UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Y CIENCIAS Y TECNOLOGIA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO CORDILLERA

C.A. de Santiago Santiago, tres de enero dos mil dieciocho Vistos y considerando:

Primero: Que, con fecha 21 de octubre del actual, comparece don nombre reservado, Rector, y nombre reservado, Vicerrectora Académica, en representación de UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, sociedad del giro de su denominación, y recurre de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de la Región Metropolitana Poniente, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Ordinaria N°1145, de fecha 08 de septiembre del presente año, emanado de su Centro de Mediación y Conciliación, mediante la cual se rechaza su recurso de reconsideración administrativa en contra de la multa impuesta por Resolución N°3137/17/14, por extemporánea; con lo cual se vulneraría la garantía constitucional establecida en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 18 de abril de 2017, la recurrida cursó a su representada la referida multa en la Resolución precitada, la que fue notificada a su parte mediante carta certificada, depositada en oficina de correos el día 10 de julio de 2017, por lo que su notificación debe tenerse por practicada el 18 de julio de 2017, esto es, al sexto día del depósito, conforme lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo.

Señala que en contra de ella, el 30 de agosto de 2017, presentó ante la recurrida un recurso de reconsideración administrativa, recurso al cual no se dio curso por entender que no se presentó dentro del plazo de 30 días corridos contados desde su notificación.

Reclama que el plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, tal como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, no es de días corridos, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos; ello por cuanto al no existir una norma expresa en el referido Código debe aplicarse el artículo 25 de la Ley 19.880, que se refiere al cómputo de plazos en procedimientos administrativos.

Alega que el acto que se impugna afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley, pues desconociendo la Autoridad un plazo legal en toda su extensión, le ha dado un trato arbitrario.

Refiere que al desconocer la recurrida la aplicación del referido artículo 25 de la ley de Procedimientos Administrativos, el que necesariamente debe aplicarse atendido el criterio de especialidad, viola el principio de juridicidad o legalidad que se construye a partir de los artículos 6, 7 y 8 de nuestra Constitución; a lo que añade que se vulnera el propio artículo 512 del Código del Trabajo.

Reclama que el acto es además arbitrario, por haberse dictado ex profeso “contra legem”, lo que lo hace carente de razonabilidad o caprichoso.

Pide en definitiva que se deje sin efecto el Ordinario N°1145 de 08 de septiembre de 2017 y que, se ordene a la recurrida admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa presentada en contra de la Resolución N° 3137/17/14, con costas.

Segundo : Que, con fecha 10 de noviembre de 2017, informa la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas; alegando en primer término la improcedencia del mismo, atendida la naturaleza del acto recurrido; y en segundo lugar, por no haberse cometido ilegalidad o arbitrariedad alguna en la resolución reclamada.

Señala que este arbitrio constitucional constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado, por lo que no puede utilizarse como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley, que es justamente lo que ocurre en la especie, al existir los procedimientos administrativos dispuestos en los artículos 53 y siguientes de la Ley 19.880, y reclamación judicial de multas como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida.

Sostiene que el artículo 512 del Código del Trabajo permite reclamar judicialmente de la resolución que resuelve la solicitud de reconsideración, cual sería el caso, atendido el acto que se impugna.

Expresa que la recurrente pese a haber utilizado la vía de la reconsideración administrativa, en virtud de la cual el acto impugnado mediante este recurso es susceptible de reclamación judicial conforme al precitado artículo 512, decidió utilizar esta acción constitucional como un mero sustituto de la acción judicial que debió haber entablado, la que no garantiza la debida resolución de una materia destinada a ser conocida naturalmente por los Tribunales Ordinarios del Trabajo.

En cuanto al fondo, defiende la legalidad la actuación del Centro de Conciliación y Mediación de la Inspección del Trabajo recurrida.

Señala que el artículo 512 del Código del Trabajo, no establece si el plazo de 30 días al que se refiere, es de días hábiles o corridos, y analizando otras normas contenidas en dicho cuerpo legal fluye que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil.

Agrega que no existe un vacío en la ley para que resulte aplicable en la especie el artículo 25 de la Ley N°19.880, norma que incluso resulta aplicable a los plazos establecidos en dicha Ley y no en los contemplados en otros cuerpos legales.

Indica que dicho criterio ha sido el que ha adoptado la Contraloría General de la República a través de distintos dictámenes y la Circular 73 de 08 de junio de 2010, siendo los dictámenes de dicho ente contralor, vinculantes para la institución recurrida de conformidad a los artículos 5 y 9 de la Ley N°10.366.

Agrega a ello, que aun de entenderse que se aplica efectivamente el artículo 25 de la ley 19.880, de todas maneras el recurso fue deducido extemporáneamente, toda vez que se presentó al día 31 contados desde la notificación de la multa, la que ocurrió el 17 de julio de 2017 (luego de los seis días hábiles a que se refiere el artículo 508 del Código del Trabajo) y no el 18 del mismo mes y año, como pretende la recurrente.

Señala que el acto no es arbitrario ni ilegal, por hallarse correcta y suficientemente motivado, tanto en las normas legales concurrentes, como en los lineamientos de la Dirección del Trabajo y Contraloría General de la República.

En lo concerniente a la garantía del numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sostiene que no ha efectuado una distinción arbitraria entre la recurrente y los demás administrados, puesto que resuelve con el mismo criterio las solicitudes de reconsideración que se le presentan, sin aplicar parámetros subjetivos, particulares o caprichosos.

Pide en definitiva el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que, como se ha dicho reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace ese ejercicio.

Cuarto: Que mediante la presente acción cautelar la parte recurrente reclama de la decisión arbitraria el ilegal dictada por la Dirección del Trabajo, que rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de la multa que le impuso dicha Autoridad; por haber sido presentada en forma extemporánea.

Quinto: Que en relación a la procedencia de la acción de protección interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, se ha de considerar que, el recurso de protección es un proceso judicial de tutela de derechos fundamentales utilizado frecuentemente para impugnar los actos de la Administración y, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, opera “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ente la autoridad o los tribunales correspondientes”.

De esa manera, estima esta Corte que no corresponde impedir, como pretende la recurrida, la utilización del recurso de protección por la razón de existir otros procedimientos administrativos y judiciales de reclamación; en tanto la recurrente estima como vulnerado un derecho fundamental que es la igualdad ante la ley; habiéndose materializado dicha vulneración en la decisión de la Dirección del Trabajo que consideró como extemporánea la solicitud de reconsideración de una multa impuesta, entendiendo la reclamante que ha quedado en situación de indefensión frente a la autoridad administrativa; lo que hace procedente el uso de este arbitrio procesal.

Sexto: Que, en cuanto al fondo de la cuestión planteada, se ha de considerar la naturaleza del acto impugnado, que es una resolución de la autoridad administrativa que rechaza un recurso presentado en dicha sede. Atendido aquello, esta Corte estima que el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Esto por cuanto en el Código del Trabajo no existe norma expresa que regule el cómputo de dicho plazo y, tratándose de un recurso presentado en etapa administrativa, debe aplicarse en forma supletoria la Ley N° 19.880 que regula los procedimientos administrativos, la que en su artículo 25 referido al cómputo de plazos en dichos procedimientos, dispone que éstos son de días hábiles, estableciendo que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Por lo tanto, existiendo norma especial que regula dicho plazo, debe estarse a ella.

Séptimo: Que, constituye un hecho no controvertido que el recurso de reconsideración fue presentado el día 30 de agosto de 2017, por lo que a juicio de esta Corte fue deducido dentro del plazo de 30 días computado de la manera indicada en el considerando anterior, considerando que la resolución impugnada le fue notificada al recurrente el día 18 de julio de 2017.

La recurrida ha sostenido que aún si se aplicare el artículo 25 de la ley 19.880, de todas maneras el recurso habría sido deducido extemporáneamente, toda vez que se presentó al día 31 contados desde la notificación de la multa, la que ocurrió el 17 de julio de 2017 (luego de los seis días hábiles a que se refiere el artículo 508 del Código del Trabajo) y no el 18 del mismo mes y año, como pretende la recurrente.

Esta Corte estima que la resolución que aplicó la multa que, fue recepcionada en la oficina de correos con fecha 10 de julio de 2017, se entiende notificada el día 18 de julio del presente, que corresponde al sexto día hábil, a que se refiere el artículo 508 del Código del Trabajo, norma que debe interpretarse en relación al artículo 25 de la Ley N° 19.880 ya citada, por tratarse de un procedimiento administrativo, según los argumentos antes señalados; de manera que al ser inhábiles los días sábados, domingos y festivos, el cómputo del plazo de días hábiles efectuado por la recurrente se ajustó a la normativa aplicable.

Octavo: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario, en tanto se negó a tramitar un recurso dentro del plazo legal, desconociendo la autoridad el plazo en toda su extensión y, vulnerando el derecho a acceder a una instancia de reclamación administrativa; lo que constituye un trato discriminatorio, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Noveno: Que, atendido lo razonado en los considerandos precedentes, habrá de acogerse el recurso de protección de que se trata, de la manera que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y teniendo presente, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA en contra de la Dirección Regional del Trabajo de la Región Metropolitana Poniente y, por consiguiente, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N°1145, de fecha 08 de septiembre del presente año, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración administrativa planteado por el actor respecto de la multa impuesta por resolución N°3137/17/14.

Redactó la Ministro (S) señora Paola Robinovich Moscovich.

Regístrese, comuníquese y archívese.

No firman la Ministra señora Elsa Barrientos y el abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez, no obstante ambos haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, la señora nombre reservado por encontrarse con feriado legal, y el señor nombre reservado por encontrarse ausente.

N°Protección-Ant-72.691-2017.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero e integrada por la Ministra (s) señora Paola Robinovich Moscovich y el abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez.