichos créditos, los que deben ser deducidos de la remuneración del trabajador por el empleador y remitidos a la acreedora, rigiéndose por las mismas normas que las cotizaciones previsionales.

Sostiene que es técnica y fácticamente imposible que pueda afirmarse que el funcionamiento del ‘descuento por planilla’ constituya una gestión de cobro por parte de la recurrida, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que no haga nada o no lo desee, porque, como ya se dijo, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de ‘créditos sociales’.

Señala que, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Tercero: Que la recurrente acompañó carpeta electrónica de la causa Rol C-7515-2023 del 7° Juzgado Civil de Santiago, del cual se desprende:

i.- Que el 6 de mayo de 2023 la recurrida interpuso en procedimiento ejecutivo acción ejecutiva fundada en el pagaré N° 208COS100082094, el cual se otorgó por concepto de capital por $6.932.208 y que corresponde al mismo crédito que recurrente y recurrida aluden en este proceso, además de otros dos créditos de urgencia.

En dicha acción, la recurrida hace exigible la cláusula de aceleración y demanda el total de la obligación insoluta, por la suma antes indicada, mas reajustes e intereses, con costas.

ii.- Que el 6 de junio de 2023 se dio curso a la demanda, despachándose el respectivo mandamiento de ejecución y embargo por la cuantía solicitada.

iii.- Que el 7 de marzo de 2024, se archivaron los antecedentes, sin notificación de la ejecutada.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que en cuanto al conflicto planteado, se encuentra acreditado que Caja de Compensación de nombre reservado, el 16 de diciembre de 2021, otorgó al recurrente un crédito social por el monto total de $6.932.208, pagadero en 60 en cuotas iguales y sucesivas de $171.726. Asimismo, a partir del mes de marzo de 2024, el empleador procedió a descontar de las remuneraciones de la recurrente la suma de $220.000.

Por otro lado, consta también de los antecedentes que con fecha 6 de mayo de 2023, el acreedor de la recurrente interpuso demanda ejecutiva en causa Rol C-7515-2023, ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, en contra de la recurrente, esgrimiendo como título ejecutivo el pagaré suscrito por motivo del crédito social individualizado en estos autos, en la cual la recurrida cobra la totalidad del crédito que aduce como no pagado, acelerando el mismo, e incluyendo las cuotas que hasta esa fecha no se habían devengado. Siendo la fecha de interposición de la demanda ejecutiva anterior a la de los descuentos de marzo de 2024.

Sexto: Que se tiene presente que se trata del mismo crédito social y habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro judicial de la obligación, debe instar por esa vía, sin que sea procedente el descuento de cuotas cuando el recurrente como trabajador dependiente se incorpora al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario por cuanto la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro legítima que ahora debe respetar, sin que pueda revivir el sistema anterior previsto para relaciones laborales vigente y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes.

Séptimo: Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Octavo: Que por los fundamentos referidos se acogerá como se dirá en lo resolutivo el recurso de protección, no siendo necesario ahondar sobre la otra garantía individualizada en la acción constitucional.

Noveno: Que, respecto de los otros dos créditos de emergencia informados por la recurrida, lo cierto es que no existe certeza de lo que se está cobrando, por cuanto, de acuerdo al monto deducido de la remuneración del actor, se está cobrando una suma superior a las cuotas correspondientes por dichas deudas.

A este respecto, el primer crédito de emergencia folio N° 041EME103340512 estaría en mora desde julio de 2022 y el segundo, folio N° 041EME103484417, desde septiembre del mismo año, sin que ninguna comunicación se remitiera al recurrente para informarle que realizaría el cobro de aquéllos, por lo que ninguna justificación existe, toda vez que las cuotas pactadas ascienden a $29.531, y dos de $9.651, respectivamente, razón por la cual igualmente corresponde acoger la acción en relación a estos dos créditos a los que alude el recurrido en su informe, por falta de precisión en el cobro y por no existir certeza del monto total de las obligaciones, sobre todo si, como ya se dijo, respecto del primer crédito aceleró la obligación con fecha 5 de mayo de 2023.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de Caja de Compensación de nombre reservado, por lo que la recurrida deberá abstenerse de efectuar los descuentos y, en consecuencia, deberá restituir todas las sumas descontadas a la recurrente desde el mes de marzo de 2024.

Regístrese y comuníquese.

Rol N° 7272-2024 Protección.