nombre reservado con DIRECTORIO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Santiago, veinticinco de marzo de dos mil diez.

VISTOS:

A fs.1 comparece don nombre reservado, empleado domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, representado por el Abogado don Jorge Rodrigo Arancibia Gallardo, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Directorio de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en adelante, A.N.F.D.G.A.C., representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, al tenor de los siguientes hechos:

Señala el recurrente que en su calidad de Presidente Regional de Llanquihue, Chiloé y Palena de la A.N.F.D.G.A.C., con fecha 24 de Septiembre de 2009, fue notificado en el Aeropuerto de El Tepual de Puerto Montt, por el señor nombre reservado, Director Nacional de la A.N.F.D.G.A.C., de una drástica medida disciplinaria consistente en la suspensión por 6 meses de los siguientes derechos: a) Desempeño de cargo directivo en la A.N.F.D.G.A.C., b) elegir y ser elegido para servir cargos directivos, y c) participar con derecho a voz y voto en cualquier evento del referido organismo. Se agrega también a la sanción que el recurrente debe cesar en su cargo de Presidente Regional, en forma inmediata.

Sostiene que al aplicarse esta medida se habría incurrido en los siguientes vicios de procedimiento:

A) Los estatutos disponen que en caso de acusación a un socio por la comisión de una falta, la notificación debe hacerse en forma personal, en el lugar de trabajo, en horas laborales (Art. 97) y en este caso la notificación la recibió por correo electrónico institucional, oficio A.N.F.D.G.A.C. N° 107/1/2009 de 20 de Julio de 2009, en el que se le informa el nombramiento de una Comisión Investigadora Nacional, remitiéndole un Acta de Absolución de Posiciones con un cuestionario que debía ser respondido porque existían cargos en contra de su persona, todo esto encontrándose en feriado legal;

B) Que al recurrente jamás se le formularon cargos, pese a que fueron solicitados por escrito al Directorio Nacional;

C) Que el 24 de Septiembre el señor nombre reservado en dependencias del Aeropuerto El Tepual, lo notificó de la resolución de suspensión de su cargo dirigencial.

De esta resolución apeló al Comité Consultivo Nacional, en conformidad al artículo 92 de los Estatutos de la A.N.F.D.G.A.C., por ser este órgano el llamado a conocer, resolver y comunicar al Directorio Nacional las medidas sancionatorias que correspondan. En este caso, sin embargo, dicho comité ni siquiera se ha logrado reunir, por lo que mientras esté pendiente ese fallo las medidas sancionatorias tomadas por el Directorio Nacional no pueden producir efecto jurídico.

D) Por último, la resolución de fecha 7 de Agosto de 2009, que contiene los hechos que sirven de sostén a la sanción impuesta, se sustenta en la aplicación errónea del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil, que sanciona al litigante que no comparece al segundo llamado o si concurriera diere respuestas evasivas.

Señala que la aplicación de esta institución sancionatoria no está contemplada en los artículos 87 al 100 de los Estatutos de la Asociación que son los que regulan las denuncias y los procesos de sanción a los asociados, lo que es una abierta ilegalidad.

Los fundamentos de derecho que invoca, son el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que otorga la Acción de Protección en contra de quienes priven, perturben o amenacen el ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Agrega que, de la exposición de los hechos, se desprende que los recurridos han vulnerado las garantías constitucionales consagradas en los números 16, 21, 19 N° 3 inciso 4° y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto los recurridos al adoptar por medio del Directorio de la A.N.F. D.G.A.C. la decisión de sancionar al recurrente, incurrieron en una actuación arbitraria e ilegal, porque ese órgano carece de facultades para sancionar y en el evento de tenerlas no se respetaron las normas del debido proceso, porque no fue convocado para el ejercicio de su derecho de defensa, que involucra el derecho de ser oído y aportar las pruebas que apoyaran sus descargos.

Termina solicitando que la I. Corte tenga por interpuesto el recurso en contra del Directorio de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, acogerlo a trámite y resolver que las sanciones impuestas son ilegales y arbitrarias y que se le deben reponer los derechos como socio y Presidente Regional del Directorio de la Asociación, todo ello con costas.

A fs.60 la recurrida por intermedio de don nombre reservado, funcionario público, con domicilio en domicilio reservado, que ostenta la calidad de Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, evacuando el informe requerido expone:

El recurrente en su condición de Presidente Regional de la Base Puerto Montt, fue objeto de un reclamo en su contra presentado por el socio nombre reservado, cuyos antecedentes están en el proceso investigativo y sobre cuya base el Directorio Nacional el 7 de Julio de 2009, nombró una comisión investigadora nacional, compuesta de tres directores señores nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado.

La investigación se hizo por la Comisión Investigadora Nacional conforme a lo previsto en el Ley N° 19.296 y a los artículos 87, 91 y 96 del Estatuto Social de la Asociación.

Los Estatutos no contemplan un procedimiento para que la Comisión Investigadora realice la indagación, la que notificó al recurrente por correo electrónico por carta ANFDGAC N° 107/7/109 de 20 de Julio de 2009, en la que se le incluye un Acta de Absolución de Posiciones con 29 preguntas.

El señor nombre reservado, tomó conocimiento del documento y lo respondió sin contestar las preguntas de la Comisión Investigadora y descalificando dicho ente e ignorando a quienes formaban la Comisión.

Destaca que el señor nombre reservado reconoció la recepción del documento y que recién el 26 de Julio de 2009, lo recepcionó por estar haciendo uso de feriado legal, por lo que se le otorgó un nuevo plazo de tres días para que diera respuesta a las 29 preguntas formuladas.

En su respuesta de fecha 5 de Agosto de 2009, con copia a personas que no integran la Comisión, el señor nombre reservado, desconoce e impugna a la Comisión Investigadora Nacional y al Directorio. Plantea que lo han tratado de menoscabar, sin dar respuesta a las preguntas y amenazando con censurar a los Directores integrantes de la Comisión. Se queja también que las notificaciones deben hacerse personalmente, en el lugar de trabajo y en horas laborales.

Para demostrar que el recurrente se arrogó atribuciones propias del Presidente Nacional, el informe entrega detalles de una solicitud hecha por el señor nombre reservado de Cédula Rut para la Institución que preside el señor nombre reservado, al Servicio de Impuestos Internos, con fecha 23 de Marzo de 2009, cédula que no ha sido retirada de ese Servicio, ya que sólo puede hacerlo quién detenta la representación legal de la institución. Tal hecho fue corroborado por el Subdirector de Fiscalización del SII, en su Oficio Ordinario N° 2338 de 17 de Julio de 2009.

Señala además que el recurrente habría mandado un saludo de navidad al sr. nombre reservado , por el correo institucional, pero de la empresa de Turismo nombre reservado del Sur, lo que es impropio. Menciona también el informe un correo masivo enviado por el señor nombre reservado A. nombre reservado informando que el proyecto de Ley de Capredena es solo para los funcionarios de Planta y no considera al personal a contrata, desconociendo la forma y el fondo del proyecto.

Plantea que la Comisión Investigadora Nacional, siempre dio lugar al debido proceso para que el recurrente respondiera las preguntas que requería la investigación, pero que, sin embargo, él no respondió en tiempo y forma como corresponde a una autoridad regional.

De la decisión que se adoptó por la Comisión Investigadora y de la Resolución 03/2009 de 23 de Septiembre de 2009, se le notificó por oficio ANFDGAC N° 146/1/2009 de 23 de Septiembre de 2009 y el 24 de Septiembre se le notifica por parte del Director Nacional, señor Oscar Araya Monardes, quien le entregó copia del expediente investigativo, como lo previene el artículo 91 del Estatuto Social de la Asociación Nacional de los Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

A fs. 69 se ordenó por esta I. Corte que se solicitara al Comité Consultivo Nacional del Directorio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, informe del estado actual del recurso de apelación deducido por el recurrente, en relación a los hechos materia del recurso.

A fs. 70 informa el Presidente nacional de la asociación de funcionarios de la referida Dirección, que a esa fecha no han recepcionado formalmente apelación alguna de parte del sr. nombre reservado, sea por correo tradicional como por correo electrónico y el plazo para interponerlo venció el 4 de Octubre de 2009.

Precisa al final, que la investigación y la resolución la sustentan en el principio de la autonomía de la acción gremial.

A fs. 75 se acompaña por la recurrida copia de los Estatutos de la Asociación Gremial.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que con el mérito del certificado acompañado por el recurrente conjuntamente con su recurso, emanado de la Dirección del Trabajo, se acredita la circunstancia que los Estatutos de la Asociación Gremial a la que pertenece, se encuentran debidamente visados en esa entidad y que los reparos formulados a ellos, fueron solucionados, por lo que se encuentra vigente.

2.- Que los Estatutos de la asociación demandada, acompañados a fs. 70, en custodia bajo el N° 109-09 prescriben en su artículo 12 , que la calidad de socio activo se pierde, por renunciar, por expulsión decretada por la Comisión de disciplina respectiva, o por dejar de pertenecer a la Dirección de Aeronáutica Civil.

3.- Que el recurrente, en su calidad de Director Provincial de la Base de Puerto Montt, fue sometido precisamente a la Comisión Investigadora Nacional, luego de acogerse una denuncia presentada en su contra por otro socio, ello en virtud de los Estatutos de la asociación gremial, en sus artículos 81, 87 y 91, y de la Ley 19.296 que establecen normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado..

4.- Que, en mérito de la denuncia presentada se abrió una carpeta investigativa, en custodia, en la cual consta que se siguió el procedimiento establecido en la normativa señalada en la motivación precedente, en relación a la denuncia efectuada en contra del ahora recurrente, de la cual tomó debido conocimiento según consta en la misma carpeta por cartas remitidas por el sr. nombre reservado a los Directores Nacionales de la A.N.F.D.G.A.C. y al Comité Consultivo Nacional de la misma, de fechas 8 de Junio y 1° de Julio de 2009 y correo electrónico de 6 de Julio del mismo año.

5.- Que la investigación concluyó dando por establecidas irregularidades en su actuar, por lo que se procedió a sancionarlo al tenor de los artículo 81 y siguientes de los Estatutos, sanción que fue aprobada por el Directorio Nacional y comunicada al sancionado por el Presidente y Secretario Nacional del Directorio de la entidad, todo lo cual consta en la hojas finales de la carpeta investigativa.

6.- Que la circunstancia de haberse encontrado de vacaciones no afectó su derecho a defensa, ya que precisamente ante ese evento, se le amplió el plazo para exponer lo conveniente a sus derechos.

7.- Que, el ahora recurrente de protección, afirmó haber apelado de la sanción, lo que implica conocimiento oportuno de la misma, sin embargo, de acuerdo a lo informado por la recurrida , ello no es efectivo, según consta a fs. 70, y en cuanto a él, no ha presentado antecedente de ningún tipo que acredite la veracidad de su afirmación en el sentido que dedujo recurso en contra de la sanción que le fuera aplicada.

8.- Que los hechos descritos por el recurrente no se encuadran dentro de las garantías constitucionales que él enumera como vulneradas, el procedimiento al que fue sometido , se ciñó estrictamente a los estatutos de la Asociación Gremial a la cual pertenece, iniciándose una investigación al tenor de una denuncia formal y por escrito de un asociado, denuncia que le fue puesta en conocimiento, por lo que se respetó el principio del debido proceso, pero que fue descalificada por el sr. nombre reservado, al igual que todo el procedimiento de investigación , como a los miembros de la Comisión que la efectuaron, desconociendo así la legitimidad de los organismos de que forma parte y que tienen debido reconocimiento legal, como según lo expresado en la motivación primera.

9.- Que, en todo caso, el conflicto suscitado dentro de una asociación gremial de funcionarios con cargo directivo, en una repartición como la Dirección General de Aeronáutica, no se condice con el sentido y espíritu del recurso de protección, cuyo norte es restablecer el imperio del derecho cuando se ha producido una vulneración de un derecho fundamental por intermedio de un acto arbitrario e ilegal. En el presente caso, no se configuran los presupuestos de la acción que se impetra, ya lo que pretende en definitiva el recurrente, es dejar sin efecto la sanción que le fuera aplicada, luego de una investigación ajustada a derecho, dentro del marco de los Estatutos de la entidad reclamada y de la Ley 19.926 que regula tales asociaciones, por lo que la procedencia o improcedencia de la misma, no cabe dentro de la órbita de la acción constitucional impetrada, más aún si se tiene en cuenta que no dedujo recurso alguno en contra de la sanción, que ahora califica de arbitraria e ilegal.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excelentísima Corte Suprema, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado a fs. 1.

Cada parte pagará sus costas.

Regístrese y archívese.

Con custodias N° 58-09 y 109-09.

Redacción del Ministra Suplente señora Kittsteiner.

N° 726-2009.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por el Ministro señor Mario Rojas González, Ministra Suplente señora María Rosa Kittsteiner Gentile y Abogado Integrante señora Andrea Muñoz Sánchez.