nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL

Santiago, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que con fecha 5 de octubre el año en curso, compare el abogado Andrés Enrique Donoso Krauss, en representación de nueve educadoras diferenciales, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, e interpone acción de protección contra la Contraloría General de la República, entidad de derecho público representada legalmente por nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del pronunciamiento acerca de la Consulta sobre regulación laboral de funcionarias de la Municipalidad de La Granja y aplicación de las leyes 20.903, 20.804 y 20964, de fecha 5 de septiembre en curso, el cual estima vulneratorio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República. Solicita en definitiva se acoja el presente recurso y se ordene derechamente a la Municipalidad de La Granja aplicar la denominada Planilla Suplementaria y se mantengan las remuneraciones de las recurrentes, en el monto que corresponde conforme a derecho, esto es, de acuerdo a lo establecido en la ley 20.903, con costas.

Expone, en síntesis, que sus representadas, todas funcionarias de la Municipalidad de La Granja, solicitaron en mayo de 2017, un pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto de su situación laboral, puesto que se encontraban contratadas bajo el estatuto del Código del Trabajo. La contraloría respondió, que a las recurrentes se les debía aplicar el Estatuto Docente, Ley N° 19.070, disponiendo la obligación de regularizar la situación de estas. En el marco de dicha regularización, a las docentes, en la práctica se les redujo sus remuneraciones, atendido lo cual solicitaron nuevamente un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, específicamente sobre la denominada planilla suplementaria, la cual, por aplicación del artículo 19° transitorio de la Ley N° 20.903 – que establece el Nuevo Estatuto Docente – se debe confeccionar a efectos de impedir que por aplicación de dicha ley se disminuyan las remuneraciones de los funcionarios.

Explica que la recurrida, contestó la solicitud mediante el acto impugnado, indicando, en lo pertinente, que dicha disposición no es aplicable en la especie, por cuanto la disminución patrimonial de sus representadas, no se produjo por la aplicación de la Ley N° 20.903, sino que como consecuencia de la modificación del régimen estatutario ordenado por ella. Agrega que dicha decisión vulnera los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad, ya que en la práctica se les está disminuyendo las remuneraciones mensuales, de acuerdo a los montos que detalla (entre $90.000 y $180.000 aproximadamente), lo que resulta discriminatorio frente a los demás profesionales de la educación a quienes sí se les aplica dicha planilla suplementaria, disminución que impide que las remuneraciones de las docentes que representa se vean afectadas por la modificación legal, por lo que solicitan se acoja la presente acción, de acuerdo al petitorio indicado.

2°) Que, informando al tenor del recurso, la Contraloría General de la República solicitó se desestime el mismo, primeramente porque el asunto planteado en la acción constitucional es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, ya que las recurrentes solicitan se les reconozca el derecho a recibir el pago de la planilla suplementaria contemplada en la Ley N° 20.903, pago que determinó no procedía por no reunir los presupuestos y requisitos legales para su procedencia.

Refiere en cuanto al fondo, que el cambio de régimen estatutario de las recurrentes se produjo a expresa petición de éstas, y no como consecuencia de la aplicación de la ley citada, por lo que la disposición transitoria que establece la planilla suplementaria no es aplicable al caso. Por lo demás, el acto impugnado fue dictado en virtud de las disposiciones legales que regulan la competencia de la Contraloría General de la República, por lo que no se advierte de qué manera el acto podría ser ilegal o arbitrario, puesto que fue dictado luego de un exhaustivo examen de la materia.

3°) Que, el Ministerio de Educación, informando en estos autos a fin de resolver el asunto, expone que la finalidad de la planilla suplementaria es mantener el nivel de rentas que los profesionales de la educación percibían con anterioridad a la entrada del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, constituyendo así un resguardo frente a toda merma derivada del señalado proceso, pero no de aquel detrimento que se pueda ocasionar a consecuencia de otra modificación en su contratación. Ello en el entendido que dicha planilla suplementaria corresponde a un beneficio de derecho estricto, que procede sólo en los casos en que la norma legal expresamente lo señale. Expresamente señala, que en caso que un profesional de la educación reciba, con anterioridad a su ingreso al Sistema, una remuneración menor al promedio de los últimos seis meses calculado de conformidad al inciso 2° del artículo 172 del Código del Trabajo, corresponde dicha diferencia se pague a través de la planilla suplementaria. Respecto de las recurrentes, señala que la Contraloría General de la República en una situación similar a la planteada concluyó a través del dictamen N° 22.891 de 2015, que “en consideración a que la servidora tiene la calidad de educadora que desempeñaba labores docentes especiales en un proyecto de integración escolar, debió ser incorporada a la respectiva dotación, en calidad de contratada, regida por la Ley N° 19.070 y ordenó regularizar, desde la fecha de la total tramitación del dictamen N° 82.689, de 2013, su situación funcionaria, otorgándole, a partir de aquella época, las remuneraciones, beneficios pecuniarios y derechos que fueran pertinentes, de conformidad con el mencionado texto legal y, que en el caso de producirse diferencias entre lo que se le pagó de acuerdo al mencionado Código del Trabajo y lo que procede enterársele en virtud del Estatuto de los Profesionales de la educación, esta tiene derecho a solicitar al Contralor General la liberación total o parcial de la obligación de restituir lo percibido indebidamente, según lo preceptuado en el artículo 67, inciso 4° de la Ley N° 10.336”.

Finalmente informa que considerando que no cuenta con mayores antecedentes de las profesionales recurrentes, esta división jurídica, se encuentra impedida de realizar un análisis más detallado de la situación planteada.

4°) Que en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

5°) Que, la acción de protección genera un proceso de emergencia de tipo inquisitivo, rápido, no apto cuando se están discutiendo derechos, ya que por esta vía de protección no pueden reemplazarse procedimientos de lato conocimiento que requieran la fijación de hechos controvertidos, además de ponderación de pruebas, situación que acontece en el presente caso, en los que claramente la controversia versa si las recurrentes son titulares del derecho que reclaman. En consecuencia no puede pretenderse desviar la acción de protección con fines constitutivos o declarativos de derecho. Razón que por sí sola es suficiente para desestimar el recurso.

6°) Que, no obstante lo ya señalado, útil es precisar que la Ley N° 20.903 creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente – también conocido como Nueva Carrera Docente – el cual tiene por objeto reconocer y promover el desarrollo de los profesionales de la educación hasta la obtención de un nivel esperado de nombre reservado, además de ofrecer una carrera profesional interesante para continuar desempeñándose profesionalmente como educador, régimen que se estableció en el Título III de la Ley N° 19.070, titulado “Del nombre reservado Docente”.

7°) Que así las cosas, y con el propósito de hacer aplicable la nueva Carrera Docente a aquellos profesionales de la educación, que a la entrada en vigencia de la ley, se desempeñaban en el sector municipal, y estaban sujetos al Estatuto Docente, así la Ley N° 20.093 estableció un proceso de transición para el ingreso a la nueva Carrera Docente, contemplando en su artículo 19 transitorio, la planilla suplementaria; cuya aplicación está supeditada a a.- que se trate de profesionales regidos por el Estatuto Docente, que a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.903 haya sido parte de dotaciones de establecimientos educacionales del sector municipal; b. que dichos profesionales hayan ingresado al sistema de nombre reservado Docente, de conformidad al párrafo 2 de las normas transitorias de la Ley N° 20.903 y c.- que la remuneración promedio de los 6 meses inmediatamente anteriores al ingreso al nombre reservado docente sea mayor a la que le corresponda legalmente por dicho ingreso. Requisitos que las recurrentes, profesionales de la educación, atendido los antecedentes acompañados no cumplen, desde que el paso del régimen regido por el Código del Trabajo, a uno estatutario y reglado por la Ley N° 19.070, no corresponde.

8°) Que, en este escenario el dictamen que por esta vía se ataca, no es ilegal ni arbitrario desde que obedeció a la consulta que las mismas actoras requirieran de la Contraloría General de la República, por lo que actuando dentro de su potestad de emitir dictámenes frente a consultas y peticiones que se le formulan, el acto es racional, y aparece apoyado de fundamentos y razones, por lo que la acción de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto por el abogado Andrés Donoso Krauss.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

Rol Protección N° 72.674 – 2018.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.